Busca en Noticias Juridicas

Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia. (Vigente hasta el 1 de enero de 2003)

Ficha:
Versiones/revisiones:

Sumario

1. Justificación y principios inspiradores.

El marco legislativo vigente en Galicia hasta la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, que estaba integrado por la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de Adaptación de la del Suelo a Galicia, por una parte, y, por otra, por el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril de 1976, y los reglamentos de planeamiento, disciplina y gestión urbanística, se vió profundamente afectado por la nueva regulación estatal que vino a modificar una legislación que, en lo no derogado por la normativa emanada de la Comunidad Autónoma, ésta había aceptado que se integrase en su propio ordenamiento jurídico. La situación resultó acentuada por la promulgación del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

La nueva regulación estatal tiene una fuerte incidencia sobre el marco legal descrito, entre otras, por las siguientes razones:

  1. Porque la base que utiliza el texto refundido de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992, para regular el régimen urbanístico del suelo, es la clasificación de este último, según la Ley de 9 de abril de 1976. Pero las clases de suelo, además de ser el soporte estatutario del derecho de propiedad, constituyen un conjunto de piezas integrantes del planeamiento general. Como consecuencia de esta técnica se consolida un modelo de plan que, sin perjuicio de sus valores, no puede considerarse único e invariable. El planeamiento urbanístico es la expresión instrumental más genuina de la competencia urbanística.

  2. Porque la unificación del régimen urbanístico de los suelos urbano y urbanizable, sin tener en cuenta las diferencias evidentes que existen entre ambos, ni las que dentro del propio suelo urbano distinguen el suelo consolidado para la edificación del que aún no alcanzó ese estado, crea una situación legal de confusión e incongruencia que puede llegar a bloquear el régimen del suelo urbano o a favorecer la aplicación de soluciones contradictorias y casuísticas, incompatibles con el principio de igualdad ante la Ley.

  3. Igualmente, resulta afectado negativamente el régimen urbanístico del suelo urbano de los municipios en los que el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, no se aplica íntegramente debido a la indeterminación que sobre estos supuestos, que constituyen mayoría en Galicia, presenta dicho texto.

  4. Porque los sistemas de distribución de beneficios y cargas de la legislación general, confirmados en Galicia por la Ley de 22 de agosto de 1985, quedan en situación de abierta indeterminación con la aparición de instrumentos tales como las transferencias de aprovechamientos urbanísticos y las actuaciones asistemáticas, que, sin alterar en esencia el clásico mecanismo de la reparcelación o la compensación, plantean dudas sobre su naturaleza y operatividad y dificultan los procesos edificatorios.

  5. Asimismo, el régimen de plazos para la urbanización y, especialmente, para la edificación tienen una regulación genérica que no puede aplicarse al margen de los problemas y circunstancias concretos de cada municipio y de cada caso.

  6. Por último, quedan afectados por la nueva regulación del Estado extremos tan determinantes como el régimen de adquisición y pérdida de facultades urbanísticas, las valoraciones del suelo y las expropiaciones, el patrimonio municipal del suelo, el régimen de indemnizaciones por causa de alteración del planeamiento, o aparecen nuevas materias objeto de regulación, como son los derechos de tanteo y retracto, a lo que se añade la complejidad de una graduación de los niveles de vinculación y exclusividad de la normativa estatal por su carácter básico, pleno o supletorio.

Todo ello justifica una reconsideración completa del bloque de la legalidad urbanística de Galicia. La complejidad legislativa que originan estos contenidos de la regulación del Estado exige que la Junta de Galicia se plantee la conveniencia de formular una regulación legal de la materia urbanística que debe constituir un bloque normativo completo.

El reconocimiento por el artículo 148.1.3 de la Constitución de que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, complementado por la formulación del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 27.3 proclama como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la citada materia, constituyen los títulos que legitiman la elaboración de un texto legal para regular de manera integral la actividad urbanística de Galicia.

Su elaboración se afrontó con el rigor y la decisión que su propia naturaleza e importancia requieren, tanto para asumir cuanto de aceptable y adecuado a la realidad gallega tiene la regulación del Estado como para ofrecer las soluciones que su singularidad requiere o aconseja la posición autonómica en relación con la gestión urbanística y el papel de los distintos operadores que intervienen en la misma.

Desde este planteamiento se formuló el texto legal que, en relación con la legislación anterior, arranca de los siguientes criterios:

  1. Se parte del expreso reconocimiento y aceptación de los principios resultantes del ordenamiento urbanístico que se consolidó en España a partir de la Ley del Suelo de 1956.

    Por ello, todas aquellas formulaciones de preceptos procedentes del texto refundido de 1976 o del nuevo de 1992 que se estimen adecuados para regular la problemática actual se recogen sin reparos. Obviamente, este mismo planteamiento comporta la necesidad de ofrecer soluciones nuevas para los problemas específicos que plantea la realidad en este preciso momento, así como para dar respuesta legal adecuada a los aspectos diferenciales que existen en Galicia, que ya habían sido detectados por la Ley de Adaptación de la del Suelo a Galicia, cuya orientación se ha tenido muy en cuenta, fundamentalmente en lo que hace referencia a la regulación del suelo rústico y del sistema de núcleos de población.

  2. En otro sentido, es conveniente advertir que las disposiciones que el texto refundido de 1992 se califican como de aplicación plena, respecto a las cuales la Comunidad Autónoma carece de competencia para su regulación, se excluyen de esta Ley, por esa misma razón, aunque se incorporen disposiciones aisladas de este carácter, en lo que hace referencia, fundamentalmente, a las normas que regulan el régimen de valoraciones, expropiación y régimen jurídico.

  3. Distinta problemática plantean las normas que se declarán básicas, lo que presupone una concurrencia de competencias ratione materiae, sin apoyo real en una reserva expresa de competencias a favor del Estado de base constitucional o estatutaria.

No obstante, partiendo de una voluntad de cooperación, que no puede desconocer o mermar las competencias exclusivas recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, la específica regulación de esta Ley del Suelo de Galicia se incardina en el marco básico de la legislación estatal.

La Ley del Suelo de Galicia se desarrolla en: Título preliminar: Principios generales. Título I: Planeamiento urbanístico. Título II: Régimen urbanístico del suelo. Título III: Distribución de cargas y beneficios. Título IV: Ejecución de los planes de ordenación. Título V: Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Título VI: Intervención en la edificación y uso del suelo y disciplina urbanística. Título VII: Organización. Seis disposiciones adicionales. Cuatro disposiciones transitorias. Una disposición derogatoria. Y una disposición final.

2. Título Preliminar. Principios generales.

La regulación de la actividad urbanística de Galicia en sus distintas manifestaciones es el objeto de la presente Ley, con la finalidad de que el suelo se utilice teniendo presentes las exigencias del interés general y de la función social de la propiedad. Si se tiene en cuenta el contenido de este título se comprende que no vayan a existir grandes diferencias con la legislación del Estado, al mantenerse sus principios generales, sin perjuicio de reforzar la necesidad de incorporar a la gestión pública la iniciativa de los particulares.

3. Título I. Planeamiento urbanístico.

1. Clases de planes: Teniendo en cuenta que, como se ha señalado, se partió de la conveniencia de aceptar los principios que han ido consolidándose en el derecho urbanístico español, resultaría tentador reproducir el esquema de la legislación del Estado y limitarse a adaptar la formulación de los distintos tipos de instrumentos y esquemas de planeamiento que se contienen en aquélla. Sin embargo, una reflexión rigurosa sobre las clases de planeamiento territorial y general que debe ser reconocido llevó a la conclusión de que es necesario racionalizarlo, clarificarlo y adaptarlo a Galicia, lo cual ha conducido a establecer un sistema de planeamiento general único, integrado y adecuado a las características de los diferentes tipos de asentamientos existentes.

El sistema distingue los ámbitos provincial, supramunicipal y municipal, en los cuales operan las normas provinciales de planeamiento, las directrices de ordenación del territorio, los planes generales de ordenación municipal y los proyectos de ordenación del medio rural.

Las directrices de ordenación del territorio se prevén en este proyecto aunque su regulación se remite a su legislación específica.

A las normas provinciales de planeamiento les corresponde suplir y complementar el planeamiento municipal, estableciéndose una relación de complementariedad con los proyectos de ordenación del medio rural.

El plan general de ordenación municipal pasa a ser el único instrumento que habilita para la ordenación integral de uno o varios municipios; puede tener una finalidad y contenido diversos, determinados por la complejidad urbanística existente en el territorio respectivo, que aconsejará la opción más adecuada para cada específica situación. Así, un plan general de ordenación municipal podrá incorporar la totalidad de los medios de ordenación y gestión que ofrece la legislación urbanística u optar por una alternativa reducida, que prescinda de las exigencias que comporta la programación.

Para municipios con limitada complejidad urbanística, se arbitra la posibilidad de que se formulen proyectos de ordenación del medio rural, que se limitan a efectuar un estudio del medio rural y a realizar el reconocimiento y ordenación básica de todos los núcleos rurales y de suelo urbano existentes en el término municipal, y que pueden ser complementados por las disposiciones y ordenanzas contenidas en las normas provinciales del planeamiento para permitir el desarrollo normal de la construcción en el ámbito de los núcleos.

El planeamiento de desarrollo sigue estando constituido por los mismos instrumentos contemplados en la legislación urbanística anterior, a excepción de los programas de actuación urbanística, que ahora se suprimen como consecuencia de la eliminación de la categoría del suelo urbanizable no programado que a continuación se analizará.

2. Clasificación y tratamiento de los distintos tipos de suelo en el planeamiento general: Los planes generales podrán clasificar el suelo del territorio municipal en suelo urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico. Los proyectos de ordenación del medio rural podrán clasificarlo únicamente en suelo urbano, de núcleo rural y rústico.

El suelo urbano sigue siendo aquel que es consecuencia de la existencia de determinados servicios urbanísticos básicos o de la edificación. No obstante, se distinguen dos categorías de suelo urbano: El consolidado, por no resultar necesario el desarrollo de actuaciones de ejecución integral; y el no consolidado, que son aquellos terrenos que sí exigen esta ejecución. Es el planeamiento general el que debe establecer esta importante diferenciación que se basa en el hecho de que el suelo consolidado es el que llegó al final del proceso de desarrollo urbanístico.

Aparece un nuevo tipo de suelo, el suelo de núcleo rural, que corresponde al fenómeno característico de los asentamientos de población de Galicia.

En cuanto al suelo urbanizable, se supera la diferenciación entre el programado y el no programado. La programación del desarrollo del plan en el suelo urbanizable, que pasa a configurarse como categoría única, dependerá de sus propias previsiones en relación con las actuaciones públicas previstas y las de los particulares que quedarán suficientemente garantizadas. El plan general podrá establecer un sistema de prioridades en sustitución de la programación clásica determinando, en todo caso, los plazos y condiciones en que tengan que ser ejecutadas las actuaciones concertadas con los particulares.

En el suelo rústico se distinguen dos categorías: El protegido y el rústico común. El plan realizará un estudio riguroso del medio rural y del sistema de núcleos, atendiendo a la preocupación especial que merece en Galicia el suelo rústico y a su peculiar sistema de poblamiento, acentuándose la línea que ya inició la Ley de Adaptación de la del Suelo a Galicia.

El estudio profundo del suelo rústico, categoría de suelo al que se devuelve su genuina denominación, permite que puedan incorporarse al proceso de desarrollo urbanístico áreas de suelo rústico común que presenten las condiciones de aptitud objetiva para ser soportes de tal desarrollo, con lo que se evita así la excesiva clasificación de suelo urbanizable cuando aún no está asegurada la existencia de iniciativas públicas o privadas para su desarrollo.

3. El planeamiento de desarrollo: Sin perjuicio de mantener los planes tradicionales para el desarrollo del planeamiento general, a excepción de los programas de actuación urbanística, que se suprimen como consecuencia de la eliminación del suelo urbanizable no programado, se da un tratamiento específico a los planes parciales que incorporen al proceso de desarrollo urbanístico las áreas de suelo rústico común, así como a los planes especiales de mejora de los núcleos rurales y a los planes especiales de mejora del medio.

4. Simplificación de los procedimientos: Se establece una nueva regulación del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico dirigida a lograr una mayor celeridad y eficacia, para lo que se unifican los distintos procedimientos, sin perjuicio de las especialidades propias de cada caso, simplificando la tramitación, reduciendo los plazos y adaptándose al nuevo régimen de distribución de competencias establecido.

La intervención de la Administración autonómica en el procedimiento de aprobación del planeamiento tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la legalidad y el adecuado tratamiento de los intereses supralocales afectados, y se instrumenta a través de la resolución sobre la aprobación definitiva o, en su caso, de la emisión de un informe preceptivo y vinculante, con el mismo alcance definido hoy por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

4. Título II. Régimen urbanístico del suelo

1. Clasificación del suelo: Se mantiene el sistema de clasificación del suelo, introduciendo la distinción de dos categorías en el suelo urbano, como ya se ha dicho anteriormente: El consolidado y el no consolidado. Esta distinción responde a las dos situaciones en que puede encontrarse este tipo de suelo desde el punto de vista de la gestión urbanística. El nuevo concepto de la consolidación no debe confundirse con la consolidación de la edificación a que se refieren los artículos 11 y 13 del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo de 26 de junio de 1992. El suelo urbano consolidado debe ser aquél en el que, por determinación del planeamiento general, no es necesario realizar operaciones o actuaciones de ejecución integral, es decir, no es preciso delimitar un polígono y aplicar un sistema de actuación para llevar a cabo las cesiones, la distribución de cargas y beneficios y la ejecución de la urbanización. Es el suelo en el que se culminó el proceso de su conversión en urbano, aunque no se hubiera edificado. Normalmente, este suelo tendrá la calificación jurídica de solar, aunque no cabe excluir de esta categoría de suelo parcelas en las que aún haya de efectuarse alguna obra parcial de urbanización para alcanzar aquella calificación mediante simples proyectos de obras. La frontera entre el suelo urbano consolidado y el no consolidado se encuentra, pues, en el límite entre el suelo que no requiere un proceso completo y complejo de gestión urbanística, comprensivo de cesiones, distribución de cargas y beneficios y urbanización completa, aunque precise de alguna aislada de urbanización; y el que, siendo urbano por reunir o estar bajo la influencia de los servicios urbanísticos básicos, debe aún someterse al proceso descrito.

Las dos situaciones en que puede encontrarse el suelo urbano no han tenido adecuado reflejo en la regulación legal del régimen urbanístico del suelo urbano. Esta laguna legal, menos trascendente en la Ley del Suelo de 1976, adquiere un mayor relieve ante la Ley 8/1990, y su texto refundido, que, pese a la formal unificación del suelo urbano y del urbanizable, reconoce, en el artículo 31.1 del texto refundido, la existencia diferenciada del suelo urbano no incluido en unidades de ejecución que, por esta causa, alcanzó el derecho al aprovechamiento urbanístico.

El reconocimiento expreso de las dos categorías de suelo urbano exige que se extraigan las consecuencias lógicas en el plano de sus respectivos regímenes urbanísticos. Encontrándose el suelo urbano consolidado reconocido por el planeamiento al final de su proceso de formación, no cabe exigirle nuevas cesiones; al contrario, éstas serán procedentes en el suelo que, por requerir la finalización del proceso descrito, se integra en unidades de ejecución integral porque no ha alcanzado aquel grado de consolidación. Ésta es la conclusión a que conduce el sistema de adquisición de facultades urbanísticas creado por la Ley 8/1990, que, así, resuelve con toda facilidad la contradicción en que se incurriría si se impusiese la obligación de cesión de aprovechamiento, por motivos de participación pública en la plusvalía creada por la clasificación del suelo, cuando esta clasificación no viene otorgada por el planeamiento, sino que está simplemente reconocida por ser anterior al propio planeamiento que se ejecuta y que, en consecuencia, no comporta ningún tipo de plusvalía.

En cuanto a las restantes clases y categorías de suelo, ya se ha anticipado que quedan constituidas por el suelo de los núcleos rurales, el suelo urbanizable y el suelo rústico, dentro del que se distinguen las dos categorías de suelo rústico protegido y rústico común.

2. El suelo de núcleo rural: Para dar una respuesta adecuada a uno de los aspectos más característicos de la realidad urbanística de Galicia, se considera necesario definir una categoría específica de suelo para el que se integra en el ámbito de la delimitación de los núcleos rurales, básicamente equivalente al que en la Ley 11/1985, de Adaptación de la del Suelo a Galicia, se configuraba como suelo no urbanizable de núcleo rural tradicional, pero con un sentido más amplio y con una denominación más coherente: Suelo de núcleo rural, que tiene una significación propia y determina un régimen jurídico también característico, claramente diferenciable del que debe establecerse para las otras clases de suelo.

3. El suelo rústico: La Ley aspira a que se reserve para su utilización característica, preservándolo de la utilización urbanística incontrolada o abusiva. Sin embargo, resulta inevitable tener en cuenta algunos factores:

  • Galicia cuenta con más de 30.000 entidades de población, de las cuales la mayoría pueden ser reconocidas como núcleo de población a efectos urbanísticos, y constituyen una clara expresión del modelo de asentamiento tradicional, que debe ser considerado como adecuado para la mayoría de los municipios rurales de Galicia.

  • Muchas de estas entidades no cuentan con los más elementales servicios públicos; abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de residuos, teléfono, etc., son carencias notorias.

  • Por motivos económicos resulta imposible el establecimiento generalizado de estos servicios, su coste resulta inasumible por la dispersión de los asentamientos. Esta situación se ve agravada por la actual tendencia a acentuar también la dispersión de las edificaciones.

  • Es necesario establecer los presupuestos que permitan rentabilizar las inversiones en servicios públicos. Ello sólo puede conseguirse si se propugna una tendencia a que las construcciones se realicen en el ámbito que se defina para los núcleos de población.

  • Además, por supuesto, es necesario proteger todos los valores intrínsecos, medioambientales, paisajísticos, productivos, etc., del suelo rústico.

A estas finalidades atiende la regulación específica del suelo rústico, en el que, partiendo de las categorías básicas de protegido y común, se trata de evitar cualquier tipo de agresión al protegido y se disciplina el uso del común, suprimiendo su utilización ordinaria para usos residenciales muy vinculados a las explotaciones de las fincas e imponiendo un mayor rigor en el empleo de los parámetros de la utilidad pública e interés social, que se han utilizado para hacer posible la instalación de otro tipo de edificaciones en suelo rústico, con más que dudosa justificación.

Como ya se ha señalado anteriormente, la Ley admite la transformación en suelo urbanizable de aquellas partes de suelo rústico común que permitan los planes de acuerdo con sus previsiones.

4. Plazos: Respetando el régimen de adquisición de las facultades urbanísticas, merecen no obstante regulación especial los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, de acuerdo con la remisión que, en esta materia, contiene el texto refundido en favor de la legislación de las Comunidades Autónomas. Los planes señalarán los plazos de ejecución de las obras de urbanización y de cumplimiento de los deberes de cesión y equidistribución, con un plazo supletorio de cuatro años desde la aprobación del polígono. Los plazos de edificación serán fijados por los planes, siendo impropio, por su rigidez y desconocimiento de la realidad concreta, que se establezcan por Ley. Sin embargo, aparece como solución óptima facultar a la Junta para que ésta, en función de circunstancias y necesidades sociales objetivas, establezca o modifique los plazos. De esta manera, se evitará la injustificada aplicación de unos plazos establecidos por la Ley sin atención a las circunstancias diferentes de tiempo y lugar.

5. Determinación del aprovechamiento susceptible de apropiación en los Ayuntamientos de aplicación limitada: Por último, es necesario solventar el grave problema de la definición precisa del régimen del aprovechamiento susceptible de apropiación en los Ayuntamientos en que el texto refundido de la Ley del Suelo no es de aplicación íntegra. Si la Comunidad Autónoma tiene competencia para ampliar la aplicación íntegra a los municipios menores de 25.000 habitantes, así como para liberar de dicha aplicación a los municipios no capitales de provincia con población entre 25.000 y 50.000 habitantes, con mayor razón debe aceptarse su competencia para normalizar la aplicación de dicho régimen, especialmente, a la vista del apartado 4 del artículo 27 del texto refundido de la Ley del Suelo, que admite la cesión del 15 por 100 del aprovechamiento urbanístico en los Ayuntamientos sometidos al régimen de aplicación parcial bajo la extraña fórmula de garantizar al propietario del suelo un mínimo de aprovechamiento.

El principio de igualdad exige que el régimen de cesiones y de apropiación de aprovechamiento sea el mismo en todos los municipios. La cesión del 15 %, basada en la plusvalía creada por la clasificación del suelo, sólo está justificada en las áreas de nueva urbanización y en los terrenos urbanos que no hayan culminado el proceso de conversión por el cumplimiento de las obligaciones de cesión, equidistribución y urbanización, en congruencia con las dos categorías de suelo urbano que en realidad existen.

5. Título III. Distribución de cargas y beneficios.

Se regula de manera sistemática y diferenciada la distribución de cargas y beneficios en los niveles de planeamiento general y parcial.

Las áreas de reparto se adecuan al sistema de planeamiento general de la Ley, así como a la definición del aprovechamiento tipo.

La distribución de cargas y beneficios se articula, siempre, a través de la reparcelación en sus distintas modalidades: Ordinaria, voluntaria, mediante transferencias de aprovechamiento urbanístico y normalización de fincas. Toda la gama de posibles mecanismos de distribución de cargas y beneficios, tanto en el caso de actuaciones integrales como aisladas, queda recogida y unificada bajo la naturaleza del acto reparcelatorio, alcanzándose la mayor simplificación posible de estos procesos siempre difíciles.

6. Título IV. Ejecución de los planes de ordenación.

Sistemas de ejecución Se simplifican los procedimientos de gestión y ejecución, sin menoscabo de la seguridad jurídica, pero estimulando y apoyando la iniciativa de los particulares de forma tal que el propietario que se decida a promover iniciativas de gestión tenga la evidencia de que la legislación y la práctica administrativa van a apoyar ese proceso.

Se mantienen los tres sistemas de actuación: De compensación, cooperación y expropiación, pero potenciando la iniciativa y colaboración de los particulares para la ejecución del planeamiento. Y así, en el sistema de compensación se reduce el quórum de propiedad necesario para la aplicación del sistema a más del 50 % y se prevé para el supuesto de que algún propietario no se hubiera incorporado a la Junta de Compensación la facultad de ésta de instar a la expropiación de las fincas, o bien a la ocupación de las mismas a fin de posibilitar la ejecución de las obras de urbanización previstas, sin perjuicio del reconocimiento a sus titulares del derecho a la adjudicación de terrenos edificables en la proporción que corresponda. En el sistema de cooperación se prevé la colaboración concertada entre la Administración actuante y los propietarios que representen, al menos, el 25 % de la superficie del polígono.

En el sistema de expropiación se admite la exclusión de propietarios que se comprometan a participar en el proceso de ejecución de acuerdo con las condiciones que establezca la Administración.

Asimismo, se perfila la regulación de los terrenos destinados a sistemas generales y a dotaciones públicas locales, estableciendo un procedimiento para la ocupación directa en el que quedan garantizadas la efectividad y la seguridad jurídica de modo que las compensaciones al propietario no resulten indefinidamente demoradas.

En general, se pretende estimular la colaboración de los particulares, haciéndolos partícipes del resultado de la ejecución del planeamiento, cuando asuman el compromiso de compartir la responsabilidad de facilitar el proceso de gestión del planeamiento, pero, al mismo tiempo, introduciendo procedimientos que eviten las actitudes orientadas al entorpecimiento.

7. Título V. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo.

Es objeto de este título la regulación del patrimonio municipal del suelo, del derecho de superficie y de los derechos de tanteo y retracto, sobre la base de la regulación general anterior, que se perfecciona para mejorar su efectividad. La adecuada utilización de estos mecanismos posibilitará a los Ayuntamientos alcanzar una capacidad de actuación muy importante en el mercado del suelo.

8. Título VI. Intervención en la edificación y uso del suelo y disciplina urbanística.

El Capítulo I de este Título regula la intervención en la edificación y uso del suelo, cuya finalidad primordial es hacer efectiva la ordenación urbanística establecida por el planeamiento, mediante el control preventivo que la Administración ejerce a través del tradicional mecanismo de las licencias, a las que se somete toda actividad que suponga una transformación física del suelo.

También se regula en este mismo capítulo el deber de conservación de los terrenos, urbanizaciones y edificaciones, que recae sobre los propietarios de los mismos, así como el régimen de parcelaciones urbanísticas.

En el Capítulo II se establece una nueva regulación de la disciplina urbanística, previéndose los mecanismos necesarios para el restablecimiento de la legalidad, diferenciando su tratamiento según se trate de obras o usos sin licencia en curso de ejecución, de obras terminadas sin licencias o de obras y usos amparados en licencias ilegales. Asimismo, se establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones, distinguiendo entre infracciones muy graves, graves y leves.

Una especial consideración merece en la nueva regulación la protección de la legalidad cuando la actividad ilícita no estuviese amparada en licencia y afectase a zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos comunitarios y suelo rústico con especial protección. En estos casos la competencia para adoptar las medidas necesarias en orden a la restauración de la legalidad y para sancionar a los responsables de las infracciones es de la Administración autonómica. En los demás supuestos, la competencia corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de los requerimientos procedentes que la Consellería competente en la materia puede dirigir a la entidad local cuando ésta incumpliese sus obligaciones o no adoptase las medidas necesarias para restablecer la legalidad urbanística vulnerada.

9. Título VII. Organización.

Supuesta la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma para establecer el marco legislativo de la actividad urbanística, no cabe duda de que en su desarrollo tienen que intervenir, junto con los órganos propios de la misma que asuman competencias en la materia, las entidades locales, básicamente los municipios, compartiendo la responsabilidad del ejercicio de estas competencias. Es evidente que cada una de estas Administraciones públicas actuará con plenitud dentro de su propio ámbito y partiendo del expreso reconocimiento de la autonomía local pero sin ignorar que en la actividad urbanística existen destacados aspecto de interés supramunicipal que necesariamente han de ser atendidos por la Administración autonómica.

Este planteamiento hace perfectamente compatibles los principios de autonomía y descentralización con el de coordinación, todos ellos proclamados por el artículo 103 de la Constitución .

En este título se regulan las competencias urbanísticas de la Comunidad Autónoma, a la que corresponden la dirección de la política urbanística, el establecimiento de directrices de ordenación y la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística en los supuestos establecidos, el control de la actividad urbanística local y el desarrollo reglamentario.

Se reconoce la competencia urbanística municipal y la posibilidad de establecer formas de colaboración interadministrativa, así como la de constituir consorcios o sociedades urbanísticas.

Por último, se atribuye carta de naturaleza a la colaboración de las Diputaciones Provinciales en materia urbanística, en armonía con las funciones de asistencia y cooperación que a las mismas atribuye la legislación de régimen local.

10. Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.

En las disposiciones adicionales, seis en total, se regula, entre otros extremos, el régimen de aplicación a los municipios que carezcan de cualquier instrumento de planeamiento general y se asigna a los Ayuntamientos, en régimen de competencia delegada, la competencia para la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación municipal y de los proyectos de ordenación del medio rural. En las transitorias se contempla, especialmente, la situación del planeamiento en tanto no se adapte a las previsiones de la nueva Ley, sin que los procesos de adaptación supongan alteración de los procesos urbanísticos. La disposición final habilita al Consejo de la Junta de Galicia para dictar las disposiciones de desarrollo que sean necesarias para la ejecución de la presente Ley y, anteriormente, la derogatoria deja sin efecto la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de Adaptación de la del Suelo a Galicia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley del Suelo de Galicia.