DECRETO 69/2020, de 14 de julio, de acreditaci髇, concierto social y gesti髇 delegada en la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• INTRODUCCION
• CAP蚑ULO I.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 2燚efiniciones
  • Art韈ulo 3燩rincipios y garant韆s de los procedimientos
  • Art韈ulo 4燗dministraciones p鷅licas competentes
  • Art韈ulo 5燛ntidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica
  • Art韈ulo 6燙alidad de los servicios sociales
  • Art韈ulo 7營nspecci髇 y control
• CAP蚑ULO II.�Acreditaci髇 de las entidades de servicios sociales privadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica
  • Art韈ulo 8燫equisitos de acreditaci髇
  • Art韈ulo 9燩rocedimiento de acreditaci髇
  • Art韈ulo 10燙omit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales
  • Art韈ulo 11燛fectos de la acreditaci髇
  • Art韈ulo 12燫evocaci髇 de la acreditaci髇
• CAP蚑ULO III.�Concierto social y gesti髇 delegada de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica
  • Art韈ulo 13燙riterios de distribuci髇 territorial de los conciertos sociales o de la gesti髇 delegada
  • Art韈ulo 14燙riterios de asignaci髇 y condiciones de ejecuci髇 de los servicios objeto de concierto social y gesti髇 delegada
  • Art韈ulo 15燩rocedimiento ordinario de concierto social y gesti髇 delegada
  • Art韈ulo 16燩rocedimiento de provisi髇 directa
  • Art韈ulo 17燩rocedimiento de emergencia
  • Art韈ulo 18燙omit� de Provisi髇 de Servicios Sociales
  • Art韈ulo 19燨bligaciones de las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica
  • Art韈ulo 20燩ublicidad institucional
  • Art韈ulo 21燜inanciaci髇 de los servicios sociales objeto de concierto social y gesti髇 delegada
  • Art韈ulo 22燩recios del concierto social y de la gesti髇 delegada
  • Art韈ulo 23燗portaci髇 de la persona usuaria a la financiaci髇 de los servicios no gratuitos
  • Art韈ulo 24燩lazas vacantes y plazas reservadas
  • Art韈ulo 25燬ervicios b醩icos y servicios opcionales
  • Art韈ulo 26燰igencia de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas
  • Art韈ulo 27燤odificaci髇 de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas
  • Art韈ulo 28燫esoluci髇 anticipada o improrrogabilidad de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas
  • Art韈ulo 29燬uspensi髇 de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas
  • Art韈ulo 30燙ese voluntario
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera燚iferenciaci髇 respecto del r間imen jur韉ico de contrataci髇 del sector p鷅lico
  • Segunda燚esarrollo y ejecuci髇
  • Tercera燗daptaci髇 a la normativa de empresas sociales
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria燗daptaci髇 al r間imen jur韉ico de la acreditaci髇, del concierto social y de la gesti髇 delegada
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera燙olaboraci髇 con la Administraci髇 p鷅lica local
  • Segunda燚esarrollo en el 醡bito local
  • Tercera燫間imen especial de la Carta municipal de Barcelona
  • Cuarta燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

Este Decreto tiene por objeto regular el r間imen jur韉ico de la acreditaci髇 de las entidades de servicios sociales privadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica. Asimismo, prev� el r間imen jur韉ico de la provisi髇 de los servicios de la mencionada Red mediante el concierto social y la gesti髇 delegada, al amparo de los cuales estas entidades pueden prestar servicios sociales a la poblaci髇 con financiaci髇, acceso y control p鷅licos.

Art韈ulo 2 Definiciones

2.1 La acreditaci髇 es el resultado de un procedimiento de evaluaci髇 de los servicios sociales que una entidad de servicios sociales privada presta a la poblaci髇, con la finalidad de reconocer que cumple los est醤dares de calidad y el resto de requisitos exigidos para cada tipolog韆 de servicio de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica. La acreditaci髇 garantiza la consecuci髇 de unos est醤dares de calidad superiores a los exigidos para iniciar la prestaci髇 del servicio e inscribirlo en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de servicios sociales, que es un requisito indispensable para ser proveedor de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, y la correcta prestaci髇 del servicio p鷅lico.

2.2 El concierto social es el sistema de provisi髇 de los servicios sociales mediante el cual los servicios sociales de titularidad privada pasan a formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

2.3 La gesti髇 delegada es el sistema de provisi髇 de los servicios sociales mediante el cual los servicios sociales de titularidad p鷅lica son gestionados por las entidades de servicios sociales privadas y pasan a formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

Art韈ulo 3 Principios y garant韆s de los procedimientos

3.1 Las administraciones p鷅licas deben garantizar los principios de libre concurrencia y no discriminaci髇, as� como los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la tramitaci髇 de los procedimientos de acreditaci髇, concierto social y gesti髇 delegada, que se deben impulsar de oficio en todos los tr醡ites y con medios electr髇icos, adem醩 de cumplir la normativa aplicable en materia de publicidad, transparencia y bueno gobierno.

3.2 Las entidades de servicios sociales privadas quedan obligadas a relacionarse con las administraciones p鷅licas competentes a trav閟 de medios electr髇icos con el fin de efectuar cualquier tr醡ite referente a los procedimientos regulados en este Decreto.

3.3 Las administraciones p鷅licas competentes en materia de servicios sociales deben garantizar la confidencialidad y el derecho de protecci髇 de los datos personales, el derecho a la propiedad intelectual y el secreto comercial de acuerdo con la normativa aplicable en estas materias.

Art韈ulo 4 Administraciones p鷅licas competentes

4.1 Corresponde al departamento de la Generalidad de Catalu馻 competente en materia de servicios sociales la acreditaci髇 de las entidades de servicios sociales privadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

4.2 Est醤 facultadas para tramitar y formalizar conciertos sociales y gestiones delegadas las administraciones p鷅licas de Catalu馻 que dispongan de competencias legalmente o reglamentariamente atribuidas para la prestaci髇 de servicios sociales a la poblaci髇.

Art韈ulo 5 Entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica

5.1 Pueden ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, mediante conciertos sociales y gestiones delegadas, las entidades de servicios sociales privadas legalmente constituidas, de los estados miembros de la Uni髇 Europea, que est閚 previamente acreditadas para prestar servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

5.2 Asimismo, est醤 facultadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, mediante conciertos sociales y gestiones delegadas, las entidades de servicios sociales privadas legalmente constituidas, de un estado que no pertenezca a la Uni髇 Europea de acuerdo con lo que prev閚 la ley, los tratados internacionales correspondientes o, en su defecto, seg鷑 el principio de reciprocidad, que est閚 previamente acreditadas para prestar servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

Art韈ulo 6 Calidad de los servicios sociales

6.1 La calidad de los servicios sociales, su promoci髇 y mejora, es un derecho b醩ico de la poblaci髇 y se extiende a todas las actuaciones dirigidas a las personas usuarias del Sistema Catal醤 de Servicios Sociales.

6.2 El departamento de la Generalidad de Catalu馻 competente en materia de servicios sociales impulsa la promoci髇 y la mejora continua de la calidad de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, se encarga de informar y hacer difusi髇 de las novedades pertinentes en este 醡bito y vela para que todas las entidades proveedoras cumplan los est醤dares de calidad requeridos. Corresponde a la unidad directiva en materia de acreditaci髇 de este departamento competente hacer el seguimiento y la evaluaci髇 de la aplicaci髇 de los est醤dares de calidad exigibles para cada tipolog韆 de servicio social y proponer a la persona titular del departamento competente, de manera motivada, la modificaci髇 de los est醤dares dentro del proceso de mejora continua de la calidad de la mencionada Red.

6.3 La mejora continua de la calidad de los servicios de la Red de servicios sociales de atenci髇 p鷅lica se debe impulsar y desarrollar a partir del contenido y los requisitos m韓imos, funcionales y materiales establecidos por la normativa vigente para iniciar la prestaci髇 del servicio e inscribirlo en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de servicios sociales.

6.4 La atenci髇 de las personas usuarias de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica se debe regir por los principios de atenci髇 personalizada e integral, de arraigo de la persona en el entorno social, elecci髇 de la persona y continuidad en la atenci髇 y la calidad. Se debe priorizar la continuidad en la atenci髇 de las personas ya atendidas y la atenci髇 urgente en las situaciones de m醩 vulnerabilidad o urgencia social que no pueden esperar el turno ordinario. Asimismo, se debe procurar una distribuci髇 equitativa, entre las entidades proveedoras del territorio, en el acceso de las personas que acrediten necesidades especiales de atenci髇.

6.5 Las entidades sociales, para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, deben disponer de un sistema de gesti髇 de la calidad que refleje el cumplimiento de los est醤dares de calidad m韓imos e indispensables, as� como de un sistema de evaluaci髇 continua de la calidad del servicio que prestan.

6.6 Los est醤dares de calidad m韓imos e indispensables que deben reflejarse en el sistema de gesti髇 de la calidad son los siguientes:

• a) Est醤dares de calidad en la atenci髇 a la persona y en la gesti髇 del servicio.

  Las entidades que se quieran acreditar como proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias y ofrecerles una adecuada calidad de vida, deben disponer de lo siguiente:

  • a.1) El registro de personas usuarias.
  • a.2) El expediente de atenci髇 individual actualizado permanentemente. Debe incluirse el plan de atenci髇 individual elaborado junto con la persona usuaria y, si procede, sus familiares, en donde consten los objetivos que se pretende obtener, los recursos a utilizar, los profesionales implicados y la frecuencia de revisi髇 y evaluaci髇, con el fin de valorar el grado de consecuci髇 de los objetivos fijados.
  • a.3) La Carta de servicios en que se explicite los compromisos a obtener en cada servicio en t閞minos de eficacia, calidad y satisfacci髇 de las personas usuarias.
  • a.4) Los protocolos que contengan las actuaciones que se deben llevar a cabo para prestar el servicio correctamente y fomentar la participaci髇 de las personas usuarias en el servicio. El personal debe conocer estos protocolos y tener-los a su disposici髇. Los protocolos, como m韓imo, deben hacer referencia a los aspectos del proceso asistencial siguientes:
    • a.4.1) Acogida de las personas usuarias de los servicios:
      • - Informaci髇 a las personas usuarias y a sus familias o representantes legales sobre sus derechos y deberes y las caracter韘ticas clave del servicio.
      • - Valoraci髇 inicial integral de las necesidades de la persona usuaria y la identificaci髇 de las 醨eas prioritarias de intervenci髇.
      • - Identificaci髇 de los canales de comunicaci髇 entre los diferentes agentes implicados en la prestaci髇 del servicio y la persona usuaria y su entorno.
      • - Asignaci髇 de un profesional de referencia a la persona usuaria.
    • a.4.2) Estancia al servicio de las personas usuarias:
      • - Recogida de informaci髇 esencial sobre la persona usuaria y el entorno social que permita identificar sus necesidades y garantizar una buena prestaci髇 del servicio.
      • - Sistema para elaborar, actualizar y evaluar el plan de atenci髇.
      • - Desarrollo del trabajo interdisciplinario.
      • - Coordinaci髇 con otros agentes de la comunidad.
      • - Evaluaci髇 de la percepci髇 y la satisfacci髇 sobre el servicio recibido.
      • - Protocolo de actuaci髇 en caso de que durante la prestaci髇 del servicio se produzca alguna situaci髇 de necesidad, de riesgo para la seguridad y salud, y de emergencia o de urgencia vital que requiera una atenci髇 especial.
    • a.4.3) Baja del servicio:
      • - Mecanismo de derivaci髇 en caso de baja del servicio con el fin de garantizar el cont韓uum asistencial.
• b) Est醤dares de calidad en la organizaci髇 y el personal.

  Las entidades que se quieran acreditar como proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica deben disponer de los est醤dares que permitan comprobar la consecuci髇 de objetivos y efectuar propuestas de mejora que impliquen el progreso en la prestaci髇 del servicio, de acuerdo con la relaci髇 siguiente:

  • b.1) Organizaci髇 del servicio:
    • - Protocolos sobre otros procesos necesarios para prestar el servicio adecuadamente.
    • - Acuerdos de coordinaci髇 con los agentes de la comunidad, con el fin de obtener los objetivos del servicio.
    • - C骴igos deontol骻icos de las diferentes 醨eas profesionales implicadas en los servicios, disponibles y consultables por el equipo profesional.
    • - Indicadores sobre los aspectos indispensables de la gesti髇 del servicio, los cuales quedan recogidos en un cuadro de mandos.
    • - Persona de referencia, dentro del equipo de profesionales del servicio, que impulse y gestione el cumplimiento de las pol韙icas de calidad.
    • - Protocolo para mejorar la accesibilidad al servicio desde el punto de vista de la infraestructura, los horarios de atenci髇 y las formas de comunicaci髇.
    • - Protocolo para que los profesionales puedan efectuar aportaciones con el fin de mejorar el servicio.
  • b.2) Organizaci髇 del personal:
    • - Protocolo para promover la correcta acogida de los nuevos profesionales en la organizaci髇 y para facilitar una buena adaptaci髇 al servicio.
    • - Descripci髇 de los puestos de trabajo.
    • - Programa de formaci髇 continua para mejorar las competencias profesionales, que debe basarse en una detecci髇 peri骴ica de necesidades formativas.
    • - Estrategia organizativa para promocionar la estabilizaci髇 de las plantillas de los profesionales.
    • - Protocolo para que los profesionales puedan evaluar la percepci髇, la satisfacci髇 y el clima laboral respecto del servicio.
    • - Manual de organizaci髇 de r間imen interior.
    • - Registro actualizado del personal que incluya los datos siguientes: nombre y apellidos, categor韆 profesional, titulaci髇 y especialidad, si procede, cargo, dedicaci髇 horaria y direcci髇.
    • - Organigrama en que se detallen los servicios asistenciales, administrativos y de mantenimiento. Este organigrama debe especificar la identidad de los responsables de los servicios y la de las personas que forman parte de cada servicio.
    • - Horario de funcionamiento que acredite que el servicio est� garantizado dentro del horario establecido para cada tipolog韆 del servicio.
    • - Identificaci髇 de las personas responsables: el servicio deber� contar, como m韓imo, con un responsable asistencial y un responsable econ髆ico financiero. Estos ser醤 los responsables 鷏timos de la asistencia prestada.
    • - Equipo asistencial multidisciplinar b醩ico, capacidad para la atenci髇 a los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las diferentes tipolog韆s de servicio, las titulaciones, las ratios y las condiciones laborales adecuadas y una experiencia demostrable m韓ima de dos a駉s.
    • - Registro actualizado del personal asistencial directo que contenga el nombre y los apellidos, la categor韆 profesional, la titulaci髇, la especialidad y el cargo.
    • - Plan de igualdad sobre la situaci髇 laboral de las mujeres y los hombres que forman parte de la plantilla, donde se reflejen la evaluaci髇 de la pol韙ica salarial, los procesos de acceso y promoci髇, los sistemas de formaci髇 y la cultura laboral, con el fin de demostrar que no existen situaciones de desigualdad que puedan vulnerar los derechos laborales de las trabajadoras.
    • - Plan de inserci髇 laboral para personas con discapacidad que favorezca la cobertura de puestos de trabajo vacantes con personas con dificultades de inserci髇 seg鷑 el porcentaje establecido por la normativa vigente.
    • - Programa de formaci髇 continuada que disponga anualmente de acciones formativas para capacitar los trabajadores y trabajadoras para el ejercicio de sus tareas diarias en el centro, que responda a las necesidades cambiantes del mercado laboral, que permita a los trabajadores evolucionar profesionalmente y cualificarse a lo largo de su vida laboral.
    • - Servicio propio o ajeno de prevenci髇 de riesgos laborales que d� cumplimiento a la normativa vigente en este 醡bito.
• c) Est醤dares de calidad en la estructura, instalaciones y equipamientos.

  Las entidades que se quieran acreditar como proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica deben disponer de la infraestructura id髇ea seg鷑 la tipolog韆 de servicio social, de las medidas de autoprotecci髇 destinadas a controlar el riesgo, de capacidad para dar respuesta adecuada a las emergencias, y de los medios y recursos tecnol骻icos necesarios para ejercer sus funciones. En este sentido, deben disponer de la documentaci髇 y medios siguientes:

  • - Protocolo sobre el cumplimiento de la normativa aplicable seg鷑 la tipolog韆 de servicio para ejercer la actividad.
  • - Plan de autoprotecci髇.
  • - Plan de mantenimiento de las instalaciones del edificio y de las empresas especializadas que lo ejecuten.
  • - Protocolo de limpieza de las instalaciones del edificio donde se desarrolla el servicio.
  • - Certificados de las inspecciones y revisiones obligatorias seg鷑 los tipos de instalaciones.
  • - Seguros obligatorios correspondientes.
  • - Instalaciones y espacios que favorezcan la intimidad de las personas usuarias (tanto ac鷖tica como visualmente).
  • - Recursos TIC necesarios (redes, dispositivos electr髇icos, software y hardware) para desarrollar y optimizar el trabajo del personal y para mejorar el servicio a las personas usuarias.
  • - Medios auxiliares necesarios para desarrollar correctamente las tareas asistenciales en un n鷐ero adecuado a la cantidad de personas usuarias.
  • - Medios para asegurar la conservaci髇 y la disponibilidad de la informaci髇 necesaria para desarrollar correctamente el proceso asistencial.

6.7 El sistema de evaluaci髇 continua debe permitir identificar las necesidades de mejora y llevar a cabo las correspondientes acciones correctivas. La evaluaci髇 se debe realizar con la periodicidad m韓ima de un a駉 y tanto el sistema como los resultados deben quedar a disposici髇 del departamento competente en materia de servicios sociales, que la puede requerir en cualquier momento.

El sistema de evaluaci髇 continua debe comprender las herramientas siguientes:

• a) Instrumentos y estrategias para evaluar la satisfacci髇 y la percepci髇 de las personas usuarias y la de sus familiares.
• b) Instrumentos para atender y dar respuesta de manera 醙il a las sugerencias y las reclamaciones de las personas usuarias y sus familiares. Adem醩, crear y mantener actualizado un registro donde se anotar醤 las sugerencias, las reclamaciones recibidas y la respuesta dada.
• c) Indicadores sobre los aspectos indispensables de la atenci髇 a las personas, los cuales quedan recogidos en un cuadro de mandos.
• d) Un documento donde se concreten las acciones correctivas que se han llevado a cabo para mejorar el servicio, que recoja el seguimiento efectuado y la evaluaci髇 del impacto que han tenido en el servicio.
• e) Una memoria, elaborada anualmente, que incluya el grado de cumplimiento de los est醤dares de calidad fijados y la evaluaci髇 de las acciones de mejora llevadas a cabo.
• f) Un protocolo sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la protecci髇 de datos y garant韆 de los derechos digitales.
• g) Un protocolo sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la transparencia.

Art韈ulo 7 Inspecci髇 y control

7.1 Las entidades de servicios sociales privadas acreditadas que son proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica est醤 sujetos al control de car醕ter financiero y de calidad, y a las funciones inspectoras y sancionadoras de las administraciones p鷅licas competentes, en especial, en materia de servicios sociales.

7.2 Para mantener la condici髇 de proveedoras, las entidades de servicios sociales privadas deben disponer de la acreditaci髇 preceptiva y se deben ajustar en todo momento a las previsiones, las condiciones y los criterios que establezca la administraci髇 p鷅lica competente en materia de servicios sociales. Deben tener a disposici髇 de la administraci髇 p鷅lica competente la informaci髇 funcional, la asistencial, la econ髆ica y la estad韘tica, as� como los indicadores de gesti髇 y cualquier otra documentaci髇 que se determine en la convocatoria correspondiente y en la normativa aplicable para efectuar el seguimiento de la buena prestaci髇 de los servicios sociales.

7.3 Asimismo, las entidades proveedoras deben presentar, a requerimiento de la administraci髇 competente, una auditor韆 contable en donde se pueda exigir legalmente, de acuerdo con la normativa aplicable, los t閞minos fijados en la convocatoria p鷅lica de provisi髇 del servicio correspondiente.

7.4 Corresponde a la unidad directiva de cada administraci髇 o ente p鷅lico competente seg鷑 la tipolog韆 del servicio social hacer el seguimiento de la adecuada provisi髇 de los servicios y proponer, si procede, medidas correctoras en la prestaci髇 de los servicios o el inicio de un procedimiento sancionador en materia de servicios sociales.

Art韈ulo 8 Requisitos de acreditaci髇

8.1 Para obtener la acreditaci髇 como proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, las entidades de servicios sociales privadas interesadas deben cumplir los requisitos siguientes:

• a) Disponer de suficiente solvencia econ髆ica y financiera, consistente en un patrimonio neto o fondos propios positivos o ratio positiva entre los activos y pasivos. La solvencia econ髆ica y financiera se debe acreditar mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro oficial en donde deba estar inscrita legalmente o, en el supuesto de no ser exigible legalmente esta inscripci髇, se puede acreditar mediante la aportaci髇 de cualquier otra documentaci髇 que se considere apropiada, como libros de inventarios, libros de cuentas o, si procede, de seguros de indemnizaci髇 de riesgos profesionales o planos de viabilidad previstos. Tambi閚 se puede acreditar mediante la solvencia y los medios de otras entidades acreditadas para la misma tipolog韆 de servicios sociales, siempre que se demuestre que durante todo el periodo de vigencia de la acreditaci髇 se dispondr�, efectivamente, de esta solvencia y medios externos.

  Cuando sea justificable, en proporci髇 al objeto del concierto social o la gesti髇 delegada, las convocatorias p鷅licas de provisi髇 de servicios sociales pueden exigir una solvencia m韓ima superior.

• b) Disponer de la solvencia t閏nica suficiente, consistente en una experiencia en la prestaci髇 de servicios sociales durante los dos 鷏timos a駉s en servicios de la misma tipolog韆 o de similar naturaleza. El personal debe disponer de conocimientos t閏nicos acreditados mediante titulaciones acad閙icas o profesionales seg鷑 la tipolog韆 del servicio.

  Cuando sea justificable, en proporci髇 al objeto del concierto social o la gesti髇 delegada, las convocatorias p鷅licas de provisi髇 de servicios sociales pueden exigir una solvencia m韓ima superior o inferior.

• c) Disponer de un sistema de gesti髇 de la calidad y de un sistema de evaluaci髇 continua de la calidad del servicio social en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 6 de este Decreto.
• d) No estar incursas en una prohibici髇 de contratar de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratos del sector p鷅lico.
• e) No haber sido sancionadas con car醕ter ejecutivo, administrativa o penalmente, ni la entidad ni sus representantes legales y responsables, por infracciones graves por motivos higi閚ico-sanitarios o de infancia y adolescencia, o por infracciones muy graves en materia de servicios sociales.
• f) No haber sido sancionadas con car醕ter ejecutivo, administrativa o penalmente, por la comisi髇 de infracci髇 grave, en materia de integraci髇 laboral de personas con discapacidad o muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• g) No haber sido sancionadas con car醕ter ejecutivo, administrativa o penalmente, por haber ejercido o tolerado pr醕ticas laborales consideradas discriminatorias en raz髇 de sexo o de g閚ero.
• h) Disponer de la p髄iza de seguro que cubra su responsabilidad civil y la de su personal seg鷑 la tipolog韆 del servicio de conformidad con la normativa aplicable.
• i) Estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la Generalidad y el Estado y de las obligaciones con la Seguridad Social.
• j) Cumplir las obligaciones aplicables en materias medioambiental, social o laboral que establecen el derecho de la Uni髇 Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen el Estado.
• k) Cumplir las condiciones laborales de los trabajadores de conformidad con el convenio colectivo aplicable y, como m韓imo, las del convenio sectorial aplicable, as� como el r間imen jur韉ico aplicable a los socios trabajadores en el caso de las cooperativas.
• l) Cumplir lo establecido en la normativa aplicable en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y disponer de un plan de igualdad, de acuerdo con lo regulado por la normativa aplicable sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
• m) Cumplir la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal y de confidencialidad profesional y protecci髇 de la intimidad de las personas.
• n) Cumplir la obligaci髇 establecida por la normativa aplicable de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social de dar empleo a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad en un porcentaje de un 2%, como m韓imo, del total de la plantilla. Cuando sea justificable en proporci髇 al objeto del concierto social o la gesti髇 delegada, las convocatorias p鷅licas de provisi髇 de servicios sociales pueden exigir un porcentaje superior.
• o) Cumplir, en los casos que proceda y de acuerdo con la normativa de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, la obligaci髇 de que el personal de las entidades las actividades de las cuales supongan el acceso y el ejercicio a las profesiones, los oficios y las actividades que impliquen contacto habitual con menores, no haya sido condenado por sentencia firme por alg鷑 delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluidos la agresi髇 y el abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocaci髇 sexual, la prostituci髇 y la explotaci髇 sexual y la corrupci髇 de menores, as� como por tr醘ico de seres humanos. A este efecto, la entidad debe disponer de las certificaciones legalmente establecidas y se debe comprometer a solicitar las certificaciones en el caso de cambio de las personas adscritas al proyecto.
• p) Disponer de un protocolo en materia de acoso sexual y en raz髇 de sexo.
• q) Disponer de un sistema de organizaci髇 y de gesti髇 de prevenci髇, de acuerdo con la normativa de prevenci髇 de riesgos laborales.

8.2 El requisito de no haber sido sancionado previsto en los apartados e), f) y g) del art韈ulo 8.1 es exigible hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripci髇 de las sanciones legalmente previstos, se haya hecho efectiva la sanci髇 y se hayan aplicado las medidas correctoras prescritas por la administraci髇 p鷅lica competente.

8.3 La comprobaci髇 del cumplimiento de los requisitos mediante documentaci髇 que haya sido elaborada por la Administraci髇 p鷅lica o que haya sido aportada anteriormente a cualquier administraci髇 no se requerir� a las entidades interesadas, dado que se har� de oficio por parte de la Administraci髇 mediante la consulta en las plataformas de intermediaci髇 de datos u otros sistemas.

8.4 En las gestiones delegadas, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados h) k) y n) del art韈ulo 8.1 se exigir� una vez asignado un servicio mediante el sistema de provisi髇 regulado en este Decreto y antes de iniciar efectivamente la prestaci髇 del servicio.

8.5 La Administraci髇 p鷅lica promotora de la concertaci髇 social puede requerir a las entidades que dispongan de la acreditaci髇 de empresa social de atenci髇 a las personas en el momento en que se apruebe la normativa catalana reguladora de empresas sociales.

Art韈ulo 9 Procedimiento de acreditaci髇

9.1 La acreditaci髇 de las entidades de servicios sociales privadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica corresponde al departamento competente de la Generalidad de Catalu馻 en materia de servicios sociales, y requiere la tramitaci髇 de un procedimiento administrativo iniciado a instancia de las entidades interesadas, bajo los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminaci髇.

9.2 Las entidades interesadas en acreditarse para la prestaci髇 de un servicio social pueden presentar la solicitud en cualquier momento. La solicitud se debe presentar exclusivamente por v韆 electr髇ica mediante el portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o desde la Sede electr髇ica de la Generalidad de Catalu馻 (http://seu.gencat.cat), acompa馻da de la documentaci髇 acreditativa del cumplimiento de los requisitos recogidos en el art韈ulo 8 de este Decreto.

9.3 La unidad directiva competente seg鷑 la tipolog韆 del servicio social debe comprobar el cumplimiento de los requisitos que exige el art韈ulo 8 de este Decreto. Con esta finalidad, puede requerir informe del Servicio de Inspecci髇 y Registro, as� como los documentos o la informaci髇 t閏nica complementarios que estime necesarios.

9.4 El Comit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales, regulado en el art韈ulo 10 de este Decreto, debe adoptar un acuerdo motivado con la propuesta de aprobar o denegar la acreditaci髇 solicitada, despu閟 de evaluar los informes y toda la documentaci髇 que conste en el expediente. En el supuesto de que el acuerdo proponga la denegaci髇 de la acreditaci髇, se debe comunicar a las entidades interesadas con el fin de que puedan presentar en el plazo m醲imo de 10 d韆s h醔iles las alegaciones y las justificaciones que consideren pertinentes, que se deben tener en cuenta en el momento de emitir la resoluci髇.

9.5 En vista del acuerdo de propuesta del Comit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales, la persona titular del departamento competente de la Generalidad de Catalu馻 en materia de servicios sociales debe emitir resoluci髇 motivada que otorgue o deniegue la acreditaci髇 solicitada, de acuerdo con los requisitos, las condiciones y los criterios establecidos para cada tipolog韆 de servicio. La resoluci髇 se debe dictar en el plazo m醲imo de tres meses a contar desde la presentaci髇 de la solicitud y se debe notificar individualmente a las entidades interesadas y publicar adicionalmente en el Tabl髇 electr髇ico de la Generalidad de Catalu馻, sin perjuicio que se puedan utilizar otros medios de publicidad. Transcurrido el plazo m醲imo para resolver sin que se haya notificado la resoluci髇, las entidades interesadas pueden entender desestimada su solicitud, sin perjuicio de la obligaci髇 de resolver expresamente por parte de la Administraci髇. Contra la resoluci髇, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

9.6 Las entidades de servicios sociales privadas y su acreditaci髇 para cada tipolog韆 de servicio social se deben inscribir en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de servicios sociales.

Art韈ulo 10 Comit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales

10.1 El Comit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales es el 髍gano colegiado que se encarga del an醠isis, el debate y el acuerdo de propuesta sobre aspectos relacionados con la acreditaci髇 de las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

10.2 El Comit� de Acreditaci髇 de Servicio Sociales se adscribe al departamento competente de la Generalidad de Catalu馻 en materia de servicios sociales y debe estar integrado por personal de este departamento. En su composici髇 debe figurar:

• a) La persona titular de la Direcci髇 de Servicios, que ejerce la presidencia.
• b) Cuatro vocal韆s, entre las cuales deben figurar:
  • b.1) Una persona en representaci髇 del Servicio de Inspecci髇 y Registro, nombrada por la persona titular de la Direcci髇 de Servicios.
  • b.2) Dos personas de la unidad directiva en raz髇 de la tipolog韆 de servicio social, nombrada por la persona titular de la Direcci髇 de Servicios.
  • b.3) Una persona que haga las funciones de coordinaci髇 del procedimiento de acreditaci髇, adscrita a la Direcci髇 de Servicios y nombrada por la persona titular de esta Direcci髇.
• c) Una persona que act鷈 como secretaria, con voz pero sin voto, nombrada por la persona titular de la Direcci髇 de Servicios. La secretar韆 de este Comit� no puede comportar en ning鷑 caso la creaci髇 o empleo de un puesto de trabajo espec韋ico a estos efectos.

10.3 Las funciones del Comit� son las siguientes:

• a) Analizar y debatir los informes t閏nicos y la documentaci髇 necesaria sobre el cumplimiento de los requisitos y las condiciones para la acreditaci髇 de las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, para cada tipolog韆 de servicio.
• b) Adoptar el acuerdo de propuesta de aprobaci髇, denegaci髇 o revocaci髇 de las acreditaciones.

10.4 Para el ejercicio de sus funciones, el Comit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales puede requerir el apoyo y pedir los informes y dict醡enes t閏nicos que considere necesarios.

10.5 El mencionado Comit� queda sujeto al r間imen jur韉ico de los 髍ganos colegiados de car醕ter administrativo. La participaci髇 en las reuniones de los 髍ganos colegiados no genera en sus miembros ning鷑 derecho econ髆ico en concepto de dietas o indemnizaciones por derechos de asistencia a las sesiones.

Art韈ulo 11 Efectos de la acreditaci髇

11.1 La acreditaci髇 para prestar un servicio social determinado es el requisito necesario para que las entidades de servicios sociales privadas puedan ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, con financiaci髇, acceso y control p鷅licos. La acreditaci髇 no comporta por s� misma el derecho a atender a las personas usuarias de los servicios de la mencionada Red.

11.2 La acreditaci髇 se otorga por un periodo inicial de cuatro a駉s, que puede prorrogarse t醕itamente cada dos a駉s, siempre que en el momento de la pr髍roga se cumplan las condiciones y los requisitos exigibles para la acreditaci髇, salvo renuncia expresa de la entidad interesada. La vigencia m醲ima de la acreditaci髇, incluidas las pr髍rogas, no puede ser superior a 10 a駉s. Transcurrido este plazo, se debe iniciar un nuevo procedimiento de acreditaci髇.

11.3 Para mantener la acreditaci髇, las entidades acreditadas como proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica deben cumplir en todo momento los requisitos de calidad exigibles de acuerdo con la normativa aplicable. Asimismo, est醤 sujetas, si procede, a las verificaciones peri骴icas que les pueda hacer la administraci髇 competente y est醤 obligadas a facilitar cualquier informaci髇 que se les requiera, as� como a comunicar cualquier variaci髇 sobre su situaci髇 jur韉ica y administrativa.

Art韈ulo 12 Revocaci髇 de la acreditaci髇

12.1 Es causa de revocaci髇 de la acreditaci髇 dejar de cumplir cualquiera de los requisitos de acreditaci髇 establecidos en el art韈ulo 8.1. La revocaci髇 de la acreditaci髇 comporta la p閞dida del derecho de atender a las personas usuarias de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

12.2 Con respecto al incumplimiento de los requisitos de acreditaci髇 previstos en los apartados e), f) y g) del art韈ulo 8.1, solo se puede proceder a la revocaci髇 de la acreditaci髇 si se han resuelto anticipadamente o prorrogado dos o m醩 conciertos o gestiones delegadas, no se ha hecho efectiva la sanci髇 y no se han aplicado las medidas correctoras prescritas por la administraci髇 p鷅lica competente.

12.3 En caso de revocaci髇 de la acreditaci髇 por incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los apartados e), f) y g) del art韈ulo 8.1, no se puede solicitar una nueva acreditaci髇 hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripci髇 de las sanciones legalmente previstos, se haya hecho efectiva la sanci髇 y se hayan aplicado las medidas correctoras prescritas por la administraci髇 p鷅lica competente.

12.4 El procedimiento de revocaci髇 se inicia de oficio por parte del departamento competente de la Generalidad de Catalu馻 en materia de servicios sociales y debe resolverlo, a propuesta del Comit� de Acreditaci髇 de Servicios Sociales, la persona titular del departamento competente, en el plazo m醲imo de tres meses a contar desde el acuerdo de inicio, seg鷑 el principio de contradicci髇, con audiencia previa de las entidades interesadas. Transcurrido este plazo m醲imo sin que se haya notificado la resoluci髇 a las entidades interesadas, se produce la caducidad, sin perjuicio que se pueda iniciar un nuevo procedimiento si persisten las causas de revocaci髇 de la acreditaci髇. Contra la resoluci髇 de revocaci髇, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

Art韈ulo 13 Criterios de distribuci髇 territorial de los conciertos sociales o de la gesti髇 delegada

13.1 La Administraci髇 p鷅lica, mediante las convocatorias para la provisi髇 de los servicios sociales objeto de los conciertos sociales o de gesti髇 delegada, debe garantizar la distribuci髇 equilibrada de los servicios dentro del territorio donde sea competente, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la tipolog韆 del servicio social y las necesidades sociales del territorio. Con esta finalidad, debe aplicar los criterios siguientes:

• a) Priorizar los 醡bitos territoriales con un nivel de cobertura de servicios inferior a la media, de acuerdo con el mapa de servicios sociales vigente.
• b) Priorizar establecimientos o servicios que hayan recibido financiaci髇 o apoyo de la Administraci髇 p鷅lica en sus infraestructuras.
• c) Los criterios de prioridad que establece la programaci髇 territorial de servicios sociales

13.2 Asimismo, se deben dividir en lotes los servicios a proveer con el fin de promover la participaci髇 de la peque馻 y mediana empresa.

Art韈ulo 14 Criterios de asignaci髇 y condiciones de ejecuci髇 de los servicios objeto de concierto social y gesti髇 delegada

14.1 La Administraci髇 p鷅lica, mediante las convocatorias para la provisi髇 de los servicios sociales objeto de los conciertos sociales o de gesti髇 delegada, debe garantizar la distribuci髇 objetiva de la provisi髇 de los servicios entre las entidades que quieran ser proveedoras en el territorio mediante criterios objetivos.

14.2 Los criterios generales de asignaci髇 y las condiciones de ejecuci髇 de los servicios son los siguientes:

• a) Continuidad en la atenci髇 personalizada e integral a las personas usuarias y su arraigo en el entorno social.
• b) Calidad en la atenci髇 a las personas en la prestaci髇 del servicio. Se pueden tener en cuenta los siguientes criterios:
  • b.1) Determinada capacidad, cualificaci髇 o experiencia, directamente vinculada a los servicios a proveer, respecto de las personas adscritas a su ejecuci髇. Se puede exigir, tambi閚, que el proveedor comunique cualquier cambio al personal adscrito a la ejecuci髇 del servicio y que acredite que el nuevo personal tiene como m韓imo la misma experiencia y titulaci髇 que el anterior.
  • b.2) Las propuestas innovadoras en este 醡bito.
  • b.3) Las propuestas de mejora en relaci髇 con la cualificaci髇 o experiencia de las personas adscritas a la ejecuci髇 del servicio, as� como los aspectos que puedan validar su implicaci髇 o motivaci髇 en relaci髇 con las necesidades de las personas usuarias, especialmente las que se encuentren en una situaci髇 de necesidad de especial atenci髇.
  • b.4) La formaci髇 o experiencia profesional en la incorporaci髇 de la perspectiva de g閚ero en la intervenci髇 social.
• c) Responsabilidad social de la entidad proveedora. Se pueden tener en cuenta los siguientes criterios:
  • c.1) Estabilidad laboral y de calidad en el empleo.

    Aportaci髇 de recursos humanos y condiciones laborales y salariales, y de conciliaci髇 de la vida laboral y familiar, que favorezcan la estabilidad de la plantilla y la calidad t閏nica de los profesionales. Tambi閚 se puede valorar la diversidad de or韌enes del personal contratado y de la estructura directiva.

  • c.2) Igualdad de g閚ero.

    Aportaci髇 del plan de igualdad entre mujeres y hombres, cuando no sea obligatorio seg鷑 la normativa aplicable, o implementaci髇 de medidas de igualdad entre mujeres y hombres que tengan aprobadas y que mejoren sus condiciones, adopci髇 de medidas destinadas a conseguir la igualdad de oportunidades que perduren en el tiempo y mantengan la efectividad, o distintivo de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

  • c.3) Inserci髇 laboral.

    Acreditar que se dispone de un n鷐ero determinado de trabajadores incluidos en los colectivos de la inserci髇 sociolaboral, como las personas j髒enes, las desempleadas de larga duraci髇, las que tengan riesgo de exclusi髇 social o las personas con discapacidad.

  • c.4) Pol韙ica lingstica.

    Atender a las personas usuarias en cualquiera de las lenguas oficiales de Catalu馻, hacer uso del catal醤 en sus relaciones con la Administraci髇 de la Generalidad y utilizarlo, al menos, en los letreros, los carteles de informaci髇 general de car醕ter fijo, las publicaciones, los avisos y en el resto de las comunicaciones de tipo general que se deriven de la ejecuci髇 de los servicios, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de pol韙ica lingstica. En el 醡bito territorial de La Vall d'Aran, el compromiso consiste en utilizar el aran閟 seg鷑 la normativa reguladora del occitano, denominado aran閟 en Aran. Asimismo, se puede valorar la capacidad de atender y relacionarse con los usuarios, tambi閚 en las lenguas no oficiales que se hablan en Catalu馻.

  • c.5) Compra p鷅lica 閠ica.

    Suministro de productos de comercio justo.

  • c.6) Protecci髇 del medio ambiente.

    Uso de productos con larga vida 鷗il; reducci髇 del consumo de productos, agua o energ韆, y utilizaci髇 de productos de consumo energ閠ico eficiente que excluyan sustancias peligrosas para el medio ambiente o la salud humana, elaborados con materias primas que provengan de recursos renovables o que reduzcan emisiones.

  • c.7) Calidad alimentaria.

    Suministro de productos de producci髇 agraria ecol骻ica o controlada y productos alimentarios de proximidad, frescos y de temporada.

  • c.8) Compromiso 閠ico.

Principios 閠icos y de conducta a los que deben adecuar su actividad en la prestaci髇 de los servicios, de acuerdo con las previsiones que contiene la normativa de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, y gobernanza democr醫ica.

Disponer de un plan para la implementaci髇 y el trabajo en gobernanza democr醫ica compatible con su forma jur韉ica.

Establecer un porcentaje m醲imo de diferencia salarial, que debe ser igual que el de la administraci髇 p鷅lica que licite el servicio, entre la persona que acredite el salario m醩 alto y la persona que acredite el salario m醩 bajo de la entidad de entre todas las personas que prestan servicios, por un trabajo a tiempo completo o comparable.

Destinar un porcentaje de los beneficios o excedentes de la empresa a la formaci髇 de las personas trabajadoras, socias trabajadoras o socias de trabajo.

Destinar un porcentaje de los beneficios o excedentes de la empresa a la promoci髇 de actividades para mejorar los servicios a las personas usuarias.

14.3 Los criterios de asignaci髇 y de ejecuci髇 deben hacerse constar en la convocatoria p鷅lica de provisi髇 de los servicios sociales.

14.4 En condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social an醠ogas, las entidades sin 醤imo de lucro tendr醤 prioridad.

14.5 Por acuerdo del Gobierno se puede reservar un porcentaje de los servicios sociales a proveer a empresas de inserci髇 o centros especiales de trabajo, seg鷑 la tipolog韆 de servicio social.

Art韈ulo 15 Procedimiento ordinario de concierto social y gesti髇 delegada

15.1 La formalizaci髇 de conciertos sociales y de gestiones delegadas por parte de las administraciones p鷅licas competentes requiere la tramitaci髇 de un procedimiento administrativo iniciado mediante una convocatoria p鷅lica y con la solicitud de las entidades interesadas en ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminaci髇.

15.2 Con car醕ter previo, la unidad directiva competente en raz髇 de la tipolog韆 del servicio social debe justificar la necesidad de provisi髇 de los servicios sociales y su distribuci髇 en el territorio, con la incorporaci髇 de un certificado de existencia del cr閐ito adecuado y suficiente para financiar el coste. Se puede comprometer el cr閐ito de ejercicios futuros con las limitaciones que establece la normativa presupuestaria aplicable.

15.3 La convocatoria p鷅lica de provisi髇 de los servicios sociales en r間imen de concierto social o gesti髇 delegada corresponde a la persona titular del departamento de la Generalidad de Catalu馻 o ente p鷅lico competente en raz髇 de los servicios sociales que se presten a la poblaci髇.

15.4 La convocatoria se debe publicar en el diario oficial y en el tabl髇 electr髇ico correspondientes a la administraci髇 p鷅lica competente, sin perjuicio de que se puedan utilizar, adem醩, otros medios electr髇icos de publicidad.

15.5 La convocatoria debe concretar, como m韓imo, la cuant韆 de los fondos destinados, el objeto del concierto social o de la gesti髇 delegada, la distribuci髇 de los servicios a proveer, el precio, los requisitos para presentarse a la convocatoria, los criterios de asignaci髇 de los servicios, el procedimiento y los 髍ganos competentes, las condiciones de prestaci髇 del servicio, el plazo de vigencia y las causas de resoluci髇.

15.6 Las entidades de servicios sociales privadas que quieran ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica en r間imen de concierto social o gesti髇 delegada deben presentar su solicitud y, si procede, la documentaci髇 que la acompa馿, exclusivamente por v韆 electr髇ica utilizando el portal 鷑ico para las empresas (http://canalempresa.gencat.cat) o desde la Sede electr髇ica de la Generalidad de Catalu馻 (http://seu.gencat.cat) en el plazo y con la documentaci髇 requeridos en la convocatoria p鷅lica correspondiente.

15.7 Una vez admitidas las solicitudes, la unidad directiva competente en raz髇 de la tipolog韆 del servicio social en cada departamento o ente p鷅lico debe comprobar que las entidades interesadas disponen de la debida acreditaci髇 y debe emitir un informe motivado con la valoraci髇 de las solicitudes y la documentaci髇 preceptiva, seg鷑 los criterios de asignaci髇 que prev� la convocatoria. Con esta finalidad, puede requerir los documentos o informes t閏nicos complementarios que considere necesarios.

15.8 El Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales, regulado en el art韈ulo 18 de este Decreto, debe adoptar un acuerdo de propuesta motivada para asignar los servicios a las entidades interesadas o denegar sus solicitudes, despu閟 de evaluar los informes y toda la documentaci髇 que conste en el expediente. Tambi閚 puede requerir la documentaci髇 y los informes t閏nicos complementarios que considere necesarios para emitir la propuesta. Este acuerdo debe ser notificado a las entidades interesadas y publicado en el tabl髇 electr髇ico de la administraci髇 competente en raz髇 del servicio, sin perjuicio de que se puedan utilizar, adem醩, otros medios de publicidad, a fin de que en el plazo m醲imo de 10 d韆s puedan presentar las alegaciones y justificaciones que consideren pertinentes, que se deben tener en cuenta en el momento de emitir la resoluci髇.

15.9 A la vista del acuerdo de propuesta del Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales y las alegaciones presentadas, si procede, la persona titular del departamento de la Generalidad de Catalu馻 o del ente de la administraci髇 p鷅lica competente debe emitir una resoluci髇 motivada con la asignaci髇 de los servicios a las entidades interesadas y las solicitudes denegadas, y debe establecer el r間imen jur韉ico del concierto social o de la gesti髇 delegada, el precio, las condiciones de prestaci髇 del servicio, el plazo de vigencia, las causas de resoluci髇 y el r間imen de impugnaci髇.

15.10 Para ser proveedoras de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, las entidades interesadas deben disponer de la debida acreditaci髇 y el servicio social debe figurar inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.

15.11 La resoluci髇 se debe dictar en el plazo m醲imo que disponga la orden p鷅lica de convocatoria de provisi髇 de los servicios sociales, que no puede ser superior a tres meses a contar desde el d韆 siguiente al de la finalizaci髇 del plazo m醲imo de la presentaci髇 de las solicitudes. Se debe notificar individualmente a las entidades interesadas y publicar adicionalmente en el tabl髇 electr髇ico de la administraci髇 competente en raz髇 del servicio, sin perjuicio de que se puedan utilizar, adem醩, otros medios de publicidad.

Una vez transcurrido el plazo m醲imo de resoluci髇 sin que se haya notificado, las entidades interesadas pueden entender desestimada su solicitud, sin perjuicio de la obligaci髇 de resolver expresamente por parte de la Administraci髇. Contra la resoluci髇 dictada, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

15.12 Una vez resuelta la asignaci髇 de la provisi髇, se debe formalizar el concierto social o la gesti髇 delegada mediante un acuerdo entre la persona titular de la administraci髇 competente y la entidad de servicios sociales, en el que deben constar el precio, las condiciones de prestaci髇 del servicio, el plazo de vigencia, las causas de resoluci髇 y el r間imen de impugnaci髇 ante la v韆 contencioso-administrativa.

Art韈ulo 16 Procedimiento de provisi髇 directa

16.1 Se pueden asignar servicios sociales directamente a las entidades de servicios sociales privadas sin convocatoria p鷅lica en los siguientes supuestos:

• a) Cuando se acredite que en una convocatoria p鷅lica previa no se haya presentado ninguna solicitud o ninguna solicitud adecuada, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de la convocatoria. Se considera que una solicitud no es adecuada cuando se ha denegado porque no se ajusta a los requisitos y condiciones requeridos en la convocatoria.
• b) Cuando se acredite que solo hay una entidad proveedora del servicio social en el territorio.
• c) Cuando se trate de servicios sociales personal韘imos que tengan como caracter韘tica determinante el arraigo de la persona en el entorno y sea necesario dotar de continuidad la atenci髇 a las personas que ya eran usuarias del servicio.

16.2 La formalizaci髇 del concierto social o de la gesti髇 delegada por asignaci髇 directa se debe efectuar mediante un procedimiento iniciado de oficio por la persona titular de la unidad directiva competente en raz髇 de la tipolog韆 del servicio social. En el expediente debe constar un certificado de existencia del cr閐ito adecuado y suficiente para financiar el coste. Se puede comprometer el cr閐ito de ejercicios futuros con las limitaciones que establece la normativa presupuestaria aplicable.

16.3 La unidad directiva se puede dirigir a las entidades de servicios sociales privadas que puedan estar interesadas en ser proveedoras del servicio y, si procede, debe emitir un informe motivado sobre la necesidad de provisi髇 directa de los servicios sociales para concurrir en alguno de los supuestos que establece el apartado 1 de este art韈ulo, que proponga la asignaci髇 de los servicios a una entidad concreta que haya mostrado su conformidad.

16.4 El Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales, despu閟 de evaluar los informes y toda la documentaci髇 que conste en el expediente, debe adoptar un acuerdo de propuesta motivada para asignar o denegar la asignaci髇 de servicios. Tambi閚 puede requerir la documentaci髇 y los informes t閏nicos complementarios que considere necesarios para emitir la propuesta.

16.5 A la vista del acuerdo del Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales, la persona titular del departamento de la Generalidad de Catalu馻 o del ente de la administraci髇 p鷅lica competente debe emitir una resoluci髇 motivada, con la asignaci髇 de los servicios a las entidades interesadas o la denegaci髇 de la propuesta, y establecer, si procede, el r間imen jur韉ico del concierto social o de la gesti髇 delegada, el precio, las condiciones de prestaci髇 del servicio, el plazo de vigencia, las causas de resoluci髇 y el r間imen de recursos. Las entidades interesadas deben disponer de la debida acreditaci髇 para ser proveedoras del servicio social.

La resoluci髇 se debe dictar en el plazo m醲imo de tres meses a contar desde el acuerdo de inicio del procedimiento y se debe notificar individualmente a las entidades interesadas y publicar adicionalmente en el tabl髇 electr髇ico de la administraci髇 competente en raz髇 del servicio, sin perjuicio de que se puedan utilizar, adem醩, otros medios de publicidad. Una vez transcurrido el plazo m醲imo para resolver sin que se haya notificado la resoluci髇, las entidades interesadas pueden entender desestimada la asignaci髇 directa de los servicios, sin perjuicio de la obligaci髇 de resolver expresamente por parte de la Administraci髇. Contra la resoluci髇 dictada, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

Art韈ulo 17 Procedimiento de emergencia

17.1 Excepcionalmente, con la justificaci髇 de la necesidad de proporcionar una atenci髇 inmediata a las personas en situaci髇 de urgencia social y vulnerabilidad, en los casos en los que exista un grave peligro para su vida o integridad, se puede hacer una provisi髇 de emergencia de los servicios necesarios mediante una resoluci髇 de la persona titular del departamento de la Generalidad de Catalu馻 o ente p鷅lico competente en materia de servicios sociales.

17.2 Estos servicios sociales se tienen que incluir en una convocatoria p鷅lica de provisi髇 que se debe publicar en el plazo m醲imo de un a駉, a contar desde la resoluci髇 de provisi髇 del concierto social o la gesti髇 delegada por el procedimiento de emergencia. La provisi髇 de emergencia mantendr� la vigencia hasta la formalizaci髇 del nuevo concierto o gesti髇 delegada.

LE0000696047_20210430Apartado�17.2 del art韈ulo 17 redactado por el n鷐ero 1 de la disposici髇 adicional爍uinta del D Ley 11/2021, 27 abril, de medidas de car醕ter presupuestario, tributario, administrativo y financiero (獶.O.G.C.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2021

Art韈ulo 18 Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales

18.1 El Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales es el 髍gano colegiado que se encarga de la evaluaci髇, el debate y el acuerdo propuesta sobre los aspectos relacionados con la provisi髇 de los servicios sociales mediante el concierto social o la gesti髇 delegada.

18.2 El Comit� mencionado se adscribe al departamento de la Generalidad de Catalu馻 o a la administraci髇 p鷅lica competente seg鷑 la tipolog韆 de servicio social a proveer. Debe estar integrado por personal de la administraci髇 p鷅lica a la que se adscribe, entre el cual deben figurar:

• a) Una persona que ejerza la presidencia.
• b) Entre las vocal韆s, al menos:
  • b.1) Una persona que sea miembro de la unidad directiva en raz髇 de la tipolog韆 de servicio social.
  • b.2) Una persona en representaci髇 de la unidad competente en materia de asesoramiento jur韉ico y una persona en representaci髇 de la unidad competente en materia de intervenci髇.
• c) Una persona que act鷈 como secretaria, con voz pero sin voto. La secretar韆 de este Comit� no puede comportar, en ning鷑 caso, la creaci髇 o la ocupaci髇 de un puesto de trabajo espec韋ico a estos efectos.

En cada convocatoria p鷅lica de provisi髇 se concretar� la composici髇 de este Comit� seg鷑 la tipolog韆 de servicios sociales.

18.3 Las funciones del Comit� son las siguientes:

• a) Evaluar los informes t閏nicos y la documentaci髇 necesaria sobre el cumplimiento de los requisitos y las condiciones para la provisi髇 de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, mediante el concierto social o la gesti髇 delegada.
• b) Adoptar el acuerdo de propuesta de asignaci髇 de los servicios sociales de los conciertos sociales o de las gestiones delegadas.
• c) Adoptar el acuerdo de propuesta de modificaci髇, resoluci髇 anticipada o improrrogabilidad y suspensi髇 de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas.

18.4 Para el ejercicio de sus funciones, el Comit� puede requerir el apoyo t閏nico de los 髍ganos administrativos que considere necesarios.

18.5 El Comit� mencionado est� sujeto al r間imen jur韉ico de los 髍ganos colegiados de tipo administrativo. La participaci髇 en las reuniones de los 髍ganos colegiados no genera en sus miembros ning鷑 derecho econ髆ico en concepto de dietas o indemnizaciones por derechos de asistencia a las sesiones.

Art韈ulo 19 Obligaciones de las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica

19.1 Durante la ejecuci髇 del concierto social o de la gesti髇 delegada, las entidades de servicios sociales proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica est醤 obligadas a organizar y prestar el servicio social con estricta sujeci髇 a la normativa aplicable en materia de servicios sociales y de accesibilidad, a cumplir con las condiciones relativas a la organizaci髇 y al funcionamiento de los servicios que establecen la convocatoria p鷅lica y la resoluci髇 correspondiente, y a velar por que se garanticen los derechos de las personas usuarias y se cumpla la normativa aplicable, teniendo en cuenta que el bien jur韉ico protegido es el inter閟 y el bienestar integral de las personas usuarias.

19.2 Las entidades de servicios sociales proveedoras, con la finalidad de ofrecer una atenci髇 de calidad a las personas usuarias y de acuerdo con la normativa aplicable en materia de servicios sociales y accesibilidad, deben disponer de un sistema de gesti髇 de la calidad actualizado y de un sistema de evaluaci髇 continua, y, en especial, disponer preceptivamente del protocolo de acogida y de adaptaci髇, del libro registro de las personas asistidas, del reglamento de r間imen interior, del contrato asistencial, del expediente asistencial y el programa de atenci髇 individualizada, de los protocolos de actuaci髇 e intervenci髇 para garantizar la salud y la integridad, la intimidad y la privacidad en las acciones de la vida cotidiana, adem醩 de poner a disposici髇 de las personas usuarias y sus representantes legales las hojas de reclamaciones y sugerencias. Asimismo, de acuerdo con la normativa aplicable, deben facilitar a las personas usuarias y a sus representantes el ejercicio de la libertad individual y la participaci髇 en la toma de decisiones, el acceso al expediente asistencial y la obtenci髇 de informaci髇 de su inter閟 de forma comprensible, sobre todo para la prestaci髇 del consentimiento informado. Tambi閚 deben garantizar la protecci髇 y la confidencialidad de los datos y de la informaci髇 que consten en los expedientes de las personas usuarias, de acuerdo con la normativa aplicable y los requisitos que cada convocatoria p鷅lica establece espec韋icamente.

19.3 Las entidades de servicios sociales proveedoras deben disponer de la preceptiva acreditaci髇 seg鷑 la tipolog韆 del servicio social que prestan y cumplir con los criterios de acreditaci髇 y los requisitos y condiciones exigidos para cada tipolog韆 de servicio social, de acuerdo con la convocatoria de provisi髇 correspondiente y la normativa aplicable en materia de servicios sociales. Asimismo, est醤 sujetas, si procede, a las verificaciones peri骴icas que les pueda hacer la administraci髇 competente y est醤 obligadas a facilitar cualquier informaci髇 que les sea requerida, adem醩 de comunicar cualquier variaci髇 sobre su situaci髇 jur韉ica y administrativa.

Art韈ulo 20 Publicidad institucional

20.1 Las entidades de servicios sociales proveedoras de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica deben hacer constar, en relaci髇 con la prestaci髇 del servicio, la condici髇 de proveedor del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Catalu馻 en su denominaci髇, documentaci髇 y publicidad.

20.2 Asimismo, en los establecimientos donde prestan sus servicios deben instalar, a su cargo, una placa acreditativa de la condici髇 de proveedor del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Catalu馻, seg鷑 el modelo oficial vigente. La convocatoria p鷅lica de provisi髇 puede eximir de esta obligaci髇 en raz髇 de la tipolog韆 del servicio social.

Art韈ulo 21 Financiaci髇 de los servicios sociales objeto de concierto social y gesti髇 delegada

21.1 El concierto social y la gesti髇 delegada obliga a la Administraci髇 p鷅lica a asignar fondos p鷅licos para sostener los servicios sociales que prestan las entidades proveedoras, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. Los fondos necesarios se pueden establecer sobre una base plurienal con la finalidad de garantizar la estabilidad en la provisi髇 de los servicios.

21.2 En las convocatorias p鷅licas de provisi髇 de los servicios mediante el concierto social o la gesti髇 delegada se debe consignar el cr閐ito asignado para financiar los servicios sociales que se convocan.

Art韈ulo 22 Precios del concierto social y de la gesti髇 delegada

22.1. El precio del concierto social es el coste de referencia que establece la Cartera de servicios sociales o las disposiciones dictadas a este efecto, seg鷑 la tipolog韆 de servicio.

El precio de la gesti髇 delegada se establece en funci髇 del coste de referencia de la Cartera de servicios sociales o de las disposiciones dictadas a este efecto seg鷑 la tipolog韆 de servicio, adaptado a las caracter韘ticas espec韋icas de cada servicio y establecimiento social.

22.2 Los precios del concierto social o de la gesti髇 delegada se pueden revisar de acuerdo con la actualizaci髇 que se haga del coste de la Cartera de servicios sociales.

22.3 Mientras preste efectivamente el servicio social y disponga de la debida acreditaci髇, la administraci髇 p鷅lica competente debe abonar a la entidad proveedora de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica el precio del concierto social o de la gesti髇 delegada en los t閞minos que establezca la convocatoria p鷅lica de provisi髇 correspondiente o, si procede, el precio actualizado posteriormente mediante una disposici髇 normativa de car醕ter general dictada por las administraciones p鷅licas competentes en materia de servicios sociales, dentro de los 30 d韆s siguientes a la fecha de aprobaci髇 de los documentos que acrediten la conformidad con los servicios prestados.

Art韈ulo 23 Aportaci髇 de la persona usuaria a la financiaci髇 de los servicios no gratuitos

23.1 Las personas usuarias deben participar econ髆icamente en la financiaci髇 del coste de los servicios no gratuitos, de acuerdo con la normativa vigente y en los t閞minos que establece la resoluci髇 administrativa que les reconoce el derecho al servicio hasta el momento de la baja definitiva en el centro.

23.2 La entidad proveedora del servicio puede efectuar el cobro de la aportaci髇 econ髆ica de las personas usuarias por los servicios no gratuitos, por cuenta y en nombre de la Administraci髇 p鷅lica. Las cantidades recaudadas de las personas usuarias se pueden considerar como cobro a cuenta del precio del concierto social o de la gesti髇 delegada y pueden ser deducibles de la facturaci髇 que la entidad proveedora debe presentar a la administraci髇 p鷅lica competente.

23.3 La entidad proveedora no est� autorizada a recibir de las personas usuarias ning鷑 tipo de pago por los servicios no gratuitos que sea diferente al que se establezca en la resoluci髇 administrativa que les reconoce el derecho al servicio, salvo el precio establecido por los servicios opcionales que libre y voluntariamente haya escogido la persona. Las entidades proveedoras deben entregar un recibo o factura mensual a la persona usuaria del servicio o a su representante legal, donde consten desglosados el importe total del precio del servicio, la aportaci髇 de la Administraci髇 p鷅lica y la aportaci髇 de la persona.

23.4 La entidad proveedora est� obligada a colaborar con la Administraci髇 p鷅lica a fin de que el servicio se financie correctamente.

Art韈ulo 24 Plazas vacantes y plazas reservadas

24.1 Las plazas en centros de servicios sociales se deben facturar por estancias reales, teniendo en cuenta las plazas vacantes y las plazas reservadas en los t閞minos y las condiciones que disponga la convocatoria p鷅lica correspondiente.

24.2 La plaza vacante es la que queda desocupada por la baja definitiva o la ausencia voluntaria o forzosa de la persona usuaria:

Se considera que existe ausencia voluntaria cuando la persona no ocupa la plaza durante un periodo superior a 30 d韆s, alternativos o consecutivos, dentro del periodo de un a駉 a contar desde el ingreso, y no es a causa de ingreso sanitario.

Se considera que existe ausencia forzosa cuando, a causa de un ingreso sanitario, la persona no ocupa la plaza durante un periodo superior a 60 d韆s consecutivos dentro del periodo de un a駉 a contar desde el ingreso.

En casos excepcionales se pueden ampliar estos periodos con un informe previo motivado de las unidades administrativas competentes para reconocer el derecho de la persona a ocupar la plaza.

24.3 La plaza reservada es la que la persona usuaria no ocupa efectivamente en caso de ausencias voluntarias o forzosas por periodos inferiores a los que establece el apartado anterior.

24.4 La entidad proveedora debe comunicar cualquier incidencia que afecte a la prestaci髇 del servicio que reciben las personas usuarias, as� como comunicar las bajas y las ausencias superiores a 15 d韆s. Se garantiza el derecho de las personas usuarias a la reserva de plaza en los supuestos descritos en el apartado anterior.

Art韈ulo 25 Servicios b醩icos y servicios opcionales

25.1 Dentro de cada tipolog韆 de servicio de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, los servicios b醩icos son los que cumplen con las funciones que la Cartera de servicios sociales describe como funciones propias del servicio. Son servicios opcionales los que cumplan funciones que no est醤 descritas en la Cartera de servicios sociales.

25.2 Los servicios opcionales deben ser voluntarios, no pueden tener un car醕ter discriminatorio para las personas usuarias y su precio, si procede, no puede ser superior al precio de mercado.

25.3 La entidad proveedora debe tener a disposici髇 de la administraci髇 competente la relaci髇 de los servicios opcionales que ofrece a las personas usuarias y su precio correspondiente detallado.

Art韈ulo 26 Vigencia de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas

26.1 El concierto social y la gesti髇 delegada tienen una vigencia inicial de cuatro a駉s, que se puede prorrogar t醕itamente cada dos a駉s si no existe oposici髇 expresa de cualquiera de las partes manifestada con tres meses de antelaci髇 a la finalizaci髇 del periodo de vigencia anterior.

26.2 La vigencia m醲ima del concierto social y de la gesti髇 delegada, incluyendo las pr髍rogas, no puede ser superior a 10 a駉s. No obstante, una vez agotado el plazo m醲imo de 10 a駉s, el proveedor de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica est� obligado a prestar el servicio hasta la formalizaci髇 de un nuevo concierto social o gesti髇 delegada y el inicio efectivo de la prestaci髇 del servicio por parte del nuevo proveedor, durante un m醲imo de seis meses.

Art韈ulo 27 Modificaci髇 de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas

27.1 Cuando resulte necesario por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la asignaci髇 inicial al proveedor, debidamente justificadas y con sujeci髇 a las disponibilidades presupuestarias, se puede aumentar o disminuir el n鷐ero de plazas u horas de atenci髇 hasta un 50% del precio inicial, IVA excluido, siempre y cuando no se altere la tipolog韆 de los servicios a proveer y no sea posible cambiar al proveedor por motivos econ髆icos o t閏nicos o cuando la modificaci髇 genere inconvenientes significativos.

27.2 La administraci髇 p鷅lica competente puede autorizar expresamente la cesi髇 del concierto social o de la gesti髇 delegada siempre que el cesionario se subrogue en los derechos y obligaciones derivados del concierto o de la gesti髇 delegada, est� debidamente acreditado y cumpla los requisitos que establece la convocatoria correspondiente.

27.3 Solo pueden ser objeto de subcontrataci髇 a terceros los servicios con la autorizaci髇 previa de la administraci髇 competente, si as� lo prev� expresamente la convocatoria y si se garantizan a la persona usuaria la atenci髇 personalizada e integral, el arraigo en torno a la atenci髇 social, el derecho de elecci髇 y la continuidad en la atenci髇 y la calidad del servicio.

27.4 El procedimiento de modificaci髇 del concierto social o de la gesti髇 delegada se puede iniciar de oficio por la administraci髇 p鷅lica competente en la asignaci髇 de los servicios sociales o a instancia de la entidad proveedora. El procedimiento de modificaci髇 requiere, en cualquier caso, el mutuo acuerdo de las partes y la previa fiscalizaci髇 por parte de la Intervenci髇 General. La modificaci髇 se debe formalizar, a propuesta del Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales, mediante una resoluci髇 del titular de la administraci髇 p鷅lica competente en el plazo m醲imo de tres meses, que se debe notificar a las entidades interesadas y se debe publicar en el tabl髇 electr髇ico de la administraci髇 p鷅lica competente, sin perjuicio de que se puedan utilizar, adem醩, otros medios de publicidad. Una vez transcurrido este plazo m醲imo sin que se haya notificado la resoluci髇 se produce la caducidad, si el procedimiento se ha iniciado de oficio, o las entidades interesadas pueden entender desestimada la solicitud, si el procedimiento se ha iniciado a instancia de la entidad proveedora, sin perjuicio de la obligaci髇 de resolver expresamente por parte de la Administraci髇. Contra la resoluci髇 dictada, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa o potestativamente un recurso de reposici髇 en v韆 administrativa.

27.5 Una vez resuelta la modificaci髇 del concierto social o de la gesti髇 delegada se debe formalizar por acuerdo entre la entidad proveedora y la administraci髇 titular, donde deben constar los aspectos modificados y el r間imen de impugnaci髇 ante la v韆 contencioso-administrativa.

Art韈ulo 28 Resoluci髇 anticipada o improrrogabilidad de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas

28.1 Los conciertos sociales y las gestiones delegadas no pueden ser objeto de pr髍roga y se deben resolver de forma anticipada en los supuestos siguientes:

• a) El acuerdo mutuo de la proveedora y la administraci髇 p鷅lica competente.
• b) La revocaci髇 de la acreditaci髇 como entidad proveedora de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.
• c) Por haber sido sancionado, en el 醡bito de la gesti髇 social o gesti髇 delegada, por alguno de los motivos previstos a las letras e), f), y g) del art韈ulo 8.1.
• d) La muerte o extinci髇 de la proveedora siempre que no haya sucesi髇 de la actividad.
• e) Haber solicitado la declaraci髇 de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estar declaradas en concurso, a menos que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervenci髇 judicial o haber sido inhabilitado de conformidad con la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitaci髇 que fija la sentencia de calificaci髇 del concurso.
• f) El cese voluntario de la actividad del servicio.
• g) La modificaci髇 de las condiciones t閏nicas o de los costes de referencia por parte de la Administraci髇 p鷅lica, siempre que la proveedora no haya dado la conformidad.
• h) El hecho de peligrar la viabilidad econ髆ica de la entidad proveedora, constatado por los informes de auditor韆 presentados a la administraci髇 competente.
• i) La negaci髇 injustificada a atender a las personas usuarias derivadas por la administraci髇 competente.
• j) La falsedad u omisi髇 esencial al efectuar la declaraci髇 responsable de acreditaci髇 de cumplimiento de requisitos y condiciones que establece la convocatoria p鷅lica correspondiente.
• k) Las otras causas que establezca la convocatoria p鷅lica correspondiente.

28.2 El procedimiento de resoluci髇 anticipada o improrrogabilidad del concierto social y la gesti髇 delegada se inicia de oficio por parte de la administraci髇 p鷅lica competente en la asignaci髇 de los servicios sociales y se debe resolver por parte de la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales, a propuesta del Comit� de provisi髇 de servicios sociales, en el plazo m醲imo de tres meses, bajo el principio de contradicci髇, con audiencia previa de las entidades interesadas. La resoluci髇 se debe notificar individualmente a las entidades interesadas y publicar adicionalmente en el Tabl髇 electr髇ico de la Generalidad, sin perjuicio que se puedan utilizar adem醩 otros medios de publicidad. Transcurrido este plazo m醲imo sin que se haya notificado la resoluci髇 a las entidades interesadas se produce la caducidad, sin perjuicio que se pueda iniciar un nuevo procedimiento si persisten las causas de resoluci髇 anticipada. Contra la resoluci髇, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la Jurisdicci髇 contenciosa administrativa.

En todo caso, se debe garantizar a las personas usuarias el derecho a disfrutar de un servicio de caracter韘ticas similares de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, previa audiencia y, si procede, la elecci髇 entre las opciones que les sean presentadas.

Art韈ulo 29 Suspensi髇 de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas

29.1 En el marco de un procedimiento sancionador en materia de servicios sociales o de infancia, se puede adoptar la medida cautelar de suspensi髇 temporal del concierto o de la gesti髇 delegada mientras la sanci髇 no sea ejecutiva, con la consiguiente p閞dida del derecho a atender personas usuarias de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica mientras dure la medida cautelar de suspensi髇.

29.2 El procedimiento de suspensi髇 del concierto social y la gesti髇 delegada se inicia de oficio por parte de la administraci髇 p鷅lica competente en la asignaci髇 de los servicios sociales y se debe resolver por parte de la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales, a propuesta del Comit� de provisi髇 de servicios sociales, en el plazo m醲imo de tres meses, bajo el principio de contradicci髇, con audiencia previa de las entidades interesadas. La resoluci髇 se debe notificar individualmente a las entidades interesadas y publicar adicionalmente en el Tabl髇 electr髇ico de la Generalidad, sin perjuicio que se puedan utilizar adem醩 otros medios de publicidad. Transcurrido este plazo m醲imo sin que se haya notificado la resoluci髇 a las entidades interesadas se produce la caducidad, sin perjuicio que se pueda iniciar un nuevo procedimiento si persisten las causas de resoluci髇 anticipada. Contra la resoluci髇, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la Jurisdicci髇 contenciosa administrativa.

En todo caso, se debe garantizar a las personas usuarias el derecho a disfrutar de un servicio de caracter韘ticas similares de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, previa audiencia y, si procede, la elecci髇 entre las opciones que les sean presentadas.

Art韈ulo 30 Cese voluntario

30.1 El cese voluntario de la prestaci髇 del servicio mediante el concierto social o la gesti髇 delegada debe estar debidamente autorizado por la persona titular de la administraci髇 competente en la asignaci髇 del servicio social.

30.2 El procedimiento de cese voluntario se inicia a solicitud de la entidad proveedora y lo debe resolver, a propuesta del Comit� de Provisi髇 de Servicios Sociales, la persona titular de la administraci髇 p鷅lica competente en la asignaci髇 de los servicios sociales, en el plazo m醲imo de tres meses, bajo el principio de contradicci髇, con audiencia previa de las entidades interesadas.

La resoluci髇 se debe notificar individualmente a las entidades interesadas y se debe publicar adicionalmente en el Tabl髇 electr髇ico de la Generalidad de Catalu馻, sin perjuicio de que se puedan utilizar, adem醩, otros medios de publicidad. Una vez transcurrido este plazo m醲imo sin que se haya notificado la resoluci髇, las entidades interesadas pueden entender desestimada su solicitud, sin perjuicio de la obligaci髇 de resolver expresamente por parte de la Administraci髇.

Contra la desestimaci髇 de la solicitud, que agota la v韆 administrativa, las entidades interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposici髇 en v韆 administrativa o recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

30.3 Los efectos de la extinci髇 del concierto social o de la gesti髇 delegada tienen lugar a partir del momento del cese efectivo en la prestaci髇 del servicio y, en cualquier caso, la entidad proveedora est� obligada a seguir prestando el servicio hasta la formalizaci髇 de un nuevo concierto o gesti髇 delegada y el inicio de la prestaci髇 del servicio por un nuevo proveedor mediante la convocatoria de provisi髇 del servicio, que se debe publicar en el plazo m醲imo de seis meses. Siempre se debe garantizar a las personas usuarias el derecho a disfrutar de un servicio de caracter韘ticas similares de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, con audiencia previa y, si procede, la elecci髇 entre las opciones que les sean presentadas.

Primera Diferenciaci髇 respecto del r間imen jur韉ico de contrataci髇 del sector p鷅lico

• ―1 En el 醡bito de la Administraci髇 de la Generalidad y de su sector p鷅lico, el r間imen jur韉ico de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas que regula este Decreto se establece como preferente y diferenciado del r間imen jur韉ico propio de las modalidades contractuales reguladas en la legislaci髇 aplicable en materia de contratos del sector p鷅lico, que tambi閚 se pueden utilizar para la provisi髇 de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.
• ―2 Los entes locales usar醤 los conciertos sociales y las gestiones delegadas regulados en este Decreto de acuerdo con el principio de autonom韆 local y las competencias que tengan atribuidas en materia de servicios sociales.
• ―3 La acreditaci髇 de las entidades de servicios sociales privadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, regulada en el cap韙ulo II de este Decreto, se exigir� de acuerdo con el sistema de provisi髇 de servicios sociales, tanto en las modalidades contractuales como en las no contractuales.

Segunda Desarrollo y ejecuci髇

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales y tambi閚 a las personas titulares de otros departamentos competentes en tipos de servicios sociales espec韋icos para que dicten las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar este Decreto. Las disposiciones que aprueben los departamentos competentes en tipos de servicios sociales espec韋icos prevalecer醤 en su 醡bito correspondiente.

LE0000835852_20240209Disposici髇 adicional segunda redactada por la disposici髇 final del D 36/2024, 6 febrero, de modificaci髇 del Decreto 358/2004, de 24 de agosto, de creaci髇 de la Comisi髇 interdepartamental de pol韙icas de juventud (獶.O.G.C.� 8 febrero).Vigencia: 9 febrero 2024

V閍se Res. DSO/1465/2024, 24 abril, por la que se abre convocatoria para la provisi髇 de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, en el 醡bito de las personas con discapacidad, en r間imen de concierto social (獶.O.G.C.� 2 mayo).LE0000844240_20240503

Tercera Adaptaci髇 a la normativa de empresas sociales

• ―1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 8.5 de este Decreto, las entidades constituidas antes de la entrada en vigor de la normativa reguladora de la empresa social catalana que quieran acogerse al r間imen jur韉ico del concierto social o de la gesti髇 delegada tienen un plazo de tres a駉s para adaptarse a la normativa mencionada y obtener la acreditaci髇 correspondiente.
• ―2 En los territorios o comarcas donde conste acreditado que las 鷑icas entidades que prestan estos servicios sociales no son empresas sociales, se les puede eximir del requerimiento de la acreditaci髇 de empresa social de atenci髇 a las personas mientras se d� esta situaci髇.
• ―3 Las personas usuarias de servicios sociales prestados por entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica que no dispongan de la acreditaci髇 de empresa social en el plazo transitorio establecido en el apartado 1, en cualquier caso tienen garantizado su derecho a disfrutar de aquel servicio o de otro con caracter韘ticas similares de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, con audiencia previa y, si procede, la elecci髇 entre las opciones que les sean presentadas.

Disposici髇 transitoria Adaptaci髇 al r間imen jur韉ico de la acreditaci髇, del concierto social y de la gesti髇 delegada

• ―1 Cuando as� se disponga expresamente en la convocatoria p鷅lica de concierto social o de gesti髇 delegada, las entidades de servicios sociales privadas que en la entrada en vigor de este Decreto est閚 prestando los servicios sociales de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, en virtud de contratos, convenios, resoluciones u otros instrumentos jur韉icos con financiaci髇 p鷅lica, se podr醤 acoger al r間imen jur韉ico del concierto social o de la gesti髇 delegada que regula este Decreto para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica. Para garantizar la calidad y continuidad necesarias en la atenci髇 de las personas usuarias, los instrumentos jur韉icos en virtud de los cuales se lleva a cabo la prestaci髇 de estos servicios podr醤 ser objeto de pr髍roga hasta que se formalicen los conciertos sociales o las gestiones delegadas.
• ―2 Las entidades de servicios sociales privadas acreditadas para prestar servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, en virtud de las resoluciones dictadas por el departamento competente en materia de servicios sociales durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, as� como las instituciones colaboradoras de integraci髇 familiar acreditadas al amparo del Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, sobre la acreditaci髇 y el funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integraci髇 familiar y de las entidades colaboradoras de adopci髇 internacional, mantienen su condici髇 y siguen acreditadas para ser proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica en el r間imen jur韉ico regulado en el presente Decreto, durante el periodo de cuatro a駉s a contar desde su entrada en vigor, prorrogable t醕itamente cada dos a駉s, hasta un m醲imo de 10 a駉s. Una vez transcurrido este plazo, se debe iniciar un nuevo procedimiento de acreditaci髇.
• ―3 Los procedimientos de acreditaci髇 de las instituciones colaboradoras de integraci髇 familiar, as� como los procedimientos de privaci髇 de sus efectos, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se regir醤 por el Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, sobre la acreditaci髇 y el funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integraci髇 familiar y de las entidades colaboradoras de adopci髇 internacional.

Disposici髇 derogatoria

Se deroga el Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, sobre la acreditaci髇 y el funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integraci髇 familiar y de las entidades colaboradoras de adopci髇 internacional.

Primera Colaboraci髇 con la Administraci髇 p鷅lica local

El departamento competente de la Generalidad de Catalu馻 en materia de servicios sociales puede utilizar las f髍mulas de colaboraci髇 interadministrativa con la Administraci髇 p鷅lica local previstas en la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, y el resto de la normativa aplicable, para formalizar los conciertos sociales y las gestiones delegadas de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica.

Segunda Desarrollo en el 醡bito local

Los entes locales, en el marco de este Decreto y de sus facultades normativas y las competencias en materia de servicios sociales, pueden establecer normas reglamentarias y ejecutivas para adaptar en su territorio la aplicaci髇 y el desarrollo de la disposici髇 adicional tercera del Decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contrataci髇 p鷅lica.

Tercera R間imen especial de la Carta municipal de Barcelona

Sin perjuicio de las competencias previstas en el art韈ulo 4.2 del presente Decreto, el Ayuntamiento de Barcelona, en virtud de la regulaci髇 espec韋ica que prev� la Carta municipal de Barcelona, ejercer� sus competencias de acuerdo con lo previsto en la Carta mencionada y el resto de la normativa aplicable.

Cuarta Entrada en vigor

Este Decreto entra en vigor a los 20 d韆s de su publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.