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Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor.

Ficha:
  • rgano PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  • Publicado en BOCM nm. 154 Ext. de y BOE nm. 238 de
  • Vigencia desde 30 de Junio de 2010.
Versiones/revisiones:

Sumario

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREMBULO

La Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin seala en su artculo 104.1 que las Administraciones educativas estn obligadas a velar para que el profesorado reciba el trato, la consideracin y el respeto acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada por la sociedad. En el punto 2 de ese mismo artculo, se establece que las Administraciones educativas prestarn una atencin prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estmulo de una creciente consideracin y reconocimiento social de la funcin docente.

La filosofa de las leyes que han regido la educacin en Espaa desde la aprobacin de la LOGSE y los cambios sociales acaecidos en las dos ltimas dcadas han trado consigo una crisis preocupante del conjunto de las instituciones educativas y del papel del profesor. Por un lado, la transmisin de conocimientos y saberes ha perdido su preeminencia como finalidad de la educacin, enfrentando a los profesores a nuevas tareas alejadas de su misin esencial y de su autntica vocacin. Por otro lado, se han ido trasladando a los docentes responsabilidades que han de corresponder a la familia antes que a la propia institucin escolar.

El resultado ha sido un descenso de la valoracin social de la funcin docente y una prdida de autoridad de los profesores que se manifiesta no slo en episodios graves, aunque afortunadamente aislados, de violencia escolar, sino tambin en una tendencia a la indisciplina en las aulas. Con cierta frecuencia el profesor pierde la mitad de su valioso tiempo en mantener el orden necesario para desarrollar su tarea docente, lo que perjudica al conjunto de los alumnos y deteriora la calidad de la enseanza. A ello hay que aadir que la propia tarea de ensear se ha vuelto an ms compleja por la diversidad cultural y social de los alumnos y sus familias.

En su artculo 27, apartado 2, la Constitucin espaola consagra el derecho a la educacin como derecho fundamental. La autoridad del profesor, tanto en el plano acadmico como en el de la disciplina, es la primera garanta de que el disfrute individual de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se aseguren as los derechos de todos. Esta garanta se hace, asimismo, extensiva a la autoridad de los equipos directivos en el desarrollo de su funcin y, en particular, del director.

La nueva norma responde a la necesidad objetiva de adoptar medidas legales para reforzar la autoridad de maestros y profesores con el fin de garantizar el derecho individual a la educacin, mejorar la convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la enseanza.

Los colegios e institutos son, esencialmente, centros de enseanza. Necesitan un ambiente adecuado para que el profesor ensee y el alumno aprenda. Para ello esta Ley contempla la obligacin de que cada centro cuente con sus normas de organizacin y funcionamiento, y que las conductas contrarias a esas normas puedan ser sancionadas por los profesores y los directores, de manera justa, rpida y eficaz. La permanencia del alumno en un centro escolar ha de ser un ensayo general y continuado de la vida en sociedad, en la que cada uno es responsable de sus actos, y en la que hay normas que han de ser respetadas as como personas e instituciones investidas de autoridad para hacerlas cumplir.

Para que los profesores puedan realizar con xito la elevada tarea que la sociedad les encomienda, es preciso transmitir que, adems de la autoridad que les confiere su saber, estn investidos de una autoridad institucional por ejercer la funcin primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educacin. De lo contrario, quedara desmentida en la prctica la importancia que reviste la educacin, en general, y la instruccin, en particular, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La presente Ley reconoce la condicin de autoridad pblica a los directores y los dems miembros del equipo directivo, as como a los profesores, lo que implica que todos ellos gozarn de presuncin de veracidad, en sus informes y declaraciones, as como de la proteccin reconocida por el ordenamiento jurdico.

En definitiva, esta norma pretende reforzar el pilar esencial de todo sistema educativo, que son los maestros y los profesores. Disponer de un profesorado que cuente con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es condicin esencial para avanzar en un sistema educativo de calidad, que prime el mrito y el esfuerzo y eduque en la convivencia, el respeto y el sentido de la responsabilidad.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida en el artculo 29 de su Estatuto de Autonoma la competencia para realizar el desarrollo legislativo y ejecucin de las enseanzas en toda su extensin, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de las competencias que en materia educativa corresponden al Estado.

La Ley se estructura en dos ttulos, una disposicin adicional, una disposicin derogatoria y una disposicin final.