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Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León.

Ficha:
  • Órgano CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
  • Publicado en BOCL núm. 141 de
  • Vigencia desde 10 de Agosto de 2006.
Versiones/revisiones:

Sumario

I.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atribuidas competencias exclusivas en materia de agricultura, denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la Comunidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1.7ª y 32ª del Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, y modificado por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero. En el ejercicio de estas atribuciones fue promulgada la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la viña y del vino de Castilla y León con el objeto de regular el sector vitivinícola de Castilla y León en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la estatal de carácter básico. Como es lógico, la ley no agota por sí sola dicha regulación, y por tanto exige un adecuado desarrollo reglamentario, que atienda convenientemente la complejidad de las materias relacionadas con el sector vitivinícola.

Como medida temporal, la disposición transitoria primera de la Ley 8/2005 establece que hasta tanto se lleve a cabo la aprobación de la norma reguladora de cada vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d), el nuevo pleno del consejo regulador desempeñará sus funciones de acuerdo con el ordenamiento vigente y en particular, con el reglamento de la denominación de origen.

Pero esa solución transitoria no excusa la necesidad de un desarrollo reglamentario propio de la ley de la viña y del vino de Castilla y León, numerosos artículos lo reclaman expresamente a lo largo de su texto y la disposición final primera contiene un mandato a la Junta de Castilla y León en tal sentido.

II.

Suficientemente justificada la conveniencia y oportunidad del reglamento, su elaboración se atiene a los criterios que estuvieron presentes en la redacción de la ley que desarrolla: codificación y simplificación normativa, adaptación a las características del sector castellano y leonés de la normativa de la Unión Europea y estatal básica y desarrollo de los principios constitucionales de política económica y social.

En tal sentido baste recodar con la exposición de motivos de la Ley 8/2005 que esta Comunidad Autónoma es consciente de que el desarrollo de una política de calidad en el sector agrícola, y especialmente en el sector vitivinícola, contribuye a la mejora de las condiciones del mercado, al incremento de la actividad comercial y en definitiva, al progreso económico y social.

También tiene que condicionar el contenido y el sentido del reglamento la normativa comunitaria y estatal más reciente reguladora del sector, como norma principal, el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola concretado por un lado, en lo referente al potencial de producción por el Reglamento (CE) 1227/2000, de la Comisión, que se desarrolla en España a través del Real Decreto 1472/2000, por otro lado, en lo referente a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas por el Reglamento (CE) 753/2002, de la Comisión, y en fin, en lo relativo a los documentos que acompañan al transporte de productos del sector vitivinícola y los registros que ha de llevar el sector el Reglamento (CE) 884/2001.

Siguiendo estas directrices se aprueba el reglamento de la viña y del vino de Castilla y León, estructurado en siete títulos que a fin de facilitar su conocimiento y uso se ha optado por mantener en la medida de lo posible la estructura de la Ley 8/2005 sin más alteraciones que las imprescindibles.

III.

El título I establece en su primer capítulo como objeto del reglamento, el desarrollo y ejecución de la ley de la viña y del vino de Castilla y León y por tanto, la regulación del sector vitivinícola en esta Comunidad.

En el capítulo segundo se recogen las normas sobre el cultivo del viñedo que incluye aspectos tan importantes como el registro vitícola y la reserva regional, la regulación del potencial vitícola y otras normas como el riego de la vid, las variedades de vid en Castilla y León y las producciones máximas de uva.

El común denominador de los preceptos de este título es el mantenimiento del equilibrio del viñedo que evite desplazamientos que puedan ocasionar perjuicios a zonas en que este cultivo suponga un elemento relevante en la formación de la renta de los agricultores, la conservación del paisaje y del medio ambiente.

IV.

El título II desarrolla los aspectos generales de la vinicultura.

El primero de sus capítulos recoge el régimen de la inscripción de las instalaciones de elaboración, los productos enológicos empleados en el proceso de vinificación y finalmente, los referentes de los parámetros analíticos que han de recoger las normas reguladoras de cada nivel de protección y que habida cuenta de las condiciones de producción, especialmente el suelo, el terreno y el clima han de ser distintos en los vinos que se producen en esta región del resto de vinos españoles.

El capítulo segundo se refiere a las declaraciones de cosecha, producción y existencias, a los documentos que han de acompañar el transporte de los productos vitivinícolas y a la contabilidad vitivinícola específica.

V.

El título III recoge en sus tres capítulos el régimen de los sistemas de protección del origen y la calidad de los vinos.

El sentido de esta regulación está presidido por la política de calidad que se persigue como elemento básico para incrementar la competitividad de los vinos castellanos y leoneses en los mercados nacional e internacional.

El primero de los capítulos se dedica a la protección de los nombres geográficos vinculados a una zona de producción, a las marcas y nombres comerciales. Los consumidores pueden asociar una zona de producción o un método de producción o de envejecimiento a una calidad, tipo de vino, o incluso, a un acontecimiento histórico vinculado a la historia de un vino, con el objeto de garantizar una competencia justa y evitar que se induzca a error a los consumidores es preciso establecer un marco común para el uso de estos nombres.

En cuanto a las marcas y nombres comerciales, al igual que sucedía en la Ley 8/2005, la regulación reglamentaria está presidida por el principio de protección y garantía de la calidad específica de los vinos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor, dejando claro que no se trata de regular los efectos jurídicos sobre los signos distintivos de la producción o comercio, puesto que la creación de efectos jurídicos privados en el tráfico comercial y su reconocimiento y defensa en el comercio internacional corresponde al Estado, si no tan sólo de plasmar en el reglamento como se hizo en la ley una consecuencia propia del acogimiento a uno de los niveles del sistema: el uso privativo de ese signo distintivo por los que fabrican el producto tipo, reuniendo la calidad y las características propias del que es conocido por la proveniencia geográfica (Sentencia del Tribunal Constitucional 211/1990, de 20 de diciembre).

Teniendo en cuenta todas las circunstancias de producción, el capítulo II regula los niveles del sistema, porque es necesario enumerar y definir la naturaleza y el alcance de los elementos que puedan permitir la caracterización de los vinos de la tierra de Castilla y León y de los v.c.p.r.d., el reglamento se realiza un esfuerzo por armonizar las exigencias de calidad de los vinos de la región.

El procedimiento de reconocimiento y extinción de los niveles de protección se establece en el capítulo III, su solicitud, tramitación y resolución, teniendo presente que la aprobación de una normativa sobre un vino de la tierra o un v.c.p.r.d. por parte de la Administración autonómica no culmina su proceso de creación. Es necesario que se dé publicidad a dicha indicación geográfica vitícola, tanto en el nivel nacional como internacional, para ello, la Ley 24/2003 prevé su publicación en el «B.O.E.» y, a efectos de facilitar su circulación por la Unión Europea, es igualmente necesario que llegue a conocimiento de las distintas Administraciones aduaneras de los Estados miembros que ese reconocimiento se ha producido en el nivel interno de cada país (apartados 4 y 5 del artículo 54 del Reglamento (CE) nº 1493/1999).

VI.

El título IV está dedicado a los órganos de gestión de los v.c.p.r.d.

En el capítulo I se determina el número de vocales que componen los órganos de gestión y su elección, garantizando la representación de los profesionales de la agricultura, en atención tanto a los intereses económicos como sociales de sus integrantes.

El capítulo II bajo la rúbrica funciones, funcionamiento y financiación de los órganos de gestión desarrolla lo mínimo necesario para una correcta comprensión y aplicación de los preceptos legales correspondientes.

VII.

El título V se refiere a los órganos y entidades de control.

El objeto de estos órganos y entidades ha de ser el control de la calidad y especificidad de los vinos producidos y que van a ser destinados al mercado bajo alguna de nuestras prestigiosas denominaciones geográficas protegidas. Este control viene exigido por el artículo 56 del Reglamento (CE) 1493/1999.

El capítulo I se dedica a disposiciones generales del sistema de control, por una parte referidas a la producción de uva que puede implicar su descalificación, voluntaria cuando el propio viticultor lo pone en conocimiento del órgano de control en los plazos establecidos, y obligatoria cuando es el órgano de control el que comprueba que el cultivo de la vid no es conforme a su reglamento, y por otra parte, referidas al control de la elaboración del vino que del mismo modo que en el caso de la producción, puede llevar aparejada su descalificación, voluntaria por parte de los elaboradores y obligatoria cuando el órgano de control comprueba que una determinada partida de uva no es apta para la elaboración de vino protegido.

El capítulo II establece los órganos y entidades encargados del control y la certificación de los vinos de la tierra de Castilla y León, la composición de los órganos de control de naturaleza pública adscritos a los consejos reguladores, el procedimiento para su autorización y la composición y funciones de su comité de certificación. También regula el contenido mínimo del manual de calidad de los órganos de control de los v.c.p.r.d. de Castilla y León; las obligaciones de los órganos de control, su supervisión y revocación. Por último, este capítulo nos permite conocer cuándo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León actuará como órgano de control de los v.c.p.r.d.

VIII.

El título VI rubricado «calificación de los vinos» establece la composición y funciones del comité de cata, los exámenes analíticos y organolépticos que constituyen el procedimiento de calificación de los vinos y las particularidades del procedimiento de calificación.

La experiencia ha confirmado la necesidad de establecer normas precisas para preservar la calidad específica de los v.c.p.r.d., haciendo un seguimiento de los v.c.p.r.d. calificados y descalificados que permita su puesta en circulación respetando las prácticas leales y tradicionales.

IX.

El título VII. Régimen sancionador. Es el título que se dedica a la protección de la legalidad, expresión empleada para referirse tanto a la normativa comunitaria como a la legislación básica del Estado y a la Ley 8/2005.

El capítulo I tras concretar quiénes son las autoridades de control en esta Comunidad Autónoma a las que tantas veces se refiere la normativa comunitaria, introduce en el reglamento un tema, la inspección, al que la Ley 8/2005 sólo dedicaba un precepto, el artículo 46 al señalar que en el ejercicio de sus funciones de inspección y control en materia de vitivinicultura, los inspectores de las Administraciones Públicas y los veedores de los órganos de control de carácter público tendrán la consideración de agentes de la autoridad, pudiendo solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Esta labor de inspección merecía una regulación más pormenorizada que viniera referida a su derecho a acceder a instalaciones y locales; las obligaciones de los inspeccionados; la toma de muestras de los productos objeto de inspección y las pruebas analíticas a las que son sometidas las muestras. Todas estas actuaciones se plasman en las actas de inspección, la forma de redactarlas, los datos que han de contener y quienes han de suscribirlas, también son objeto de desarrollo reglamentario.

En cuanto al capítulo segundo, señalar que en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino y en la Ley 8/2005 están suficientemente fijados los elementos esenciales de los ilícitos administrativos en la materia y de las sanciones administrativas, por lo que esta norma reglamentaria, al no adentrarse en la concreción de los elementos esenciales de las infracciones y sanciones no vulnera el principio constitucional de tipicidad.

Es decir, el cuadro de las infracciones y sanciones en materia vitivinícola está suficientemente predeterminado y delimitado por normas de rango legal y el presente reglamento significa la especificación y graduación de infracciones y sanciones que no suponen creación ex novo y que contribuyen a una más clara identificación de las conductas o a una más precisa determinación de las sanciones correspondientes. La propia Ley 24/2003 ya establece en el artículo 37 precepto básico que los incumplimientos de lo dispuesto en la misma, en la normativa comunitaria, en las disposiciones de las Comunidades Autónomas o en las disposiciones de desarrollo serán consideradas como infracciones administrativas, que podrán ser leves, graves o muy graves.

Finalmente, se recogen en el último capítulo de este título ciertos aspectos referidos a las infracciones y sanciones y al reparto de competencias de incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores.

Vista la disposición final primera de la Ley 8/2005, que autoriza a la Junta de Castilla y León para aprobar su reglamento de desarrollo.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 20 de julio de 2006

DISPONE:

Artículo único

Se aprueba el reglamento de la viña y del vino de Castilla y León, para el desarrollo y aplicación de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la viña y del vino de Castilla y León, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Sobre las infracciones en materia vitivinícola

A las infracciones en materia vitivinícola les será de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de su comisión.

Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor.

Segunda Sobre los procedimientos de calificación de vinos

A los procedimientos de calificación de vinos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento les será de aplicación las disposiciones vigentes en el momento de su inicio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango resulten contrarias a lo dispuesto en este reglamento, y en particular el Decreto 62/2004, de 27 de mayo, por el que se aprueba transitoriamente la gestión y el control de los vinos con denominación de origen y el régimen sancionador de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas y la Orden de 23 de junio de 1993, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se crea el Comité Regional de Cata de los Vinos de Castilla y León y se regula su funcionamiento, que mantendrá su vigencia hasta la total conclusión de los procedimientos de calificación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Desarrollo del reglamento

Se autoriza al Consejero de Agricultura y Ganadería para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este decreto.

Segunda Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».