Sumario

Exposición de Motivos

1.- Planteamiento de la ley

La previsión estatutaria de que el País Vasco dispone de su propia Hacienda Autónoma precisaba para su plena efectividad el desarrollo realizado, mediante leyes sectoriales, a partir de la Ley 12/1983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, actualmente texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, donde se recogen las materias propias de la Hacienda General del País Vasco y se prevé la regulación de sus principios básicos mediante ley.

Promulgadas las leyes relativas al régimen del patrimonio, al procedimiento de elaboración y gestión presupuestarias, al sistema de control y de contabilidad y a las tasas y precios públicos, quedaban pendientes de regulación global una serie de materias cuyo nexo puede encontrarse en la ya tradicional unidad orgánica de gestión, como propias de la política financiera, en su sentido estricto: el régimen de la Tesorería General del País Vasco, el régimen de endeudamiento y el régimen de concesión de garantías. Precisando una normativa cuantitativamente limitada cada una de ellas, se ha optado por recogerlas en un solo texto.

Por tanto, con la presente ley culmina el desarrollo legislativo de la Hacienda General del País Vasco. El conjunto de leyes aprobadas estructura ya esta área especial del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las modificaciones parciales o la regulación de aspectos particulares que puedan efectuarse.

2.- La Tesorería General del País Vasco

Se regula en el Título I el régimen de la Tesorería General del País Vasco, además de otras materias que, aun no constituyendo la Tesorería General ni siendo operaciones de la misma, están relacionadas directamente con ella y no son abordadas por otras áreas del ordenamiento.

La tesorería en sentido estricto, conjunto de recursos financieros destinados a los fines de la Hacienda General, venía regulada con rango reglamentario, ámbito del que se han tomado los principios básicos, incluyendo la actualización procedente a la luz de la experiencia de que ya se dispone. La idea fundamental es establecer una regulación y dirección únicas, situadas en el Departamento responsable del área de actuación homónima, sin perjuicio de su ejecución y gestión descentralizada en los casos en que resulte necesario o eficiente.

Se establecen los principios de las operaciones de tesorería. En su aspecto activo, se incluye la financiación a determinados entes integrantes de la Administración institucional y la posibilidad de efectuarlas con entidades financieras, de forma subordinada a sus funciones. En el aspecto pasivo se recoge la posibilidad de acudir al crédito a corto plazo, en los momentos en que se presenten necesidades transitorias.

En los aspectos de garantías y depósitos, la responsabilidad de fondo se hace recaer en cada gestor, correspondiendo al Departamento responsable de la Tesorería General una función meramente instrumental.

De acuerdo con lo previsto en la normativa sobre régimen presupuestario, se regula por primera vez el procedimiento de utilización de los llamados remanentes de tesorería, resultados acumulados de la liquidación de los Presupuestos. Teniendo en cuenta la relevancia de dicha utilización, que afecta al resultado del ejercicio de una forma no prevista directamente en los Presupuestos, se atribuye la decisión última al Consejo de Gobierno.

Se regulan por primera vez las transferencias y aportaciones a determinados entes distintos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, tratando de otorgar estabilidad y seguridad a los flujos financieros interinstitucionales.

3.- El endeudamiento

El Título II de la ley se destina a regular el endeudamiento, aspecto que ha alcanzado gran significación y que resulta esencial en la política económica.

La ley mantiene los criterios tradicionales de flexibilidad en el momento de asumir el endeudamiento, según la situación del mercado, y de máxima seguridad para los acreedores, garantizando sus derechos de contenido económico.

Se admiten sin limitación las operaciones destinadas a asegurar, disminuir o diversificar el riesgo o el coste de la deuda, en defensa de los intereses de la Hacienda General del País Vasco. Se trata de permitir la mejor posición, de acuerdo con criterios económico-financieros. Esto se llevará a cabo utilizando los llamados productos derivados o cualquier otro tipo de contrato, dando cobertura a operaciones determinadas de endeudamiento.

4.- La prestación de garantías

Se regula, unitariamente y con carácter general, la prestación de garantías. Esta actividad permite movilizar recursos financieros muy superiores a los propios de la Administración disponibles para fines de fomento o interés público y ha alcanzado gran importancia en los últimos años, tanto por su volumen cuantitativo como por la incidencia que ha tenido en el sistema productivo, especialmente en el sector industrial.

La regulación que se hace tiene en cuenta la práctica llevada a cabo en la concesión, formalización, gestión y ejecución de garantías, otorgando la seguridad jurídica necesaria tanto a los acreedores como a la actuación de la propia Administración.

En la disposición final primera se modifica el régimen de prórroga presupuestaria en este aspecto, ya que la norma actual impedía la prestación de garantías cuando en el ejercicio prorrogado ya se hubiera agotado el límite, lo que constituía una excepción en todo el régimen de prórroga y carece de justificación. La prestación de garantías, como cualquier otra área de la Hacienda pública, no puede correr el riesgo de paralización.

5.- Parte final de la ley

La ley se completa con diversas disposiciones entre las que merecen ser destacadas las siguientes.

Se incluye una disposición adicional relativa a las actuaciones que, por excepción, viene desarrollando el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, el cual es de una significación, también en lo financiero, que justifica una especial autonomía.

Se modifica el artículo 40 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, relativo a la efectividad de sus derechos, materia que guarda estrecha relación con la Tesorería General. Se mantiene el sistema de convenios para la recaudación, dada la menor gestión a desarrollar, como consecuencia de la especial financiación de las instituciones generales de la Comunidad Autónoma, pero se extiende para el territorio fuera de la misma y se actualiza y completa la normativa actual.