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Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
  • Publicado en BOIC núm. 16 de y BOE núm. 46 de
  • Vigencia desde 05 de Mayo de 1999. Esta revisión vigente desde 11 de Noviembre de 2014

TITULO III

INSPECCION, INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I

INSPECCION DE LOS RESIDUOS

Artículo 36 Actividades de inspección

1. Las autoridades competentes realizarán inspecciones periódicas en los establecimientos que realicen operaciones de valorización o eliminación de residuos.

2. Las instalaciones, establecimientos o empresas a que se refiere esta Ley están obligados a colaborar con las autoridades competentes a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, investigaciones, toma de muestras y recogida de las informaciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

Artículo 37 Consejo Regional de Residuos

Se crea el Consejo Regional de Residuos como órgano colegiado representativo de intereses sociales, adscrito a la consejería competente en materia de medio ambiente. El Gobierno de Canarias determinará reglamentariamente la composición y funciones del mismo.

Véase el D [CANARIAS] 64/2001, 5 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos («B.O.I.C.» 21 marzo).

CAPITULO II

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 38 Tipificación de infracciones

1. Sin perjuicio de la legislación básica del Estado sobre esta materia, constituirán infracciones las previstas en los siguientes apartados.

2. Se consideran infracciones muy graves:

  • a) Ejercer cualquier actividad sin la preceptiva autorización prevista en las normas legales sobre residuos, o el incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones, y ejercer cualquier actividad de forma contraria a lo establecido en esta Ley, siempre que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
  • b) Ejercer cualquier actividad sin la preceptiva autorización prevista en las normas legales sobre residuos, o el incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones, y ejercer una actividad no sujeta a autorización específica, o de forma contraria a lo establecido en esta Ley, cuando la conducta tenga lugar en espacios naturales protegidos en función de su valor ecológico.
  • c) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos.
  • d) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos que por su volumen o peligrosidad supongan un daño grave a los recursos naturales.
  • e) Las acciones u omisiones en materia de vertido, abandono o eliminación de residuos, que sean susceptibles de producir daños graves a la salud humana.
  • f) La resistencia a una inspección o control sobre la producción, transporte o gestión de residuos, siempre que éstos estuvieran considerados como tóxicos o peligrosos.
  • g) El incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos tóxicos y peligrosos, así como de productos que generen este tipo de residuos, siempre que se produzca un daño grave para el medio ambiente y se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
  • h) La transformación de los residuos que implique el traslado de la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor, siempre que se produzca una situación de daño grave al medio ambiente y ponga en peligro la salud de las personas.
  • i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales, siempre que se cause daño grave al medio ambiente o sea susceptible de producir daños graves a la salud humana.
  • j) El falseamiento de datos aportados al expediente para la obtención de autorizaciones reguladas en las leyes vigentes sobre residuos.
  • k) El incumplimiento de las obligaciones relativas a suelos declarados contaminados por residuos tóxicos y peligrosos.
  • l) La falta de constitución de seguros exigidos por la legislación de residuos.
  • m) El incumplimiento de las prohibiciones contenidas en el Capítulo V del Título II, de esta Ley.

3. Se consideran infracciones graves:

  • a) Ejercer cualquier actividad sin la preceptiva autorización prevista en las normas legales sobre residuos, o el incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones, y ejercer cualquier actividad de forma contraria a lo establecido en esta Ley, sin que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
  • b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido un daño grave a los recursos naturales ni sean susceptibles de producir daños graves a la salud humana.
  • c) La resistencia a la inspección o control sobre la producción, transporte o gestión de residuos que no tengan la consideración de peligrosos.
  • d) El incumplimiento de las determinaciones legales y manejo de los residuos tóxicos y peligrosos, así como de los productos que generen este tipo de residuos, siempre y cuando no causen un daño grave al medio ambiente y no pongan en peligro grave la salud de las personas.
  • e) La transformación de los residuos que origine el traslado de la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor, siempre que no constituya infracción muy grave.
  • f) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales, siempre que no cause daño grave al medio ambiente o sea susceptible de producir daño grave a la salud humana.
  • g) El falseamiento de datos en la información facilitada por gestores y productores de residuos, cuando sean requeridos por la autoridad competente.
  • h) El incumplimiento de las obligaciones relativas a suelos declarados contaminados por residuos no peligrosos.
  • i) La falta de constitución de fianzas o garantías o de su renovación, cuando sean obligatorias.
  • j) La comisión de algunas de las infracciones indicadas en el apartado 2, cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan la calificación de muy graves.
  • k) El incumplimiento de la obligación de designar al encargado de residuos.

4. Se consideran infracciones leves:

  • a) El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley, y en su desarrollo reglamentario, sin que se haya inscrito en el correspondiente registro administrativo.
  • b) El retraso en la entrega de cualquier dato referido a las gestiones de producción y gestión de residuos, cuya aportación resulte obligatoria.
  • c) La comisión de algunas de las infracciones indicadas en el apartado 3, cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan la calificación de graves.
  • d) Cualquier acción u omisión que infrinja lo establecido en esta norma que no esté tipificada como grave o muy grave.

Artículo 39 Imputación de responsabilidad

1. Son responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley los que hayan participado en su comisión.

2. Los productores o gestores de residuos de cualquier naturaleza serán responsables de las infracciones señaladas en esta Ley cometidas por sí o por personas vinculadas a ellos mediante contrato de trabajo o prestación de servicios.

3. En caso de que los efectos perjudiciales para el medio ambiente se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, se podrá imputar respectivamente esta responsabilidad y sus efectos en la medida de su participación en los hechos.

4. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables de algún deterioro ambiental o de los daños y perjuicios causados a terceros, y no fuese posible determinar el grado de participación de las diferentes personas físicas o jurídicas en la realización de la infracción o cuando el productor o gestor haga su entrega a persona física o jurídica que no esté autorizada para ello.

Artículo 40 Medidas provisionales

1. Iniciado un procedimiento sancionador, la Administración podrá ordenar la adopción, separada o conjunta de las siguientes medidas provisionales, que pueden ser, según la gravedad y transcendencia de la infracción cometida:

  • a) suspensión de la actividad y títulos administrativos que le den cobertura;
  • b) clausura de la instalación;
  • c) precinto de aparatos;
  • d) cualquiera otra de seguridad, control o corrección del daño.

2. La duración de estas medidas provisionales deberá ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

Artículo 41 Competencia sobre incoación, instrucción y resolución de los expedientes, sancionadores

1. En materia de residuos no urbanos, corresponderá a la consejería competente en materia de medio ambiente la incoación y tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones a lo previsto en la presente Ley.

2. Serán competentes para resolver e imponer las sanciones previstas en el artículo 42 de esta Ley:

  • a) El Gobierno, por infracciones muy graves, pudiendo imponer multas desde 50.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas.
  • b) El consejero competente en materia de medio ambiente, por infracciones graves, pudiendo imponer multas desde 25.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
  • c) Para infracciones graves con imposición de multas inferiores a 25.000.000, y para infracciones leves, los órganos de la consejería competente en materia de medio ambiente, en la forma que determine el reglamento orgánico del citado departamento.

3. En materia de residuos de competencia municipal, según esta Ley y la normativa básica de régimen local, corresponderá a los alcaldes incoar, instruir y resolver los expedientes por infracciones a las ordenanzas sobre residuos que al efecto se dicten, pudiendo imponer multas en las siguientes cuantías:

  • Por infracciones muy graves, desde 5.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
  • Por infracciones graves, desde 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
  • Por infracciones leves, hasta 500.000 pesetas.

4. En el caso de que las islas ejerzan competencia sobre gestión de residuos por delegación del Gobierno de Canarias, la competencia sobre incoación, instrucción y resolución será del cabildo insular, pudiendo su presidente imponer las sanciones previstas para el consejero competente en materia de medio ambiente, quedando facultado para delegar en otros órganos del cabildo afectos a la defensa del medio ambiente la imposición de sanciones por faltas graves y leves, con imposición de multas por cuantía inferior a 25.000.000 de pesetas.

Artículo 42 Clases y cuantías de las sanciones

Las infracciones previstas en esta Ley podrán dar lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones:

  • 1. Las infracciones muy graves:
    • a) multa de hasta 200.000.000 de pesetas;
    • b) cese definitivo o temporal, total o parcial, de las actividades y suspensión o revocación de la autorización, en su caso;
    • c) clausura definitiva o temporal, total o parcial, de las instalaciones;
    • d) inhabilitación profesional, definitiva o temporal, como gestor de residuos.
  • 2. Las infracciones graves:
    • a) multa de hasta 50.000.000 de pesetas;
    • b) cese temporal, total o parcial, de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso;
    • c) clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones;
    • d) inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos.
  • 3. Las infracciones leves:
    • a) multa de 50.000 hasta 1.000.000 de pesetas;
    • b) clausura temporal parcial de instalaciones;
    • c) apercibimiento público.

Artículo 43 Criterios de graduación

1. La concreción de las sanciones dentro de los límites establecidos se fijará teniendo en cuenta el grado de participación de los sujetos, la intencionalidad o negligencia con que fue realizada la infracción, la cuantía del beneficio ilícito obtenido, la importancia de los daños y perjuicios causados, su trascendencia por lo que respecta a la salud de las personas, su grado de malicia, su reiteración y la posibilidad de reparación de la realidad física alterada.

2. En ningún caso la multa será inferior al beneficio ilícito, sea cual sea el límite en relación con la clasificación de las infracciones.

3. Se tendrá en cuenta como circunstancia atenuante el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

Artículo 44 Prescripción de las infracciones y sanciones

1. Las infracciones leves establecidas en la presente Ley prescriben en el plazo de un año, las graves en el plazo de tres años, y las muy graves en el plazo de cinco años.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

3. La prescripción de infracciones y sanciones no afectará a la obligación de restitución de las cosas a su estado anterior ni a la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados.

Artículo 45 Multas coercitivas

Con independencia de las sanciones previstas, el órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá imponer al infractor sucesivas multas coercitivas cuya cuantía no debe exceder de un tercio de la sanción impuesta.

Artículo 46 Obligación de restitución

Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la reposición de las cosas a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.

Artículo 47 Acción pública

Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales la observancia de lo establecido en esta Ley y disposiciones que lo desarrollen.

Artículo 48 Publicidad de sanciones

El órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar la publicación, a través de los medios que considere oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves, una vez que éstas hayan adquirido firmeza.

Artículo 49 Clausura de establecimientos y revocación

Ante el ejercicio de una actividad relacionada con la gestión de residuos regulada en la presente Ley sin la autorización prevista legalmente o sin cumplir las condiciones establecidas legal o reglamentariamente o en la propia autorización, la Administración competente podrá, con la debida motivación y dando audiencia al interesado, clausurar el establecimiento o las instalaciones o, en su caso, suspender la autorización correspondiente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera Devengo de la tasa

1. Las autorizaciones e inscripciones previstas en esta Ley devengarán las correspondientes tasas que deben cubrir el coste del servicio.

2. Constituye el hecho imponible la resolución de los expedientes de otorgamiento de autorizaciones o inscripciones en los registros administrativos de los productores y gestores de residuos en los casos previstos en esta Ley.

3. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la correspondiente autorización o inscripción.

4. La tasa se devengará en el momento de la inscripción o del otorgamiento de la autorización. Se exigirá, sin embargo, por anticipado, mediante la liquidación provisional desde el momento de la solicitud del interesado. Si, una vez iniciado el expediente, el interesado renunciase a su continuación, la tasa se satisfará en la cuantía del 35% de la tarifa aplicable.

5. La determinación de la cuantía, procedimiento de gestión y liquidación para cada tipo de residuo de las tasas y precios públicos que procedan se fijará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica sobre la materia.

Segunda Residuos de envases y envases usados

A los residuos de envases y envases usados les será de aplicación la legislación básica estatal contenida en la Ley 11/1997, de 24 de abril. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones que en dicha Ley se contemplan corresponderá a la Comunidad Autónoma de Canarias, que podrá delegarla en los cabildos.

Disposición adicional segunda-bis Gestión de los residuos de envases

1. Con fecha 30 de agosto de 2016, transcurridos por tanto tres años desde la autorización como Sistema Integrado de Gestión de envases usados y residuos de envases a Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), otorgada por Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente y desarrollada la misma conforme al Convenio de 4 de abril de 2014, la consejería competente en materia de sostenibilidad ambiental deberá publicar en el Boletín Oficial de Canarias, previa evaluación y como dato oficial, las tasas de recogidas de residuos de envases de Canarias y de cada una de las islas.

2. Si no se hubiera alcanzado como media de Canarias la media española en la recuperación de envases, se procederá a realizar una prueba-piloto en isla no capitalina del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). La media española se verificará según datos oficiales del ministerio correspondiente o de la Comisión Europea.

3. Se autoriza al Gobierno, previa audiencia a los cabildos insulares, a la determinación de los parámetros de evaluación de cumplimiento de los objetivos del sistema integrado de gestión, así como -en su caso- de cuantos aspectos fueran necesarios para la realización de la prueba-piloto del SDDR, especialmente el apoyo financiero inicial y los que afecten al mercado interior, el transporte, la industria local, la distribución y los consumidores.

4. Los resultados de las evaluaciones realizadas serán tenidos en cuenta, en uno y otro caso, para determinar el grado de cumplimiento de las Directivas comunitarias sobre residuos de envases y la idoneidad de uno u otro sistema a las condiciones singulares de Canarias

Ir a Norma modificadora Disposición adicional segunda-bis introducida por el artículo 19 de Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2014

Tercera Registro de Productores y Poseedores de Residuos

A los efectos previstos en la presente Ley, se crea el Registro de Productores y Poseedores de Residuos en el seno de la consejería competente en materia de medio ambiente, cuyo contenido y funcionamiento se determinará reglamentariamente.

Véase el D [CANARIAS] 65/2001, 5 marzo, por el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal de Registro («B.O.I.C.» 21 marzo).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Adaptación a la Ley de las entidades gestoras y de los productores de residuos

1. Las entidades públicas gestoras, directas del servicio de recogida de residuos y las empresas, ya sean públicas o privadas, incluidas las concesionarias de servicios públicos, que se dediquen a la actividad de gestión de cualquier clase de residuos, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, se adaptarán en un plazo de veinticuatro meses, a contar desde la publicación de la misma a las condiciones técnicas y requisitos que en esta Ley se determinen.

2. En el mismo plazo señalado en el apartado anterior, los productores de residuos que no sean los de carácter doméstico o asimilados se adaptarán igualmente a lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la puesta en marcha de la recogida selectiva de determinados residuos, que quedarán condicionadas a la completa entrada en vigor de la Ley.

Segunda Adecuación de las ordenanzas de las entidades locales

Las entidades locales tendrán un plazo de un año para adecuar sus ordenanzas y reglamentos del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los contenidos de la presente Ley.

Tercera Adecuación de la recogida selectiva de municipios

La obligación de los municipios de población superior a cinco mil habitantes de implantar sistemas de recogida selectiva establecida en el artículo 31 no será exigible hasta el 1 de enero del año 2001.

Cuarta Adecuación de los residuos tóxicos y peligrosos

Lo establecido en esta Ley para residuos reciclables y valorizables no será de aplicación a los residuos tóxicos y peligrosos hasta el 1 de enero del año 2000.

Quinta Aplicación de restricciones en materia de envases

Las restricciones establecidas en el artículo 35 respecto al empleo de envases metálicos no reutilizables y a su promoción publicitaria no serán de aplicación hasta transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley.

Ir a Norma modificadora Disposición Transitoria 5.ª redactada por el artículo único de la Ley [CANARIAS] 13/1999, 17 noviembre, de modificación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias («B.O.I.C.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 1999 Véase la Ley [CANARIAS] 5/2000, 9 noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias («B.O.I.C.» 20 noviembre). Ir a Norma

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al Gobierno de Canarias para desarrollar y ejecutar las disposiciones de la presente Ley y para dictar las reglamentaciones específicas de cada tipo de residuos de acuerdo con lo previsto en la misma, sin perjuicio de la potestad reglamentaria de las entidades locales que, en su caso, les corresponda.

Véase el D [CANARIAS] 112/2004, 29 julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias («B.O.I.C.» 17 agosto). Ir a Norma Véase el D [CANARIAS] 65/2001, 5 marzo, por el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal de Registro («B.O.I.C.» 21 marzo).

Segunda

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.