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Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Ficha:
  • rgano PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
  • Publicado en BOIC nm. 27 de y BOE nm. 56 de
  • Vigencia desde 10 de Marzo de 2003. Esta revisin vigente desde 01 de Julio de 2012

Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 12.8 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

PREMBULO

I

Hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con el artculo 47 de la Constitucin es uno de los problemas ms complejos a los que se viene enfrentando la Comunidad Autnoma de Canarias desde su constitucin. El innegable esfuerzo realizado hasta ahora, en especial con la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, y los tres Planes de Vivienda aprobados a su amparo (1988-1991, 1992-1995, 1996-1999), no pueden ocultar el dficit que existe de viviendas accesibles por las familias canarias de rentas bajas y medias.

La experiencia acumulada en estos aos permite resumir en tres los escollos principales que dificultan, si no impiden, la solucin del problema de vivienda en Canarias: la limitacin de los recursos econmicos disponibles, la escasez de suelo apto para la edificacin y la complejidad y lentitud en la tramitacin de los proyectos y promociones de viviendas sujetas a un rgimen de proteccin pblica. Los recursos pblicos disponibles seguirn siendo limitados; las polticas de ajuste del gasto pblico, consecuencia de nuestra incorporacin a la Unin Europea, lo imponen. Sin embargo, tras ms de una dcada de tipos de inters altos, en los ltimos aos se ha producido una reduccin drstica de los intereses de los prstamos hipotecarios, seguida de un fuerte incremento de la demanda de viviendas protegidas, que debe ser atendido por los poderes pblicos canarios mediante la adopcin de medidas jurdicas y econmicas que den un nuevo impulso a la poltica autonmica de vivienda, abordando soluciones para cada uno de los problemas expuestos.

Este es el sentido de la presente Ley: reordenar la intervencin de las administraciones pblicas en materia de vivienda, en especial en la promocin, financiacin y reglamentacin de las viviendas sujetas a un rgimen de proteccin pblico, mediante un cambio de los modos y formas tradicionales de actuacin pblica en esta materia, establecindose, con carcter transitorio, la aplicacin supletoria de las denominadas Normas Bsicas de la edificacin -NBE- a que se refiere la disposicin final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, sin perjuicio, de que otra norma con rango de ley establezca en el futuro, dentro del mbito de Canarias de los preceptos competencia autonmica las normas tcnicas aplicables a la construccin de viviendas.

II

La Ley encomienda la gestin de las competencias ejecutivas en materia de vivienda a una nueva entidad pblica, el Instituto Canario de la Vivienda, organismo autnomo del Gobierno de Canarias, y en cuyo consejo de administracin participan los cabildos insulares; regulando su estatuto jurdico bsico. Se abordan con este modo de gestin dos problemas principales: el primero, la coordinacin de las funciones que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas de Canarias otorga a los cabildos insulares y las que corresponden a la comunidad autnoma mediante procesos de desconcentracin o mediante convenios interadministrativos; y el segundo, la sujecin del Instituto a un rgimen jurdico singular, conforme al cual, se pretende agilizar y simplificar la gestin, sin menoscabo de las garantas que deben asegurar el buen uso de los fondos pblicos, ni del derecho de los ciudadanos de acceder a esos fondos y a las viviendas protegidas. No se trata de un intento de huir del derecho administrativo, tan slo de utilizar de entre los instrumentos que ofrece ese ordenamiento aquellos que permiten una gestin ms rpida y eficiente. De otra parte, junto a los representantes autonmicos e insulares, en el mximo rgano de direccin del Instituto se prev la incorporacin de cuatro representantes de los municipios canarios de los cuales al menos dos han de ser de municipios mayores de 100.000 habitantes. Esta representacin supone el reconocimiento del papel fundamental que en la poltica de vivienda corresponde a estas entidades locales, que se viene materializando con la cesin de suelo para la promocin pblica de viviendas, la adscripcin en los instrumentos de planeamiento generales de suelo residencial para la construccin de viviendas protegidas, y en la participacin en los procedimientos de adjudicacin de las viviendas. Esta incorporacin no supone que las competencias municipales pasen a ser gestionadas por el Instituto, nicamente, el reconocimiento de la tarea que vienen desempeando en el marco de las previsiones de los artculos 25.2.d) y 28 de la Ley de Bases de Rgimen Local.

III

La Ley aborda, a continuacin, el problema de la escasez de suelo aprovechando un instrumento que viene siendo utilizado por otras Comunidades Autnomas y que recoge el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenacin del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: la afectacin directa de suelo a la construccin de viviendas protegidas mediante el establecimiento de un estndar urbanstico mnimo que deben incorporar los instrumentos municipales de planeamiento. En concreto, la Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenacin, a los que corresponde la determinacin de los usos globales del territorio insular, y en su caso tambin a los Planes de Vivienda, la determinacin de aquellos municipios en los que es prioritaria, incluso perentoria, la construccin de viviendas protegidas y, por tanto, en las que debe centrarse el esfuerzo pblico, sin perjuicio de las actuaciones que fueran necesarias en municipios de otra naturaleza. La consecuencia bsica de esa determinacin es la obligacin de que los instrumentos de planeamiento general de esos municipios destinen, al menos, el 20% del suelo urbanizable de uso residencial y del suelo urbano afectado por operaciones de reforma interior, a esa clase de uso residencial, sin que, se pueda destinar a este uso ms del cincuenta por ciento del aprovechamiento del mbito o sector en concordancia con lo establecido en el artculo 32.2. A.8 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenacin del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. Para la cobertura de ese estndar urbanstico la Ley admite la afectacin expresa de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados a ste. Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta medida y evitar la inactividad de los propietarios afectados, se declara causa de expropiacin el incumplimiento del deber de edificacin en los plazos que se sealen. Finalmente, se establece el deber de los promotores tursticos de colaborar en la construccin de viviendas protegidas para la poblacin de servicios.

IV

En atencin a la competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma de Canarias para fijar las normas sustantivas de las viviendas sujetas a proteccin pblica, la Ley establece el rgimen bsico de esas viviendas, a las que se denomina viviendas protegidas. Se trata de un rgimen comn para todas las clases de viviendas que se definen en esta norma, sin perjuicio de las especialidades que se establecen para cada una de ellas. Los cambios ms importantes que se introducen son: 1) en cuanto a las viviendas protegidas de promocin privada, y asimiladas, su rgimen jurdico tiende a equipararse con el de las viviendas libres, reducindose la intervencin, control y limitaciones administrativas a lo indispensable para garantizar el adecuado destino y empleo de los fondos pblicos; y 2) una nueva modalidad de financiacin, el subsidio de prstamos no cualificados, habida cuenta que los tipos de inters de los prstamos hipotecarios se encuentran en un nivel que permite a los adquirentes obtener en el mercado libre prstamos hipotecarios de iguales condiciones que los cualificados. En cuanto a los derechos de opcin de compra, tanteo y retracto, la Ley establece la caducidad de estos derechos cuando transcurran ms de tres meses desde la adopcin de la decisin sin que se haya pagado el precio.

V

Se define el Plan de Vivienda como el instrumento que ordena y coordina todas las acciones pblicas en materia de fomento del suelo protegido y la vivienda, estableciendo que en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autnoma se habiliten los crditos suficientes para dar cobertura a su contenido y objetivos. La obligacin de dotar presupuestariamente el Plan, a travs del Fondo Canario de la Vivienda, es el contrapeso obligado de la imposicin de un estndar urbanstico que obliga tanto a los municipios, como a los propietarios y promotores privados. Con ello se pretende, adems, dotar de recursos la poltica autonmica de vivienda, tradicionalmente limitada.

VI

Finalmente, siguiendo la estela de otras Comunidades Autnomas, la Ley actualiza y acomoda a los principios del ordenamiento jurdico vigente, el rgimen de la potestad de desahucio y el de la potestad sancionadora en materia de vivienda y, en particular, en viviendas protegidas, as como el procedimiento para su ejercicio.