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Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras. | |
Artículo 17. Gestión de fondos.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, y en relación con la naturaleza, las funciones y el personal calificado de este Instituto, se designa al Instituto Catalán de Finanzas gestor del fondo de cartera del instrumento de ingeniería financiera, recogido en el Programa operativo de Cataluña 2007-2013, de acuerdo con el artículo 44.b.ii del Reglamento CE 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de cohesión, y se le habilita para que desarrolle los instrumentos y las medidas oportunas para asegurar la buena gestión como gestor de fondos de cartera.
Artículo 18. Modificación del Decreto Legislativo 3/2002.
1. Se añaden dos nuevos apartados, el 3 y el 4, al artículo 52 del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
3. Se autoriza al consejero de Economía y Finanzas a declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades integradas en el sector público de la Generalidad, cuando, como consecuencia de la existencia de disponibilidades líquidas suficientes, puedan ser innecesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.
4. En el caso de entidades que tienen un contrato-programa aprobado por el Gobierno que regula el tratamiento al que se refiere el apartado 3, debe seguirse lo dispuesto por el contrato-programa.
2. Se modifica el apartado 5 del artículo 71 del Decreto Legislativo 3/2002, que queda redactado del siguiente modo:
5. Las universidades públicas y las empresas y entidades que, de acuerdo con las normas reguladoras del sistema europeo de cuentas, se considera que forman parte del sector de las administraciones públicas, así como el resto de entidades cuyo presupuesto figura en los presupuestos de la Generalidad que aprueba el Parlamento, deben enviar a la Intervención General de la Generalidad trimestralmente, dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre, o con la periodicidad que se determine, la información sobre la ejecución del presupuesto y la situación de endeudamiento, con el modelo y el contenido que a tal efecto debe establecer la Intervención General de la Generalidad.
3. Se modifica el apartado 6 del artículo 92 del Decreto Legislativo 3/2002, que queda redactado del siguiente modo:
6. Previamente a la publicación de la convocatoria, excepto en los casos establecidos por el apartado 7, debe autorizarse el gasto derivado de la línea de subvenciones o ayudas convocada. En el caso de que en la convocatoria se comprometan fondos públicos de ejercicios presupuestarios futuros, la autorización del gasto corresponde al Gobierno. Debe adjuntarse a la convocatoria el certificado de la intervención que acredite que se ha efectuado la correspondiente reserva de crédito.
4. Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 92 del Decreto Legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
7. La correspondiente convocatoria puede ser publicada en el ejercicio presupuestario anterior al que corresponde el gasto efectivo.
La existencia de crédito suficiente y adecuado debe acreditarse mediante el certificado emitido por el órgano competente, tal como consta en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, o bien, si procede, acreditando el carácter recurrente del objeto subvencionado en las leyes de presupuestos de los últimos años.
Debe constar en la convocatoria la condición suspensiva de la existencia de crédito en el momento de la resolución de la concesión.
Si el crédito que se aprueba en la Ley de presupuestos del ejercicio correspondiente es superior al previsto en la convocatoria, puede aplicarse a esta y no es necesario publicar una nueva convocatoria.
Artículo 19. Modificación de la Ley 31/2002.
1. Se modifica el apartado 5 del artículo 35 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, en la redacción establecida por el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:
5. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deben inscribirse previamente en el Registro electrónico de empresas licitadoras de la Generalidad, en las condiciones determinadas por vía reglamentaria.
2. Se añade un nuevo apartado, el 8, al artículo 35 de la Ley 31/2002, en la redacción establecida por el artículo 19 de la Ley 7/2004, con el siguiente texto:
8. Complementariamente a la reserva social establecida por este artículo, los departamentos, los organismos y las empresas de la Generalidad y, si procede, las entidades que integran la Administración local de Cataluña, teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades a satisfacer en cada caso, deben promover también encargos de gestión para la ejecución de las prestaciones correspondientes a las empresas públicas o a otras entidades del sector público que tengan por finalidad la inserción laboral de personas discapacitadas, la integración de personas con riesgo de exclusión social o la satisfacción del derecho al trabajo de los presos y los penados internados en establecimientos penitenciarios, y tengan la consideración de medio propio instrumental. El volumen de estos encargos en ningún caso puede conllevar una disminución de la reserva social establecida por este artículo para los centros, las entidades y las empresas del tercer sector.
Artículo 20. Modificación de la Ley 9/1991.
1. Se modifican las letras a, b y c del apartado 2 del artículo 6 de la Ley 9/1991, de 3 de mayo, del Instituto Catalán de Energía, que quedan redactadas del siguiente modo:
El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera competente en materia de energía, el cual puede delegar sus funciones en la persona titular de la correspondiente secretaría sectorial de su departamento.
El vicepresidente o vicepresidenta, que es el director o directora general de Energía, el cual auxilia al presidente o presidenta y coordina y controla el ejercicio de las funciones delegadas por el Consejo de Administración. El vicepresidente o vicepresidenta preside las reuniones del Consejo en caso de ausencia o de imposibilidad de las personas a las que se refiere la letra a.
Seis vocales representantes de la Administración de la Generalidad. Dos de estos vocales deben pertenecer al Departamento de Economía y Finanzas, uno de los cuales debe ser la persona titular de la correspondiente secretaría sectorial, en el caso de que exista esta secretaría, y si no la hay, la persona titular de la secretaría general. Otro de los seis vocales debe pertenecer al departamento competente en materia de medio ambiente.
2. Se modifican las letras a y b del apartado 2 del artículo 8 de la Ley 9/1991, que quedan redactadas del siguiente modo:
El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera competente en materia de energía, el cual puede delegar sus funciones en la persona titular de la correspondiente secretaría sectorial de su departamento.
El vicepresidente o vicepresidenta, que es el director o directora general de Energía, el cual auxilia al presidente o presidenta. El vicepresidente o vicepresidenta preside las reuniones del Consejo en caso de ausencia o de imposibilidad de las personas a las que se refiere la letra a.
Artículo 21. Modificación de la Ley 9/2004.
Se modifica el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del Consumo, que queda redactado del siguiente modo:
1. Es vicepresidente o vicepresidenta de la Agencia Catalana del Consumo, por designación de su presidente o presidenta, la persona titular de la secretaría general o de la correspondiente secretaría sectorial del departamento competente en materia de consumo.
Artículo 22. Modificación de los anexos de la Ley 23/2002.
1. Se añade un nuevo supuesto al anexo correspondiente al Departamento de Economía y Finanzas de la Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos en relación con el régimen de silencio administrativo y el plazo de resolución y notificación, y de primera modificación de los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 13/1989, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
Núm. 8
Denominación del procedimiento administrativo: sanciones en materia de consumo.
Normativa reguladora: Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios.
Plazo máximo de resolución y notificación: 12 meses, excepto en los procedimientos abreviados, en que es de 6 meses.
Efecto de la inactividad administrativa: caducidad del procedimiento sancionador.
2. Se añade un nuevo supuesto al anexo correspondiente al Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Ley 23/2002, con el siguiente texto:
Núm. 4
Denominación del procedimiento administrativo: sanciones en materia de comercio.
Normativa reguladora: Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios.
Plazo máximo de resolución y notificación: 12 meses, excepto en los procedimientos abreviados, en que es de 6 meses.
Efecto de la inactividad administrativa: caducidad del procedimiento sancionador.
Artículo 23. Modificación de la Ley 1/1990.
Se sustituyen los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios, por un nuevo apartado 2, con el siguiente texto:
2. Transcurridos doce meses desde el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador sin que se haya notificado la resolución, este procedimiento caduca, excepto en los procedimientos sancionadores abreviados, en que el plazo de caducidad es de seis meses.
Artículo 24. Modificación de la Ley 4/2004.
1. Se añade un párrafo a la letra b del artículo 2.1 de la Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia ambiental a lo que establece la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, con el siguiente texto:
Las actividades de este último anexo que disponen de una licencia municipal para desarrollar su actividad actual y los equipamientos y las instalaciones públicas ejecutados de acuerdo con un proyecto debidamente aprobado no deben someterse al proceso de adecuación.
2. Se modifica el último inciso de la letra c del artículo 2.1 de la Ley 4/2004, que queda redactado del siguiente modo:
Se fija para el año 2011 el inicio de los controles periódicos de las actividades del anexo II.2 que, de acuerdo con la letra b, no deben someterse al proceso de adecuación. Para las actividades de este anexo que se hayan sometido al proceso de adecuación, el inicio de los controles se fija para el año 2015.
3. Se añade un párrafo a la disposición adicional de la Ley 4/2004, con el siguiente texto:
El programa de adecuación tiene vigencia indefinida y finaliza una vez se han resuelto los expedientes de todas las actividades que deben someterse al proceso de adecuación mediante la presentación de una evaluación ambiental verificada.
Artículo 25. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas en Cataluña.
Se añade una nueva disposición transitoria, la séptima, al Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas en Cataluña, con el siguiente texto:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.
Mientras no se constituyan las entidades locales del agua (ELA), todas las referencias a las ELA contenidas en el título V del presente texto refundido, deben entenderse hechas a las administraciones competentes responsables de la gestión del sistema de saneamiento.
Artículo 26. Modificación de las cuantías de determinadas tarifas por los servicios generales y servicios específicos que presta directamente Puertos de la Generalidad, incluidas en el anexo 1 de la Ley 5/1998.
Se incrementan en un 2% las cuantías de las tarifas por los servicios generales G-1, G-2, G-3 y G-5 y por los servicios específicos E-1, E-2, E-4, servicios que presta directamente Puertos de la Generalidad, incluidas en el anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.
Artículo 27. Modificación de las cuantías de las tarifas por las concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por Puertos de la Generalidad que establece el artículo 10 de la Ley 17/1996.
Se incrementan en un 2% las cuantías de las tarifas por las concesiones C-1 y C-2 y por las autorizaciones administrativas A-1, A-2 y A-3, establecidas por el artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público.
Artículo 28. Modificación de la Ley 8/2004.
Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 2 de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, con el siguiente texto:
5. Los establecimientos dedicados esencialmente y de modo habitual a la venta de productos pirotécnicos pueden permanecer abiertos al público, además de los días laborables, todos los domingos y festivos del mes de junio durante un máximo de doce horas, dentro de la franja horaria comprendida entre las 7.00 h y las 22.00 h.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Régimen de autonomía económica o financiera de la Delegación del Gobierno de la Generalidad ante la Unión Europea y de las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior. 
1. Se faculta al Gobierno para establecer que la Delegación del Gobierno de la Generalidad ante la Unión Europea y las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior ya creadas o que puedan crearse, y reguladas respectivamente por los artículos 192 y 194 del Estatuto de autonomía de Cataluña, tengan régimen de autonomía económica o financiera.
2. El régimen de autonomía económica o financiera tiene por objeto gestionar todos los ingresos obtenidos por las actividades que puedan llevar a cabo las delegaciones mencionadas en el apartado 1, así como las transferencias provenientes de la Generalidad o de otras entidades.
3. El órgano responsable de la gestión de la Delegación del Gobierno de la Generalidad ante la Unión Europea y de las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior debe presentar anualmente al departamento al que están adscritas la justificación de los ingresos y la cuenta de gestión económica, que quedan a disposición de la Intervención General, de la Sindicatura de Cuentas y, si procede, del Tribunal de Cuentas.
4. Por decreto del Gobierno debe determinarse el régimen jurídico que debe regular la gestión de la Delegación del Gobierno de la Generalidad ante la Unión Europea y de las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Programa de atención para las personas que deben recibir un amparo específico a raíz de su intervención en causas criminales.
La financiación de los gastos que origine la aplicación del programa de atención para las personas que deben recibir un amparo específico a raíz de su intervención en causas criminales va con cargo al crédito destinado a la aplicación Gastos reservados que específicamente se consigne en las leyes de presupuestos de la Generalidad para los sucesivos ejercicios presupuestarios y exclusivamente en el estado de gastos de la sección presupuestaria del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación. La gestión y justificación de estos gastos debe ajustarse a la normativa especifica que regula los gastos reservados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificaciones de crédito de las entidades del sector público de la Generalidad clasificadas en el sector de administraciones públicas de acuerdo con las normas del sistema europeo de cuentas (SEC).
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Indemnización por la destrucción, la pérdida, la sustracción o el daño de obras de interés cultural, científico o técnico.
1. La Generalidad puede comprometerse a indemnizar por la destrucción, la pérdida, la sustracción o el daño de obras de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico relevante que se cedan, temporalmente o definitivamente, a museos, bibliotecas o archivos de titularidad de la Generalidad, o con participación mayoritaria de la misma, para su exposición pública.
1 bis. A los efectos de la presente disposición, el Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona se entiende incluido en los supuestos mencionados en el apartado 1.
2. Por decreto, y a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas y del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, deben regularse el objeto, las condiciones, el procedimiento y los requisitos para el otorgamiento del compromiso al que se refiere el apartado 1 y el modo de hacerlo efectivo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Prórroga de los nombramientos del presidente y de los vocales del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia.
Los nombramientos del presidente y de los vocales del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia realizados el año 2003 se prorrogan a partir de la fecha en la que, por haber transcurrido el plazo de duración del cargo, deba producirse el cese. Esta prórroga tiene efectos hasta que se apruebe la nueva Ley catalana de regulación de los órganos catalanes de defensa de la competencia y la constitución de los mismos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Turnos especiales de promoción interna.
Se prorroga para el ejercicio del 2008 la autorización al consejero o consejera de Gobernación y Administraciones Públicas para la convocatoria de procesos selectivos especiales de promoción interna a los que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financieras.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Medidas relativas a la aplicación de la Ley 22/2003.
1. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2008 el plazo establecido para la entrada en vigor de la prohibición contenida en el artículo 11.1 de la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales a los municipios o a las entidades supramunicipales que tienen delegadas las competencias en la materia, si acreditan una dificultad grave para la aplicación de dicha prohibición. Para poder optar a la prórroga, los municipios o las entidades supramunicipales mencionadas deben presentar un plan en el que se comprometan a alcanzar, en el período antes indicado, los objetivos establecidos por el artículo 11.1 mencionado.
2. Las prórrogas en la aplicación del artículo 11.1 de la Ley 22/2003 que el Gobierno ha otorgado al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental, mantienen la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
2. Se deroga el artículo 8 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
3. Se derogan las letras a y b del artículo 21 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.
4. Se derogan las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan lo establecido por la presente Ley, se le opongan o resulten incompatibles con la misma.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Autorización de refundición de la legislación sobre tasas de la Generalidad.
La autorización al Gobierno de refundición de la legislación sobre tasas de la Generalidad establecida por la disposición final primera de la Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financieras, se hace extensiva, en los mismos términos establecidos por la Ley mencionada y en el mismo plazo que en la misma se indica, a las disposiciones que sobre tasas contienen la presente Ley, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2008 y la Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Autorización de refundición de la legislación sobre protección de los animales.
Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año, a contar de la entrada en vigor de la presente Ley, refunda en un texto único la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales; la parte vigente de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, y las modificaciones contenidas en la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental, con el encargo de que la refundición comprenda la regularización, aclaración y armonización de estas disposiciones.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.
La presente Ley entra en vigor el 1 de enero de 2008.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 21 de diciembre de 2007
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Antoni Castells
Consejero de Economía y Finanzas
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