Sumario

Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2004, 9 diciembre, derogada por la disposici�n derogatoria �nica.1.c) de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/2014, 25 julio, de Ordenaci�n del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (�D.O.C.V.� 31 julio). V�ase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 120/2006, 11 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana (�D.O.G.V.� 16 agosto).

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci�n y el Estatuto de Autonom�a, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:

PRE�MBULO

La evoluci�n de la realidad socio econ�mica de la Comunidad Valenciana y su incidencia sobre el suelo no urbanizable requiere la adecuaci�n del marco normativo que establece el r�gimen de este suelo para dar respuesta a las nuevas situaciones que se plantean en este espacio. El transcurso de m�s de una d�cada de la Ley 4/1992, Sobre Suelo No Urbanizable, y la constante aplicaci�n de sus preceptos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar el contenido de la ley. Destacan tres aspectos importantes: la exigencia al planeamiento de un mayor rigor de an�lisis y ordenaci�n; la preservaci�n de las instituciones que ya se han incorporado a la cultura jur�dica de nuestra Comunidad; y la notable ampliaci�n de las competencias de los municipios.

La legislaci�n hist�rica sobre el urbanismo, cuando se ocupa de la regulaci�n del contenido de los instrumentos de planeamiento, es sumamente rigurosa con la ordenaci�n de que se dota a los suelos urbano y urbanizable, siendo m�s imprecisa respecto del suelo no urbanizable o r�stico.

El suelo no urbanizable es aquel en el que por definici�n no se puede destinar a otros fines distintos del agr�cola, forestal, ganadero, cineg�tico y, en general, de los vinculados a la utilizaci�n racional de los recursos naturales, dentro de los l�mites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento. S�lo, por excepci�n a la regla general de inedificabilidad del medio rural, la ley admite posibles usos y aprovechamientos urban�sticos, siempre que sean los estrictamente necesarios y resulte imprescindible su localizaci�n en esta clase de suelo. Este tratamiento especial netamente protector y restrictivo en cuanto a la implantaci�n de actividades que presentan un cariz urban�stico en el suelo no urbanizable, se fundamenta en la misma naturaleza de este espacio f�sico, cuya preservaci�n se encuentra estrechamente vinculada a la protecci�n del medio ambiente.

La ley, desde la �ptica integral de la ordenaci�n del territorio, parte de la base de que hay presentes en el territorio determinados factores que impiden que �ste sea urbanizable. Las competencias de la Generalitat en materias como la agricultura, el medio ambiente o las infraestructuras, ser�an t�tulo suficiente para justificar su intervenci�n con el prop�sito de que la ocupaci�n urban�stica del territorio no ignore otros destinos del suelo, incluso el de su no provecho urbano. Por ello, la ley formula una concepci�n positiva del suelo no urbanizable, cuya clasificaci�n como tal es consecuencia obligada de la identificaci�n y valoraci�n de la importancia de dichos factores. De este modo, el planificador, tras el an�lisis del territorio en el que opera, ha de adoptar una decisi�n cuyo margen de discrecionalidad queda bien acotado: si el territorio considerado tiene alguno de los riesgos, valores o riquezas naturales dignos de preservaci�n -como la reciente modificaci�n de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre R�gimen del Suelo y Valoraciones enumera-, debe clasificarlo como suelo no urbanizable, de manera que se asegure su sostenibilidad en un contexto de desarrollo ordenado y equilibrado del territorio. A tal fin la ley distingue dos categor�as de suelo no urbanizable, el protegido y el com�n, en funci�n del grado de preservaci�n del suelo y r�gimen limitativo establecido para su utilizaci�n.

En el suelo no urbanizable protegido se incluye aquel suelo en el que est� acreditada la presencia de un importante riesgo o est� sometido a alg�n r�gimen de protecci�n incompatible con su transformaci�n de acuerdo con la legislaci�n sectorial espec�fica, as� como aquellos suelos que albergan valores naturales o paisaj�sticos cuya restauraci�n, conservaci�n o mantenimiento convenga al inter�s p�blico local. En esta categor�a de suelo s�lo se podr�n realizar aquellas actuaciones que siendo compatibles con las normas de protecci�n correspondientes, tenga previstas el planeamiento por ser necesarias para el mejor aprovechamiento, cuidado y restauraci�n de los recursos naturales o para su disfrute p�blico y aprovechamiento colectivo.

Por otra parte, el suelo no urbanizable com�n comprender� aquellos terrenos de naturaleza r�stica que, reuniendo valores, riesgos o riquezas naturales no merecedores de una especial protecci�n o por razones objetivas de �ndole territorial, el planeamiento general considere que deben ser preservados de su eventual transformaci�n, hasta que de acuerdo con las limitaciones establecidas por la estrategia de ocupaci�n del territorio se cumplan las condiciones previstas para su posible incorporaci�n al desarrollo urbano. En esta categor�a de suelo s�lo podr�n autorizarse, al amparo del planeamiento general, aquellas actuaciones de car�cter aislado que en los t�rminos previstos en esta ley sean compatibles con el sostenimiento y el mantenimiento del medio rural.

Tras esta primera decisi�n sobre el r�gimen del suelo no urbanizable, la ley exige al planeamiento una gama de determinaciones m�nimas mediante la t�cnica de la zonificaci�n. El plan ordenar� y delimitar� expresamente las zonas vocacionalmente aptas para albergar los diferentes usos susceptibles de realizarse en esta clase de suelo y prohibir� los usos que por impropios resulten indeseables en cada una de las zonas de ordenaci�n delimitadas.

Para la utilizaci�n del suelo no urbanizable, consecuente con el r�gimen de derechos y deberes de la propiedad que esta ley regula, se sigue una secuencia de intervenciones de la administraci�n auton�mica y local, mediante las t�cnicas ya conocidas del informe y la declaraci�n de inter�s comunitario, que se enmarcan en la esfera de atribuciones de los �rganos de la administraci�n de la Generalitat y preceden a la licencia urban�stica que debe emanar de los ayuntamientos.

En este aspecto relativo a las autorizaciones en suelo no urbanizable es en el que la ley opera un importante traslado de competencias en favor de los municipios y, en consecuencia, contribuye a ampliar el marco de la autonom�a que �stos tienen constitucionalmente garantizada. En concreto, aquellas actuaciones que pretenden usos y aprovechamientos m�s directamente vinculados con la utilizaci�n del suelo no urbanizable, pasan a ser autorizadas por los correspondientes ayuntamientos, superando la regulaci�n de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable -que se deroga-, que somet�a tales actuaciones a la previa autorizaci�n urban�stica auton�mica.

En lo atinente al resto de actividades, la ley acota con mayor rigor aquellas susceptibles de localizarse en el espacio rural, seg�n criterios y fines propios de la competencia para la ordenaci�n del territorio, cuya compatibilidad con los valores protegidos y su impacto territorial positivo garantiza en cada caso la declaraci�n de inter�s comunitario. La cual debe ser adoptada con importantes cautelas documentales y procedimentales.

Las disposiciones adicionales de la ley se ocupan, adem�s de adoptar normas para la armonizaci�n legislativa, de cuestiones relacionadas con el recto uso del suelo no urbanizable. As�, se regula el r�gimen de parcelaci�n de fincas o terrenos; se instaura un nuevo marco legal para la dotaci�n de servicios de energ�a el�ctrica, agua, gas y telefon�a a las edificaciones en tal clase de suelo y se atribuye la competencia para sancionar las transformaciones agr�colas ilegales.

En materia de infracciones y sanciones para acciones espec�ficas que inciden en el suelo no urbanizable, se mantiene el r�gimen previsto en la legislaci�n anterior, con el objetivo de abordar en un futuro de forma conjunta y coherente los instrumentos precisos para que la administraci�n lleve a cabo con eficacia la protecci�n de la legalidad urban�stica y territorial, de forma que el urbanismo y las distintas pol�ticas que inciden sobre el territorio puedan satisfacer con eficacia los fines p�blicos que tienen encomendados.

En las disposiciones transitorias es destacable la previsi�n de la instituci�n de la homologaci�n del planeamiento urban�stico, como v�a adecuada para la adaptaci�n de aqu�l al contenido de esta nueva ley, as� como el establecimiento de un r�gimen transitorio en tanto no se produzca dicha adaptaci�n. Adem�s se adoptan las necesarias previsiones transitorias de tolerancia para industrias legalmente consolidadas en el suelo no urbanizable con anterioridad a la ley, al tiempo que se prev� la homologaci�n de las declaraciones de inter�s comunitario otorgadas al amparo de la anterior Ley del Suelo No Urbanizable.

Por �ltimo, es tambi�n de resaltar la manera en que se aborda la problem�tica de los n�cleos de viviendas existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana, consolidados al margen de la legalidad urban�stica, pues supone una innovaci�n respecto de la legislaci�n que se deroga, la cual desde una perspectiva exclusivamente urban�stica estableci� un riguroso r�gimen excepcional transitorio para su regularizaci�n, lo que condujo en la pr�ctica a su inaplicaci�n. Por ello, esta ley se ocupa de la cuesti�n entendiendo imprescindible a priori garantizar su m�nima afecci�n territorial entendida en sentido amplio, sin perjuicio de que el planeamiento pueda adem�s establecer una regularizaci�n urban�stica conforme a la legislaci�n vigente.

En la elaboraci�n del proyecto de ley se ha dado una amplia participaci�n ciudadana e institucional. En particular, en cuanto a la audiencia de las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales y agrarias, colegios profesionales, universidades valencianas, la Federaci�n Valenciana de Municipios y Provincias, el Comit� Econ�mico y Social, y es conforme con el Consejo Jur�dico Consultivo de la Comunidad Valenciana.