Art韈ulo 4 Principios de buena regulaci髇 aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones P鷅licas

1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones P鷅licas actuar� de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedar� suficientemente justificada la adecuaci髇 a dichos principios.

2. En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar justificada por una raz髇 de inter閟 general.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se proponga deber� ser el instrumento m醩 adecuado para garantizar la consecuci髇 del objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jur韉ica, las facultades de iniciativa normativa se ejercer醤 de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuaci髇 de los ciudadanos y empresas y la adopci髇 de sus decisiones econ髆icas.

5. En aplicaci髇 del principio de transparencia, los objetivos de la regulaci髇 y su justificaci髇 deben ser definidos claramente.

6. Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecer醤 los mecanismos de consulta con los agentes implicados que estimulen su participaci髇 activa en el proceso de elaboraci髇 normativa, as� como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulaci髇 vigente.

7. El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecuci髇 de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensi髇 del mismo.

8. En aplicaci髇 del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe partir de una identificaci髇 clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecuci髇 de esos objetivos finales.

9. En todo caso, los poderes p鷅licos procurar醤 el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo m醩 simplificado posible, f醕ilmente accesible por los ciudadanos y agentes econ髆icos, posibilitando el conocimiento r醦ido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicaci髇 y sin m醩 cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacci髇 del inter閟 general.

Art韈ulo 5 Instrumentos de las Administraciones P鷅licas para la mejora de la regulaci髇

Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicaci髇 de los principios de sostenibilidad y buena regulaci髇, las Administraciones P鷅licas:

• 1. Impulsar醤 los instrumentos de an醠isis previo de iniciativas normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que 閟tas produzcan, con el objetivo de no generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados, en relaci髇 al objetivo de inter閟 general que se pretenda alcanzar.
• 2. Prestar醤 la m醲ima atenci髇 al proceso de consulta p鷅lica en la elaboraci髇 de sus proyectos normativos, justificando entre otros los principios de buena regulaci髇 aplicables a las iniciativas normativas, fomentando la participaci髇 de los interesados en las iniciativas normativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la norma. Para ello pondr醤 a disposici髇 de los interesados todos los canales de comunicaci髇 necesarios, especialmente a trav閟 de medios telem醫icos, y asimismo aportar醤 la informaci髇 adecuada para la mejor comprensi髇 y valoraci髇 de los efectos esperados de las iniciativas normativas.
• 3. Promover醤 el desarrollo de procedimientos de evaluaci髇 a posteriori de su actuaci髇 normativa, disponiendo el establecimiento de los correspondientes sistemas de informaci髇, seguimiento y evaluaci髇.

Art韈ulo 6 Adaptaci髇 de la regulaci髇 vigente a los principios de sostenibilidad y buena regulaci髇

1. Las Administraciones P鷅licas revisar醤 peri骴icamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulaci髇 y a los objetivos de sostenibilidad recogidos en esta Ley.

2. A los efectos de lo previsto en el presente Cap韙ulo, en el marco de la Conferencia Sectorial de Administraci髇 P鷅lica, se acordar醤 e impulsar醤 criterios para promover la aplicaci髇 de los principios de buena regulaci髇.

3. Igualmente, las Administraciones P鷅licas, en el marco del Comit� para la Mejora de la Regulaci髇 de las Actividades de Servicios, cooperar醤 para promocionar el an醠isis econ髆ico de la regulaci髇 y, en particular, evitar la introducci髇 de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados e impulsar iniciativas de reforma en este 醡bito.

Art韈ulo 7 Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria

1. Con la periodicidad que se acuerde en la Conferencia Sectorial de Administraci髇 P鷅lica, la Administraci髇 General del Estado y las Administraciones Auton髆icas publicar醤 un informe sobre las actuaciones de mejora regulatoria que hayan realizado, incluyendo una referencia a los avances en el programa de reducci髇 de cargas, as� como el programa de trabajo en materia de mejora regulatoria para el per韔do siguiente.

2. En el marco del Comit� para la Mejora de la Regulaci髇 de las Actividades de Servicios se aprobar�, con la periodicidad que se acuerde, un informe de sus actuaciones que podr� contener propuestas para mejorar el funcionamiento de los mercados.

Art韈ulo 8 Naturaleza jur韉ica y r間imen de funcionamiento de los Organismos Reguladores

1. A los efectos de lo previsto en este Cap韙ulo, tienen la consideraci髇 de Organismo Regulador las actuales Comisi髇 Nacional de Energ韆, Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisi髇 Nacional del Sector Postal y Comisi髇 Nacional del Juego.

N鷐ero 1 del art韈ulo 8 redactado por el n鷐ero uno de la disposici髇 final octava de Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego (獴.O.E.� 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2011

2. Sin perjuicio de lo anterior, ser醤 de aplicaci髇 a la Comisi髇 Nacional de la Competencia, el apartado 2 del art韈ulo 9, los apartados 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del art韈ulo 12, el art韈ulo 13, los apartados 1, 3 y 4 del art韈ulo 15, el art韈ulo 16, el art韈ulo 19, el apartado 3 del art韈ulo 20, el art韈ulo 21 y el art韈ulo 24 de la presente Ley. El Director de Investigaci髇 de la Comisi髇 Nacional de la Competencia, dada su condici髇 de alto cargo de la Administraci髇 General del Estado, estar� sometido al r間imen establecido en el art韈ulo 15.3.

3. Los Organismos Reguladores est醤 dotados de personalidad jur韉ica propia y plena capacidad p鷅lica y privada. Act鷄n en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonom韆 org醤ica y funcional, plena independencia de las Administraciones P鷅licas y de los agentes del mercado. Asimismo est醤 sometidos al control parlamentario y judicial.

4. Los Organismos Reguladores se regir醤 por las normas del presente Cap韙ulo, por su legislaci髇 espec韋ica, en lo que no resulte afectado por la presente Ley, y por sus estatutos, aprobados mediante el correspondiente Real Decreto. En lo no previsto en las anteriores normas, se regir醤 por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su disposici髇 adicional d閏ima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y por el resto del ordenamiento jur韉ico.

Art韈ulo 9 Relaci髇 con las entidades p鷅licas y privadas, e independencia funcional

1. Los Organismos Reguladores actuar醤 en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier inter閟 empresarial o comercial. Las relaciones que, en el ejercicio de sus funciones establezcan con el Gobierno y la Administraci髇 General del Estado se desarrollar醤 a trav閟 del titular del Ministerio competente.

2. En el desempe駉 de las funciones que les asigna su legislaci髇 espec韋ica, y sin perjuicio de la colaboraci髇 con otros 髍ganos y de las facultades de direcci髇 pol韙ica general del Gobierno ejercidas a trav閟 de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los 髍ganos rectores de los Organismos Reguladores o de la Comisi髇 Nacional de la Competencia podr醤 solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad p鷅lica o privada.

3. A los efectos de lo previsto en esta Ley, la Comisi髇 Nacional de Energ韆 y la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones se relacionar醤 con el titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; la Comisi髇 Nacional del Sector Postal se relacionar� con el titular del Ministerio de Fomento; y la Comisi髇 Nacional del Juego se relacionar� con el titular del Ministerio de Econom韆 y Hacienda.

N鷐ero 3 del art韈ulo 9 redactado por el n鷐ero dos de la disposici髇 final octava de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego (獴.O.E.� 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2011

Art韈ulo 10 Objeto de la actuaci髇 de los Organismos Reguladores

1. Los Organismos Reguladores tendr醤 como objeto prioritario de su actuaci髇 velar por el adecuado funcionamiento del sector econ髆ico regulado para garantizar la efectiva disponibilidad y prestaci髇 de unos servicios competitivos y de alta calidad en beneficio del conjunto del mercado y de los consumidores y usuarios. Con tal fin, los Organismos Reguladores preservar醤 y promover醤 el mayor grado de competencia efectiva y transparencia en el funcionamiento de los sectores econ髆icos regulados, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisi髇 Nacional de la Competencia o a los 髍ganos equivalentes de las Comunidades Aut髇omas con competencias en materia de defensa de la competencia.

2. Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, los Organismos Reguladores ejercer醤, seg鷑 disponga su normativa sectorial, las funciones de supervisi髇, otorgamiento, revisi髇 y revocaci髇 de los t韙ulos correspondientes, inspecci髇, sanci髇, resoluci髇 de conflictos entre operadores, arbitraje en el sector y aquellas otras que les atribuya la Ley.

Art韈ulo 11 Organizaci髇 de los Organismos Reguladores

Los Organismos Reguladores ejercer醤 sus funciones a trav閟 de un Consejo. La representaci髇 legal del Organismo corresponder� a su Presidente.

Art韈ulo 12 El Consejo y su Presidente

1. El Consejo es el 髍gano colegiado de decisi髇 en relaci髇 con las funciones atribuidas al Organismo Regulador, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. Entre sus facultades indelegables se encuentran la aprobaci髇 de los presupuestos del Organismo, y de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuaci髇 en que se definan sus objetivos y sus prioridades, as� como, si las tuviese atribuidas, las funciones de arbitraje y la potestad de dictar instrucciones de car醕ter general a los agentes del mercado objeto de regulaci髇 o supervisi髇 en cada caso.

2. Ser醤 miembros del Consejo el Presidente del Organismo, que tambi閚 lo ser� del Consejo, y seis Consejeros.

3. A las reuniones del Consejo podr� asistir con voz, pero sin voto, el personal directivo, y cualquier persona del personal no directivo, que determine el Presidente, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo. No podr醤 asistir a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las Administraciones P鷅licas.

4. Corresponde a la presidencia del Consejo el ejercicio de las siguientes funciones:

• a) Ejercer, en general, las competencias que a los Presidentes de los 髍ganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del procedimiento Administrativo Com鷑.
• b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petici髇 de, al menos, la mitad de los Consejeros, y presidirlo.
• c) Establecer el criterio de distribuci髇 como ponentes, en su caso, de asuntos entre los Consejeros.

5. El Consejo se entender� v醠idamente constituido con la asistencia del Presidente y tres Consejeros. La asistencia de los Consejeros a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos justificados debidamente.

6. Los acuerdos se adoptar醤 por mayor韆 de votos de los asistentes. En caso de empate decidir� el voto de quien presida.

7. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplir� el consejero de mayor antig黣dad y, a igualdad de antig黣dad, el de mayor edad.

8. El Consejo, a propuesta del Presidente, elegir� un Secretario no Consejero, que tendr� voz pero no voto, al que corresponder� asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideraci髇, as� como las funciones propias de la secretar韆 de los 髍ganos colegiados. El servicio jur韉ico del organismo depender� de la Secretar韆 del Consejo.

9. El Consejo aprobar� el Reglamento de funcionamiento interno de su Organismo, en el que se regular� la actuaci髇 de sus 髍ganos, la organizaci髇 del personal, el r間imen de transparencia y de reserva de la informaci髇 y, en particular, el funcionamiento del Consejo, incluyendo su r間imen de convocatorias y sesiones, y el procedimiento interno para la elevaci髇 de asuntos para su consideraci髇 y su adopci髇. La aprobaci髇 del Reglamento requerir� el voto favorable de, al menos, cinco miembros del Consejo.

Art韈ulo 13 Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo

1. El Presidente y los Consejeros ser醤 nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia del Ministro y de las personas propuestas como Presidente y Consejeros ante la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados, que versar� sobre la capacidad de los candidatos. La comparecencia del Presidente, adem醩, se extender� a su proyecto de actuaci髇 sobre el organismo y sobre el sector regulado.

2. El mandato del Presidente y los Consejeros ser� de seis a駉s sin posibilidad de reelecci髇 como miembro del Consejo. La renovaci髇 de los Consejeros se har� parcialmente para fomentar la estabilidad y continuidad del Consejo.

Art韈ulo 14 El Presidente del Organismo Regulador

Corresponde al Presidente del Organismo Regulador, que tambi閚 lo ser� de su Consejo:

• a) Representar institucionalmente al organismo.
• b) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones del Organismo, de acuerdo con el ordenamiento jur韉ico.
• c) Mantener el buen orden y gobierno de la organizaci髇 del Organismo Regulador.
• d) Impulsar la actuaci髇 del Organismo Regulador y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas. En particular, la propuesta de los planes anuales o plurianuales de actuaci髇, en los que se definan sus objetivos y prioridades.
• e) Ejercer funciones de direcci髇 y coordinaci髇 en relaci髇 con los directivos y el resto del personal del Organismo Regulador, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislaci髇 espec韋ica.
• f) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades del Organismo Regulador, sin perjuicio de las funciones del Consejo.
• g) Dar cuenta al titular del Ministerio competente de las vacantes que se produzcan en el Consejo del Organismo Regulador.
• h) Dirigir la ejecuci髇 de los presupuestos del Organismo Regulador.
• i) Dirigir la contrataci髇 del Organismo Regulador.
• j) Cuantas funciones le delegue el Consejo.
• k) Efectuar la rendici髇 de cuentas del Organismo Regulador.

Art韈ulo 15 Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo

1. El Presidente y los Consejeros del Consejo del Organismo ejercer醤 su funci髇 con dedicaci髇 absoluta.

2. Sin perjuicio de su funci髇, en su caso, como ponentes de los asuntos, en aplicaci髇 de lo previsto en el art韈ulo 12.4.c), los Consejeros no podr醤 asumir individualmente funciones ejecutivas o de direcci髇 de 醨eas concretas del Organismo, que corresponder醤 al personal directivo a que se refiere el art韈ulo 17 de la presente Ley.

3. El Presidente y los Consejeros del Organismo estar醤 sometidos al r間imen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulaci髇 de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, as� como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el C骴igo de Buen Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 General del Estado.

4. Durante los dos a駉s posteriores a su cese, el Presidente y los Consejeros no podr醤 ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto en empresas del sector como para empresas del sector, en el caso de los Organismos Reguladores. En el caso de la Comisi髇 Nacional de la Competencia, al cesar en su cargo, y durante los dos a駉s posteriores, el Presidente y los Consejeros no podr醤 ejercer actividad alguna relacionada con la actividad de la Comisi髇. En virtud de esta limitaci髇, el Presidente y los Consejeros de los Organismos, al cesar en su cargo por renuncia, expiraci髇 del t閞mino de su mandato o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendr醤 derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempe馻do el cargo, con el l韒ite m醲imo de dos a駉s, una compensaci髇 econ髆ica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

Art韈ulo 16 Causas de cese en el ejercicio del cargo

El Presidente y los Consejeros cesar醤 en su cargo:

• a) Por renuncia.
• b) Por expiraci髇 del t閞mino de su mandato.
• c) Por incompatibilidad sobrevenida.
• d) Por haber sido condenado por delito doloso.
• e) Por incapacidad permanente.
• f) Mediante separaci髇 acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de inter閟, y del deber de reserva. La separaci髇 ser� acordada por el Gobierno, con independencia del r間imen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa instrucci髇 de expediente por el titular del Ministerio competente.

Art韈ulo 17 Personal directivo

1. Los Organismos Reguladores se organizar醤 en 醨eas de responsabilidad, cualquiera que sea su denominaci髇, al frente de las cuales se designar� al personal directivo.

2. Corresponde al personal directivo la direcci髇, organizaci髇, impulso y cumplimiento de las funciones encomendadas al 醨ea a cuyo frente se encuentre, de acuerdo con las instrucciones emanadas del Consejo y del Presidente del Organismo.

3. El personal directivo ser� nombrado por el Consejo del Organismo Regulador a propuesta de su Presidente. La selecci髇 se realizar� mediante convocatoria p鷅lica y con procedimientos basados en los principios de igualdad, m閞ito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 13.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico. Dicho personal colaborar� con los miembros del Consejo para el mejor desempe駉 de sus funciones.

Art韈ulo 18 Personal no directivo

1. El personal no directivo de los Organismos Reguladores desempe馻r� sus funciones con objetividad y aplicando criterios exclusivamente profesionales.

2. Los Organismos Reguladores dise馻r醤 una carrera profesional del personal no directivo que favorezca la dedicaci髇, la superaci髇 y la formaci髇 continuadas.

3. La selecci髇 del personal no directivo se realizar� mediante convocatoria p鷅lica y con procedimientos basados en los principios de igualdad, m閞ito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico. El personal no directivo colaborar� con los miembros del Consejo y con el personal directivo para el mejor desempe駉 de sus funciones.

Art韈ulo 19 Obligaci髇 de informar y garant韆s para la actuaci髇

1. El Presidente, los Consejeros, directivos y empleados que hayan prestado sus servicios profesionales en entidades del respectivo mercado regulado o sus representantes, y tengan frente a las citadas entidades derecho, cualquiera que sea su denominaci髇, a reserva o recuperaci髇 de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera ventajas de contenido patrimonial, deber醤 notificar esta circunstancia al 髍gano rector del Organismo en que presten servicios, el cual deber� hacerlos p鷅licos, en el caso de los miembros del Consejo.

2. En aplicaci髇 de los principios de independencia y objetividad, los Organismos Reguladores y la Comisi髇 Nacional de la Competencia garantizar醤 que sus empleados cuenten en sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas, predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben.

Art韈ulo 20 Publicidad de las actuaciones de los Organismos Reguladores

1. El Organismo Regulador har� p鷅licas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicaci髇 de las leyes que los regulan, preservando, en todo caso, aquellos aspectos que afecten a la confidencialidad a la que tienen derecho las empresas, y, en particular:

• a) La organizaci髇 y funciones del Organismo Regulador, incluyendo los curriculum vitae de los miembros del Consejo.
• b) Relaci髇 de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo.
• c) Los informes en que se basan las decisiones del Consejo.
• d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales, la situaci髇 organizativa y la informaci髇 relativa al personal y las actividades realizadas por el Organismo, con los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados, que enviar� a la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente.
• e) El informe econ髆ico sectorial, de car醕ter anual, en el que se analizar� la situaci髇 competitiva del sector, la actuaci髇 del sector p鷅lico y las perspectivas de evoluci髇 del sector. En este informe se incluir醤 las observaciones y sugerencias del Organismo Regulador sobre la evoluci髇 del mercado, as� como sus propuestas de reforma regulatoria, destinadas a reforzar el grado de competencia efectiva en el sector. El informe se enviar� a la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente.
• f) El plan de actuaci髇 del Organismo para el a駉 siguiente, incluyendo las l韓eas b醩icas de su actuaci髇 en ese a駉, con los objetivos y prioridades correspondientes. Este plan de actuaciones se enviar� tambi閚 a la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente.
• g) Las reuniones del Organismo Regulador con empresas del sector, con la Comisi髇 Nacional de la Competencia y con otros organismos reguladores.
• h) La preparaci髇 y tramitaci髇 de las normas cuya aprobaci髇 les corresponda, as� como, en su caso, de las propuestas normativas que deban formular.

2. Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de actividades y el plan de actuaci髇 se har醤 p鷅licos por medios electr髇icos, una vez notificados a los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales o meramente preparatorios de su contenido y previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal a los que se refieren el art韈ulo 3.a) de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y el art韈ulo 24.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

3. Cada tres a駉s, los Organismos presentar醤 una evaluaci髇 de sus planes de actuaci髇 y los resultados obtenidos para poder valorar el impacto del Organismo en el sector y el grado de cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas evaluaciones se enviar醤 tambi閚 a la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente.

Art韈ulo 21 Control parlamentario

1. Los Presidentes de los Organismos Reguladores y de la Comisi髇 Nacional de la Competencia deber醤 comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las l韓eas b醩icas de su actuaci髇 y sus planes y prioridades para el futuro.

2. Las comparecencias anuales estar醤 basadas en las memorias anuales de actividades y los planes de actuaci髇 de los Organismos y servir醤 para el examen anual de los Organismos por parte de la Cortes Generales.

3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, el Presidente comparecer� ante la Comisi髇 correspondiente del Congreso o del Senado, a petici髇 de las mismas en los t閞minos establecidos en sus respectivos Reglamentos.

4. Cada tres a駉s habr� una comparecencia especial para debatir la evaluaci髇 de los planes de actuaci髇 y los resultados obtenidos por los Organismos.

Art韈ulo 22 Impugnaci髇 de las decisiones de los Organismos Reguladores

Los actos y resoluciones del Organismo Regulador dictadas en el ejercicio de sus funciones p鷅licas pondr醤 fin a la v韆 administrativa, pudiendo ser recurridas ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa en los t閞minos establecidos en su Ley reguladora.

Art韈ulo 23 Cooperaci髇 interinstitucional

Con el fin de ampliar el conocimiento de sus sectores correspondientes y mejorar sus capacidades de decisi髇, as� como contribuir activamente al perfeccionamiento del mercado 鷑ico europeo y el sistema econ髆ico internacional, los Organismos Reguladores deber醤 fomentar el contacto, la colaboraci髇 y la coordinaci髇 regular y peri骴ica con los Organismos Reguladores de los Estados miembros de la Uni髇 Europea, de la Comisi髇 Europea, y de otros Estados.

Art韈ulo 24 Cooperaci髇 entre los Organismos Reguladores y con la Comisi髇 Nacional de la Competencia

1. Los Organismos Reguladores cooperar醤 entre ellos y con la Comisi髇 Nacional de la Competencia en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de inter閟 com鷑, respetando en todo caso las competencias atribuidas a cada uno de ellos.

2. Los Presidentes de todos los Organismos Reguladores y de la Comisi髇 Nacional de la Competencia se reunir醤, con periodicidad al menos anual, para analizar la evoluci髇 de los mercados en sus respectivos sectores, intercambiar experiencias en relaci髇 con las medidas de regulaci髇 y supervisi髇 aplicadas y compartir todo aquello que contribuya a un mejor conocimiento de los mercados y unas tomas de decisiones m醩 eficaces en el 醡bito de sus respectivas competencias. Las reuniones previstas en el p醨rafo anterior se convocar醤 de forma rotatoria, empezando por el Presidente del Organismo de mayor antig黣dad. El Presidente del Organismo convocante elaborar� el orden del d韆 y procurar� la documentaci髇 pertinente, siempre previa consulta con los dem醩 Presidentes. Las conclusiones de la reuni髇 se har醤 p鷅licas por los Organismos participantes.

3. Los Organismos Reguladores y la Comisi髇 Nacional de la Competencia acordar醤 y establecer醤 los protocolos de actuaci髇 necesarios para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 17 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Art韈ulo 25 Establecimiento y c醠culo del porcentaje, tipos de gravamen y cuotas de las tasas de los organismos reguladores y de la Comisi髇 Nacional de la Competencia

1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecer� anualmente:

• a) El porcentaje de la tasa general de operadores, prevista en el Anexo I, sobre tasas en materia de telecomunicaciones, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
• b) El tipo de gravamen de la tasa aplicable a la prestaci髇 de servicios y realizaci髇 de actividades por la Comisi髇 Nacional de Energ韆 en relaci髇 con el sector de hidrocarburos l韖uidos, de la disposici髇 adicional duod閏ima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
• c) El tipo de gravamen de la tasa aplicable a la prestaci髇 de servicios y realizaci髇 de actividades por la Comisi髇 Nacional de Energ韆 en relaci髇 con el sector el閏trico, de la disposici髇 adicional duod閏ima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
• d) El tipo de gravamen de la tasa aplicable a la prestaci髇 de servicios y realizaci髇 de actividades por la Comisi髇 Nacional de Energ韆 en relaci髇 con el sector de hidrocarburos gaseosos, de la disposici髇 adicional duod閏ima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
• e) La cuota de la tasa por an醠isis y estudio de las operaciones de concentraci髇 del art韈ulo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendr� en cuenta lo establecido en los art韈ulos 7 y 19 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P鷅licos.

Art韈ulo 26 Endeudamiento

Los organismos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 8 de esta Ley y la Comisi髇 Nacional de la Competencia requerir醤 autorizaci髇 legal para emitir deuda o contraer cr閐ito. No obstante, podr醤 concertar operaciones de cr閐ito para atender desfases temporales de tesorer韆, siempre que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario, con el l韒ite del 5 por ciento de su presupuesto.

Art韈ulo 27 Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gesti髇 del riesgo en relaci髇 con las remuneraciones de los ejecutivos

En aplicaci髇 de los principios de buen gobierno corporativo emanados de los acuerdos y organismos internacionales, y con el fin de reforzar su solvencia y asegurar una gesti髇 adecuada de los riesgos de las entidades por parte de sus directivos:

• a) Las sociedades cotizadas incrementar醤 la transparencia en relaci髇 con la remuneraci髇 de sus consejeros y altos directivos, as� como sobre sus pol韙icas de retribuciones, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
• b) Adicionalmente, las entidades de cr閐ito y las empresas de servicios de inversi髇 aumentar醤 la transparencia en sus pol韙icas de remuneraci髇, y la coherencia de las mismas con la promoci髇 de una gesti髇 del riesgo s髄ida y efectiva, en los t閞minos previstos en los art韈ulo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y 10 ter de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.

Art韈ulo 28 Mejora de la supervisi髇 financiera

Las autoridades financieras incorporar醤 al ejercicio de sus facultades de inspecci髇 y sanci髇 los principios, normas y criterios de calidad incorporados en las Disposiciones finales quinta, s閜tima, octava, novena y d閏ima de esta Ley.

Art韈ulo 29 Responsabilidad en el cr閐ito y protecci髇 de los usuarios de servicios financieros

1. Las entidades de cr閐ito, antes de que se celebre el contrato de cr閐ito o pr閟tamo, deber醤 evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una informaci髇 suficiente. A tal efecto, dicha informaci髇 podr� incluir la facilitada por el solicitante, as� como la resultante de la consulta de ficheros automatizados de datos, de acuerdo con la legislaci髇 vigente, especialmente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Para la evaluaci髇 de la solvencia del potencial prestatario se tendr醤 en cuenta las normas espec韋icas sobre gesti髇 de riesgos y control interno que les son aplicables a las entidades de cr閐ito seg鷑 su legislaci髇 espec韋ica.

Adicionalmente, de acuerdo con las normas dictadas en desarrollo de la letra a) del apartado siguiente, las entidades de cr閐ito llevar醤 a cabo pr醕ticas para la concesi髇 responsable de pr閟tamos y cr閐itos a los consumidores. Dichas pr醕ticas se recoger醤 en documento escrito del que se dar� cuenta en una nota de la memoria anual de actividades de la entidad.

Las obligaciones establecidas en el p醨rafo anterior se entienden sin perjuicio de las fijadas en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci髇 del Mercado Hipotecario y su normativa de desarrollo.

Igualmente, de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 vigente, las entidades facilitar醤 a los consumidores, de manera accesible y, en especial, a trav閟 de la oportuna informaci髇 precontractual, las explicaciones adecuadas para que puedan evaluar si todos los productos bancarios que les ofrecen, en particular los dep髎itos a plazo y los cr閐itos o pr閟tamos hipotecarios o personales, se ajustan a sus intereses, necesidades y a su situaci髇 financiera, haciendo especial referencia a las caracter韘ticas esenciales de dichos productos y los efectos espec韋icos que puedan tener sobre el consumidor, en especial las consecuencias en caso de impago.

2. Se faculta al Ministro de Econom韆 y Hacienda para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe las normas necesarias para garantizar el adecuado nivel de protecci髇 de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de cr閐ito, incluy閚dose, en todo caso, las medidas relacionadas con la transparencia de las condiciones financieras de los pr閟tamos y cr閐itos hipotecarios y del cr閐ito al consumo. Estas normas tendr醤 la condici髇 de normas de ordenaci髇 y disciplina y, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci髇 de las Entidades de Cr閐ito, podr醤 tener el contenido siguiente:

• a) Normas dirigidas a promover las pr醕ticas de concesi髇 responsable de pr閟tamos o cr閐itos, incluyendo pr醕ticas que favorezcan:
  • 1.� Una adecuada atenci髇 a los ingresos de los consumidores en relaci髇 con los compromisos que adquieran al recibir un pr閟tamo;
  • 2.� La adecuada e independiente valoraci髇 de las garant韆s inmobiliarias que aseguren los pr閟tamos de forma que se contemplen mecanismos que eviten las influencias indebidas de la propia entidad o de sus filiales;
  • 3.� La consideraci髇 de diferentes escenarios de evoluci髇 de los tipos en los pr閟tamos a inter閟 variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo adem醩 en cuenta el uso o no de 韓dices oficiales de referencia;
  • 4.� La obtenci髇 y documentaci髇 apropiada de datos relevantes del solicitante;
  • 5.� La informaci髇 precontractual y asistencia apropiadas para el consumidor;
  • 6.� El respeto de las normas de protecci髇 de datos.
• b) Normas sobre la prestaci髇 a los consumidores de los restantes servicios bancarios distintos de los de inversi髇, en especial respecto a la contrataci髇 de dep髎itos y a las comunicaciones que permitan el seguimiento de las operaciones realizadas por dichos clientes.
• c) La informaci髇 precontractual que debe facilitarse a los consumidores antes de que formalicen sus relaciones contractuales con las entidades, incluyendo las que deben figurar en las p醙inas electr髇icas de la entidad cuando se ofrezcan servicios por esa v韆 o por otras de comercializaci髇 a distancia, todo ello para asegurar que aqu閘la refleje de forma expl韈ita y con la necesaria claridad los elementos m醩 relevantes de los productos contratados.

Lo previsto en este art韈ulo se entender� sin perjuicio de la libertad de contrataci髇 que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las entidades de cr閐ito y su clientela.

Art韈ulo 30 Mercados de seguros y fondos de pensiones

Las Administraciones competentes velar醤 por la aplicaci髇 de una regulaci髇 m醩 transparente y eficaz de los mercados de seguros y fondos de pensiones, que asegure el cumplimiento de las siguientes finalidades:

• a) Una mayor transparencia y eficiencia en la gesti髇 de las entidades aseguradoras, en los t閞minos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de ordenaci髇 y supervisi髇 de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en la redacci髇 derivada de la disposici髇 final decimocuarta de la presente Ley.
• b) La simplificaci髇 y agilizaci髇 de los tr醡ites y procedimientos administrativos de autorizaci髇 y registro de los fondos de pensiones, conforme a lo indicado en el Texto Refundido de la Ley de Regulaci髇 de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacci髇 derivada de la disposici髇 final decimotercera de la presente Ley.
• c) La racionalizaci髇 en la asignaci髇 de recursos propios exigibles a las entidades gestoras de fondos de pensiones, mejorando su eficiencia y manteniendo un nivel suficiente y adecuado a su actividad, en los t閞minos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Regulaci髇 de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacci髇 derivada de la disposici髇 final decimotercera de la presente Ley.
• d) La protecci髇 de los ahorradores y los tomadores de seguros y los dem醩 usuarios de los servicios prestados por las entidades aseguradoras, as� como el reforzamiento de la seguridad jur韉ica en la comercializaci髇 de los planes de pensiones, de acuerdo con lo contemplado en el Texto Refundido de la Ley de ordenaci髇 y supervisi髇 de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre y del Texto Refundido de la Ley de Regulaci髇 de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, ambos en la redacci髇 derivada de las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta de la presente Ley.
• e) Un mayor desarrollo y transparencia en la mediaci髇 de seguros y reaseguros, de acuerdo con la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediaci髇 de seguros y reaseguros privados, en los t閞minos de la disposici髇 final duod閏ima de la presente Ley.

Art韈ulo 31 Protecci髇 de clientes de servicios financieros a trav閟 de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros

Los servicios de reclamaciones del Banco de Espa馻, la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores y la Direcci髇 General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercer醤 sus facultades en materia de protecci髇 a los usuarios de servicios financieros en los t閞minos previstos en el art韈ulo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.

Art韈ulo 32 Sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones P鷅licas

1. Todas las Administraciones P鷅licas deben contribuir al logro de la sostenibilidad presupuestaria de las finanzas p鷅licas, entendida como la capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros.

2. Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las Administraciones P鷅licas aplicar醤 una pol韙ica de racionalizaci髇 y contenci髇 del gasto y se adecuar醤 a los principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los t閞minos definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboraci髇 y cualquier otra actuaci髇 de las Administraciones P鷅licas deber醤 valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria.

4. Todo gasto se evaluar� atendiendo a los principios de eficiencia y simplificaci髇 de los servicios prestados, incentivando la productividad del sector p鷅lico. En especial, el Estado promover� la colaboraci髇 entre las Administraciones P鷅licas para mejorar la eficiencia en la prestaci髇 de servicios p鷅licos.

Art韈ulo 33 Cooperaci髇 con otras Administraciones P鷅licas

1. En el seno del Consejo de Pol韙ica Fiscal y Financiera y de la Comisi髇 Nacional de Administraci髇 Local, el Ministerio de Econom韆 y Hacienda informar� a las Comunidades Aut髇omas y a las Entidades locales, respectivamente, de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo previsto en este Cap韙ulo en el ejercicio inmediatamente anterior.

2. Igualmente, el Gobierno impulsar� la adopci髇 de acuerdos de los citados 髍ganos de cooperaci髇 y las actuaciones de las correspondientes administraciones con el fin de adoptar medidas de racionalizaci髇 y contenci髇 del gasto p鷅lico en sus respectivas 醨eas de competencia, en especial en el marco de los planes econ髆ico financieros de reequilibrio previstos en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Art韈ulo 34 Plan de austeridad de la Administraci髇 General del Estado

1. La pol韙ica de racionalizaci髇 y contenci髇 del gasto p鷅lico de la Administraci髇 General del Estado se instrumentar� a trav閟 de un Plan de austeridad de la Administraci髇 General del Estado que permita, por una parte, mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo econ髆ico de acuerdo con los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria, las previsiones del derecho comunitario y los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el 醡bito de la Uni髇 Europea; y, por otra, adaptar los programas de gasto de la Administraci髇 General del Estado a los recursos presupuestarios disponibles a medio y largo plazo, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria.

2. El Plan de austeridad conllevar� la revisi髇 y el an醠isis de todos los programas y pol韙icas de gasto y, asimismo, la racionalizaci髇 de las estructuras de la Administraci髇 General del Estado y del sector p鷅lico empresarial estatal, con el objetivo de adecuar la estructura y organizaci髇 a los principios de eficiencia y econom韆 en la programaci髇 y ejecuci髇 del gasto p鷅lico y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo.

3. Anualmente, el Gobierno dar� cuenta a las Cortes Generales del progreso en la implantaci髇 del Plan de austeridad de la Administraci髇 General del Estado.

Art韈ulo 35 Sostenibilidad en la gesti髇 de las empresas p鷅licas

1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades p鷅licas empresariales adscritas a la Administraci髇 General del Estado adaptar醤 su gesti髇 a los principios enunciados de esta Ley.

2. En el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptar醤 sus planes estrat間icos para:

• a) Presentar anualmente informes de gobierno corporativo, as� como memorias de sostenibilidad de acuerdo con est醤dares com鷑mente aceptados, con especial atenci髇 a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integraci髇 de las personas con discapacidad.
• b) Revisar sus procesos de producci髇 de bienes y servicios aplicando criterios de gesti髇 medioambiental orientados al cumplimiento de las normas del sistema comunitario de gesti髇 y auditor韆 medioambiental.
• c) Favorecer la adopci髇 de principios y pr醕ticas de responsabilidad social empresarial por sus proveedores, en particular relativas a la promoci髇 de la integraci髇 de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integraci髇 de las personas con discapacidad, con especial atenci髇 al cumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integraci髇 social de los minusv醠idos.
• d) Incluir en sus procesos de contrataci髇, cuando la naturaleza de los contratos lo permita, y siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitaci髇 y el pliego o en el contrato, condiciones de ejecuci髇 referentes al nivel de emisi髇 de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecuci髇 del contrato. Asimismo en los criterios de adjudicaci髇 de los contratos, cuando su objeto lo permita, y estas condiciones est閚 directamente vinculadas al mismo, se valorar� el ahorro y el uso eficiente del agua y de la energ韆 y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos y m閠odos de producci髇 ecol骻icos, la generaci髇 y gesti髇 de residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o de materiales ecol骻icos.
• e) Optimizar el consumo energ閠ico de sus sedes e instalaciones celebrando contratos de servicios energ閠icos que permitan reducir el consumo de energ韆, retribuyendo a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energ閠ica.
• f) Identificar l韓eas de actuaci髇 asociadas a procesos de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 relacionadas con las actividades del objeto social o estatutario de la entidad, orientadas a obtener tecnolog韆 no existente en el mercado susceptible de contribuir a mejorar sus procesos productivos.
• g) Proponer y, en su caso, establecer, en el marco de la negociaci髇 colectiva, mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores en el 醡bito del sector p鷅lico empresarial del Estado, as� como establecer un sistema de formaci髇 orientado a la cualificaci髇 y adaptaci髇 de los trabajadores a las nuevas tecnolog韆s y a la cultura de la sostenibilidad.

3. Los Departamentos u Organismos a los que se adscriban los grupos empresariales p鷅licos elaborar醤, teniendo en cuenta el contenido de los planes estrat間icos de las empresas, un plan de sostenibilidad del grupo donde se establezcan las medidas de apoyo, refuerzo y coordinaci髇 complementarias de las iniciativas de las empresas y se definan los mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos de sostenibilidad asumidos por el grupo.

Art韈ulo 36 Incumplimiento por las Entidades locales de la obligaci髇 de remitir la informaci髇 relativa a la liquidaci髇 de sus presupuestos a la Administraci髇 General del Estado

1. En el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligaci髇 de remitir al Ministerio de Econom韆 y Hacienda toda la informaci髇 relativa a la liquidaci髇 de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Direcci髇 General de Coordinaci髇 Financiera con las Comunidades Aut髇omas y con las Entidades locales proceder� a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidaci髇, y hasta que se produzca la citada remisi髇, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participaci髇 en los tributos del Estado que les corresponda. A estos efectos, ser� objeto de retenci髇 la cuant韆 resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, as� como las retenciones a las que se refiere la disposici髇 adicional cuarta del mencionado Texto Refundido.

2. En el supuesto de que las Entidades locales justifiquen razonadamente la imposibilidad material de dar cumplimiento a la obligaci髇 mencionada en el apartado anterior, la Direcci髇 General de Coordinaci髇 Financiera con las Comunidades Aut髇omas y con las Entidades locales suspender� por el tiempo que determine, de acuerdo con aquellas alegaciones, la retenci髇 de fondos a la que se refiere dicho apartado, previa solicitud del Pleno de la Entidad local afectada.

3. Cuando se remita la mencionada informaci髇 a la Direcci髇 General de Coordinaci髇 Financiera con las Comunidades Aut髇omas y con las Entidades locales, 閟ta reanudar� el pago de las entregas a cuenta, a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepci髇, as� como el de las cantidades retenidas con anterioridad. La remisi髇 se podr� realizar utilizando el procedimiento de transmisi髇 electr髇ica, de acuerdo con la norma de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que regule la informaci髇 a suministrar por las Corporaciones locales.

4. Hasta la realizaci髇 del pago citado en el apartado anterior, las cantidades retenidas podr醤 permanecer ingresadas en las cuentas de acreedores no presupuestarios habilitadas en la Direcci髇 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, citadas en las normas de gesti髇 presupuestaria de determinados cr閐itos a favor de las Entidades locales, contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Art韈ulo 37 Impulso a la eficiencia en la contrataci髇 p鷅lica y financiaci髇 de la colaboraci髇 p鷅lico-privada

1. Los entes, organismos y entidades del sector p鷅lico velar醤 por la eficiencia y el mantenimiento de los t閞minos acordados en la ejecuci髇 de los procesos de contrataci髇 p鷅lica, favorecer醤 la agilizaci髇 de tr醡ites, valorar醤 la innovaci髇 y la incorporaci髇 de alta tecnolog韆 como aspectos positivos en los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica y promover醤 la participaci髇 de la peque馻 y mediana empresa y el acceso sin coste a la informaci髇, en los t閞minos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico, modificada por la disposici髇 final decimosexta de la presente Ley.

2. La financiaci髇 de los colaboradores privados en los contratos de colaboraci髇 p鷅lico-privada no institucionalizados, en los supuestos en que por raz髇 del objeto tengan naturaleza de concesi髇 de obra p鷅lica, se llevar� a cabo en las condiciones y t閞minos previstos en la normativa reguladora de financiaci髇 de la concesi髇 p鷅lica.

3. La regulaci髇 de la financiaci髇 de los adjudicatarios de contratos de colaboraci髇 entre el sector p鷅lico y el sector privado se regir� por las siguientes normas:

• a) Cuando se determine el r間imen de remuneraci髇 del contratista, con el alcance previsto en art韈ulo 120, letras d), e) y f) de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, podr醤 establecerse previsiones sobre las garant韆s que conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras de la financiaci髇 privada de las concesiones de obras p鷅licas puede obtener el contratista para la captaci髇 de la financiaci髇 necesaria para la ejecuci髇 de contrato.
• b) El contrato prever� un r間imen de notificaci髇 por el contratista de las operaciones financieras que concierte para la financiaci髇 del contrato.

  En el caso de que proceda la resoluci髇 del contrato, el 髍gano de contrataci髇, antes de acordar 閟ta, dar� audiencia a los acreedores por si 閟tos ofrecen subrogarse en el cumplimiento del contrato, directamente o a trav閟 de una entidad participada, en condiciones que se consideren compatibles con su buen fin, siempre que re鷑an los requisitos exigidos al adjudicatario.

• c) Cuando la ejecuci髇 del contrato lleve aparejados costes de inversi髇 iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, podr� establecerse que, cuando proceda la resoluci髇 del contrato, la entidad contratante pueda poner a disposici髇 de los acreedores una cantidad no superior al 80 por ciento del coste real de las inversiones realmente ejecutadas detrayendo esta cantidad de la liquidaci髇 del contrato.

4. La regulaci髇 de la financiaci髇 de la colaboraci髇 entre el sector p鷅lico y el sector privado bajo f髍mulas institucionales se regir� por las siguientes normas:

Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiaci髇 tales como emisi髇 de obligaciones, empr閟titos o cr閐itos participativos, las sociedades de econom韆 mixta constituidas para la ejecuci髇 de un contrato p鷅lico en el marco de una colaboraci髇 p鷅lico-privada de car醕ter institucional a que se refiere la disposici髇 adicional trig閟ima quinta de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico podr醤:

• a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las condiciones esenciales de la adjudicaci髇 salvo que hubiera estado prevista en el contrato.
• b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecuci髇 se le encomiende, previa autorizaci髇 del 髍gano de contrataci髇, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.

Art韈ulo 38 Fomento de la contrataci髇 p鷅lica de actividades innovadoras

El Consejo de Ministros, mediante acuerdo, fijar� dentro de los presupuestos de cada Departamento ministerial y de cada Organismo p鷅lico vinculado con o dependiente de la Administraci髇 General del Estado, las cuant韆s necesariamente destinadas a la financiaci髇 de contratos a los que hace referencia el art韈ulo 4.1. r) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico. Una parte de las mismas podr� reservarse a peque馻s y medianas empresas innovadoras.

Art韈ulo 39 Promoci髇 de la responsabilidad social de las empresas

1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones p鷅licas o privadas, especialmente a las peque馻s y medianas y a las empresas individuales, a incorporar o desarrollar pol韙icas de responsabilidad social, las Administraciones P鷅licas mantendr醤 una pol韙ica de promoci髇 de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores pr醕ticas existentes y estimulando el estudio y an醠isis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las pol韙icas de responsabilidad social.

En particular, el Gobierno pondr� a su disposici髇 un conjunto de caracter韘ticas e indicadores para su autoevaluaci髇 en materia de responsabilidad social, as� como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los est醤dares internacionales en la materia.

2. El conjunto de caracter韘ticas, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el apartado anterior deber� atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gesti髇, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoci髇 de la integraci髇 de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

3. Las sociedades an髇imas podr醤 hacer p鷅licos con car醕ter anual sus pol韙icas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a trav閟 de un informe espec韋ico basado en los objetivos, caracter韘ticas, indicadores y est醤dares internacionales mencionados en los apartados anteriores. En todo caso, en dicho informe espec韋ico deber� constar si ha sido verificado o no por terceras partes.

En el caso de sociedades an髇imas de m醩 de 1.000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial ser� objeto de comunicaci髇 al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial que permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de implantaci髇 de las pol韙icas de Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas espa駉las.

Asimismo, cualquier empresa podr� solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que determine el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial.

4. El Gobierno facilitar� los recursos necesarios para que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial pueda llevar a cabo plenamente sus funciones.