Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears.

Artículo 58. Ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales.

Los consejos insulares, mediante las previsiones oportunas en el plan territorial insular respectivo o a través de la elaboración y la aprobación específica de un plan director sectorial, pueden establecer la ordenación y las medidas de fomento del sector comercial para conseguir un desarrollo armonioso y coherente de la ocupación y la utilización del suelo destinado al ejercicio de actividades comerciales, así como un mayor orden geográfico, económico y social con unos mínimos de calidad arquitectónica de las construcciones comerciales.

Artículo 59. Objetivos de la ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales.

Para alcanzar un nivel adecuado de equipamiento comercial y una distribución insular correcta, el plan territorial o el plan director sectorial correspondiente, además de observar los mandatos que impongan la legislación y las directrices de ordenación territorial, puede fijar las siguientes determinaciones:

1. Planificación comercial de los siguientes aspectos:

1. Ordenación de los establecimientos comerciales que puedan tener una influencia supramunicipal.

2. Reordenación del uso comercial minorista en los diferentes polígonos o sectores, de uso industrial o de servicios, que dispongan a la entrada en vigor de esta Ley de planeamiento urbanístico de ordenación y de desarrollo aprobado definitivamente.

3. Dinámicas urbanas, actuales y tendenciales, que incidan en la actividad comercial desde la perspectiva espacial y territorial, sectorial y sociodemográfica, dado que el comercio es una actividad de capacidad estructurante elevada, asociada a la centralidad urbana, por su capacidad de atraer y aglutinar a otras actividades y servicios.

4. Equipamientos y servicios públicos urbanos que tengan plena incidencia en la actividad comercial.

5. Potencialidades y debilidades de los diferentes municipios que incidan en la actividad comercial y de servicios, con la concreción de las oportunidades y las amenazas.

6. Intercambio de experiencias de los municipios de similares características sectoriales, territoriales, urbanísticas y sociodemográficas, con un tratamiento especial de la recopilación de buenas prácticas comerciales.

2. Las actuaciones territoriales siguientes:

1. Ámbitos, sectores o polígonos para los cuales se proponga la reordenación o reconversión urbanística.

2. Establecer las condiciones para adoptar medidas de reconversión paisajística en las áreas o zonas con actividades comerciales respecto de los establecimientos no actualizados a la demanda comercial y proponer su traslado a otras zonas o ámbitos más adecuados.

3. Todas las actuaciones del instrumento de ordenación territorial insular se regirán por los siguientes criterios:

1. Ocupación de tramas consolidadas de áreas de uso predominantemente residencial o turístico.

2. Atender la integración en la estrategia de evolución, movilidad urbana y ocupación del suelo para evitar su consumo.

3. Evaluar los movimientos de personas y vehículos que se puedan generar, y valorar especialmente la incidencia en la red viaria y en el resto de infraestructuras públicas, así como también la existencia de medios de transporte colectivo suficientes para satisfacer los flujos previsibles de público y para desincentivar el uso de vehículos particulares.

4. Prever la dotación de aparcamientos precisa y adecuada a la intensidad prevista del uso comercial, para lo cual deben tenerse en cuenta los espacios disponibles, la afección al tráfico urbano y los medios de transporte público ya existentes o previstos.

5. Establecer para las futuras construcciones la adopción de soluciones que garanticen la eficiencia energética, la accesibilidad y la integración en el entorno de los nuevos establecimientos comerciales.

6. Determinar la compatibilidad del uso comercial con las medidas de protección del patrimonio histórico de las Illes Balears en cualesquiera de sus clasificaciones, de los bienes inmuebles de interés cultural o de los bienes inmuebles catalogados.

Artículo 60. Ordenación urbanística de los usos comerciales.

Los instrumentos de planeamiento general municipal deben tener en cuenta específicamente el uso comercial, compatibilizándolo con el resto de usos urbanísticos, y deben considerar el equipamiento comercial como elemento básico y estructurante del sistema general de equipamientos. Estos planes urbanísticos pueden establecer superficies mínimas para determinados tipos de establecimientos y, en todo caso, deben regular específicamente los extremos siguientes:

1. Densidad comercial

1. La densidad comercial de las distintas zonas o barriadas de los diferentes núcleos urbanos y asentamientos turístico-residenciales, en términos de número máximo de metros cuadrados edificables susceptibles de uso comercial en cada zona o barrio. Asimismo, deben fijar las limitaciones del uso comercial tanto en función del grado de compatibilidad con el resto de usos urbanísticos como de la existencia de infraestructuras adecuadas.

2. La densidad comercial no es de aplicación a los establecimientos que tengan una superficie construible o edificada inferior a 150 m².

3. La densidad comercial debe asignarse en metros cuadrados de superficie construida para cada zona o barrio y debe tener en cuenta la densidad residencial, la superficie destinada a otros usos y la función más o menos comercial de la zona o barriada en el conjunto del núcleo urbano o asentamiento turístico-residencial.

4. El número total de metros cuadrados de superficie construida, susceptible de uso comercial en un municipio, distribuible a distintas zonas o barriadas de los núcleos urbanos, no puede ser superior al resultado de multiplicar la población equivalente por un determinado porcentaje.

   El concepto de población equivalente y los porcentajes correspondientes son los que, a estos efectos, determine el Gobierno de las Illes Balears mediante una disposición reglamentaria, a propuesta conjunta de las consejerías competentes en materia de comercio y de ordenación del territorio, una vez hecha la audiencia previa a los consejos insulares.

2. Sostenibilidad del modelo territorial

   Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo territorial mediterráneo, se deben cumplir preferentemente los criterios de la ordenación urbanística de los usos comerciales siguientes:

1. La ocupación de tramas consolidadas de áreas de uso predominantemente residencial o turístico.

2. Atender la integración en la estrategia de evolución, movilidad urbana y ocupación del suelo para evitar su consumo.

3. Evaluar los movimientos de personas y vehículos que se puedan generar, y valorar especialmente la incidencia en la red viaria y en el resto de infraestructuras públicas, así como también la existencia de medios de transporte colectivo suficientes para satisfacer los flujos previsibles de público y para des-incentivar el uso de vehículos particulares.

4. Prever la dotación de aparcamientos precisa y adecuada a la intensidad prevista del uso comercial, para lo cual deben tenerse en cuenta los espacios disponibles, la afección al tráfico urbano y los medios de transporte público ya existentes o previstos.

5. Exigir para las futuras construcciones la adopción de soluciones que garanticen la accesibilidad, la integración en el entorno de los nuevos establecimientos comerciales y una calificación energética como mínimo B para los edificios de nueva construcción y C para los ya existentes.

6. Determinar la compatibilidad del uso comercial con las medidas de protección del patrimonio histórico de las Illes Balears en cualesquiera de sus clasificaciones, de los bienes inmuebles de interés cultural o de los bienes inmuebles catalogados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Lo previsto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo que se establece en la legislación sectorial correspondiente en relación con la dispensa o la venta de determinados productos o mercancías y la prestación de determinados servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 17 de esta Ley, se añaden el título X, Consejería de Economía, Comercio e Industria, el capítulo I, tasa por licencia autonómica de gran establecimiento comercial, a la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con los artículos que a continuación se transcriben:

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Simplificación administrativa.

1. La consejería competente en materia de comercio del Gobierno de las Illes Balears debe editar, en cooperación con los consejos insulares, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, una página web en los dos idiomas oficiales de las Illes Balears, así como en otros idiomas de gran implantación en el ámbito de la Unión Europea, con el fin de hacer públicos los criterios aplicables y la totalidad de los trámites del procedimiento autonómico para obtener la licencia autonómica de gran establecimiento comercial, todo ello sin perjuicio de tener que cumplir la obligación de prestar individualmente el asesoramiento informativo y la orientación a los interesados sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen en sus pretensiones en materia de servicios en el mercado interior de las Illes Balears.

2. La consejería competente en materia de comercio del Gobierno de las Illes Balears debe promover las actuaciones oportunas para que todos los procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio puedan realizarse fácilmente, a distancia y por vía electrónica, de acuerdo con la normativa de aplicación para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

3. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley estatal 11/2007 que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración pública a través de medios electrónicos para ejercer los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, la Consejería de Comercio, Industria y Energía, en el plazo de un año a contar desde la publicación de esta Ley, adaptará todos sus procedimientos y actuaciones para cumplir lo establecido en la indicada Ley 11/2007.

Igualmente, en el plazo de un año, la Consejería de Comercio, Industria y Energía adaptará los procedimientos administrativos a lo dispuesto en los artículos 5 (simplificación de los procedimientos administrativos) y 6 (ventanilla única) de la Directiva 2006/123/CEE, relativa a los servicios en el mercado interior.

4. Los establecimientos comerciales no considerados gran establecimiento comercial y que tengan una actividad considerada por la Ley 16/2006 como una actividad inocua, podrán ser iniciados por sus titulares mediante el sistema de declaración responsable, una vez aprobada la normativa reglamentaria reguladora de los requisitos de esta declaración.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Simplificación administrativa.

1. En las Illes Balears no es de aplicación el porcentaje del 1% de reserva de equipamiento comercial que establece el anexo del Reglamento de planeamiento, aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, para los polígonos o sectores de suelo urbanizable o apto para la urbanización que no tengan aprobados definitivamente el plan de ordenación y el de desarrollo correspondientes el día de la entrada en vigor de esta Ley.

2. En las Illes Balears, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en los polígonos o sectores de suelo urbanizable o apto para la urbanización, de uso residencial, turístico o mixto, que no tengan aprobado definitivamente el correspondiente plan parcial, sólo se permite un máximo de calificación del 10% de la superficie lucrativa, correspondiente a uso residencial, en cualesquiera de sus modalidades, plurifamiliar o unifamiliar, para el uso comercial al por menor.

En los polígonos o sectores de suelo urbanizable o apto para la urbanización de uso industrial o de servicios que no tengan aprobado definitivamente el correspondiente plan parcial, sólo se permite la posibilidad de instalar establecimientos comerciales al por mayor.

En todo caso, esta exigencia legal no es de aplicación a los polígonos o sectores en zonas turísticas, siempre que los planeamientos de ordenación y de desarrollo ya estén adaptados a los correspondientes planes de ordenación de la oferta turística y, en el caso de Menorca, al plan territorial insular.

Tampoco será de aplicación a las reservas estratégicas de suelo, reguladas por la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Régimen de los actos firmes.

No queda alterada la eficacia de los actos administrativos firmes que se hayan dictado en aplicación de las normas que se derogan o se modifican mediante esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.

Los establecimientos comerciales con superficie de venta inferior a 700 m2 en la isla de Mallorca, a 400 m2 en las islas de Eivissa y de Menorca y a 200 m2 en la isla de Formentera abiertos al público, estarán exentos, en caso de que no la tengan, de obtener la licencia de instalación y de apertura municipal siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que día 17 de octubre de 2006 estuvieran abiertos al público.

2. Que hayan presentado la documentación técnica exigible, de acuerdo con la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, en la que se refleje su estado actual, y que realicen la correspondiente declaración responsable.

La no exigibilidad del permiso de instalación y de la licencia de apertura y funcionamiento no supondrá la exención del cumplimiento de la normativa aplicable.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Cuando entre en vigor la disposición reglamentaria que regule el Registro General de Comercio de las Illes Balears, la Consejería competente en materia de comercio realizará de oficio la inscripción, en la sección pertinente del Registro, de los establecimientos que hayan tramitado la solicitud de inscripción de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 a 11 del Decreto 217/1996, de 12 de diciembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

1. Los Ayuntamientos de las Illes Balears disponen de un plazo máximo de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para aprobar la ordenanza reguladora de la modalidad de venta ambulante o no sedentaria en su término municipal.

2. Mientras los Ayuntamientos no aprueben la ordenanza correspondiente, se regirán por los criterios establecidos por los órganos municipales competentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.

1. Los expedientes sancionadores incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deben continuar tramitándose de acuerdo con la normativa anterior, sin perjuicio de aplicar la normativa posterior en los supuestos en que les sea más favorable.

2. Las solicitudes de las licencias autonómicas de gran establecimiento comercial instadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que estén pendientes de instrucción y de resolución se archivarán sin más trámite.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.

1. La solicitud de licencia autonómica deberá dirigirse a la Consejería competente en materia de comercio.

2. Hasta que no entre en vigor la disposición reglamentaria oportuna, a la solicitud se adjuntará la documentación establecida en el Plan director sectorial de equipamientos comerciales de las Illes Balears, regulado por el Decreto 217/1996, de 12 de diciembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.

En los establecimientos comerciales existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que no se ajusten a sus determinaciones, solamente podrán realizarse obras de rehabilitación, modernización y mejora, siempre que no supongan aumento de la superficie de venta.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Vinculación con el actual planeamiento general municipal.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico general se deben adaptar al contenido de esta Ley en su primera formulación o revisión, excepto si cuando entre en vigor esta disposición transitoria hubiese acabado el plazo de información pública realizado en el procedimiento de formulación o revisión del planeamiento mencionado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Registro General de Comercio de las Illes Balears.

Hasta que no entre en vigor el reglamento regulador del Registro General de Comercio de las Illes Balears, se mantiene en vigor la normativa actual en cuanto a la sección de establecimientos comerciales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o de inferior rango que se opongan, contradigan o sean incompatibles con lo que dispone esta Ley.

2. En particular, quedan derogadas:

1. La Ley 2/1994, de 18 de mayo, de infracciones y sanciones en materia de calendarios y horarios comerciales. Se reitera su derogación para evitar dudas interpretativas.

2. La Ley 8/2005, de 21 de junio, de medidas transitorias para el otorgamiento de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial.

3. El Decreto 217/1996, de 12 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan director sectorial de equipamientos comerciales de las Illes Balears.

4. El Decreto 128/2005, de 16 de diciembre, por el que se crea un carnet profesional que habilita para la apertura de establecimientos de peluquería y estética.

5. El Decreto 140/2001, de 14 de diciembre, por el que se regula la adscripción, la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Comercio de las Illes Balears.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

1. El Gobierno de las Illes Balears dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y el desarrollo de esta Ley.

2. Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para que, por Decreto, actualice periódicamente la cuantía de las sanciones económicas contenidas en la presente Ley. El aumento nunca podrá ser superior a la tasa de variación interanual que experimente el índice de precios al consumo.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Ello no obstante:

1. El artículo 8.2 entrará en vigor día 1 de enero de 2002.

2. El artículo 8.3 y el artículo 19 entrarán en vigor día 1 de enero de 2003.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palma, 15 de junio de 2001.

Francesc Antich i Oliver,
Presidente.
Pere Sampol i Mas,
Consejero de Economía, Comercio e Industria.

Notas: Disposición transitoria sexta: Añadida por Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública. Artículos 20, 25 (apdo. 2), 37 (apdo. 2) y 60 (apdo. 3): Redacción según Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 7 (apdo. 6) 17 bis, 21 (apdo. 3) y 49 (apdo. e); Disposiciones adicional tercera, adicional cuarta, adicional quinta, adicional sexta, transitoria sexta y transitoria séptima: Añadido por Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículos 11 (apdo. 2.a y 3), 12 (apdo. 2), 13, 14, 15, 16,17, 30 (apdo. 2.a), 36 (apdos. 1 y 2), 50 (apdo. b), 58, 59 y 60; Disposiciones transitoria tercera y derogatoria: Redacción según Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículos 11 (apdo. 2.c), 21 (apdo. 1.b), 22 (apdo. 1, última frase), 25 (apdo. 3, última frase) 32 (apdo.2.a y 2.b.1, última palabra), 34 (apdo. 1.b), 37, 38, 39, 40, 41 y 42: Suprimido por Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Disposición adicional sexta: Redacción según Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Disposición TRANSITORIA SEXTA; Disposición transitoria sexta: Redacción según Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible Disposición transitoria sexta: Derogada por Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. Artículo 7 (apdo. 4): Redacción según Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 15 (apdo. 8) y 56 (apdo. 3): Añadido por Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. Artículos 50, 53 (letras b y c) y 54 (apdo. 1): Redacción según Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. Artículo 48 (letra d): Redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 48 (letra e): Añadida por Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 49 (letra e): Suprimida por Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 7 (apdo. 5), 12 (apdo. 4), 49 (letra t) y 60 (apdo. 4): Añadido por Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 27 (letra a), 28 y 35 (apdo. 2): Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5.061-2001, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 4.2, 14.1, 18, 20, 21.1.b, 22.1, en su inciso final, que señala dicha exclusión no afectará a las doce horas diarias máximas de apertura de los comercios citados en el punto 2 del artículo 18 de esta Ley, 27.a, 28, 35.2 y 54.1 de esta Ley. Se hace constar que por el Presidente del artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso (27-09-2001) para las partes del proceso, y desde la publicación en el B.O.E. (26-10-2001) para los terceros. Se levanta la suspensión de los artículos 4.2, 14.1, 18, 20, 21.1.b, 22.1, inciso final y 54.1 de esta Ley por Auto de 12 de febrero de 2002 del Tribunal Constitucional. (B.O.E. nº 46, de 22 de febrero de 2002). Artículo 12 (apdo. 4): Suspendida la vigencia y aplicación de esta modificación como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad nº 7696-2007 promovido por el Presidente del Gobierno invocando el artículo 161.2 de la Constitución. Esta suspensión produce efectos desde la fecha de presentación de la demanda (1-10-2007) para las partes y desde la publicación en el BOE (26-11-2007) para terceros. Se levanta esta suspensión por Auto de 11 de marzo de 2008 del Pleno del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 72, de 24 de marzo de 2008) Artículos 4 (apdo. 2), 18 (apdo. 2), 27 (letra a), 28 y 35 (apdo. 2): Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 26/2012, de 1 de marzo, del Pleno del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 75 Suplemento, de 28 de marzo de 2012). Artículos 14 (apdo. 1), 21 (apdo. 1.b), en cuanto incluía el inciso En todo caso, los grandes establecimientos comerciales sólo podrán abrir los domingos y festivos hasta las 16.00 horas y 22 en cuanto incluía el inciso Dicha exclusión no afectará a las 12 horas diarias máximas de apertura de los comercios citados en el punto 2 del artículo 18 de esta Ley: Declarado, en la redacción inicial, contrario al orden constitucional de distribución de competencias por Sentencia 26/2012, de 1 de marzo, del Pleno del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 75 Suplemento, de 28 de marzo de 2012).

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