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Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA
  • Publicado en DOCV núm. 3482 de
  • Vigencia desde 17 de Mayo de 1999. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2012

Sumario

Norma afectada por
1/1/2012
Ir a Norma L 9/2011 de 26 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat)
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Artículo 33 bis introducido por el artículo 79 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 9/2011, 26 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 28 diciembre). Ir a Norma
1/1/2011
Ir a Norma L 16/2010 de 27 Dic. CA Valenciana (Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat)
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Téngase en cuenta que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública de la Generalitat (IVASP), ha pasado a denominarse Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), según establece el artículo 89 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 16/2010, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 31 diciembre). Ir a Norma
1/1/2007
Ir a Norma L 10/2006 de 26 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización)
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Disposición Adicional 3.ª introducida por el artículo 43 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2006, 26 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat («D.O.G.V.» 28 diciembre). Ir a Norma
1/1/2001
Ir a Norma L 11/2000 de 28 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat)
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Disposición Transitoria 4.ª redactada por el artículo 46 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 11/2000, 28 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana («D.O.G.V.» 29 diciembre). Ir a Norma
Véase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 19/2003, 4 marzo, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana («D.O.G.V.» 7 marzo).

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

PREAMBULO

I.

La andadura autonómica en materia de coordinación de las policías locales tuvo su inicio formal en la Ley 2/1990, de 4 de abril. Esta norma se ha manifestado como un importante medio para la modernización de la seguridad pública en cuanto que competencia estatal en la que participan la administración autonómica y locales, en el marco de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El esfuerzo realizado ha sido de tal entidad que en relativamente poco tiempo se ha pasado de la consideración legal de las policías locales como elemento auxiliar a un cuerpo de seguridad integrado, dado el tratamiento unitario y único de la seguridad ciudadana, dentro del sistema constitucional de fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo la rápida evolución de las Policías Locales, por el evidente impulso de la Ley de Coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, obliga a un replanteamiento de la misma ley autonómica, con el fin de adecuar estos cuerpos policiales a las nuevas exigencias del servicio de seguridad pública que la sociedad demanda. Este hecho ha servido, asimismo, para poner de manifiesto algunas deficiencias en el plano del régimen estatutario de los funcionarios de policía local que es preciso abordar en el ámbito de la competencia de coordinación que se tiene asumida.

II.

Se pretende, en primer lugar y dentro del marco de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abordar un concepto de policía local como servicio público de seguridad pública. Dentro del estrecho margen que la LOFCS permite en este punto, parece conveniente avanzar y abundar en la noción de servicio público a prestar por las corporaciones locales de acuerdo con la legislación básica de régimen local, y por tanto como una prestación más que el ciudadano tiene derecho a exigir a los poderes públicos.

Así la policía local dependiente de los municipios de la Comunidad Valenciana es un servicio público dirigido a la protección de la seguridad ciudadana, entendida en su aspecto negativo como toda lesión o menoscabo que se produzca en el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a las personas, y al cumplimiento de las ordenanzas municipales, que pretende, mediante la prevención y el auxilio, la mejora de la calidad de vida y de bienestar de los vecinos.

III.

El ámbito de la coordinación de las policías locales recogido en los artículos 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y 4 de la Ley de Coordinación Autonómica, no se agota con el desarrollo normativo de sus previsiones por parte de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de su constante actualización y puesta al día. Cuestiones tales como la organización de un sistema de intercomunicaciones, la información y asesoramiento, o el establecimiento de un marco de apoyo y colaboración interpolicial, precisan de la oportuna concreción que facilite esta coordinación con respeto, en todo caso, de la autonomía municipal y del margen necesario de los entes coordinados para que la coordinación pueda ser calificada como tal.

La intercomunicación policial no se agota con el establecimiento de una red troncal de comunicaciones, sino que abre la posibilidad de establecer el marco que permita el intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, con las debidas precauciones y reservas y con respeto a los derechos de los ciudadanos, lo que facilitaría la labor que tienen encomendadas las policías locales.

La información, asesoramiento y colaboración interpolicial, permiten, igualmente, establecer un generoso margen donde puedan llevarse a cabo, permitiendo entre otras actividades la realización de ofertas de empleo conjuntas, la adquisición centralizada de material, o la catalogación de puestos vacantes en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

IV.

La concurrencia de distintos intereses y necesidades de los diferentes municipios que integran la Comunidad Valenciana parece conducir a la necesidad de un replanteamiento de la estructura y organización de las policías locales en este ámbito geográfico, como instrumento de coordinación de indudable importancia.

En este punto se hace preciso dar soluciones al problema, todavía no resuelto, de los auxiliares de policía y de la estructura y organización de los cuerpos de policía en los municipios con población de menos de 5.000 habitantes.

V.

La selección, promoción, movilidad así como la provisión de los puestos en la organización policial local merece una singular atención, por la trascendencia que ello va a tener para la mejor calidad del servicio que se presta, sin que pueda omitirse la particularidad que supone la provisión de los puestos de jefatura dada su posición en la organización municipal. En esta cuestión se ha visto oportuno optar por permitir a los municipios un amplio margen de discrecionalidad a la hora de la provisión de estos puestos, con respeto a los criterios derivados del artículo 103 de la Constitución así como de la legislación sobre función pública, habida cuenta que se trata de puestos reservados por imperativo legal a funcionarios públicos.

En lo relativo a la promoción interna, la anterior Ley de Coordinación supuso la normalización de este derecho reconocido a los funcionarios públicos, si bien la regulación allí contenida en lo relativo a los puestos de Cabo al reservar la totalidad de las plazas a este sistema impedía de hecho el ejercicio del derecho de movilidad que, igualmente, tenían reconocido.

La movilidad, que ha supuesto un importantísimo avance a la hora de facilitar la coordinación, tropezaba con no pocos obstáculos a la hora de su materialización como derecho. Su reconocimiento no hizo más que evidenciar las dificultades que presenta, ya que se está dando un tratamiento de cuerpo autonómico a cuerpos locales, lo que, a falta de otra normativa, crea una situación de indefinición tanto a los ayuntamientos como a los funcionarios que ejercen este derecho.

Por su parte el reconocimiento de la situación de segunda actividad es merecedor de un tratamiento más específico que permite, sin menoscabar el funcionamiento de las corporaciones locales, el pase a otras actividades a aquellos funcionarios de la policía local que vean sensiblemente disminuidas sus capacidades para el perfecto desempeño de su misión.

VI.

En el apartado de derechos y deberes parece conveniente que éstos se recojan, al menos en sus aspectos básicos, en una norma con rango de ley. La exigencia del principio de legalidad se vería, así mismo, mejor cumplida al recogerse en una norma con rango de ley, dotando así de una mayor coherencia y plenitud a la Ley de Coordinación. En este orden de cosas, no puede soslayarse la regulación de un régimen retributivo, a la vista de las normas básicas de aplicación en la materia.

VII.

Todo lo anterior supone una alteración sustancial del marco legal vigente en la actualidad, lo que obligará a establecer un régimen transitorio que permita la perfecta adecuación a la nueva situación. Esta afecta, entre otros aspectos, a facilitar el acceso de quienes no disponen de la titulación correspondiente por medio de la realización de cursos específicos de formación; la redefinición y, en su caso, integración de las categorías en atención a los requisitos específicos que se exigen.