Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art�culo 12.8 del Estatuto de Autonom�a, promulgo y ordeno la publicaci�n de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

PRE�MBULO

I

Hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con el art�culo 47 de la Constituci�n es uno de los problemas m�s complejos a los que se viene enfrentando la Comunidad Aut�noma de Canarias desde su constituci�n. El innegable esfuerzo realizado hasta ahora, en especial con la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, y los tres Planes de Vivienda aprobados a su amparo (1988-1991, 1992-1995, 1996-1999), no pueden ocultar el d�ficit que existe de viviendas accesibles por las familias canarias de rentas bajas y medias.

La experiencia acumulada en estos a�os permite resumir en tres los escollos principales que dificultan, si no impiden, la soluci�n del problema de vivienda en Canarias: la limitaci�n de los recursos econ�micos disponibles, la escasez de suelo apto para la edificaci�n y la complejidad y lentitud en la tramitaci�n de los proyectos y promociones de viviendas sujetas a un r�gimen de protecci�n p�blica. Los recursos p�blicos disponibles seguir�n siendo limitados; las pol�ticas de ajuste del gasto p�blico, consecuencia de nuestra incorporaci�n a la Uni�n Europea, lo imponen. Sin embargo, tras m�s de una d�cada de tipos de inter�s altos, en los �ltimos a�os se ha producido una reducci�n dr�stica de los intereses de los pr�stamos hipotecarios, seguida de un fuerte incremento de la demanda de viviendas protegidas, que debe ser atendido por los poderes p�blicos canarios mediante la adopci�n de medidas jur�dicas y econ�micas que den un nuevo impulso a la pol�tica auton�mica de vivienda, abordando soluciones para cada uno de los problemas expuestos.

Este es el sentido de la presente Ley: reordenar la intervenci�n de las administraciones p�blicas en materia de vivienda, en especial en la promoci�n, financiaci�n y reglamentaci�n de las viviendas sujetas a un r�gimen de protecci�n p�blico, mediante un cambio de los modos y formas tradicionales de actuaci�n p�blica en esta materia, estableci�ndose, con car�cter transitorio, la aplicaci�n supletoria de las denominadas Normas B�sicas de la edificaci�n -NBE- a que se refiere la disposici�n final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci�n de la Edificaci�n, sin perjuicio, de que otra norma con rango de ley establezca en el futuro, dentro del �mbito de Canarias de los preceptos competencia auton�mica las normas t�cnicas aplicables a la construcci�n de viviendas.

II

La Ley encomienda la gesti�n de las competencias ejecutivas en materia de vivienda a una nueva entidad p�blica, el Instituto Canario de la Vivienda, organismo aut�nomo del Gobierno de Canarias, y en cuyo consejo de administraci�n participan los cabildos insulares; regulando su estatuto jur�dico b�sico. Se abordan con este modo de gesti�n dos problemas principales: el primero, la coordinaci�n de las funciones que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de R�gimen Jur�dico de las administraciones p�blicas de Canarias otorga a los cabildos insulares y las que corresponden a la comunidad aut�noma mediante procesos de desconcentraci�n o mediante convenios interadministrativos; y el segundo, la sujeci�n del Instituto a un r�gimen jur�dico singular, conforme al cual, se pretende agilizar y simplificar la gesti�n, sin menoscabo de las garant�as que deben asegurar el buen uso de los fondos p�blicos, ni del derecho de los ciudadanos de acceder a esos fondos y a las viviendas protegidas. No se trata de un intento de huir del derecho administrativo, tan s�lo de utilizar de entre los instrumentos que ofrece ese ordenamiento aquellos que permiten una gesti�n m�s r�pida y eficiente. De otra parte, junto a los representantes auton�micos e insulares, en el m�ximo �rgano de direcci�n del Instituto se prev� la incorporaci�n de cuatro representantes de los municipios canarios de los cuales al menos dos han de ser de municipios mayores de 100.000 habitantes. Esta representaci�n supone el reconocimiento del papel fundamental que en la pol�tica de vivienda corresponde a estas entidades locales, que se viene materializando con la cesi�n de suelo para la promoci�n p�blica de viviendas, la adscripci�n en los instrumentos de planeamiento generales de suelo residencial para la construcci�n de viviendas protegidas, y en la participaci�n en los procedimientos de adjudicaci�n de las viviendas. Esta incorporaci�n no supone que las competencias municipales pasen a ser gestionadas por el Instituto, �nicamente, el reconocimiento de la tarea que vienen desempe�ando en el marco de las previsiones de los art�culos 25.2.d) y 28 de la Ley de Bases de R�gimen Local.

III

La Ley aborda, a continuaci�n, el problema de la escasez de suelo aprovechando un instrumento que viene siendo utilizado por otras Comunidades Aut�nomas y que recoge el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenaci�n del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: la afectaci�n directa de suelo a la construcci�n de viviendas protegidas mediante el establecimiento de un est�ndar urban�stico m�nimo que deben incorporar los instrumentos municipales de planeamiento. En concreto, la Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenaci�n, a los que corresponde la determinaci�n de los usos globales del territorio insular, y en su caso tambi�n a los Planes de Vivienda, la determinaci�n de aquellos municipios en los que es prioritaria, incluso perentoria, la construcci�n de viviendas protegidas y, por tanto, en las que debe centrarse el esfuerzo p�blico, sin perjuicio de las actuaciones que fueran necesarias en municipios de otra naturaleza. La consecuencia b�sica de esa determinaci�n es la obligaci�n de que los instrumentos de planeamiento general de esos municipios destinen, al menos, el 20% del suelo urbanizable de uso residencial y del suelo urbano afectado por operaciones de reforma interior, a esa clase de uso residencial, sin que, se pueda destinar a este uso m�s del cincuenta por ciento del aprovechamiento del �mbito o sector en concordancia con lo establecido en el art�culo 32.2. A.8 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenaci�n del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. Para la cobertura de ese est�ndar urban�stico la Ley admite la afectaci�n expresa de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados a �ste. Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta medida y evitar la inactividad de los propietarios afectados, se declara causa de expropiaci�n el incumplimiento del deber de edificaci�n en los plazos que se se�alen. Finalmente, se establece el deber de los promotores tur�sticos de colaborar en la construcci�n de viviendas protegidas para la poblaci�n de servicios.

IV

En atenci�n a la competencia exclusiva de la Comunidad Aut�noma de Canarias para fijar las normas sustantivas de las viviendas sujetas a protecci�n p�blica, la Ley establece el r�gimen b�sico de esas viviendas, a las que se denomina viviendas protegidas. Se trata de un r�gimen com�n para todas las clases de viviendas que se definen en esta norma, sin perjuicio de las especialidades que se establecen para cada una de ellas. Los cambios m�s importantes que se introducen son: 1) en cuanto a las viviendas protegidas de promoci�n privada, y asimiladas, su r�gimen jur�dico tiende a equipararse con el de las viviendas libres, reduci�ndose la intervenci�n, control y limitaciones administrativas a lo indispensable para garantizar el adecuado destino y empleo de los fondos p�blicos; y 2) una nueva modalidad de financiaci�n, el subsidio de pr�stamos no cualificados, habida cuenta que los tipos de inter�s de los pr�stamos hipotecarios se encuentran en un nivel que permite a los adquirentes obtener en el mercado libre pr�stamos hipotecarios de iguales condiciones que los cualificados. En cuanto a los derechos de opci�n de compra, tanteo y retracto, la Ley establece la caducidad de estos derechos cuando transcurran m�s de tres meses desde la adopci�n de la decisi�n sin que se haya pagado el precio.

V

Se define el Plan de Vivienda como el instrumento que ordena y coordina todas las acciones p�blicas en materia de fomento del suelo protegido y la vivienda, estableciendo que en las leyes de presupuestos de la Comunidad Aut�noma se habiliten los cr�ditos suficientes para dar cobertura a su contenido y objetivos. La obligaci�n de dotar presupuestariamente el Plan, a trav�s del Fondo Canario de la Vivienda, es el contrapeso obligado de la imposici�n de un est�ndar urban�stico que obliga tanto a los municipios, como a los propietarios y promotores privados. Con ello se pretende, adem�s, dotar de recursos la pol�tica auton�mica de vivienda, tradicionalmente limitada.

VI

Finalmente, siguiendo la estela de otras Comunidades Aut�nomas, la Ley actualiza y acomoda a los principios del ordenamiento jur�dico vigente, el r�gimen de la potestad de desahucio y el de la potestad sancionadora en materia de vivienda y, en particular, en viviendas protegidas, as� como el procedimiento para su ejercicio.