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Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. | |
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.
La Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece actualmente en su artículo 32.1.1 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
El artículo 32.1.7 recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
El apartado 17 de este mismo artículo recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado. Por otra parte el apartado 21 del artículo señalado recoge idéntico nivel competencial respecto a la creación y gestión de un sector público regional propio de Castilla y León.
En el marco definido por los preceptos anteriores, es necesario adecuar las fórmulas operativas del ejercicio de las competencias afectadas, al objeto de facilitar los esfuerzos del Sector Agrario y Agroalimentario de Castilla y León para situarse en el nivel de competitividad y calidad obligado por la evolución de la Política Agraria Común de la Unión Europea y las tendencias del comercio mundial de las producciones alimentarias. En ese sentido, las áreas de investigación y difusión de nuevas tecnologías y productos, de promoción de iniciativas vinculadas a nuevos campos de actividad, de certificación de la calidad alimentaria y de la adecuación y modernización de la infraestructura territorial agraria, que adquieren una especial relevancia en orden a asegurar la obligada eficacia del conjunto del sistema productivo regional, exigen fórmulas de gestión específicas y diferenciadas de las habituales de la Administración Pública, por mor de las siguientes componentes básicas de su actividad:
Alto nivel de especialización tecnológica de las funciones y los empleados públicos afectados.
Prolongados períodos de maduración y desarrollo de determinados objetivos particulares.
Notable flexibilidad en las capacidades de actuación para dar respuesta con rapidez y adecuación a la problemática específica de las distintas posibilidades de actuación.
Implicación o participación destacada de los afectados por los correspondientes procesos de desarrollo, que devienen ineficaces, si aquellos no comparten mayoritariamente los objetivos y los criterios que los orientan.
La modalidad organizativa vigente de las actividades señaladas sometidas íntegramente al Derecho Administrativo y a las pautas de funcionamiento de una Administración General, no se ha mostrado suficientemente apta para gestionar procesos que pueden generar un voluminoso tráfico jurídico y económico con terceros, requiere formas ágiles y especializadas de gestión de personal y exige o puede exigir conciertos con empresas o acudir a fuentes de financiación mixtas en el seno de fórmulas de gestión sometidas al derecho privado.
Tales circunstancias han venido inclinando a las diversas Administraciones Públicas de ámbito estatal competentes en esta materia, a generar Organismos (actual INIA, o antiguo IRYDA) que al igual que las variadas entidades configuradas en diversas Comunidades Autónomas, tienen en común la de poseer una personalidad jurídica diferenciada de la de su Administración General, acudiendo a distintas fórmulas de personificación vinculadas al Derecho Público o al Derecho Privado.
La presente Ley, al objeto de atender aquellas funciones y objetivos establece el Instituto Tecnológico Agrario como Ente Público de Derecho Privado, teniendo en cuenta por un lado las características técnico-económicas fundamentales de su actividad, bien delimitadas respecto de las de acusado perfil administrativo que caracterizarían a los órganos Autónomos. Por otro, se considera que al ser la Comunidad Autónoma el único titular de la entidad, no alcanzaría su pleno sentido la constitución de una Sociedad Pública. Además el Instituto, aun cuando su actividad estará regida en buena medida por el Derecho Privado, precisará desarrollar determinadas funciones y ejercitar, aunque fuere en forma limitada, potestades públicas a las que les resulta aplicable el Derecho Público.
El Ente que se crea en esta Ley, integrará los distintos Centros Tecnológicos especializados que actualmente existen en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como distintos Servicios y unidades de su actual estructura administrativa. Tiene como objetivos fundamentales impulsar el desarrollo tecnológico y la dinamización de iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias, pudiendo actuar como medio propio de la Administración en áreas básicamente tecnológicas como lo son la investigación, la certificación de la calidad, el desarrollo de infraestructuras o la promoción de iniciativas de desarrollo específicas.
La presente Ley se estructura en dos títulos, tres disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
En el Título I se crea el Ente Público, se fijan sus objetivos, fines, facultades, se establece su régimen jurídico, recursos, patrimonio, presupuesto, las fórmulas de aprobación y libramiento de fondos, así como los sistemas de control del mismo, la cooperación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las fórmulas de recurso contra los actos del Instituto.
El Título II trata de la dirección y personal del Instituto. En él se establece además del Consejo del Instituto, un Consejo Asesor que asegura la participación de los afectados.
Las disposiciones adicionales y transitorias establecen las diversas medidas vinculadas a la adecuación de las estructuras administrativas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como del personal afectado por la creación del Ente Público, señalando fórmulas de gestión para los períodos en que el Instituto no disponga de medios.
En las disposiciones finales se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo reglamentario y la entrada en funcionamiento efectivo del Instituto y la Ley.
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