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Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y Medidas Tributarias.

TITULO PRELIMINAR

Conceptos generales

CAPITULO I

Objeto, ámbito, vigencia y vinculación

Artículo 1

El objeto de las Directrices de Ordenación Territorial es definir un modelo territorial para las Illes Balears, para lo cual promoverán:

  • 1. Un desarrollo equilibrado entre los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales de las Illes Balears y una mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
  • 2. Una utilización sostenible en términos ambientales del suelo y de los recursos naturales y una mejor distribución en el espacio de los usos y actividades productivas.
  • 3. Una protección de la calidad ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio histórico.

Artículo 2

Las Directrices de Ordenación Territorial constituyen el instrumento para la ordenación conjunta de la totalidad del territorio de las Illes Balears y de sus aguas interiores,

Artículo 3

1. Las Directrices de Ordenación Territorial tienen una vigencia indefinida, si bien serán susceptibles de revisión o de modificación, siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación, cuando se den las siguientes circunstancias.

2. Causas de revisión: a los 10 años de vigencia de las Directrices de Ordenación Territorial, el Gobierno de las Illes Balears analizará la oportunidad de proceder a su revisión, que se llevará a cabo en cualquier momento, anterior o posterior, si se produce alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Cuando circunstancias acaecidas alteren las hipótesis de las Directrices de Ordenación Territorial en lo que se refiere a evolución demográfica, dinámica económica, problemática ambiental o mercado inmobiliario, de manera que obliguen a cambiar los criterios establecidos.
  • b) Si deben tramitarse modificaciones concretas de las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial que provoquen alteraciones que incidan en la estructura general del territorio.
  • c) Cuando el desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial comporte la necesidad o la conveniencia de ampliar sus objetivos mediante posteriores desarrollos del mismo modelo de ordenación no previstos inicialmente.
  • d) Cuando la aprobación de alguna normativa estatal o de la Unión Europea establezca determinaciones para el territorio de las Illes Balears que impliquen una transformación del modelo territorial.
  • e) Cuando otras circunstancias acaecidas de análoga naturaleza o importancia semejante lo justifiquen, porque afecten a criterios determinantes del modelo territorial de las Directrices de Ordenación Territorial y así lo acuerde el Consejo de Gobierno de las Illes Balears.

3. Causas de modificación: se entenderán por modificación de las Directrices de Ordenación Territorial, toda alteración o adición de sus determinaciones o criterios que no constituya causa de revisión conforme con lo que se dispone en el punto anterior y, en general, las que se puedan aprobar, en su caso, sin volver a considerar la globalidad de las Directrices de Ordenación Territorial, por no afectar más que de manera puntual y aislada al modelo territorial de las Illes Balears.

Artículo 4

1. Las Directrices de Ordenación Territorial establecen las disposiciones de inmediata y directa aplicación siguientes:

Los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39; todo el capítulo I del título II; los artículos 63 y 64.1; el título III completo; las veintitrés disposiciones adicionales, las dieciséis disposiciones transitorias, la disposición derogatoria, las dos disposiciones finales y el anexo I, correspondiente a la Matriz de Ordenación del Suelo Rústico y la definición de los usos y actividades que en ella se regulan.

2. Los instrumentos de planeamiento general vigentes a la entrada en vigor de esta ley, deberán adaptarse a lo establecido en la misma en el plazo máximo de dos años, a contar desde su publicación, sin perjuicio de la aplicación inmediata y directa de las determinaciones legales que tienen este carácter. En cualquier caso, la adaptación deberá tramitarse con la primera modificación o revisión del instrumento de planeamiento general que se redacte.

3. La aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación territorial y del Plan Hidrológico de las Illes Balears obligarán a la adaptación de los instrumentos de planeamiento general por parte de las administraciones competentes, en los plazos previstos en los planes territoriales parciales, planes directores sectoriales, planes de ordenación del medio natural y en el plan Hidrológico de las Illes Balears.

Artículo 5

Las zonas declaradas de interés para la defensa nacional, situadas en las Illes Balears, se regirán por lo que dispone la presente ley, sin perjuicio de las determinaciones de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y de la disposición adicional primera de la Ley 8 (sic)/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

CAPITULO II

Elementos básicos

Artículo 6

Los elementos básicos del territorio son aquellos que fundamentan el modelo territorial definido por las Directrices de Ordenación Territorial y son los siguientes:

  • 1. Areas homogéneas de carácter supramunicipal.
  • 2. Areas sustraídas al desarrollo urbano.
  • 3. Areas de desarrollo urbano.
  • 4. Sistema de infraestructuras y equipamientos.

Artículo 7

Las áreas homogéneas de carácter supramunicipal están constituidas por:

  • 1. La isla de Mallorca, considerando las diferencias entre la Sierra de Tramuntana, la bahía de Palma y la costa de Ponent, el Pla de Mallorca, las bahías de Alcúdia y Pollença, el Migjorn-Llevant de Mallorca y el Raiguer.
  • 2. La isla de Menorca, considerando la bipolaridad existente entre los municipios de Maó y Ciutadella de Menorca.
  • 3. Las islas de Eivissa y de Formentera, considerando el ámbito de los Amunts, con sus características propias.

Artículo 8

Las áreas sustraídas al desarrollo urbano son los terrenos cuya función es la protección de los elementos de identidad que los caracterizan y que, por ello, deben preservarse de los procesos de desarrollo urbanístico. Se establece la distinción entre suelo rústico protegido y suelo rústico común, cuyos usos y actividades quedan regulados inicialmente por la Matriz de Ordenación del Suelo Rústico del anexo I de esta ley.

Artículo 9

1. El suelo rústico protegido es el comprendido en las áreas sustraídas al desarrollo urbano, para el cual, por sus valores excepcionales, la preservación de la fauna, la flora y el mantenimiento de la biodiversidad, se establece un régimen especial de protección distinto del general. Dichas áreas están constituidas por las cinco categorías siguientes:

  • a) Areas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP).
  • b) Areas naturales de especial interés (ANEI).
  • c) Areas rurales de interés paisajístico (ARIP).
  • d) Areas de prevención de riesgos (APR).
  • e) Areas de protección territorial (APT).

2. Asimismo, tendrán la consideración de suelo rústico protegido las áreas que los instrumentos de planeamiento general consideren necesario preservar justificadamente de acuerdo con los anteriores criterios.

Artículo 10

Constituirá el suelo rústico común el resto de los terrenos que pertenezcan a áreas sustraídas del desarrollo urbano y que no se hallen incluidas en ninguna de las cinco categorías del suelo rústico protegido. Estas áreas están constituidas, a su vez, por las tres categorías siguientes, delimitadas por los planes territoriales parciales:

  • 1. Areas de interés agrario (AIA).
  • 2. Areas de transición (AT).
  • 3. Areas de suelo rústico de régimen general (SRG).

Artículo 11

1. Las áreas de desarrollo urbano son los suelos aptos para los asentamientos urbanos, de cualquier tipo de uso, reconocidos por los instrumentos de planeamiento general con las dimensiones y las características básicas que éstos les otorgan, sin perjuicio de lo que indiquen los planes territoriales parciales.

2. Tendrán también esta condición los asentamientos que cumplan los requisitos que la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, y la legislación urbanística de las Illes Balears exigen para la clasificación de los terrenos como suelo urbano.

Artículo 12

El sistema de infraestructuras y equipamientos es el que relaciona e integra los demás elementos básicos del territorio cumpliendo diferentes funciones al servicio del conjunto de la población, para promover el desarrollo de todos los ámbitos, eliminando o disminuyendo los desequilibrios interterritoriales.