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Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. | |
1. La provincia es una Entidad Local de carácter territorial formada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia, autonomía y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines propios y específicos.
2. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular:
Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y con la del Estado.
3. El gobierno y la administración de las provincias gallegas corresponde a las Diputaciones Provinciales.
1. El término provincial es el ámbito territorial en que la Diputación Provincial ejerce sus competencias.
2. La modificación de los límites provinciales sólo podrá producirse por alteración de los términos municipales y mediante Ley Orgánica conforme a la legislación estatal básica.
1. Formarán parte de la organización provincial:
El Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y la Comisión de Gobierno. Será también órgano de la provincia la Comisión Especial de Cuentas.
Son órganos complementarios las comisiones de estudio, informe o consulta, cuya constitución y funcionamiento se acomodará a las mismas reglas que sus homónimas de ámbito municipal. El Pleno de la Diputación, haciendo uso de su potestad de autoorganización, podrá crear cualquier otro órgano de carácter complementario, sin otro límite que el respeto a la organización determinada por la legislación básica y por la presente Ley.
2. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en los órganos complementarios de la Diputación Provincial cuya función sea el estudio, informe o consulta de los asuntos que tengan que ser sometidos a la decisión del Pleno.
1. La elección del Presidente se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general.
2. Corresponde al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.
3. El Pleno de la Diputación Provincial estará constituido por el Presidente y los demás Diputados Provinciales.
4. La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Diputados no superior a la tercera parte del número legal de miembros de la Corporación, nombrados y separados libremente por el Presidente, que dará cuenta de ello al Pleno.
1. Corresponde, en todo caso, al Presidente de la Diputación:
a. Representar a la Diputación.
b. Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.
c. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, la Comisión de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación.
d. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.
e. Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación.
f. Autorizar y disponer gastos, dentro de los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas.
g. Ejercer la dirección y las facultades en materia de personal que no tenga atribuidas el Pleno.
h. Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.
i. Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada por ésta a la Diputación.
j. Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos, o de grave peligro de que éstos se produzcan, las medidas precisas y adecuadas, dando inmediata cuenta de las mismas al Pleno de la Diputación.
k. Contratar obras y servicios siempre que su cuantía no exceda del 5 % de los recursos ordinarios de su presupuesto ni del 50 % del límite general aplicable al procedimiento negociado legalmente establecido.
l. Autorizar la contratación y concesión de obras, servicios y suministros que excediendo de la cuantía señalada en el punto anterior tengan una duración no superior a un año o no exijan créditos superiores al consignado en el presupuesto anual.
m. Hacer cumplir las ordenanzas y reglamentos provinciales.
n. Decidir los empates con voto de calidad.
ñ. Otorgar las autorizaciones o licencias, a no ser que las ordenanzas o las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.
o. El desarrollo y la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.
p. Presidir las subastas y adjudicar provisionalmente el remate.
q. Ejercer las demás atribuciones que expresamente le atribuyen las leyes.
r. El ejercicio de aquellas otras atribuciones que las leyes asignen a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.
2. El Presidente puede delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio de sus atribuciones, a no ser la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno y las enumeradas en las letras b), g) y h) del apartado anterior de este mismo artículo, todo ello sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para encargos específicos, pueda realizar en favor de cualquier miembro de la Corporación, aunque no pertenezca a la Comisión de Gobierno.
Corresponde a los Vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Presidente en los supuestos de vacante.
1. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
La organización de la Diputación.
La aprobación de ordenanzas.
La aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación de las cuentas.
La aprobación de los proyectos de carácter provincial.
El control y la fiscalización de la gestión de los órganos de gobierno.
La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias de funcionarios y el número y régimen del personal eventual, todo ello en los términos de la legislación básica y de la presente Ley, así como la separación del Servicio de los funcionarios de la Corporación, salvo lo dispuesto en el artículo 99, número 4, de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la ratificación del despido del personal laboral.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
La enajenación del patrimonio.
El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y demás Administraciones Públicas.
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
Aquellas que deben corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial y a las que se refiere el artículo 215 de la presente Ley.
La votación sobre la moción de censura al Presidente, que se regirá por lo dispuesto en la legislación electoral general.
Ejercer las demás que expresamente le atribuyan las leyes.
2. El Pleno puede delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio de sus atribuciones, salvo las enumeradas en las letras a, b, c, d, e, f, g, i, k y l del apartado anterior.
Corresponde a la Comisión de Gobierno:
La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
Las atribuciones que el Presidente u otro órgano provincial le deleguen o que le atribuyan las leyes.
1. Serán competencias propias de las Diputaciones Provinciales las que bajo este concepto les atribuyan las leyes. Las competencias propias se ejercerán en régimen de autonomía.
Son competencias propias de las Diputaciones Provinciales, en cualquier caso, las siguientes:
Coordinar los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada de servicios públicos en todo el territorio de la provincia, cooperando, especialmente, con los municipios de población inferior a 20.000 habitantes para garantizar su efectividad.
Prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los que tengan menor capacidad económica y de gestión.
Prestar los servicios públicos de carácter supramunicipal.
En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.
2. En el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma, las leyes del Parlamento de Galicia reguladoras de los distintos sectores de la acción pública delimitarán como competencias propias de las Diputaciones Provinciales las que se consideren indispensables para la gestión de los intereses de las mismas.
Subsección I. De la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos en todo el territorio de la provincia.
1. Las Diputaciones Provinciales aprobarán anualmente un Plan provincial de cooperación de obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deberán participar los municipios de la provincia.
2. El Plan, que deberá contener una Memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, podrá financiarse con medios propios de la Diputación, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Junta de Galicia y la Administración General del Estado con cargo a los respectivos presupuestos. La Junta de Galicia podrá condicionar la utilización o empleo de sus subvenciones al estable cimiento de los criterios y condiciones que considere convenientes.
1. Las Diputaciones Provinciales participarán activamente en la elaboración y gestión de los planes de desarrollo comarcal, colaborando en el cumplimiento de sus objetivos a través de las unidades técnicas comarcales.
2. Los planes de desarrollo comarcal tendrán el carácter de marco de referencia para la elaboración de los planes de cooperación de obras y servicios.
1. Para alcanzar una eficaz coordinación de las inversiones públicas en el territorio gallego, los programas de cooperación económica con las Entidades Locales que elaboren las Diputaciones Provinciales, cualquiera que sea su denominación y naturaleza, serán puestos, antes de su aprobación, en conocimiento de la Junta de Galicia y de la Comisión Gallega de Cooperación Local.
2. Las Administraciones Públicas implicadas procurarán la elaboración de un Plan único en el que se fundan las inversiones públicas provenientes de todas ellas; este Plan se regirá por un criterio de proporcionalidad que facilite el desarrollo de los referidos planes. Será coordinado por la Junta de Galicia con el apoyo y asesoramiento de la Comisión Gallega de Cooperación Local.
Subsección II. De la asistencia jurídica.
La cooperación en la asistencia jurídica en favor de los municipios será prestada por las Diputaciones Provinciales, entre otras, de las formas siguientes:
Mediante el informe y asesoramiento en cuantas consultas les sean formuladas por los órganos competentes de tales entidades.
Mediante la defensa en juicio cuando así les sea solicitado.
Subsección III. De la asistencia económico-financiera.
La asistencia económico-financiera será prestada por las Diputaciones Provinciales, entre otras, de las formas siguientes:
Mediante el informe y asesoramiento en cuantas consultas les sean formuladas, sobre la gestión económico-financiera, por los órganos competentes.
Mediante la cesión temporal en uso de material propio de las Diputaciones Provinciales.
Mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido.
Mediante la concesión de créditos y la creación de cajas de crédito para facilitar a los Ayuntamientos operaciones de este tipo.
Subsección IV. De la asistencia técnica.
Las Diputaciones Provinciales prestarán asistencia técnica a las Entidades Locales mediante la elaboración de estudios, proyectos y dirección de obras relativas a servicios de su competencia, en especial en el ámbito del urbanismo, gestión tributaria y asesoramiento e impulso de las medidas destinadas a mejorar la organización administrativa con especial atención a los sistemas de trabajo y la mecanización de tareas.
Subsección V. De la asistencia en materia de formación y perfeccionamiento en general.
Las Diputaciones Provinciales prestarán asistencia en materia de formación y perfeccionamiento en general directamente o a través de la Escuela Gallega de Administración Pública en la formación y perfeccionamiento del personal encargado de la gestión económica de las Entidades Locales.
Subsección VI. De la prestación de servicios de carácter supramunicipal.
1. La prestación de servicios que, por su naturaleza, excedan del ámbito de un Municipio y no sean asumidos por otra Entidad Local será atendida por la Diputación Provincial, previa firma de los oportunos Convenios o acuerdos de cooperación.
2. La prestación de los servicios supramunicipales, cuando fuese asumida por la Diputación Provincial, podrá efectuarse:
A través de los servicios de la propia Diputación Provincial, mediante cualesquiera de las formas de gestión previstas en la legislación vigente.
Mediante la constitución de consorcios locales.
Subsección VII. Del fomento y de la administración de los intereses peculiares de la provincia.
Compete a las Diputaciones Provinciales regir y administrar los intereses peculiares de la provincia, creando, conservando y mejorando los servicios cuyo objeto sea el fomento de los mismos, y, en especial, los siguientes:
Construcción y conservación de carreteras y caminos provinciales.
Conservación de monumentos histórico-artísticos.
Establecimiento y conservación de bibliotecas.
Organización de concursos y exposiciones y de cualquier otra actividad cuya finalidad sea el fomento en materia de cultura, educación y deporte.
Realización de obras en todo el territorio provincial.
1. La Comunidad Autónoma de Galicia podrá transferir o delegar competencias en las Diputaciones Provinciales y encomendar a éstas la gestión ordinaria de sus propios servicios.
2. El régimen de las competencias que la Comunidad Autónoma pueda transferir o delegar en las Diputaciones Provinciales mediante Ley del Parlamento de Galicia o Decreto del Consejo de la Junta de Galicia, así como el de la encomienda de gestión de servicios propios, se acomodará a las reglas previstas en el Título IV de la presente Ley.
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