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Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
  • Publicado en BOCL núm. 100 de y BOE núm. 162 de
  • Vigencia desde 27 de Mayo de 2005.
Versiones/revisiones:

TÍTULO II

Régimen excepcional y transitorio. Procedimiento

Artículo 5 Solicitud

El procedimiento para la aplicación de este régimen se iniciará con la solicitud del titular de la explotación debidamente acreditado, dirigida al Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen las instalaciones. A la solicitud se acompañará:

  • - Copia del plano catastral en el que se refleje la situación de las instalaciones respecto al casco urbano y a las vías de acceso.
  • - Descripción de las características productivas, estructurales y medioambientales de la actividad ganadera y las construcciones para el alojamiento de los animales, conforme al contenido expresado en el Anexo II.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de dos años a partir del día siguiente a la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Artículo 6 Condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones

Para que se les pueda aplicar el régimen previsto en esta Ley, las instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones:

  • - El sistema de evacuación de las aguas pluviales será canalizado al terreno o a la red de saneamiento evitando el arrastre de los residuos ganaderos.
  • - La superficie de la instalación será la necesaria para garantizar los mínimos asignados a cada cabeza de ganado de la especie explotada en la normativa vigente en materia de bienestar animal.
  • - La ventilación garantizará en todo momento la renovación de aire en las instalaciones destinadas al albergue de los animales. Cuando se precise ventilación forzada la salida tendrá que ir dirigida siempre a cubierta, nunca a la vía pública ni a las propiedades de vecinos.
  • - La iluminación será la adecuada a la capacidad de la instalación.
  • - Las ventanas se encontrarán cubiertas con red de malla no superior a 3 mm., a fin de garantizar la protección frente a insectos y otros vectores.
  • - Las instalaciones dispondrán de agua corriente con sistemas que garanticen el suministro a los bebederos evitando derramamientos y encharcamientos del suelo.
  • - Tendrán garantizado el suministro de agua para la limpieza de las instalaciones y equipamientos.
  • - Las instalaciones ubicadas en el casco urbano y en el área residencial edificada deberán cumplir la normativa vigente en materia de ruidos.
  • - Los sistemas y la frecuencia de limpieza y eliminación de estiércoles garantizarán la mínima incidencia en el entorno.
  • - El almacenamiento de estiércoles y residuos para su posterior uso como abono, se realizará en una zona debidamente adecuada, que se ubicará a una distancia no inferior a 500 metros del casco urbano y a una distancia mínima de 100 metros de corrientes naturales de agua, pozos y manantiales de abastecimiento, depósitos de agua potable, zonas de baño tradicionales o consolidadas y viviendas. En cualquier caso, la gestión de los estiércoles y purines se realizará según lo estipulado en el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado por Decreto 109/1998, de 18 de junio (sic), de la Junta de Castilla y León.

Artículo 7 Trámite de información pública

Recibida la solicitud, juntamente con la documentación exigida, el Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante veinte días, mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Asimismo se notificará personalmente la solicitud a los vecinos inmediatos al lugar de las instalaciones.

Artículo 8 Informe preceptivo

Finalizado el período de información pública, si se hubiesen formulado alegaciones, se unirán al expediente junto con el informe elaborado por el Ayuntamiento relativo a las mismas y al ejercicio de la actividad atendiendo al objetivo y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 1. Dicho informe será evacuado en el plazo máximo de 30 días, a partir del siguiente a la finalización del trámite de información pública.

Los expedientes correspondientes a explotaciones cuya capacidad supere los límites establecidos en el Anexo III serán remitidos al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia.

El resto de los expedientes contendrá informe del Ayuntamiento sobre el grado de cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el artículo 6 y la imposición, en su caso, de las medidas correctoras necesarias.

Artículo 9 Informe del Delegado Territorial

A efectos del régimen excepcional y transitorio objeto de esta Ley, las actividades de las explotaciones ganaderas cuyas capacidades superen las previstas en el Anexo III de la presente Ley, tendrán la misma consideración que las incluidas en el Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, requiriéndose, no obstante, informe del Delegado Territorial.

El citado informe, que se basará en la verificación de las condiciones exigibles para acogerse a este régimen previstas en el artículo 6, contendrá, en su caso, la imposición de las medidas correctoras que estime oportunas para que se cumplan dichas condiciones, en aras a minimizar el impacto que el desarrollo de la actividad suponga.

Dicho informe será vinculante para el Ayuntamiento en caso de que implique la denegación de licencia ambiental o la imposición de medidas correctoras adicionales. En el caso de denegación, con carácter previo a la emisión del informe, dará audiencia al interesado durante un plazo de 15 días y adoptará el acuerdo definitivo que proceda, devolviendo el expediente al Ayuntamiento para que resuelva.

Artículo 10 Resolución de los expedientes

En el plazo máximo de doce meses desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud, el Alcalde resolverá y notificará a su titular la concesión o denegación de la licencia.

Si en el plazo establecido no se hubiera dictado resolución expresa, se entenderá denegada la licencia por silencio administrativo. No obstante, el plazo máximo para resolver podrá ser suspendido en los supuestos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.