«TITULO VIII

De la función inspectora, de las infracciones y sanciones

Artículo 45 La inspección en materia de acción social

45.1. La función inspectora en materia de acción social se adecuará, en cuanto a sus funciones y facultades, a lo establecido en la presente Ley y en la normativa reguladora de las condiciones mínimas materiales y de funcionamiento de los servicios y establecimientos sociales.

45.2. Son funciones básicas de la inspección en materia de acción social:

• a) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre condiciones funcionales y materiales de los centros y servicios sociales, practicando comprobaciones periódicas.
• b) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios reconocidos en la normativa vigente.
• c) Asesorar a entidades y usuarios de los servicios sociales sobre sus respectivos derechos y deberes.
• d) Proponer medidas cautelares tendentes a salvaguardar la salud y seguridad de los usuarios.
• e) Informar sobre los planes de mejora en la calidad de los servicios.

45.3. La función inspectora se realizará por funcionarios con capacitación técnica adecuada y con denominación de inspector, los cuales tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

Artículo 46 Las infracciones

46.1. Constituirán infracciones administrativas, a los efectos previstos en el párrafo e) del artículo 23, las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones concretas establecidas en la presente Ley y las normas que la desarrollen que perjudiquen a los usuarios o a la organización pública de los servicios.

46.2. Se tipifican como infracciones administrativas, atendiendo a su gravedad, los hechos que se enumeran en los siguientes apartados.

46.3. Son infracciones leves:

• a) No tener a disposición de los usuarios hoja de reclamaciones en el modelo oficial correspondiente.
• b) Carecer de libro de registro de usuarios.
• c) Carecer de póliza vigente de seguros que cubra los riesgos de siniestro total del edificio e indemnizaciones por daños a los usuarios.
• d) Carecer de reglamento de régimen interior sellado por el órgano competente.
• e) Vulnerar las condiciones exigibles de concreción, claridad y sencillez en las cláusulas contractuales, o la remisión a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario.
• f) La fijación de cláusulas que amparen al prestador del servicio para suprimir el servicio sin mediar causa objetiva que lo justifique.
• g) La imposición de cláusulas de exención absoluta de responsabilidad frente a los usuarios, cualquiera que sea el objeto de las mismas.
• h) La repercusión de costes de servicios que, en el momento de iniciarse la prestación, les fueron ofrecidos a los usuarios de forma gratuita.
• i) La repercusión sobre el usuario de las consecuencias negativas derivadas de los fallos, defectos o errores que no les sean directamente imputables.
• j) Realizar ofertas, promociones o publicidad de actividades o servicios que no se corresponden con exactitud a las condiciones reales de éstos.
• k) No comunicar al órgano administrativo competente las tarifas de precios que se aplicarán cada anualidad.
• l) No notificar al órgano administrativo competente las modificaciones que se produzcan en relación con los datos registrables considerados básicos por la norma reguladora del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social.
• m) La negativa, de forma injustificada y discriminatoria, a satisfacer las peticiones de los usuarios respecto a la prestación de actividades y servicios.
• n) Cualquier transgresión ocasional de los derechos de los usuarios de servicios sociales reconocidos en la normativa vigente, que no constituya una infracción grave o muy grave.
• o) No garantizar una correcta organización higiénico-sanitaria, cuando no suponga un riesgo o perjuicio grave para la salud de los usuarios.
• p) No garantizar que cada usuario pueda recibir, por medios propios o ajenos, la atención médica necesaria, siempre que no se cause un perjuicio grave en la salud de los usuarios.
• q) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias, en su estado o funcionamiento.
• r) La prestación en un centro de servicios sociales de actividades no autorizadas, con carácter ocasional.
• s) Incumplir el deber de remisión de la información solicitada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el órgano competente o por la Inspección de Centros Sociales.
• t) La ampliación o disminución de la capacidad asistencial o de los servicios a prestar, el cambio de titularidad, el cierre, o cualquier otra alteración de las condiciones de un establecimiento o servicio de acción social sin haberlo comunicado, en los casos en que esta comunicación sea preceptiva.
• u) Dificultar de cualquier modo el ejercicio de las competencias atribuidas a la Inspección en materia de Acción Social.
• v) Cualquier incumplimiento de las condiciones materiales y de funcionamiento contenidas en el reglamento correspondiente, siempre que no repercuta directamente en la salud o seguridad de los usuarios o no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
• w) No identificar el centro o servicio en el inmueble en que se ubique.

46.4. Son infracciones graves:

• a) La apertura de un establecimiento de acción social o la prestación de un nuevo servicio sin la oportuna autorización.
• b) La ampliación o disminución de la capacidad asistencial en más de un 25% de la registrada siempre que afecte a un mínimo de 10 plazas y la ampliación de los servicios de un centro que implique incremento en la ocupación sin la obtención de las autorizaciones que sean preceptivas.
• c) El cambio de titularidad o cierre de un servicio o establecimiento que haya recibido financiación pública para inversión en los últimos treinta años o para el mantenimiento del último ejercicio económico, o esté concertado con cualquier Administración pública, sin la preceptiva autorización.
• d) Alterar cualquier condición del centro sin autorización, en los casos en que ésta sea preceptiva.
• e) Alterar cualquier documento previamente aprobado por el órgano administrativo competente.
• f) La falta de veracidad o alteración de los datos remitidos al órgano competente que fueran requeridos en el ejercicio de sus funciones.
• g) Alterar o proporcionar con inexactitud los datos relevantes para la información registral, siempre que no impliquen una modificación en la calificación de la entidad.
• h) Obstaculizar e impedir la participación de los usuarios o sus representantes legales en las actividades del centro y el incumplimiento del deber, cuando proceda, de informar con carácter periódico y de forma veraz a los mismos de la gestión del servicio o establecimiento.
• i) Imponer a los usuarios cualquier forma de renuncia de sus legítimos derechos e intereses.
• j) El establecimiento de condiciones abusivas por perjudicar de forma desproporcionada e inequitativa al usuario.
• k) Presentar, de forma que induzca a engaño o enmascare su verdadera naturaleza, cualesquiera servicios o actividades cuya prestación no se corresponda con lo ofrecido.
• l) La transgresión de los derechos de los usuarios reconocidos en la normativa vigente, salvo que la misma tenga un carácter meramente ocasional, produciendo un grave perjuicio a los usuarios.
• m) Establecer obligaciones a los usuarios no manifiestas o disminuir la calidad de los servicios suministrados, precio de los servicios ofertados.
• n) No contar con el personal suficiente, con la titulación exigida, de acuerdo con el tipo de actividad y el número de atendidos en el centro.
• o) Incumplir las condiciones relativas a la seguridad de las instalaciones del centro.
• p) No garantizar una correcta organización higiénico sanitaria o no velar porque los usuarios cuenten con la atención médica necesaria, produciendo un grave riesgo o un perjuicio a los mismos.
• q) Alterar fraudulentamente los datos de los usuarios del centro o servicio con objeto de obtener o mantener una prestación económica.
• r) Destinar el importe de la financiación publica obtenida en su caso a usos propios de la acción social, pero distintos de los que motivaron su concesión.
• s) La obstrucción o resistencia a la Inspección en materia de acción social, impidiendo el ejercicio de sus competencias.
• t) Incumplir los requerimientos de las autoridades administrativas que hayan sido formulados en aplicación de la normativa sobre condiciones mínimas de los establecimientos y servicios de acción social.

46.5. Son infracciones muy graves:

• a) El ejercicio de actividades propias de los servicios y establecimientos de acción social en condiciones de clandestinidad.
  
  Se entenderá que existe clandestinidad, a los efectos de la presente Ley, cuando se trate de ocultar o enmascarar la verdadera naturaleza de las actividades que se desarrollan, con objeto de eludir la aplicación de la normativa vigente en materia de acción social.
• b) El incumplimiento de las condiciones y atenciones exigibles de higiene, salud y seguridad y la prestación inadecuada de los servicios a los usuarios o la deficiente calidad de los mismos cuando produzca un perjuicio notorio a los afectados o haya puesto en un peligro grave o inminente su salud o seguridad.
• c) La realización de actuaciones que impliquen la violación de los derechos fundamentales de los usuarios.
• d) Obstaculizar o impedir el libre ejercicio de las acciones que correspondan a los usuarios para la defensa de sus derechos e intereses frente a la entidad prestadora del servicio o titular del establecimiento.
• e) Alterar dolosamente los datos registrables con objeto de obtener una calificación diferente para la entidad.
• f) La negativa o resistencia a la actuación inspectora siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
• g) Alterar la contabilidad con objeto de ocultar el precio real de los servicios o para la obtención de financiación pública.
• h) Alterar fraudulentamente las condiciones establecidas para la obtención o mantenimiento de una financiación publica, o destinar el importe de la misma a fines distintos, de carácter lucrativo o ajenos al ámbito de la acción social.
• i) Modificar o proporcionar inexactamente los datos de la entidad con objeto de obtener los beneficios propios de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
• j) Incumplir la orden de cierre de un centro o servicio, dictada en cumplimiento de la normativa vigente en materia de acción social.

Artículo 47 Las sanciones

47.1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas en la forma siguiente:

• A) Las infracciones leves serán sancionadas con la imposición de una o varias de las siguientes sanciones:
  • - Amonestación por escrito.
  • - Multa de hasta 500.000 pesetas.

  No obstante, en atención a la escasa gravedad de la conducta tipificada y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad que concurran, y con anterioridad a la adopción del acuerdo resolutorio, el órgano competente para la imposición de la sanción podrá requerir a la persona o entidad titular del establecimiento o servicio para que subsane las deficiencias o irregularidades detectadas.

  
  
  Transcurrido el plazo señalado en el requerimiento sin haber procedido al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, se impondrá la sanción que corresponda en su cuantía máxima.
• B) Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde 500.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas y, en su caso, la revocación de la declaración de interés social de la entidad titular del centro o prestadora del servicio.
• C) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa desde 2.500.001 pesetas hasta 25.000.000 de pesetas y, en su caso, la revocación de la declaración de interés social de la entidad titular del centro o prestadora del servicio. La autoridad competente podrá optar, además, por la adopción de una de las siguientes medidas:
  • a) El cierre temporal del centro por un tiempo máximo de cinco años e inhabilitación por el mismo período de tiempo, del titular del establecimiento o de la prestación del servicio cuando la infracción sea imputable a su conducta dolosa o negligente.
  • b) La suspensión de la financiación pública por un período comprendido entre uno y cinco años.

  Además de la sanción que corresponda imponer a la entidad titular, a los miembros de órganos, agentes y representantes de una persona jurídica que resulten responsables, se les impondrá una de las sanciones siguientes:

  • a) Multa por una cuantía entre el 25 y el 50% de la sanción impuesta a la entidad.
  • b) Inhabilitación para ejercer funciones, desempeñar cargos o ejercer representación de carácter similar en un período de cinco años.

47.2. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves se determinarán conforme a los siguientes criterios:

• a) El grado de intencionalidad o negligencia.
• b) La gravedad del riesgo o peligro para los usuarios.
• c) Los perjuicios causados.
• d) El beneficio económico obtenido.
• e) El interés social del establecimiento o del servicio que se presta.
• f) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del infractor.
• g) La subsanación de las deficiencias que dieron lugar a la iniciación del procedimiento, a iniciativa del interesado, antes de recaer resolución definitiva.
• h) La utilización de tácticas dilatorias en la cumplimentación de la documentación previamente requerida por el órgano competente, con el fin de obtener un beneficio.
• i) La reiteración en la comisión de infracciones. Se produce reiteración cuando se ha sido sancionado en materia de acción social en los dos años anteriores a la comisión de la infracción.
• j) El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos.

Para determinar la sanción aplicable a los responsables descritos en el apartado 1.c) de este artículo, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:

• a) El grado de responsabilidad que concurra en el interesado.
• b) La conducta dolosa o negligente anterior, en la misma o en otra entidad, tomando al efecto las sanciones firmes impuestas durante los últimos cinco años.
• c) El carácter de representación que el interesado ostente.»

«TITULO IX

De los usuarios: derechos, deberes, distinciones y régimen disciplinario

Artículo 48 Derechos de los usuarios

Los usuarios de los Centros gozan de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico. De manera especial, en los términos fijados por esta Ley y en los respectivos Reglamentos de Régimen Interno de cada Centro, se observará el respeto de los siguientes derechos:

• a) Disfrutar de los servicios que se presten en los Centros sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• b) Participar en la gestión del Centro a través de los órganos representativos que reglamentariamente se establezcan.
• c) Utilizar los servicios de otros Centros cuando las disponibilidades del mismo lo permitan y el correspondiente órgano directivo lo acuerde.
• d) Al secreto profesional de los datos de su expediente personal, de su historia sanitaria y social.
• e) A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de los Centros.
• f) Disfrutar del silencio necesario durante las horas de reposo y descanso.
• g) Participar en la elaboración del proyecto de Reglamento de Régimen Interno del Centro para su posterior debate por el órgano representativo del mismo y aprobación por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
• h) Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.

Artículo 49 Deberes de los usuarios

Son deberes de los usuarios de los Centros:

• a) Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno, así como los acuerdos e instrucciones emanados de los órganos directivos.
• b) Respetar el buen uso de las instalaciones del Centro y colaborar en su mantenimiento.
• c) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.
• d) Poner en conocimiento de la Dirección del Centro las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo.
• e) Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios según la normativa vigente.
• f) Declarar cualquier variación en sus ingresos y bienes que pueda repercutir en la determinación del precio público exigible.
• g) Respetar la duración de permanencia autorizada en el Centro en el caso de estancias temporales.

Artículo 50 Distinciones

El órgano de participación de cada Centro podrá proponer al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la concesión de «mención honorífica» a favor de aquellos usuarios que, por su especial dedicación al mismo, considere merecedores de tal distinción.

Artículo 51 Faltas

1. Se considerarán faltas leves:

• a) Faltar a la consideración debida al Director, personal del Centro, resto de usuarios o visitantes.
• b) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar en el Centro.
• c) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar las actividades del mismo.
• d) Promover o participar en discusiones alteradas o violentas de forma pública, en perjuicio de la convivencia.
• e) No respetar el silencio necesario durante las horas de reposo y descanso.

2. Se considerarán faltas graves:

• a) La reincidencia en las faltas leves.
• b) Alterar las normas de convivencia de forma habitual creando situaciones de malestar en el Centro.
• c) Pernoctar fuera del Centro residencial sin previa notificación.
• d) Faltar gravemente a la consideración debida al Director, personal del Centro, resto de usuarios o visitantes.
• e) Sustraer bienes del Centro, del personal, usuarios o visitantes.
• f) La demora injustificada de un mes en el pago de las estancias.
• g) Utilizar en las habitaciones de los Centros aparatos y herramientas no autorizados.
• h) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio.

3. Se considerarán faltas muy graves:

• a) La reincidencia en las faltas graves.
• b) La agresión física o los malos tratos graves hacia el Director, el personal, los usuarios o los visitantes.
• c) Ocasionar daños graves en los bienes del Centro o perjuicios notorios al desenvolvimiento de los servicios o a la convivencia en el Centro.
• d) Falsear u ocultar datos relevantes para la determinación del precio público a abonar.
• e) La sustracción de bienes del Centro, del personal, de los usuarios o de los visitantes, cuando este hecho sea constitutivo de delito.
• f) La demora injustificada de dos meses en el pago de las estancias.
• g) Ausentarse del Centro residencial por tiempo superior al permitido por su Director o por el Reglamento de Régimen Interno.
• h) Permanecer en el Centro residencial por tiempo superior al autorizado.

Artículo 52 Sujetos responsables

Serán sujetos responsables los usuarios que incurran en alguna de las faltas contenidas en el artículo anterior. El carácter disciplinario de las mismas no exonerará de las posibles responsabilidades civiles o penales.

Artículo 53 Sanciones

Las sanciones que pueden imponerse a los usuarios que incurran en alguna de las faltas mencionadas anteriormente serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

• a) Amonestación verbal o escrita.

2. Por faltas graves:

• a) Inhabilitación para formar parte de cualquier órgano de representación de los usuarios o para participar en asambleas o actos públicos de los mismos por un período no superior a un año.
• b) Traslado temporal a otro Centro por un período de uno a seis meses.
• c) Expulsión temporal del Centro por un período inferior al mes.

3. Por faltas muy graves:

• a) Inhabilitación para formar parte de cualquier órgano de representación de los usuarios o para participar en asambleas o actos públicos de los mismos por un periodo de uno a cinco años.
• b) Traslado temporal a otro Centro por un período superior a seis meses.
• c) Expulsión temporal del Centro de uno a seis meses.
• d) Expulsión definitiva del Centro.
• e) Expulsión definitiva del Centro con inhabilitación para pertenecer a cualquier otro Centro similar.

Artículo 54 Centros de menores

El régimen de las faltas y sanciones aplicables a los menores contará con regulación propia en atención a los fines pedagógicos de los Centros.

Artículo 55 Procedimiento sancionador

1. El procedimiento sancionador de las faltas tipificadas se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que regule la materia.

2. La incoación del expediente sancionador corresponde a la Dirección del Centro. Esta lo elevará en el caso de faltas graves o muy graves, con la propuesta de sanción pertinente, al órgano competente para su resolución.

3. Las sanciones serán impuestas en los casos de:

• a) Faltas leves, por el Director del Centro.
• b) Faltas graves, por el Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
• c) Faltas muy graves, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Artículo 56 Recursos

Contra la sanción impuesta podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que la dictó, en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

«DISPOSICIONES FINALES

Disposición final segunda

Se faculta al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para aprobar los Reglamentos de Régimen Interno de los Centros Sociales.»

• «m) La gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al Organismo Autónomo, así como la propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el organismo autónomo y la homologación de equipamientos y suministros clínicos, farmacéuticos y asistenciales.»

«4. Corresponde al Servicio Aragonés de Salud la confección, tramitación, gestión y liquidación de las nóminas del personal adscrito al organismo autónomo.

5. Corresponde al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud:

• a) Proponer la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo del organismo autónomo.
• b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dicho organismo autónomo, que correspondan a funcionarios de la Escala Sanitaria Superior, Escala Técnica Sanitaria, Escala de Ayudantes Facultativos (Clase de Especialidad Especialistas Sanitarios), Escala Auxiliar de Enfermería y Clases de Especialidad de Farmacéuticos de Administración sanitaria y Veterinarios de Administración sanitaria.
• c) La convocatoria y gestión de las listas de espera de personal interino para la provisión de puestos de trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de Especialidad señaladas en el apartado anterior, conjuntamente con el Departamento de Agricultura en el caso de Veterinarios de Administración sanitaria.
• d) La redistribución de funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del organismo autónomo en los términos establecidos reglamentariamente.»

«1. El régimen jurídico de los actos emanados del Servicio Aragonés de Salud será el establecido en la presente Ley, así como el señalado en la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el procedimiento común a todas las Administraciones públicas.

2. Contra los actos administrativos dictados por los órganos jerárquicamente inferiores del Servicio Aragonés de Salud, podrán interponer los interesados los recursos administrativos procedentes ante el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, cuyas resoluciones al respecto pondrán fin a la vía administrativa.

3. Los actos administrativos dictados por el Director Gerente que no agoten la vía administrativa podrán impugnarse mediante los recursos administrativos procedentes, ante el Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las resoluciones del Consejero en el ejercicio de sus competencias agotan la vía administrativa.»

• «l) La gestión de los edificios y servicios asistenciales adscritos al organismo autónomo, así como la propuesta de homologación de equipamientos y suministros en régimen centralizado para el organismo autónomo y la homologación de equipamientos y suministros clínicos, farmacéuticos y asistenciales.»

«3. Corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la confección, tramitación, gestión y liquidación de las nóminas del personal adscrito al organismo autónomo.

4. Corresponde al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales:

• a) Proponer la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo del organismo autónomo.
• b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dicho organismo autónomo que correspondan a funcionarios de la Escala Sanitaria Superior, Escala Técnica Sanitaria, Escala Técnica Facultativa (Clase de Especialidad Asistentes Sociales), Escala de Ayudantes Facultativos (Clase de Especialidad Especialistas Sanitarios) y Escala Auxiliar de Enfermería.
• c) La convocatoria y gestión de las listas de espera de personal interino para la provisión de puestos de trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de Especialidad señaladas en el apartado anterior.
• d) La redistribución de funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del organismo autónomo en los términos establecidos reglamentariamente.»

«Las actuaciones que obtengan subvención en procedimientos sujetos a convocatoria general no podrán disfrutar de subvención complementaria con base en el procedimiento de concesión de subvenciones no sujetas a convocatoria específica. Excepcionalmente, cuando los beneficiarios sean entidades locales aragonesas, podrá ampliarse la subvención concedida, por razones de interés público fundamentadas en necesidades derivadas de la ejecución del Programa de Política Territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo señalado en el artículo 261 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.»