• Expandir / Contraer índice sistemático
• Preámbulo
• CAPITULO PRIMERO.  Entidades de crédito
  • Artículo 1  Definición
• CAPITULO II.  Uso de denominaciones
  • Artículo 2  Uso de denominaciones por entidades de crédito extranjeras
• CAPITULO III.  Autorización
  • Artículo 3  Cajas de Ahorro. Requisitos de los Consejeros
  • Artículo 4  Entidades de crédito. Revocación de la autorización
  • Artículo 5  Ejercicio de actividades por entidades de crédito extranjeras
• CAPITULO IV.  Información y secreto profesional
  • Artículo 6  Colaboración en la información y secreto profesional
• CAPITULO V.  Afiliación a organizaciones profesionales
  • Artículo 7  Consejo Superior Bancario
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera  Limitaciones temporales
  • Disposición transitoria segunda  Establecimientos de crédito existentes
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria

Artículo 1 Definición

1. A efectos de la presente disposición, y de acuerdo con la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000 , relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, se entiende por «entidad de crédito» toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.

2. Se conceptúan entidades de crédito:

• a) El Instituto de Crédito Oficial.
• b) Los Bancos.
• c) Las Cajas de Ahorros y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
• d) Las Cooperativas de Crédito.
• e) Los Establecimientos Financieros de Crédito.
  A partir de: 1 enero 2014

  Letra e) del número 2 del artículo 1 suprimida por el apartado uno del artículo segundo del R.D.-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras («B.O.E.» 30 noviembre).). Téngase en cuenta que será exigible a partir del 1 de enero de 2014, conforme establece la letra a) del número 2 de su disposición final octava.

  Efectos / Aplicación: 1 enero 2014

Artículo 1 redactado por la disposición final primera de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico («B.O.E.» 27 julio).Vigencia: 28 julio 2011

Artículo 2 Uso de denominaciones por entidades de crédito extranjeras

Los establecimientos de crédito extranjeros podrán usar en España sus denominaciones propias, siempre que se trate de las de origen y no dejen lugar a duda en cuanto a su identidad. Si existiera peligro de confusión, podrá exigirse que se añada alguna mención aclaratoria.

Artículo 3 Cajas de Ahorro. Requisitos de los Consejeros

El apartado a) del número 1 del artículo 7 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de órganos rectores de las Cajas de Ahorro, queda redactado así:

Artículo 4 Entidades de crédito. Revocación de la autorización

1. El número 7.º del artículo 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, queda redactado así:

2. Se adiciona un párrafo último al artículo 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, con el siguiente texto:

3. Se añade un artículo 57 bis a la Ley de Ordenación Bancaria, con el siguiente texto:

4. El artículo 156 del Real Decreto-ley de 21 de noviembre de 1929, por el que se regula el Régimen del Ahorro Popular y se aprueba el Estatuto especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular, queda redactado así:

Artículo 5 Ejercicio de actividades por entidades de crédito extranjeras

Se adiciona un inciso final al párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Ordenación Bancaria, con el siguiente texto:

Artículo 6 Colaboración en la información y secreto profesional

1. En el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección de las entidades de crédito, el Banco de España colaborará con las autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros y podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de estas entidades, así como las que puedan facilitar el control de solvencia de las mismas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares; igualmente, podrá suscribir, a tal efecto, acuerdos de colaboración.

En el caso de que las autoridades competentes no pertenezcan a otro Estado miembro de la Unión Europea, el suministro de estas informaciones exigirá que exista reciprocidad y que las autoridades competentes estén sometidas a secreto profesional en condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas.

En el caso de que las autoridades competentes pertenezcan a otro Estado miembro de la Unión Europea, el Banco de España facilitará a las interesadas, por propia iniciativa, cualquier información que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisión, y, cuando se le solicite, toda información pertinente a iguales fines.

La información a que se refiere el párrafo anterior se considerará esencial cuando pueda influir materialmente en la evaluación de la solidez financiera de una entidad de crédito o de una sociedad financiera de otro Estado miembro de la Unión Europea, e incluirá en especial:

• a) La identificación de la estructura del grupo con filiales o participadas en el correspondiente Estado miembro, y de la estructura accionarial de las principales entidades de crédito de un grupo.
• b) Los procedimientos seguidos para la recogida y verificación de la información solicitada a las entidades del grupo.
• c) Evoluciones adversas en la situación de solvencia de un grupo o de sus entidades que puedan afectar gravemente a sus entidades de crédito.
• d) Sanciones por infracciones graves o muy graves y medidas excepcionales adoptadas, en particular la solicitud de recursos propios adicionales con arreglo a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 13/1985 y la imposición de limitaciones al uso de métodos internos de medición del riesgo operacional.

Número 1 del artículo 6 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero («B.O.E.» 17 noviembre).Vigencia: 1 enero 2008

1 bis. El Banco de España consultará a las autoridades competentes interesadas de otro Estado miembro de la Unión Europea, antes de adoptar las siguientes decisiones, cuando dichas decisiones sean importantes para la labor de supervisión de dichas autoridades:

• a) Las contempladas en el artículo 58 de la Ley 26/1988, sea cual sea el alcance del cambio en el accionariado que deba resolverse en la decisión correspondiente.
• b) Los informes que deba emitir en las operaciones de fusión, escisión o cualquier otra modificación importante en la organización o, gestión de una entidad de crédito, y que esté sujeta a autorización administrativa estatal o autonómica.
• c) Las propuestas de sanción por infracciones muy graves de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988, o las sanciones por infracciones graves que lleven aparejada amonestación pública o inhabilitación de administradores o directivos.
  A partir de: 1 enero 2013

  Letra c) del número 1 bis del artículo 6 redactada, con efectos de 1 de enero de 2013, por la disposición final segunda del R.D.-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito («B.O.E.» 31 agosto). Se reitera la modificación por la disposición final segunda de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito («B.O.E.» 15 noviembre).

  Efectos / Aplicación: 1 enero 2013
• d) Las de intervención y sustitución recogidas en los artículos 31 a 37 de la Ley 26/1988.
• e) La solicitud de recursos propios adicionales con arreglo a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 13/1985 y la imposición de limitaciones al uso de métodos internos de medición del riesgo operacional.

No obstante, en los casos indicados en las letras c), d), e) siempre se deberá consultar a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión consolidada del grupo eventualmente afectado.

En cualquier caso, el Banco de España podrá no llevar a cabo la consulta citada en el párrafo anterior en casos de urgencia, o cuando entienda que la consulta puede comprometer la eficacia de las propias decisiones. En esos casos informará sin demora a las autoridades interesadas de la decisión final adoptada.

Número 1 bis del artículo 6 introducido por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero («B.O.E.» 17 noviembre).Vigencia: 1 enero 2008

2. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad. La reserva se entenderá levantada desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a que aquéllas se refiera.

El acceso de las Cortes Generales a la información sometida al deber de secreto se realizará a través del Gobernador del Banco, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el Gobernador podrá solicitar motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas.

3. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para el Banco de España y hayan tenido conocimiento de datos de carácter reservado están obligadas a guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por el órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello dimane.

4. Se exceptúan de la obligación de secreto regulada en el presente artículo:

• a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusión, publicación o comunicación de los datos.
• b) La publicación de datos agregados a fines estadísticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada de manera que las entidades individuales no puedan ser identificadas ni siquiera indirectamente.
• c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes en un proceso penal.
• d) Las informaciones que, en el marco de los procedimientos mercantiles derivados de la suspensión de pagos, quiebra o liquidación forzosa de una entidad de crédito, sean requeridas por las autoridades judiciales, siempre que no versen sobre terceros implicados en el reflotamiento de la entidad.
• e) Las informaciones que, en el marco de recursos administrativos o jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en materia de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, sean requeridas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
• f) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar para el cumplimiento de sus respectivas funciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Dirección General de Seguros, a los Fondos de Garantía de Depósitos, a los interventores o síndicos de una entidad de crédito o de una entidad de su grupo, designados en los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales, y a los auditores de cuentas de las entidades de crédito y sus grupos.
  A partir de: 23 octubre 2012

  Letra f) del número 4 del artículo 6 redactada por la disposición final tercera de la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos («B.O.E.» 5 julio). Téngase en cuenta que la citada disposición final tercera ha sido introducida por el artículo decimoséptimo de la L.O. 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos («B.O.E.» 23 octubre).
• g) Las informaciones que el Banco de España transmita a los Bancos centrales y otros organismos de función similar en calidad de autoridades monetarias, cuando la información sea pertinente para el desempeño de sus respectivas funciones legales, tales como la aplicación de la política monetaria y la correspondiente provisión de liquidez, la supervisión de los sistemas de pago, de compensación y liquidación, y la defensa de la estabilidad del sistema financiero. Letra g) del número 4 del artículo 6 redactada por el artículo tercero de la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el R.D. Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas («B.O.E.» 12 abril).Vigencia: 13 abril 2011
• h) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar, para el cumplimiento de sus funciones, a los organismos o autoridades de otros países en los que recaiga la función pública de supervisión de las empresas de servicios de inversión, de las empresas de seguros, de otras instituciones financieras y de los mercados financieros, ola gestión de los sistemas de garantía de depósitos o indemnización de los inversores de las entidades de crédito, siempre que exista reciprocidad, y que los organismos y autoridades estén sometidos a secreto profesional en condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas.
• i) Las informaciones que el Banco de España decida facilitar a una cámara u organismo semejante autorizado legalmente a prestar servicios de compensación o liquidación de los mercados españoles, cuando considere que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de dichos organismos ante cualquier incumplimiento, o posible incumplimiento, que se produzca en el mercado.
• j) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, así como las comunicaciones que de modo excepcional puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria, previa autorización indelegable del Ministro de Economía y Hacienda. A estos efectos deberán tenerse en cuenta los acuerdos de colaboración firmados por el Banco de España con autoridades supervisoras de otros países.
• k) Las informaciones que por razones de supervisión prudencial o sanción de las entidades de crédito, el Banco de España tenga que dar a conocer al Ministerio de Economía y Hacienda o a las autoridades de las Comunidades Autónomas con competencias sobre entidades de crédito.
• l) Las informaciones requeridas por una Comisión Parlamentaria de Investigación en los términos establecidos en su legislación específica.
• A partir de: 25 marzo 2012

  Letra m) del número 4 del artículo 6 introducida por el número dos del artículo segundo del R.D.-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión («B.O.E.» 24 marzo).
• A partir de: 25 marzo 2012

  Letra n) del número 4 del artículo 6 introducida por el número dos del artículo segundo del R.D.-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión («B.O.E.» 24 marzo).

5. Las autoridades judiciales que reciban del Banco de España información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate. Las restantes autoridades, personas o entidades que reciban información de carácter reservado quedarán sujetas al secreto profesional regulado en el presente artículo y no podrán utilizarla sino en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan legalmente establecidas.

Los miembros de una Comisión Parlamentaria de Investigación que reciban información de carácter reservado vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva.

6. Las transmisiones de información reservada a los organismos y autoridades de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo a que se refieren el segundo párrafo del apartado 1 y la letra h) del apartado 4 estará condicionada, cuando la información se haya originado en otro Estado miembro, a la conformidad expresa de la autoridad que la hubiere revelado, y sólo podrá ser comunicada a los destinatarios citados a los efectos para los que dicha autoridad haya dado su acuerdo. Igual limitación se aplicará a las informaciones a las cámaras y organismos mencionados en la letra i) del apartado 4.

Artículo 6 redactado por Ley 37/1998, 16 noviembre («B.O.E.» 17 noviembre), de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Artículo 6 redactado por el apartado segundo del artículo quinto de la Ley 3/1994, 14 abril, de adaptación de la legislación española en materia de entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, en materia de establecimientos financieros de crédito («B.O.E.» 15 abril).

Artículo 7 Consejo Superior Bancario

1. Se adiciona un párrafo 8º al apartado 2º del artículo 50 de la Ley de Ordenación Bancaria, con el siguiente texto:

2. El párrafo final del artículo 50 de la Ley de Ordenación Bancaria queda redactado así:

Disposición transitoria primera Limitaciones temporales

Con vigencia exclusiva hasta el 31 de diciembre de 1992, las filiales y sucursales de entidades de crédito extranjeras autorizadas en virtud del Real Decreto 1388/1978, de 23 de junio, o cuya creación se autorice a partir de la entrada en vigor de la presente Ley:

• a) No podrán, salvo autorización expresa de la autoridad competente, obtener financiación ajena en el mercado interior no interbancario en proporción superior en relación con sus inversiones en valores y créditos a Entidades españolas, públicas y privadas, más los activos de cobertura del coeficiente de caja: Al 40 por 100, hasta el 31 de diciembre de 1987; al 50 por 100, a partir del 1 de enero de 1988; al 60 por 100, a partir del 1 de enero de 1989; al 70 por 100, a partir del 1 de enero de 1990; al 80 por 100, a partir del 1 de enero de 1991, y al 90 por 100, a partir del 1 de enero de 1992 y hasta el 31 de diciembre de este año.
• b) Podrán abrir hasta tres oficinas, incluida la oficina principal, y, además, una oficina, a partir del 1 de enero de 1990; dos oficinas, a partir del 1 de enero de 1991, y dos oficinas, a partir de 1 de enero de 1992.

Disposición transitoria segunda Establecimientos de crédito existentes

A solicitud expresa formulada por una entidad de crédito a la autoridad competente en el plazo máximo de un año, a contar de la entrada en vigor de esta Ley, podrá dispensarse a aquélla de la obligación de contar con la presencia de, al menos, dos personas responsables de la dirección de la misma, por un plazo no superior, en cualquier caso, a cinco años.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo en ella establecido y, en particular, las siguientes:

Del Real Decreto-ley, de 21 de noviembre de 1929, por el que se regula el Régimen de Ahorro Popular y se aprueba el Estatuto especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular:

Los artículos 147 a 155, 157 y 158.

De la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946:

El artículo 39.

Del Real Decreto-ley 5/1978, de 6 de marzo, por el que se modifican las facultades del Banco de España previstas en la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, y el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio:

El artículo 2.