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Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales. (Vigente hasta el 22 de febrero de 2004)

Ficha:
Versiones/revisiones:

El problema de los incendios forestales ha adquirido en los últimos años una evidente gravedad. Son diversas las causas que han determinado esta situación y entre ellas deben señalarse muy especialmente, por su importancia y significación, las derivadas del creciente desarrollo económico y social alcanzado por el país.

Mientras que la reproblación forestal realizada en los últimos años ha incrementado de un modo apreciable la superficie de bosques, la elevación del nivel de vida y el aumento de los medios de transporte han determinado una afluencia cada vez mayor de visitantes y excursiones que afluyen a las masas forestales en busca de aire puro y ambiente reposado. Esta masa ciudadana, todavía no habituada al contacto con la Naturaleza, desconoce los descuidos y precauciones indispensables para evitar el peligro de los incendios, que debido a las condiciones climatólogicas de gran parte de nuestro país, con dilatados períodos de sequía y extremas temperaturas estivales, alcanza en ciertos momentos índices extraordinariamente elevados.

Por otra parte, el descenso experimentado en el consumo de algunos productos forestales, como las leñas y borzas, con cuya extracción, además de eliminar evidentes peligros, se fijaba una mano de obra abundante y experimentada, unido al proceso general de despoblación de las zonas rurales, ha determinado la desaparición de un personal de inmediata utilización y reconocida eficacia en los trabajos de extinción.

Estamos, pues, ante un fenómeno que adquiere importancia por el hecho mismo de la dinámica del país, y por ello no puede extrañar que las disposiciones previstas en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 se hayan quedado notoriamente insuficientes, tanto en lo que se refiere a su aspecto positivo como en lo que respecta a sus fundamentos. De esta insuficiencia, y hasta de su inconveniencia en algunos aspectos importantes, nace la necesidad de una nueva legislación que trate de considerar este grave problema de los incendios forestales en todos sus aspectos.

La finalidad de esta Ley es, pues, de modo específico, la prevención y lucha contra los incendios forestales, considerando la riqueza forestal, con su conjunto, como un bien nacional que debe preservarse del fuego por todos los medios, interesando obligatoriamente en el problema a cuantos, de modo público o privado, ostentan la propiedad, auxiliándoles en los gastos y pérdidas que puedan sufrir, y protegiendo en la máxima medida posible a quienes, cumpliendo con su deber profesional, o simplemente ciudadano, participen en la lucha contra los incendios, todo ello bajo el patrocinio del Estado, con independencia de sus obligaciones como propietario forestal de primera importancia.

Una novedad de esta Ley es la consideración, al igual que en otros países, de los incendios forestales como un problema de orden público, especialmente en la frase de extinción, siendo por consiguiente, las Autoridades gubernativas las llamadas a intervenir, aunque con todas las colaboraciones que resulten necesarias, empezando por la del Servicio Forestal, sin olvidar la muy importante y siempre decisiva de las Fuerzas Armadas. En este mismo sentido, y como símbolo de la colaboración ciudadana directa, la más deseable de todas, surgen en esta Ley la figura del Vigilante Honorario de Incendios Forestales, que ya tiene en la práctica tiene algunos antecedentes muy estimables.

Las diversas medidas de prevención y seguridad que dispone la presente Ley vienen a reforzarse en las denominadas zonas de peligro, así declaradas por el Gobierno a través del oportuno Decreto para mejor defender determinadas comarcas forestales que revistan especial interés.

Se encomienda al Ministerio de Hacienda, a través de sus Organismos idóneos, la administración del Fondo de Compensación de Incendios Forestales, que se crea en esta Ley, y a través del cual se abonarán, tanto una indemnización proporcionada a las pérdidas que resulten del incendio como el importe de los gastos producidos en su extinción, reglamentariamente reconocidos, y las obligaciones resultantes de los accidentes que puedan padecer las personas que colaboren en ella. Todo ello constituye una trascendental novedad, que resulta obligado en tanto falte un verdadero seguro forestal, que ha de encontrar su mejor antecedente en los datos y estudios que se obtengan de la actuación de este Fondo, al cual han de afiliarse obligatoriamente todos los propietarios de terrenos forestales.

Finalmente, se considerán también las sanciones que, con independencia de la actuación judicial, corresponde imponer a los que contravengan los preceptos de esta Ley; sanciones que pueden ser de importancia suficiente para lograr la necesaria ejemplaridad, aunque se reconozca que los efectos más favorables y definitivos han de lograrse a través de una incansable, profunsa y bien orientada propaganda que prepare y eduque al ciudadano en el uso de su derecho a disfrutar de la Naturaleza.

En definitiva, ha de ser esta labor educativa y perfeccionadará la que, unida a una eficiente organización y dotación de los servicios de prevención y extinción, consiga reducir los incendios forestales desde las fuertes proporciones actuales a un mínimo inevitable.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo a sancionar: