Sumario

--> Ley [REGIÓN DE MURCIA] 6/2008, 20 noviembre, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria primera de la Ley [REGIÓN DE MURCIA] 14/2012, 27 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional («B.O.R.M.» 31 diciembre) el 1 de enero de 2013.

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Preámbulo

La figura del Defensor del Pueblo está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como institución pública designada para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, pudiendo supervisar a este fin la actividad de la Administración, tanto para la defensa del ciudadano como también en cuanto constituye un servicio a los intereses generales de la comunidad.

Es una institución que debe velar por el funcionamiento transparente y eficaz de la Administración pública al mismo tiempo que por la garantía de los derechos de las personas y la atención a las más débiles.

El Defensor del Pueblo es, por tanto, un colaborador crítico de la Administración, cuyas actuaciones también se deben dirigir a subsanar las lagunas que puedan existir en el sistema de garantías de los administrados.

Hasta ahora la Comisión parlamentaria de Peticiones y Defensa del Ciudadano, en el seno de la Asamblea Regional, tramitaba las quejas de los ciudadanos, tratando de resolver los conflictos que, sobre sus derechos, planteaban contra las diferentes administraciones, pero resulta conveniente, al igual que la mayoría de las comunidades autónomas, continuar desarrollando nuestro sistema de autogobierno, regulando mediante ley la institución de Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, como Alto Comisionado de la Asamblea Regional, cuya misión fundamental es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que nos asisten en el disfrute de la democracia, siendo a la vez fiel aval, acorde con el estado de derecho, de la legalidad y transparencia de los actos y resoluciones emanados de los órganos de la Administración Pública de la Región de Murcia y de que se ajustarán a los principios reconocidos en la Constitución y en el Estatuto Autonomía.

La iniciativa de esta Ley para la creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia encuentra su cobertura legal en la propia Constitución Española, que establece la institución del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en su título primero. También en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, de desarrollo de las funciones de dicha institución, que contempla la posibilidad de existencia de órganos similares al Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia sobre la capacidad de crear instituciones de autogobierno y la regulación de las mismas, aun cuando no estuvieran expresamente previstas en la letra de la norma estatutaria.