Sumario

Ley 8 junio 1957, derogada por la letra b) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. («B.O.E.» 22 noviembre), el 22 de febrero de 2004.

Preámbulo

Muy pocos años -menos de siete- faltan para llegar al centenario de la vigente Ley de Montes cuya longevidad dice bien a las claras el acierto de su concepción, que ha permitido, complementada por multitud de Decretos y Ordenes, llegar hasta nuestros días, manteniendo sus básicos principios y esenciales fundamentos; pero hora es ya, recogida toda la inmensa experiencia de este gran lapso transcurrido y habida cuenta del cambio y transformación de las circunstancias y condiciones que en tantos aspectos ofrecen los tiempos actuales, de promulgar una nueva Ley de Montes que presida el gobierno de la economía forestal española.

Hoy no es necesario mostrar aquí, como lo fue hace un siglo, las excelencias de los montes, ni justificar la necesidad de conservar mejorando los existentes y de recuperar para el arbolado las enormes extensiones que en nuestro país sólo son apropiadas para su cultivo, puro o en armónica combinación de pastizales para sustento de la ganadería, porque todos los españoles conocen estos mundialmente indiscutidos postulados. Bastará tratar, en esta exposición, de las líneas rectoras de los conceptos esenciales de la nueva Ley.

Organizada esta fundamental disposición en títulos y capítulos, se recogen en ellos, en ordenado cuerpo de doctrina, todos los preceptos sustantivos propios de la materia constitutiva de un código forestal en el que se mantienen tradicionales e inmutables principios contenidos en Leyes anteriores, en su mismo ser o convenientemente adaptados al tiempo actual; se ordenan, agrupan y refunden esenciales reglas, sancionadas por la experiencia, dispersas en disposiciones de rango no siempre adecuado a la categoría del mandato, y se estatuyen por último nuevos preceptos necesarios para el debido ordenamiento del tema a que se contraen.

En el título primero, al tratar de la propiedad forestal incluida en el Catálogo que registra todos los montes de utilidad pública, se establece que éstos sólo podrán ser enajenados por Ley o mediante expropiación forzosa y se declara su inembargabilidad, admitiéndose por excepción la constitución de garantías hipotéticas sobre los aprovechamientos. Se atiende a la necesidad sentida de proteger contra una abusiva explotación, cuando no de completa destrucción, a aquellos bosques, terrenos o agrupaciones arbóreas con características de utilidad pública, que vienen aprovechándose por vecinos de núcleos locales.

También serán objeto de tutela estatal y régimen especial los montes de propiedad particular que por sus condiciones de interés general, económico o social obtengan la calificación de protectores.

Merece singular atención cuanto concierne a la firme defensa de la propiedad forestal pública, la que salvada esencialmente del alcance de las leyes desamortizadoras, en sus más importantes masas, ha sufrido, sin embargo, al correr de los tiempos, fuertes ataques y segregaciones que realizaron avisados y logreros, manejándose hábilmente en la complejidad y entresijo de disposiciones, preceptos y procedimientos a veces interferentes y no siempre bien diferenciados en las jurisdicciones administrativa y judicial.

Un detenido estudio de la cuestión, espigando en los campos del Derecho administrativo y del hipotecario, ha permitido esquivar aquellas dificultades al conjugar, dentro del respeto debido a las jurisdicciones, los principios necesarios para mantener la integridad de la posesión acreditada de estos bienes, que por tantos conceptos interesan a la colectividad, reservando como procede, cuanto se refiere a propiedad, a la acción de los Jueces y Tribunales ordinarios.

Para la apuntada necesidad de atender a la defensa y saneamiento legal de los montes de utilidad pública se adoptaron medidas como las siguientes:

Se confirma y refuerza, con rango de Ley, el precepto, antes establecido en disposiciones de categoría inferior, por el que la inclusión de los montes en el Catálogo otorga la presunción de la posesión a favor de la entidad a cuyo nombre figuren consignados y aquel otro, de no menor tradición en la legislación forestal, que exige el transcurso de treinta años de ininterrumpida posesión para poder acreditarla, a falta de mejores títulos, sobre terrenos ubicados en montes catalogados.

Se regula la posibilidad de entablar contra la Administración Forestal el procedimiento establecido en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, facultándose a aquélla para formular, sin prestar caución, demanda de contradicción por determinadas causas.

Se estatuye la obligación y forma de inscribir en el Registro de la Propiedad los montes de utilidad pública, tanto los deslindados como los que aún no hubieren sido objeto de esta operación, estableciéndose también que la declaración del estado de deslinde obliga a la Administración a solicitar del Registro de la Propiedad la correspondiente anotación preventiva, con los mismos efectos que las de demanda.

Otra medida precautoria de singular eficacia ha de ser el requisito indispensable para la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de fincas colindantes con montes catalogados, de acompañar el título certificación de la Administración Forestal acreditativa de no hallarse comprendido el predio que se pretende inscribir en monte declarado de utilidad pública.

El saneamiento legal del sector forestal público se completará mediante la realización de deslindes y amojonamientos y el estudio y regulación de las servidumbres y ocupaciones para llegar a la extinción de las ilegítimas, la redención mediante indemnización de las legítimas, pero incompatibles y la ordenación de las que fueren compatibles con el fin de utilidad pública de los montes afectados.

Se atiende también en el título primero a la posibilidad de ensanchar los patrimonios forestales por compraventa o expropiación y a la de realizar permutas de montes que, sin menoscabar el área forestal pública, pueda perfeccionar las propiedades montuosas de personas jurídicas imperecederas, armonizando, cuando se trate de Entidades Locales, los preceptos de esta Ley con los establecidos en la de Régimen Local.

En el título segundo, que se ocupa de los aprovechamientos y su régimen jurídico y de la conservación y mejora de los montes, se prescribe la necesidad del proyecto de ordenación o de plan técnico adecuado para la explotación de los montes públicos y se confirma, por precepto de Ley, la indispensable intervención de la Administración en los disfrutes, básicamente en los de carácter forestal, de montes de dominio privado, de acuerdo con la doctrina general que impera en los países de avanzada cultura, en aras de la conservación de estos bienes por su innegable y beneficiosa proyección en los intereses nacionales, exigiéndose plan técnico para todos los montes emplazados en las zonas forestales de protección.

Se prevé y regula la ordenación integral por comarcas que puedan comprender montes públicos y de propiedad privada de gran producción o de marcada conveniencia de coordinación selvícola y pastoral, distinguiendo los casos en que por la naturaleza protectora de las fincas sean obligatorias las agrupaciones, de aquellos otros en que la asociación se deja al libre arbitrio de los dueños de las mismas.

No se contrae la acción del Estado solamente a imponer las aludidas obligadas limitaciones al libre ejercicio del derecho de propiedad porque, con sentido generoso, se preocupa también de conceder ayuda técnica y auxilios dinerarios para la ejecución de mejoras a entidades y particulares no ya sólo de repoblación «in extenso» de las que se ocupa el título siguiente, sino también de las que tengan carácter auxiliar del tratamiento de las masas y para vías de saca, construcciones y fomento de pastizales.

En cuanto al régimen jurídico y económico de los aprovechamientos referentes a los montes del Estado, se mantiene su sujeción a las normas establecidas en la Ley del Patrimonio Forestal, y por lo que afecta a las entidades locales, los disfrutes habrán de realizarse, en lo técnicofacultativo, conforme a las reglas de la Administración, y en lo económico, a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, admitiéndose la adjudicación directa de los aprovechamientos a favor de las Entidades propietarias cuando en el trámite de las subastas no se alcance el precio establecido.

Los Ayuntamientos y Entidades locales podrán regular el uso y disfrute de las aguas privadas de sus montes.

Se impone la obligatoriedad de destinar un diez por ciento del valor de los aprovechamientos de los montes públicos para su inversión en mejoras, admitiéndose la posibilidad de aumentar dicho porcentaje en los casos de notoria conveniencia, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Se introduce en la Ley el principio de la posibilidad de que el Patrimonio Forestal del Estado y las Entidades locales, con capacidad reconocida, puedan elaborar y transformar industrialmente los productos de sus montes, en régimen de empresa pública o mixta, lo que significará para muchas economías de burgos campestres la obtención de mayores beneficios de sus bienes forestales.

El título tercero abarca, en su totalidad, lo concerniente a la repoblación forestal y, fuera de los detalles que se mencionarán, no ofrece ninguna novedad porque tan importante materia se halla del todo actualizada en la legislación hasta ahora vigente que aquí se refunde y concreta en la medida conveniente, no olvidando los fundamentos de la interesante y ya antigua Ley de 24 de junio de 1908 y recogiendo todo lo necesario de las más reciente de 10 de marzo de 1941, referente al Patrimonio Forestal del Estado, de 7 de abril de 1952 y de 22 de diciembre de 1955, sobre auxilio a la libre iniciativa para la repoblación forestal en terrenos públicos y privados.

Las pequeñas novedades de la Ley a que acabamos de aludir se reducen en este título: a la exigencia de ciertas garantías para los anticipos de consideración que conceda el Estado, mediante la constitución de hipoteca sobre la finca particular objeto de repoblación, o el adscribir la obligación al arbolado del monte, cuando se trate de montes catalogados; y al abono de una renta a los dueños de fincas particulares en régimen de consorcio forzoso y aun de voluntario si se trata de predios de utilidad pública, cuando su ocupación por las necesidades de la repoblación pueda suponer pérdida temporal de beneficios.

Del Servicio Hidrológico Forestal se trata en el título cuarto, en el que se recoge sustancialmente la legislación que regula esta importante materia de restauración de montañas y corrección de torrentes y aludes desde el año 1901 de creación del Servicio, que ha realizado gran parte con técnica netamente nacional muy importantes trabajos de consolidación de terrenos y defensa de poblados, pantanos, vías de comunicación y vegas de cultivos. Se complementan las tradicionales actividades del Servicio con las referentes a la específica de conservación de suelos, para las que el Estado, aparte de su propia acción, podrá conceder auxilios económicos a la propiedad pública o privada que se interese por la realización de trabajos conducentes a tal finalidad conservadora.

Dentro del mismo título cuarto dedica la Ley dos capítulos a problemas tan estrechamente relacionados con la conservación de la renta forestal, como el de la profilaxis y tratamiento de las enfermedades y plagas de los montes y el de la defensa contra el azote de incendios, el Seguro y el Crédito forestal.

Por lo que respecta al capítulo de plagas, es tan recientemente la Ley de reorganización del Servicio -diciembre de 1952- que nada nuevo, como no sea algún detalle de tipo punitivo contra infracciones esenciales, contiene la presente. Lo contrario sucede con lo referente a incendios, seguros y crédito, cuyos preceptos suponen innovación palmaria en la legislación forestal y no porque hasta ahora se tuviera descuidada la protección y combate del fuego, que se entendía en la medida de lo posible, pero sin una organización y sistemática de conjunto como se propugna en esta Ley, en la que se dispone la adopción de medidas preventivas, combativas, reconstructivas y reparadoras. La reconstrucción de la riqueza incendiada se extiende a toda la propiedad forestal, así pública como particular, sufragándose los gastos de repoblación con cargo a los fondos de los salvamentos y a los del seguro forzoso o voluntario, según los casos, y a través de las entidades aseguradoras acogidas a la de 16 de diciembre de 1954.

Se encomienda al Ministerio de Agricultura la organización de concesiones de crédito sobre fines forestales que constituyan unidad de explotación y se fijan las directrices conforme a las cuales hayan de otorgarse aquéllos para las finalidades que se señalan, de regulación de aprovechamientos, en evitación de cortas irracionales y de realización de las mejoras que se indican, fijándose, por último, el tipo máximo de interés y el plazo límite del préstamo.

Parques Nacionales e Industrias Forestales son las materias comprendidas en los dos capítulos del título quinto. Por lo que concierne a los primeros, no se recoge solamente lo estatuido sobre ellos en la Ley de 7 de diciembre de 1916, sino que se atiende a procurar los medios necesarios para que los Parques puedan cumplir su finalidad. En cuanto a las Industrias Forestales, conservando como base lo dispuesto en el Decreto-Ley de 1 de mayo de 1952, se introduce la estimuladora novedad de la posible declaración de industrias de preferente interés forestal.

El capítulo único del título sexto se ocupa de las infracciones en los montes y su sanción o castigo, y cuestión es ella a la que se ha prestado suma atención, de acuerdo con la experiencia recogida desde el año 1884, en que se promulgó la disposición fundamental que ha venido rigiendo esencialmente, hasta nuestros días, en materia penal para montes públicos aplicada en las jurisdicciones administrativas o de los tribunales ordinarios, no siempre con completa claridad en la delimitación o competencia del ámbito jurisdiccional conocedor del caso, motivándose muchas veces interferencias o conflictos entre las esferas o autoridades llamadas a intervenir. Se ha contemplado también el resultado obtenido desde el año 1918 por aplicación de lo legislado sobre imposición de responsabilidades por cortas ilegales en montes de propiedad particular.

La añeja tradición de la Administración forestal en el conocimiento e intervención de los problemas de los montes, incluidos los de carácter penal; la estrecha relación que en este aspecto existe entre el concepto jurídico de multa y los técnicos de valoración de productos aprovechados y de daños y perjuicios ocasionados al monte, más la conveniencia de un proceso lo más rápido posible en la tramitación de los expedientes por infracciones en materia forestal, en aras de la necesaria ejemplaridad, aconsejan de consuno atribuir a la Administración la competencia para conocer y resolver aquellos hechos punibles que atenten a la conservación de los montes, con quebranto de su integridad, reservando a la esfera de los Jueces y Tribunales ordinarios los delitos castigados en el Código Penal, que, por su significación y características, son propios y exclusivos de la jurisdicción de los mismos.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo: