Rúbrica del Capítulo V del Título I del Libro IV redactada por el apartado dos de la disposición final cuarta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil («B.O.E.» 22 julio). Téngase en cuenta que la disposición final décima de la citada Ley ha sido modificada por última vez por la disposición final primera de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

Artículo 781 bis introducido por el apartado tres de la disposición final cuarta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil («B.O.E.» 22 julio). Téngase en cuenta que la disposición final décima de la citada Ley ha sido modificada por última vez por la disposición final primera de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

La Sentencia TJUE (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2019, en los asuntos acumulados C-453/18 y C-494/18, declara que, el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Regl. n.º 1896/2006, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto.

Número 4 del artículo 521 introducido por el apartado uno de la disposición final quinta de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario («B.O.E.» 16 marzo).

Número 2 del artículo 693 redactado por el apartado dos de la disposición final quinta de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario («B.O.E.» 16 marzo).

Párrafo tercero del número 2 del artículo 34 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 34/2019 de 14 de marzo («B.O.E.» 15 abril).

Inciso "y tercero" del párrafo segundo del número 2 del artículo 35 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 34/2019 de 14 de marzo («B.O.E.» 15 abril).

Párrafo cuarto del número 2 del artículo 35 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 34/2019 de 14 de marzo («B.O.E.» 15 abril).

Apartado 6.º del número 1 del artículo 249 redactado por el apartado uno del artículo tercero del R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 5 marzo).

Número 3 del artículo 440 redactado por el apartado dos del artículo tercero del R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 5 marzo).

Número 4 del artículo 440 redactado por el apartado dos del artículo tercero del R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 5 marzo).

Número 5 del artículo 441 introducido por el apartado tres del artículo tercero del R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 5 marzo).

Número 4 del artículo 549 redactado por el apartado cuatro del artículo tercero del R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 5 marzo).

Número 1 del artículo 686 redactado por el apartado cinco del artículo tercero del R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 5 marzo).

Redacción anterior al R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, derogado por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Redacción anterior al R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, derogado por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Redacción anterior al R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, derogado por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Redacción anterior al R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, derogado por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Redacción anterior al R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, derogado por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Redacción anterior al R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, derogado por Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Número 1 ter del artículo 441 introducido por el apartado uno del artículo tercero del R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 18 diciembre).

El citado R.D.-ley ha quedado derogado conforme establece la Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Número 4 del artículo 549 redactado por el apartado dos del artículo tercero del R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 18 diciembre)

El citado R.D.-ley ha quedado derogado conforme establece la Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Número 1 del artículo 686 redactado por el apartado tres del artículo tercero del R.D.-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler («B.O.E.» 18 diciembre).

El citado R.D.-ley ha quedado derogado conforme establece la Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación («B.O.E.» 24 enero).

Artículo 15 bis redactado por la disposición final séptima de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales («B.O.E.» 6 diciembre).

Número 3 del artículo 588 introducido por el apartado uno de la disposición final segunda de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación («B.O.E.» 12 junio).

Número 4 del artículo 588 introducido por el apartado uno de la disposición final segunda de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación («B.O.E.» 12 junio).

Rúbrica del artículo 588 redactada por el apartado uno de la disposición final segunda de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación («B.O.E.» 12 junio).

Disposición final vigésima séptima introducida en su actual redacción por el apartado dos de la disposición final segunda de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación («B.O.E.» 12 junio).

Disposición final vigésima octava renumerada por el apartado dos de la disposición final segunda de Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación («B.O.E.» 12 junio). Su contenido literal se corresponde con el de la anterior disposición final vigésima séptima.

Número 4 del artículo 150 introducido por el apartado uno del artículo único de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

Apartado 4.º del número 1 del artículo 250 redactado por el apartado dos del artículo único de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

Número 3 bis del artículo 437 introducido por el apartado tres del artículo único de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

Número 1 bis del artículo 441 introducido por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

Número 1 bis del artículo 444 introducido por el apartado cinco del artículo único de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas («B.O.E.» 12 junio).

Párrafo primero del número 1 del artículo 63 redactado por la disposición final cuarta de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo («B.O.E.» 4 noviembre).

Sección 1.ª bis del Capítulo V del Título I del Libro II introducida por el artículo cuarto del R.D.-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores («B.O.E.» 27 mayo. Convalidación Res. de 22 de junio de 2017 «B.O.E.» 30 junio).

Circunstancia 1.ª del número 2 del artículo 36 redactada por la disposición final cuarta de la L.O. 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España («B.O.E.» 28 octubre).

Número 2 del artículo 155 redactado por el apartado diecinueve del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).

La Sentencia TJUE (Sala Quinta) de 16 de febrero 2017, Asunto C-503/15, declara que en el ámbito del expediente de jura de cuentas el Secretario Judicial no constituye un «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, y ello sin que proceda examinar si se ajusta a los demás criterios que permiten determinar el carácter de órgano jurisdiccional, criterios que se enumeran en el apartado 27 de la presente sentencia. Por consiguiente, el Secretario Judicial no está facultado para plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. Así pues, es al juez de ejecución competente para acordar el apremio sobre la cantidad debida, que debe examinar -de oficio si es necesario- el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figure en el contrato celebrado entre un procurador o un abogado y un cliente suyo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, apartado 59, y de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, apartado 55), a quien corresponderá, en su caso, plantear al Tribunal de Justicia la petición de decisión prejudicial.