Artículo 5 Naturaleza

La ayuda económica básica, como parte componente de la Prestación Canaria de Inserción destinada a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, se otorgará, en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia del solicitante, para satisfacer las necesidades contempladas en el artículo 142 del Código Civil, sin que su establecimiento suponga la sustitución, extinción o modificación alguna en los deberes que tienen las personas obligadas civilmente a la prestación de alimentos.

Artículo 6 Carácter subsidiario y complementario

1. La ayuda económica básica tendrá carácter subsidiario de las pensiones que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia del solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.

2. Dado el carácter subsidiario de la prestación, su otorgamiento quedará condicionado a que el peticionario que tenga derecho a alguna de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, acredite fehacientemente haberlas solicitado ante el organismo correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, la ayuda económica básica tendrá carácter complementario, hasta el importe que corresponda percibir el beneficiario de la misma, respecto de los recursos de que disponga y de las prestaciones económicas a que pudiera tener derecho.

Artículo 7 Requisitos

1. El titular de la ayuda económica básica y las personas que formen parte de su unidad de convivencia, en los términos previstos en la presente ley, habrán de reunir los siguientes requisitos:

• 1º) Estar empadronados, con una antelación mínima de seis meses a la fecha de la solicitud, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma, requiriéndose a los titulares documentos que justifiquen debidamente el acuerdo de empadronamiento.
• 2º) Residir de forma ininterrumpida en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, como mínimo, durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la prestación y acreditarlo por cualquier medio de prueba válido en derecho. Quedan exentos de cumplir este requisito:
  • a) Los emigrantes canarios retornados, cuando fijen su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma y se empadronen, previamente a su solicitud, en uno de sus municipios.
  • b) Quienes tuvieran reconocida la condición de refugiado por el organismo competente de la Administración General del Estado, o aquellas personas cuya solicitud de asilo se hubiese admitido a trámite o, no habiendo sido admitida ésta, tengan los solicitantes autorizada su permanencia en España por razones humanitarias o de interés social, en el marco de la legislación reguladora del derecho de asilo y la condición de refugiado y de la normativa reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • c) Las personas que hayan residido en el territorio de la Comunidad Autónoma durante tres de los últimos cinco años anteriores a la presentación de su solicitud.
• 3º) Carecer de recursos económicos suficientes. Se reunirá este requisito:
  • a) Cuando los ingresos del solicitante y, en su caso, de los demás miembros de su unidad de convivencia, computados conjuntamente durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, sean inferiores a la cuantía de ayuda económica básica que pudiera corresponder, durante un año, a los integrantes de la unidad de convivencia de la persona que solicite y perciba la ayuda, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 9.

    A los efectos de la presente ley, no se considerará que existe carencia de recursos económicos si, aun cuando se cumpliera el requisito señalado en el párrafo anterior, en mes anterior a la solicitud de la ayuda económica básica el solicitante o cualquier miembro de su unidad de convivencia obtuviera salarios o remuneraciones regulares por la consecución de empleo o la realización de actividades lucrativas, cuya cuantía neta mensual, sumada a los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad de convivencia, superase el importe mensual que pudiera corresponder a la unidad de convivencia por la obtención de la ayuda.

  • b) Cuando el solicitante, o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia, no sea propietario, usufructuario o poseedor de bienes muebles o inmuebles cuyas características, valoración, posibilidades de explotación, venta u otras circunstancias análogas indiquen la existencia de medios suficientes superiores al importe que de ayuda económica básica les pudiera corresponder en el período de duración de la misma. No se tendrá en cuenta esta circunstancia en los supuestos de posesión o titularidad de la vivienda habitual.
• 4º) Estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, salvo aquellos miembros de la unidad de convivencia que se encuentren imposibilitados según la normativa vigente en materia de empleo, o escolarizados en estudios reglados.

2. El titular de la ayuda económica básica, además, deberá ser mayor de veinticinco años y menor de sesenta y cinco, si bien también podrán ser titulares las personas que, reuniendo el resto de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, se encuentren además en alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Ser menor de veinticinco años y tener a su cargo hijos menores, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar, convivan o no con la unidad de convivencia, o personas con discapacidad igual o superior al 33%.
• b) Tener una edad comprendida entre dieciocho y veinticinco años, y haber estado tutelado por la Administración de la Comunidad Autónoma antes de alcanzar la mayoría de edad.
• c) Tener una edad superior a sesenta y cinco años y no tener derecho a ser titular de pensión u otra prestación análoga a la ayuda económica básica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la presente ley.
• d) Tener una discapacidad igual o superior al 33%, ser mayor de dieciocho años, o de dieciséis años estando emancipado, y no tener derecho reconocido a pensión pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la presente ley.
• e) Ser emigrante canario retornado, menor de veinticinco años o mayor de sesenta y cinco, y no tener reconocido el derecho a prestaciones públicas cuya cuantía acumulada, en su caso, fuese igual o superior a la que en concepto de ayuda económica básica de la Prestación Canaria de Inserción le pudiera corresponder.
• f) Ser menor de veinticinco años, refugiado o con solicitud de asilo en trámite o tener, aunque no le haya sido admitida ésta, autorizada su permanencia en España por razones humanitarias o de interés social con arreglo a la legislación reguladora del derecho de asilo y la condición de refugiado, y no tener, en ambos casos, reconocido el derecho a ninguna otra prestación pública en cuantía igual o superior a la que en concepto de ayuda económica básica de la Prestación Canaria de Inserción le pudiera corresponder.

3. No tienen derecho a ser beneficiarios titulares de la ayuda económica básica, aquellas personas que pudieran tener derecho a percibir otras pensiones de cualquier sistema público, cuyo importe fuese igual o superior a la cuantía correspondiente a las ayudas económicas básicas para unidades de convivencia compuestas por un solo miembro.

4. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la ayuda aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que, aún no cumpliendo todos los requisitos enunciados, concurran circunstancias que las coloquen en situación de extrema necesidad, las cuales serán reglamentariamente determinadas. La resolución por la que se conceda la ayuda deberá, en estos casos, estar suficientemente motivada.

Artículo 8 Determinación de recursos

A los efectos de determinar los ingresos percibidos por el solicitante y los demás miembros de la unidad de convivencia para comprobar el cumplimiento del requisito de carencia de recursos económicos suficientes previsto en el artículo 7.1.3º y, en su caso, aplicar las deducciones correspondientes al importe de la ayuda económica básica a percibir, no se computarán:

• a) Las cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales de carácter finalista, no periódicas, o concedidas para paliar situaciones de emergencia social.
• b) Las ayudas periódicas que se perciban en materia de vivienda.
• c) Las becas de formación, estudios y similares.
• d) Las prestaciones familiares económicas de pago periódico o único por hijo a cargo del sistema de la Seguridad Social.
• e) Las pensiones no contributivas, en su modalidad de invalidez, del sistema de la Seguridad Social.
• f) Las pensiones contributivas en su modalidad de invalidez hasta el límite de las cuantías establecidas para las pensiones no contributivas con complemento retributivo de tercera persona.
• g) El resto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social, hasta el límite de la cuantía de ayuda económica básica que correspondería a la unidad de convivencia.

Artículo 9 Importe

1. El importe de la ayuda económica básica estará integrado por la suma de una cuantía básica mensual y un complemento mensual variable, que estará en función de los miembros que formen la unidad de convivencia y acepten participar en los programas específicos de actividades de inserción, salvo lo previsto en el artículo 12.5 de la presente ley, cuando las alegaciones suscritas por el solicitante sean estimadas favorablemente por parte del órgano competente o en el caso previsto en el artículo 2.3.

2. El importe de la cuantía básica mensual y del complemento mensual variable se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que:

• a) La cuantía básica mensual para unidades de convivencia integradas por un solo miembro ha de ser, en todo caso, igual o superior al 76% del prorrateo mensual del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.
• b) Sobre la cuantía básica mensual se añadirán complementos adicionales por cada miembro de más de la unidad de convivencia contemplada en el apartado anterior, de tal modo que:
  • - Para unidades de convivencia de dos miembros, el complemento deberá ser equivalente al 10% del prorrateo mensual del IPREM anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.
  • - Para unidades de convivencia de tres miembros, el complemento deberá ser equivalente al 18% del prorrateo mensual del IPREM anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.
  • - Para unidades de convivencia de cuatro miembros, el complemento deberá ser equivalente al 23% del prorrateo mensual del IPREM anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.
  • - Para unidades de convivencia de cinco miembros, el complemento deberá ser equivalente al 27% del prorrateo mensual del IPREM anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.
  • - Para unidades de convivencia de seis o más miembros, el complemento deberá ser equivalente al 30% del prorrateo mensual del IPREM anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.

3. El importe total de la ayuda económica básica, cualquiera que sea el número de los miembros que compongan la unidad de convivencia, no podrá superar el 106% del importe total del prorrateo mensual del IPREM anual vigente en cada momento con inclusión de dos pagas extraordinarias.

4. Del importe de la ayuda económica básica que pudiera corresponder a la unidad de convivencia se deducirán los ingresos y demás rentas con que cuente ésta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8.

Cualquiera que sea la deducción que se efectúe, y siempre que se tuviese derecho a la percepción de la ayuda económica básica, ésta no podrá ser nunca inferior a un importe mínimo, que se establece desde la entrada en vigor de la presente ley en el importe de ciento veinte euros, que será revalorizado anualmente en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, atendiendo, al menos, al porcentaje de incremento del IPREM correspondiente previsto para el respectivo año.

Artículo 10 Devengo y pago

1. La ayuda económica básica se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la resolución de concesión prevista en el artículo 13.4.

2. En el supuesto previsto en el artículo 13.5, la ayuda económica básica se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la aceptación de la resolución de concesión.

3. Su pago se efectuará por mensualidades vencidas.

Artículo 11 Iniciación

1. El procedimiento para acceder a la Prestación Canaria de Inserción se iniciará mediante solicitud de los interesados, que se presentará, según modelo normalizado que será aprobado reglamentariamente, en la Administración municipal correspondiente al domicilio de la persona solicitante.

En la instancia normalizada, la persona solicitante hará constar que autoriza a las Administraciones actuantes para recabar la información adicional que se considere necesaria para la adecuada comprobación de los ingresos y demás requisitos que dan lugar al derecho a la concesión y percepción de la Prestación Canaria de Inserción.

2. Las solicitudes también podrán presentarse en aquellas otras dependencias a que se refiere la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la normativa de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de adaptación de procedimientos administrativos. En estos supuestos, las unidades administrativas receptoras remitirán la documentación recibida al ayuntamiento en que resida la persona solicitante.

3. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se determinen en las normas de desarrollo de la presente ley. Asimismo, los solicitantes podrán acompañar cuanta documentación estimen conveniente para precisar o completar los datos de la solicitud, la cual deberá ser admitida y tenida en cuenta por el órgano al que se dirijan.

Artículo 12 Comprobación, subsanación y remisión de documentación

1. La Administración municipal deberá comprobar que la solicitud contiene todos los datos exigidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los que establezca la normativa de desarrollo de la presente ley, así como los documentos necesarios a los que se refiere el artículo anterior.

2. Si la solicitud y los documentos no reuniesen dichos requisitos se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las deficiencias o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, previa resolución expresa, se le tendrá por desistido de su petición, salvo que por causa justificada comunicada por el interesado, y debidamente estimada por el órgano competente, se prorrogue dicho plazo por otros cinco días más.

3. Las administraciones municipales deberán solicitar de otros organismos públicos en el marco del principio de cooperación administrativa cuantos datos e informes sean necesarios para comprobar la veracidad de la documentación presentada por el solicitante y su adecuación a los requisitos establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo.

4. Una vez completada y verificada la documentación necesaria, se emitirá, por la Administración municipal, informe social sobre los aspectos familiares y económicos que resulten relevantes para una correcta valoración del estado de necesidad. El informe social se ajustará al modelo normalizado que al efecto se establezca en las normas de desarrollo de la presente ley, que incluirá un pronunciamiento sobre las dificultades que imposibilitasen, en todo caso, el acceso al mercado de trabajo de los miembros de la unidad de convivencia que tengan edad legal de trabajar.

5. Asimismo, se confeccionará el programa específico de actividades de inserción dirigido a la unidad de convivencia en la forma prevista en el título III de la presente ley, contando con la participación y consentimiento del solicitante de la Prestación Canaria de Inserción y de cada uno de los miembros de su unidad de convivencia que sean beneficiarios del programa. En el caso en el que no se pudiesen obtener dichos consentimientos por causa imputable a los interesados, el solicitante deberá suscribir las alegaciones que expliquen los motivos, y aportar cuantos documentos u otros elementos de juicio estime oportuno al expediente. El programa específico de inserción se ajustará al modelo normalizado que al efecto se establezca en las normas de desarrollo de la presente ley.

6. Las administraciones municipales remitirán el expediente completo, que incluirá la solicitud y la documentación prevista en la presente ley y cualquier otro documento que fuese preciso para aclarar el sentido de la resolución que proceda, a la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación de aquélla, a efectos de su valoración y posterior resolución por la misma. Regirá este plazo aun cuando el procedimiento hubiese quedado interrumpido por causa imputable al solicitante, en cuyo caso se enviará con el expediente el documento acreditativo de la advertencia al interesado, efectuada por la Administración municipal, de que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del procedimiento, prevista en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13 Valoración y resolución

1. Recibida en la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma la solicitud del interesado, junto con la documentación del expediente, se procederá a su estudio y valoración.

2. Los interesados podrán, en cualquier momento anterior a la resolución, formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

3. La consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la ayuda económica básica en el plazo de dos meses desde la entrada en su registro del expediente municipal completo. Este plazo quedará interrumpido en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución y notificación expresa, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento. En el caso de las ayudas excepcionales a que se refiere el artículo 7.4, las prestaciones correspondientes se entenderán denegadas.

4. En todo caso la resolución estimatoria, expresa o presunta conllevará, entre otros extremos, la obligación de desarrollar las actividades de inserción acordadas con los beneficiarios de la ayuda económica básica.

5. En los supuestos en que no hubiese recaído, con carácter previo al momento de la resolución, el consentimiento a que se refiere el artículo 12.5, la resolución estimatoria expresa, o una complementaria en el caso de que la estimación hubiera sido presunta, establecerá de forma motivada las actividades de inserción a realizar por los beneficiarios de la ayuda económica básica e indicará que la efectividad de la misma estará supeditada a la aceptación expresa por los beneficiarios, en el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la notificación y ante la Administración municipal correspondiente.

En tal sentido, la resolución se notificará a la Administración municipal correspondiente, a los efectos de que, si los interesados no se hubiesen personado ante la misma en el plazo de los diez días siguientes contados a partir de su recepción, se les requiera, con la advertencia de que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del procedimiento. Obtenida la aceptación, se remitirá inmediatamente la misma a la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, que tramitará el pago de la ayuda.

Artículo 14 Recursos

Contra las resoluciones administrativas de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción del derecho a la Prestación Canaria de Inserción se podrá interponer cuantos recursos administrativos y jurisdiccionales se contemplan en la legislación vigente.

Artículo 15 Confidencialidad

1. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes, que deben limitarse a los imprescindibles para acceder a la Prestación Canaria de Inserción. En cualquier caso, se velará por la estricta observancia de la legislación vigente, referida a la protección de datos de carácter personal y al uso de la informática en el tratamiento de los datos personales.

2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación referente a la Prestación Canaria de Inserción quedan obligados a mantener secreto sobre los datos personales y la identidad de los destinatarios de la misma.

Artículo 16 Duración

El derecho a la percepción de la ayuda económica básica tendrá una duración de un año, sin perjuicio de su suspensión o extinción, por las causas contempladas en la presente ley y en sus normas de desarrollo, o de la renovación, en su caso.

Artículo 17 Modificación

1. La modificación sobrevenida en el número de miembros de la unidad de convivencia y en los recursos económicos o patrimoniales que hayan servido de base para el cálculo de la ayuda económica básica correspondiente, y, en general, el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 30, darán lugar, de oficio o a instancia de parte, al aumento o minoración de la ayuda, salvo que se produzcan los supuestos previstos en los artículos 20, 21 y 22, en cuyo caso, con arreglo a lo previsto en dichos artículos, se ocasionará la suspensión o extinción de la ayuda económica básica.

2. En el supuesto de sobrevenir cualquier hecho que imposibilite al titular de la ayuda económica básica cumplir las obligaciones derivadas de su concesión, deberá proponerse la designación de un nuevo titular que, integrante de la misma unidad de convivencia, cumpla los requisitos establecidos en el artículo 7, incorporándose en la propuesta de resolución de modificación las variaciones relativas a la realización de las actividades de inserción y al importe de la ayuda económica básica a percibir, sin que sea necesario incoar un nuevo expediente. El nuevo titular deberá aceptar expresamente su designación, en el plazo de quince días desde que se notifique la propuesta de resolución, quedando sin efecto la misma en caso contrario.

Artículo 18 Renovación

1. La Administración municipal actuante tiene la obligación de informar a los beneficiarios, dentro del mes décimo de la percepción, de la fecha de la finalización del abono de la ayuda y de la posibilidad de su renovación.

2. El interesado podrá solicitar la renovación de la ayuda, con una anticipación mínima de un mes al vencimiento del plazo de la misma, mediante solicitud ante la Administración municipal, que emitirá nuevo informe sobre la idoneidad favorable a dicha renovación siempre que subsistan las causas que motivaron su otorgamiento.

3. El informe será remitido a la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, que mediante resolución expresa, y notificada fehacientemente al interesado, podrá establecer la renovación de la ayuda por períodos sucesivos de seis meses, hasta completar los veinticuatro desde el inicio de la percepción de la ayuda, y con los efectos del día siguiente al vencimiento del período inmediato anterior.

4. Transcurridos veinticuatro meses de la percepción de la ayuda, excepcionalmente la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma podrá acordar con los responsables de la Administración municipal, mediante resolución expresa, la procedencia de la continuidad de la percepción de la ayuda económica básica por un período adicional de seis meses atendiendo a las circunstancias sociales de cada unidad de convivencia, y considerando la eficacia social de las actividades de inserción realizadas y el beneficio o perjuicio que se pueda generar a los miembros de la unidad de convivencia proponiendo, en su caso, nuevas alternativas a las actividades de inserción realizadas.

Artículo 19 Silencio administrativo de los procedimientos de modificación y renovación

Se entenderán desestimadas las solicitudes de modificación que impliquen aumento de las ayudas, y las solicitudes de renovación, una vez transcurrido el plazo máximo para su resolución.

Artículo 20 Suspensión

La percepción de la ayuda económica básica podrá ser suspendida temporalmente, mediante resolución administrativa motivada, por un plazo determinado, previa audiencia del interesado, por las causas siguientes:

• a) Percepción, con carácter temporal, de ingresos económicos por un importe mensual igual o superior a la ayuda económica básica.
• b) Pérdida transitoria u ocasional de alguno de los requisitos y obligaciones exigidos en la presente ley.
• c) Imposición de sanción por dos infracciones leves.
  A partir de: 14 febrero 2015

  Letra c) del artículo 20 suprimida por el número doce del artículo único de L [CANARIAS] 2/2015, 9 febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción («B.O.I.C.» 13 febrero).

Artículo 21 Suspensión cautelar

1. En los supuestos en los que se detecten en la unidad de convivencia indicios de concurrencia de alguna de las causas de extinción previstas en el artículo 22, la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma iniciará el procedimiento, pudiendo acordar de oficio o a instancia de la Administración municipal, mediante resolución motivada la suspensión cautelar de la percepción de la ayuda, por un plazo máximo de tres meses.

2. La suspensión cautelar podrá ser alzada durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, la suspensión cautelar se extinguirá con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Artículo 22 Extinción

El derecho a la ayuda económica básica quedará extinguido, mediante la correspondiente resolución administrativa motivada, previa audiencia, en su caso, de los interesados, por alguna de las siguientes causas:

• a) Fallecimiento del titular de la ayuda, o su internamiento permanente o por cierto tiempo en una institución sanitaria, social o penitenciaria, cuando haya un único beneficiario en la unidad de convivencia.
• b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos o el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, sin que sea posible activar el mecanismo de la modificación establecido en el artículo 17.2.
• c) Transcurso del plazo de concesión de la ayuda y de sus renovaciones.
• d) Renuncia por parte del titular a la ayuda o traslado de domicilio fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, sin que pueda producirse la modificación prevista en el artículo 17.2.

Artículo 23 Efectos de la suspensión y extinción

1. La suspensión y extinción de la ayuda reconocida surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente al que se adopte la correspondiente resolución administrativa y, en su caso, la reanudación en la percepción lo será por el tiempo que resta para su extinción, establecido en la resolución administrativa de concesión.

2. La suspensión derivada de la pérdida transitoria u ocasional de alguno de los requisitos exigidos supondrá la suspensión del abono de la misma, previa resolución administrativa motivada. En este supuesto, siempre y cuando no haya transcurrido el período de duración de la ayuda, el titular podrá solicitar, ante la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, y dentro de los quince días siguientes a aquel en el que hubieran cesado las causas que motivaron la suspensión, la reanudación del abono de la ayuda.

A la solicitud de reanudación, habrán de acompañarse los documentos acreditativos del cese en la percepción de los ingresos económicos o, en su caso, la recuperación de los requisitos exigidos.

La solicitud de reanudación, tras suspensión motivada por imposición de sanciones leves, se producirá previa acreditación del cese de los motivos que ocasionaron la suspensión.

En el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud de reanudación en la consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, se dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la misma. Este plazo quedará interrumpido en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución y notificación expresa, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.

3. Durante los períodos de suspensión y extinción de la prestación, así como en el período en que, a consecuencia de la suspensión y extinción, no se pudiese formular una nueva solicitud, se adoptarán por la Administración municipal correspondiente y autonómica las medidas oportunas para evitar una grave desprotección de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, en su caso.

Artículo 24 Obligación de reintegro

1. La obligación de reintegro del importe de la ayuda indebidamente percibida prescribirá a los cuatro años, contados a partir del momento en que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

3. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25%.

4. La duración, suspensión o extinción de la ayuda económica básica no conlleva el mismo efecto respecto de las actividades de inserción previstas en el título III. Los destinatarios de estas últimas podrán seguir beneficiándose de ellas siempre que existan las situaciones de necesidad que motivaron la concesión de la ayuda.