Sumario

Res. [ANDALUCÍA] 19 noviembre 2001, por la que se procede a hacer pública la redenominación a euros de las tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía («B.O.J.A.» 13 diciembre).

Exposición de Motivos

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo establecido en el artículo 156 de la Constitución Española, goza de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

Entre los recursos económicos con los que cuenta la Comunidad se encuentran sus propias tasas, según disponen el artículo 157 de la misma Constitución y el artículo 4.º de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, tasas que podrán establecerse por la Comunidad Autónoma o ser transferidas a ésta por el Estado o las Administraciones Locales, juntamente con bienes de dominio público para cuya utilización estuvieran establecidas, o con aquellas competencias en cuya ejecución o desarrollo preste servicios o realice actividades igualmente gravadas con tasas. En todos los supuestos las tasas creadas o transferidas se considerarán tributos propios de la Comunidad, que ésta podrá establecer y modificar, según disponen los artículos 7.º y 17 de la citada Ley Orgánica.

Por su parte, el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía integra dentro de la Hacienda de su Comunidad Autónoma el rendimiento de sus propias tasas, bien sean de propia creación o traspasadas, y el artículo 64 atribuye al Parlamento andaluz la potestad tributaria y legislativa para establecerlas.

II

Durante el proceso de traspaso de competencias, bienes y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía se han venido transfiriendo numerosas tasas, la mayoría de las cuales están reguladas por Decretos que se dictaron por la Administración estatal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, y utilizando, por tanto, la técnica de la convalidación en materia reservada a la Ley, por medio del instrumento de la autorización legislativa.

Por otra parte, existen determinadas tasas transferidas por servicios que no se prestan ya y que han devenido obsoletas, y, por el contrario, nuevos servicios que el desarrollo de la Administración ha impuesto y que no tienen contraprestación económica, lo que supone un agravio comparativo para los administrados que soportan tasas.

Se hace preciso, pues, tanto por razones de técnica jurídica como por una mayor justicia distributiva, y en coherencia con el principio de solidaridad, reordenar, homogeneizar y actualizar, mediante norma con rango de Ley, el régimen regulador de este tipo de ingresos, así como crear algunas contraprestaciones pecuniarias por nuevos servicios que vienen siendo practicados por la Administración autonómica en beneficio individualizado de algunos ciudadanos.

III

Desde un punto de vista técnico-jurídico, y como garantía de los derechos del contribuyente, la presente Ley pretende terminar con el ancestral fenómeno de la parafiscalidad en las tasas, abonando para ello en el principio de reserva de Ley, consagrado por el artículo 31.3 de la Constitución, así como en los principios de suficiencia financiera, unidad de caja y afectación. La exigencia de liquidación, comprensiva de todos los elementos ilustrativos para el sujeto pasivo, incluido el preceptivo pie de recurso la previa notificación y la clara regulación de recursos completan las garantías y la defensión del sujeto pasivo.

IV

Como compensación al riguroso tratamiento de la parafiscalidad, la Ley aborda la profundización del moderno concepto económico-financiero de precio público, concebido como contraprestación pecuniaria de bienes, operaciones o servicios que se entregan, realizan o prestan en régimen de libre concurrencia con el sector privado o voluntariamente por parte del destinatario, estableciéndose en estos casos un régimen más flexible y una regulación menos exigente de sus variables, cuya concreción se remite a normas de rango administrativo, lo que redundará en una mayor eficacia, celeridad y simplificación en los procedimientos y en la actividad gestora de la Administración autónoma, sin merma de las garantías del administrado que encuentra también en este campo su preciso amparo legal.

V

Dada la sustantividad propia del régimen regulador de multas y sanciones que, en uso de sus competencias, imponen diversos Organos de la Junta de Andalucía, la presente Ley no plantea la modificación del Derecho sustantivo en esta materia y se limita a hacer extensivo a las multas y sanciones, como derechos económicos que son de la Comunidad, el mismo régimen económico de pago, aplazamiento y fraccionamiento de las tasas. Se excluyen expresamente como medios de pago el papel y los timbres confeccionados por la Administración estatal, y ello por la evidente disfuncionalidad que comportaría su utilización, sin perjuicio lógicamente de que la Comunidad Autónoma pueda arbitrar en el futuro el uso de sus propios timbres y papel de pago.

VI

La estructura de esta Ley responde a una intención inicialmente trazada desde los orígenes de los traspasos de estos recursos económicos. El complejo, amplio y variado mundo de las tasas, con sus diversas peculiaridades en cada una de ellas y con la existencia de algunas anomalías y corruptelas que en su recaudación se venían produciendo por vía de hecho, exigía invertir el proceso normativo habitual en el ordenamiento jurídico. En lugar de partir de una Ley general o de principios y continuar luego con otra Ley reguladora, que fuese desarrollada posteriormente por vía reglamentaria y a nivel de Orden administrativa, se optó pragmáticamente, aunque respetando el principio de legalidad, por actuar de abajo hacia arriba, regulando en primer lugar algunos aspectos burocráticos de las tasas mediante Orden administrativa, lo que ha permitido adquirir una enriquecedora experiencia de resultados y, al propio tiempo introducir en la burocracia algunas modificaciones que esa experiencia iba aconsejando y que el instrumento normativo facilitaba. Superada ya esa etapa inicial, se está en condiciones de abordar el tema al máximo rango normativo y tratarlo desde una doble vertiente.

De una parte, la Ley establece el régimen jurídico general aplicable, diversificando en cuanto a tasas y precios públicos se refiere. Pero, además, esa experiencia gestora antes referida permite ya descender en la misma Ley a una regulación pormenorizada de cada una de las tasas, tanto traspasadas como de nueva creación, con lo cual el presente texto legal se configura en cierto modo como una especie de Código de Tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La regulación de las tasas transferidas, con una existencia cercana ya por término medio a los treinta años, ha sido modernizada, adaptándola a la técnica jurídica vigente, eliminando conceptos obsoletos, refundiendo otros excesivamente casuísticos e incorporando nuevos hechos tributables inicialmente imprevistos. Si a ello se le añade la sustitución del antiguo número orgánico de la tasa estatal, cuya conservación carece de sentido, por el correspondiente a la actual estructuración de las Consejerías y Organismos autónomos de la Junta de Andalucía, es evidente que la Ley en su forma externa, y gracias al anexo en el que se establece la correlación de los números orgánicos antiguos con los nuevos, va a constituir un instrumento de fácil manejo y de simplificación y agilidad para la función gestora de las tasas y para una más asequible información del sujeto pasivo, que verá así incrementadas las garantías de sus derechos respecto a la Administración, en un sector en el que hasta ahora la normativa, por su dispersión, se mostraba confusa y escasamente conocida.