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Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores. (Vigente hasta el 13 de enero de 2001)

Ficha:
Versiones/revisiones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, al declarar inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, hace necesaria la regulación de un proceso ante los Juzgados de Menores que, no obstante sus especialidades por razón de los sujetos del mismo, disponga de todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional.

La presente Ley establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a los menores que hayan realizado hechos susceptibles de ser tipificados como infracciones penales, pero siempre sobre la base de valorar especialmente el interés del menor.

Así, se dispone que la dirección de la investigación y la iniciativa procesal corresponderán al Ministerio Fiscal, de manera que quede preservada la imparcialidad del juzgador. A éste se le otorgan amplias facultades en orden a acordar la terminación del proceso con el objetivo de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo puede llegar a producir.

Se establece, igualmente, un límite temporal a la duración de la medida de internamiento, la posibilidad de suspender el fallo y la de revisar las medidas impuestas, en atención a la evolución de las circunstancias del menor.

La presente Ley tiene el carácter de una reforma urgente que adelanta parte de una renovada legislación sobre reforma de menores, que será objeto de medidas legislativas posteriores.

CAPÍTULO I.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES TUTELARES.

Artículo 1.

En las capitales de las provincias que cuenten con Establecimientos Especiales consagrados a la corrección y protección de la infancia y de la adolescencia se organizará un Tribunal Tutelar de Menores, compuesto de un presidente y un Vicepresidente, de dos Vocales propietarios y dos suplentes, mayores de veinticinco años, de moralidad y vida familiar intachable, elegidos todos entre aquellas personas que residan en el territorio en que han de ejercer su jurisdicción y que por sus conocimientos técnicos se hallen más indicadas para el desempeño de la función tuitiva que se les encomiende.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y a tenor de la Ley de 21 de junio de 1940, la jurisdicción de Madrid, se ejercerá por dos Jueces unipersonales y retribuidos, quedando facultado el Ministro de Justicia, previa propuesta del Consejo Superior de Protección de Menores, para reorganizar a base de uno o, en su caso, dos Jueces unipersonales, remunerados, aquellos Tribunales de las capitales de provincia de mayor importancia, por el volumen y trascendencia de su actuación. Los Jueces unipersonales remunerados asumirán las atribuciones privativas del Presidente y todas las que la Ley y el Reglamento encomiendan al Tribunal en pleno.

En las capitales en donde resulte excesivo el número de expedientes para el buen funcionamiento del Tribunal Tutelar colegiado, se organizarán, dentro del mismo, las Secciones que se estimen necesarias.

En casos excepcionales podrán organizarse, asimismo, otras Secciones en cabezas de partido judicial.

El Presidente del Tribunal Provincial lo será de todas sus Secciones, las cuales se hallarán constituidas por un Vicepresidente, dos Vocales propietarios y dos suplentes, en quienes concurran las circunstancias expresadas, en el párrafo primero de este artículo.

Los jueces unipersonales podrán ser auxiliados en casos de ausencia, enfermedad o necesidad, por Jueces suplentes.

Artículo 2.

La jurisdicción de los Tribunales de Menores alcanzará a conocer de todos los casos ocurridos en la provincia respectiva y que deban ser sometidos a su competencia con arreglo al artículo 9.

Cuando en la capital de una provincia funcione un Tribunal de Menores y se establezca una Sección del mismo en la capital de un partido judicial de su territorio, conocerá esta última de los casos ocurridos dentro de la demarcación de su respectivo partido, y el conocimiento de los demás corresponderá al Tribunal de la capital de la provincia, a no ser que, a juicio del Consejo Superior, proceda delimitar en otra forma sus demarcaciones.

Cuando los Tribunales estén regidos por dos Jueces unipersonales, éstos, de común acuerdo, harán la distribución de sus funciones con la aprobación del Consejo Superior y se suplirán mutuamente.

Artículo 3.

Los Presidentes, Vicepresidentes y los Jueces unipersonales serán nombrados por el Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo Superior de Protección de Menores; y su nombramiento deberá recaer en Licenciados en Derecho que reúnan las condiciones previstas en el artículo 1 y no ejerzan otra jurisdicción judicial. Los que se hallaren nombrados en la actualidad y no sean Letrados o ejerzan otra jurisdicción judicial, podrán desempeñar sus cargos por excepción, con la autorización del Consejo Superior.

El Consejo Superior designará los Vocales propietarios y los suplentes de los Tribunales Tutelares Cuando se trate de la provisión de vacantes en Tribunales que ya actúen o de Constitución de nuevas Secciones, estos nombramientos se harán previa propuesta del Presidente del propio Tribunal Tutelar.

El cargo de Presidente, Vicepresidente y Vocal de los Tribunales colegiados será de suyo gratuito y no otorgará derecho ni condiciones de ningún género ni para ninguna función, pero será compatible con cualquier otra no exceptuada por esta Ley o con el ejercicio de alguna profesión o industria, pudiendo servir de legítima excusa para el desempeño de cargos públicos obligatorios. Sin embargo, el Consejo Superior podrá autorizar en algunos casos, cuando lo encuentre justificado que en beneficio del Presidente o, en su defecto, del Vicepresidente que vengan desempeñando estas funciones por lo menos durante un plazo de dos años, se incluya en el plan de inversión de ingresos del Tribunal, con cargo a los fondos propios del mismo la cantidad que dicho Consejo estime precisa, en concepto de indemnización.

Los Presidentes y Vocales de los Tribunales y los Jueces Tutelares y, en su defecto, sus respectivos sustitutos, serán Vocales natos de las respectivas Juntas Provinciales o Municipales de Protección de Menores, y por lo menos uno de ellos formará parte de la Comisión Permanente.

Artículo 4.

En cada Tribunal de Menores habrá un Secretario, que será nombrado por el Ministro de Justicia a propuesta unipersonal del mismo Tribunal, tramitada por el Consejo Superior. Al realizar dicha propuesta cuidará el Tribunal de proponer a persona mayor de veintitrés años que, a juicio del mismo, se halle perfectamente especializada en los estudios de reforma y protección de menores, concurran en ella las condiciones precisas de moralidad para el desempeño de su cargo y reúna, además, la cualidad de Licenciado en Derecho, o sea, Secretario al promulgarse esta Ley.

El Secretario del Tribunal lo será de todas las Secciones del mismo, y designará, bajo su responsabilidad y con la aprobación del Presidente o Juez, los Secretarios Habilitados que hayan de sustituirle en sus funciones en caso de ausencia, de enfermedad, de creación de Secciones, o cuando las necesidades del servicio lo exijan, siempre que en estos sustitutos concurran las condiciones requeridas para ser Secretario.

Artículo 5. Derogado.

Artículo 6.

En el Consejo Superior de Protección de Menores habrá de actuar una Sección, de la que formen parte Vocales especializados en materia de Tribunales Tutelares de Menores, que resolverá con carácter ejecutivo los asuntos que afecten a la creación, organización, funcionamiento e inspección de dichos Tribunales, ciñéndose a la Ley que los regula y a las demás disposiciones legales dictadas a este fin. Todas las facultades que esta Ley y su Reglamento encomienden al Consejo Superior se considerarán de la competencia de esta Sección.

Artículo 7.

El Presidente, Vicepresidente y Vocales de la Comisión de Apelación, así como los de los Tribunales Tutelares y los Jueces unipersonales estarán revestidos, a los efectos legales, de carácter de autoridad pública cuando se hallaren en el legítimo ejercicio de las funciones de sus respectivos cargos o procedieren con ocasión de ellas.

Todos los miembros y Secretarios de la Comisión de Apelación y de los Tribunales, una vez nombrados, sólo podrán ser removidos de sus cargos por justa causa, con los requisitos que exija el Reglamento.

Artículo 8.

El Tribunal y, en su caso, el Presidente o Juez, en sus respectivas Audiencias y actuaciones, podrán reprimir las faltas de consideración, respeto y obediencia a su autoridad, que no sean constitutivas de delito, imponiendo multas o arrestos en la forma que el Reglamento determine.

CAPÍTULO II.
COMPETENCIA Y CARÁCTER DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES.

Artículo 9.

Los Jueces de Menores serán competentes para conocer:

  1. De los hechos cometidos por mayores de doce años y menores de la edad fijada en el Código Penal a efectos de responsabilidad criminal, tipificados como delitos o faltas en las Leyes penales.

    Cuando el autor de los citados hechos sea menor de doce años será puesto, en su caso, a disposición de las instituciones administrativas de protección de menores.

  2. De las faltas cometidas por mayores de edad penal comprendidas en el artículo 584 del Código PenalVéase el vigente Código Penal., excepto de las de su número 3.

Artículo 10.

En las infracciones de Ordenanzas Municipales o de mera policía, cometidas par las menores de dieciséis años las Autoridades competentes no podrán adoptar medidas de privación de libertad contra el mismo menor, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a sus padres a guardadores.

Artículo 11.

Las indisciplinados menores de dieciséis años denunciados par sus padres, tutores o guardadores, sólo podrán ser sometidos en este concepto a la corrección del Tribunal de Menores par los actos de insumisión previstos en el Libro III del Código PenalVéase el vigente Código Penal., pudiendo adaptar el Tribunal respecto de ellas, las medidas expresadas en el artículo diecisiete de esta Ley durante el tiempo que estime necesario.

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, los padres o representantes legales que deseen corregir a sus hijos o pupilos, en virtud de su derecho de patria potestad a tutela, reservándose la facultad de poner término a la reforma, podrán impetrar el auxilio de la Autoridad correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, para internar al menor en un Establecimiento de corrección paterna legalmente autorizado, sin que, en ningún caso, pueda ser recluido un menor de dieciséis años en las prisiones ni en departamentos policiacos de detención.

En las casos expresados en el párrafo anterior los Tribunales Tutelares no tendrán más intervención que la de examinar los motivas en que se funde la corrección acordada por los padres a tutores, oyendo al menor, y autorizándola a denegándola sin ulterior recurso, siempre que se haya de internar en un Establecimiento de corrección paterna a menores de dieciséis años y sean de aplicación las restricciones impuestas por el Código Civil por tratarse de menores que ejerzan una profesión u oficio, o de hijos habidos en anterior matrimonio, de padre o madre que hubieren contraído ulteriores nupcias.

Artículo 12. Derogado.

Artículo 13.

La facultad de suspender el derecho a la guarda y educación de los menores de dieciséis años y la acción tutelar sobre las personas de las menores protegidos con dicha suspensión, quedarán exclusivamente encomendadas a la competencia de los Tribunales de Menores, sin perjuicio de las demás facultades que, en el orden civil puedan corresponder a los Tribunales ordinarios, a tenor de la dispuesto en el artículo 171 del Código Civil.

En los casos a que se refiere el artículo 446 del Código PenalVéase el vigente Código Penal., se entenderá que la Autoridad Judicial competente, cuando se trate de menores de dieciséis años, es el Tribunal Tutelar, el cual aplicará las medidas propias de su jurisdicción.

Si se decretara por la jurisdicción ordinaria la privación de esta potestad sobre un menor que estuviere ya sometido a la acción protectora permanente del Tribunal Tutelar con su suspensión del ejercicio del derecho a la guarda y educación, este Tribunal podrá continuar ejerciendo sobre la persona del misma la facultad tuitiva que le reconoce la presente Ley.

Artículo 14.

Las acciones civiles para la restitución de objetos, reparaciones de daños o indemnizaciones de perjuicios originados por actos u omisiones ejecutadas por un menor, cuya conocimiento sea de la competencia del Tribunal Tutelar, sólo podrán ejercitarse por el perjudicado, en su caso, ante las Tribunales ordinarias del arden civil en la clase de juicio que proceda. A este efecto, la intervención del Tribunal Tutelar se limitará a declarar en conciencia los hechos que estime acreditados y la participación del menor, las cuales tendrán la consideración de hechos probados, así como a devolver al perjudicado las objetos sustraídos, cuando no pueda ofrecer dudas racionales la propiedad de dichas objetos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando ambas partes soliciten la intervención del Tribunal Tutelar como mediador, y éste acepte su designación, la resolución que dicte tendrá fuerza ejecutiva y no cabrá contra ella ulterior recurso. Para su cumplimiento acudirá el interesado, si fuese necesario, al Juzgado civil correspondiente.

Las acuerdos de los Tribunales de Menores en que se suspenda el derecho de los padres o tutores, sólo se referirá a la guarda y educación de la persona del menor y no producirán efectos civiles en cuanto a sus bienes. Si el Tribunal Tutelar adquiriese el convencimiento de la necesidad de suspender el derecho a la administración de tales bienes, participará al Ministerio Fiscal los hechos en que se funde dicha convicción, al efecto de que éste promueva el procedimiento que corresponda ante el Tribunal civil.

En el enjuiciamiento de mayores de dieciséis años por faltas cometidas en perjuicio de menores de esta edad, la competencia del Tribunal Tutelar únicamente se extenderá al castigo de las culpables, reservando al Tribunal civil correspondiente la facultad de resolver sobre esta clase de responsabilidad.

CAPÍTULO III.
NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE MENORES Y MEDIDAS QUE PODRÁN ADOPTAR.

Artículo 15.

1. La tramitación de los expedientes por los supuestos comprendidos en el número 1 del artículo 9 se ajustará a las siguientes reglas:

  1. Los que por razón de sus cargos tuvieren noticia de algún hecho que pudiera estar comprendido en el número 1 del artículo 9 deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual acordará, en su caso, la incoación del oportuno expediente, de la que dará cuenta al Juez de Menores. Igual acuerdo adaptará el Fiscal cuando tenga noticia del hecho por denuncia o por publicidad del mismo.

    Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a los Juzgadas de Menores, el Fiscal acordará la remisión de la actuado al órgano competente.

  2. Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos, la observancia de sus garantías, el cuidado de la integridad física y moral del menor, por lo que dirigirá la investigación de los hechos, ordenando que la Policía Judicial practique las actuaciones que estime pertinentes para su comprobación y la de la participación del menor en los mismos, impulsar el procedimiento, así como solicitar del Juzgado de Menores la práctica de las diligencias que no pueda efectuar por sí mismo. En este procedimiento no cabrá el ejercicio de acciones por particulares.

  3. Las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento estarán obligados a instruir al menor de sus derechos.

    El menor que fuese detenido gozará de los derechos que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  4. Desde el momento en que pueda resultar la imputación al menor de un hecha incluido en el número 1 del artículo 9, el Fiscal requerirá del equipo técnico la elaboración de un informe, que deberá serle entregado en un plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un mes, en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y en general sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber influido en el hecho que se le atribuye.

  5. El Fiscal podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para la protección y custodia del menor. El Juez acordará las medidas que estime necesarias, tomando en consideración el interés del menor.

    A solicitud del Fiscal, el Juez, a la vista de la gravedad de las hechos, su repercusión y las circunstancias personales y sociales del menor, podrá acordar el internamiento de éste en un Centro cerrado. Dicha medida durará el tiempo imprescindible, debiendo ser modificada a ratificada transcurrido, como máximo, un mes. Desde que se adopte se nombrará al menor abogado que lo defienda si no la designan sus padres a representantes legales.

  6. Emitida el informe a que se refiere la regla 4, el Fiscal la remitirá inmediatamente al Juez de Menores.

    Atendiendo a la poca gravedad de los hechas, a las condiciones a circunstancias del menor, a que no se hubiese empleado violencia a intimidación, o que el menor haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado a la víctima, el Juez, a propuesta del Fiscal, podrá dar por concluida la tramitación de todas las actuaciones.

    En otro caso, el Juez de Menores señalará fecha y hora para una comparecencia, que se celebrará dentro de las siete días siguientes. A ella serán convocados el Fiscal, el equipo técnico, el menor, que podrá asistir acompañado de Abogada de su elección o del que, silo hubiera solicitada, se le hubiese designada de oficio, su representante legal y aquellas otras personas que, a la vista del informe del equipo técnico, el Juez considere oportuna convocar.

    En dicha comparecencia el Juez informará al menor en lenguaje claro y sencillo, adecuado a su edad, de los hechos objeto de la diligencia, así como de su derecho a no prestar declaración y a no reconocerse autor de las hechos. También le informará de su derecho a ser asistido por un Abogado.

    El menor podrá prestar declaración, respondiendo a las preguntas que le puedan formular el Fiscal, su Abogado, el miembro del equipo técnico y el propio Juez.

  7. A la vista del desarrollo de la comparecencia y de la propuesta del Fiscal, el Juez podrá acordar alguna de las decisiones a que se refiere la regla undécima, a si procediese, la adopción de la medida de amonestación mediante acuerda, dándose por concluido el expediente.

    Si los hechos a las circunstancias del menor no estuviesen suficientemente esclarecidos, el Fiscal propondrá la continuación del expediente.

  8. Concluido el expediente, el Fiscal la elevará al Juzgado de Menores, junto con un escrito de alegaciones solicitando la apertura de la audiencia, el sobreseimiento, la adopción de la medida de amonestación, la remisión de las actuaciones al órgano judicial competente a su remisión a las Instituciones administrativas de protección del menor a fin de que por éstas se adapten medidas de carácter formativa o educativo.

    El envío del expediente señalado en el párrafo anterior deberá realizarse por el Fiscal en un plazo no superior a cinco días; de no efectuarse el envío en el indicado plazo, el Fiscal deberá dar cuenta al Juez de las causas que se lo impidan.

  9. Si el Fiscal solicitara en el escrito de alegaciones la adopción de la medida de amonestación, el Juez de Menores, sin necesidad de abrir la audiencia y oído el menor, dictará el acuerdo que proceda.

  10. Cuando solicite la apertura de la audiencia, el Fiscal, en el escrito de alegaciones, formulará la calificación jurídica de las hechos imputados al menor, la solicitud de práctica de prueba en la audiencia y la adopción de las medidas que procedan.

  11. A la vista de la petición del Fiscal, el Juez de Menores adoptará alguna de las siguientes decisiones:

    1. La celebración de la audiencia.

    2. El sobreseimiento motivado de las actuaciones.

    3. La remisión del menor a las instituciones administrativas correspondientes para la adopción de medidas educativas y formativas si los hechos imputados no revisten especial trascendencia, siempre que en su comisión no se hubiesen empleado grave violencia o intimidación, incluso aunque el Fiscal no hubiese formulado petición en este sentido.

    4. La remisión al Juez competente, cuando estime que no le corresponda el conocimiento del asunto.

  12. Cuando se acuerde la apertura de la audiencia se indicará al menor y a su representante legal que designe abogado que le defienda, si no lo hubiere hecho antes. De no hacerlo en el plazo que se fije, se le nombrará de oficio. Se dará traslado al Abogado del escrito de alegaciones, a fin de que lo conteste en el plazo de cinco días y que proponga la prueba que considere oportuna.

  13. El Juez, dentro del plazo de cinco días desde la presentación del escrito de defensa, acordará la procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y señalará el día en que deba comenzar la audiencia para dentro de los quince inmediatamente posteriores.

  14. La audiencia se celebrará con asistencia del Fiscal, del miembro del equipo técnica, del Abogado defensor y del menor, que podrá estar acompañado de sus representantes legales, salvo que el Juez, motivadamente oído el Fiscal, no lo considere oportuno.

    El Juez podrá acordar, en interés del menor, que las sesiones no sean públicas.

    En ningún caso se permitirá que los medios de comunicación social obtengan a difundan imágenes del menor, ni datos que permitan su identificación.

  15. El Juez de Menores informará al menor, en un lenguaje clara y sencillo, adaptado a su edad y que le sea comprensible, de las medidas solicitadas por el Fiscal en su escrito de alegaciones y del hecho y causas en que se fundan.

  16. Seguidamente preguntará al menor, con asistencia del Abogado, si se manifiesta autor de los hechos que le imputa el Fiscal. Si se manifestase autor de los hechos le preguntará si se muestra conforme con la medida solicitada por el Ministerio Fiscal. Si diese su conformidad, con asistencia de su Abogado, el Juez, oído, si lo considera pertinente, al miembro del equipo técnico, dictará acuerdo de conformidad con la petición del Ministerio Fiscal.

  17. En otro caso, y si el menor no se hubiese declarado autor de los hechos, se practicará la prueba admitida y la que, previa declaración de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto. Seguidamente, el Juez oirá al Fiscal y al Abogado sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos, y la medida a medidas a adoptar, así coma, si lo considera conveniente, al miembro del equipo técnico. Finalmente, oirá las alegaciones que quiera formular el menor. El Juez podrá hacer abandonar la Sala al menor en los momentos de la vista que considere oportunas.

2. El procedimiento en la tramitación de los expedientes seguidos por los supuestos comprendidos en el número 2 del artículo 9 de esta Ley será el de juicio de faltas.

Artículo 16.

1. El acuerdo del Juez de Menores que se designará Resolución, apreciará las pruebas practicadas, las razones expuestas tanto por el Fiscal como por la defensa y lo manifestado, en su caso, por el menor. Igualmente valorará las circunstancias y gravedad de los hechos, así como la personalidad situación, necesidad del menor y su entorno familiar y social. Si impusiere alguna de las medidas a que se refiere el artículo 17 expresará su duración, que no excederá de dos años, salvo lo previsto en su número 1.

2. El Juez podrá dictar la Resolución de viva voz en el acto de la audiencia, sin perjuicio de su posterior documentación, o según la forma prevista en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro de los cinco días siguientes a la terminación del acto.

3. En atención a la naturaleza de los hechos, el Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado, podrá decidir la suspensión del fallo por tiempo determinado y máximo de dos años, siempre que, de común acuerdo, el menor, debidamente asistido, y los perjudicados, acepten una propuesta de reparación extrajudicial. Ello, no obstante, podrá acordarse la suspensión del fallo si los perjudicados, debidamente citados, no expresaran su oposición o ésta fuera manifiestamente infundada.

Para ello, oído el equipo técnico, el Ministerio Fiscal y el abogado, el Juez deberá valorar razonadamente, desde la perspectiva exclusiva del interés del menor, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta. Se deberá dejar constancia en acta de los términos de la reparación y del mecanismo de control de su cumplimiento. En el caso de que el menor los incumpla, se revocará la suspensión del fallo y se dará cumplimiento a la medida acordada por el Juez.

4. Contra los Autos y Resoluciones de los Jueces de Menores, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá en el plazo de cinco días, contados a partir de su notificación.

5. Contra las providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado, que se interpondrá en el plazo de tres días, contados a partir de su notificación.

Artículo 17.

El Juez de Menores podrá acordar, con respecto a éstos, las medidas siguientes:

  1. Amonestación o internamiento por tiempo de uno a tres fines de semana.

  2. Libertad vigilada.

  3. Acogimiento por otra persona o núcleo familiar.

  4. Privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos de motor.

  5. Prestación de servicios en beneficio de la Comunidad.

  6. Tratamiento ambulatorio o ingreso en un Centro de carácter terapéutico.

  7. Ingreso en un Centro en régimen abierto, semiabierto o cerrado.

En el ejercicio de la facultad de enjuiciar las faltas a que se refiere el apartado 2 del artículo 9, se aplicarán las penas señaladas en el Código Penal.

Artículo 18.

Siempre que estos Tribunales adopten medidas prolongadas de vigilancia, de guarda y educación, o de reforma, ejerciendo su acción tutelar sobre el menor de un modo permanente, hasta que acuerden el cese de vigilancia, alcen la suspensión del derecho de los padres o tutores o decreten la libertad definitiva, pero sin que esta acción tutelar pueda exceder de la mayoría de edad civil, tanto en la facultad reformadora como en la de protección.

Cuando suspendan el derecho de los padres o tutores a la guarda y educación, lo ejercerán los mismos Tribunales, confiando el menor para su custodia a otras personas o Entidades y asumiendo el Tribunal las facultades que a los padres o tutores competen para autorizar los contratos de aprendizaje o trabajo, la emigración o la instrucción del menor en el Ejército o en la Marina de Guerra o Mercante.

Artículo 19.

En los casos en que el menor sea sometido a situación de libertad vigilada o se imponga la vigilancia protectora, el Tribunal podrá acordar las medidas o restricciones complementarias que estime favorables a su corrección o protección y los padres o tutores no podrán ejercitar los derechos a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, sin autorización del mismo Tribunal.

Cuando el menor sea entregado a otra persona, familia, sociedad o Establecimiento en el ejercicio de la facultad reformadora, se considerará implícitamente en suspenso el derecho de los padres o tutores a su guarda y educación.

Artículo 20.

En el caso de que sea puesto a disposición del Tribunal Tutelar un mayor de dieciséis años por infracciones legales cometidas antes de cumplirlos, y el Tribunal entienda que por el tiempo transcurrido o por las circunstancias del menor no ha de ser conveniente la adopción de las medidas que pueda aplicarle, estará facultado para declinar su competencia, confiando el menor a la Autoridad gubernativa, para que ésta adopte las medidas de seguridad que la legislación autorice.

Si un menor que estuviese sometido a la jurisdicción permanente de un Tribunal tutelar en el ejercicio de su facultad reformadora, cometiere algún delito después de cumplidos los dieciséis años y antes de cumplir los dieciocho, el Tribunal podrá solicitar del Juzgado Instructor o de la Audiencia competente que dicho menor no quede en prisión preventiva, sino confiado a la custodia del mismo Tribunal Tutelar.

Artículo 21. Derogado.

Artículo 22. Derogado.

Artículo 23.

Las medidas adoptadas en las Resoluciones de los Jueces de Menores, excepto las del número 1 del artículo 17, pueden ser reducidas y aun dejadas sin ulteriores efectos por el Juez que las haya dictado, a instancia del representante legal del menor o del Ministerio Fiscal, a la vista de los informes que se emitan sobre su cumplimiento y el desarrollo del menor.

CAPÍTULO IV.
INSTITUCIONES AUXILIARES.

Artículo 24.

Se promoverá por medio del Consejo y de las Juntas Provinciales y Municipales de Protección de Menores la creación de Sociedades y Establecimientos tutelares. Dichas Sociedades y establecimientos necesitarán ser autorizados por el Consejo Superior, siempre que desempeñen funciones de carácter técnico o de observación, vigilancia o tratamiento de menores corregidos parlas Tribunales que esta Ley regula.

Artículo 25.

Los menores confiados por el Tribunal a otras personas, familias, Sociedades tutelares a Establecimientos en el ejercicio de la facultad reformadora, serán sustentados y educados mediante el abono de estancias, sufragadas por sus padres o satisfechas con cargo a los bienes del menor, o con las pensiones del Estado y Corporaciones y con los demás recursos propios del Tribunal, en la forma que el Reglamento determine.

Los menores que el Tribunal acuerde confiar a otras personas, familias, Sociedades tutelares o Establecimientos benéficos en el ejercicio de la facultad protectora, serán sustentados y educados por cuenta de las Municipios en que hubieren nacido y a falta de medios municipales, parlas provincias a que dichos Municipios pertenezcan, a cuyo efecto, a requerimiento del Presidente del Tribunal, los Ayuntamientos obligados se harán carga de los referidos menores a satisfarán los gastos de estancias.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Tribunal podrá reservarse a recabar en cualquier momento la colocación y pensionado directo de los menores sobre quienes ejerzan la función protectora, siempre que lo considere conveniente para los fines de su misión tuitiva, procediendo en la forma establecida en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 26.

Los Ayuntamientos o Diputaciones que se hagan cargo de un menor, de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente, podrán prestar este servicio utilizando sus propios Establecimientos benéficos o concertando, mediante abono de pensión, con entidades protectoras legalmente autorizadas o con familias honradas de la Junta de Protección, sin que en ningún caso puedan ser devueltos a sus padres ni a persona alguna sin autorización del Tribunal Tutelar competente.

Cuando los padres o el mismo menor, con sus propios recursos, pudieran sufragar en todo o en parte, a juicio del Presidente del Tribunal, los gastos de educación y sustento, se abonarán a la correspondiente Corporación las pensiones que de los mismos se obtengan con arreglo a los preceptos del Reglamento.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. La Ley de Tribunales Tutelares de Menores pasará a denominarse Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores.

Segunda. En lo no previsto expresamente en esta Ley, serán supletorias las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal.

Tercera. La ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores corresponde a las Entidades Públicas competentes en la materia.

Cuarta. Tendrán carácter de Ley ordinaria los siguientes preceptos de esta Ley: el artículo 1; el artículo 2, párrafos 1 y 2, apartado 1, reglas 1, 2, 4, 6, párrafos 1, 2, 3 y 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, excepto los dos primeras incisos; 13, 14, 15, 16, 17; el apartado 2; el párrafo 3, apartado uno, excepto el último inciso; el párrafo 4 y el 5, la disposición transitoria y las finales.

Quinta. 1. La Escala de Delegados Profesionales Técnicos de los Tribunales de Menores queda declarada a extinguir.

2. Las Delegados Profesionales Técnicos que a la entrada en vigor de esta Ley estén prestando servicios en los Tribunales Tutelares de Menores o Juzgados de Menores, dejarán de prestarlos en la Administración de Justicia y quedarán adscritos a la Administración Pública que tenga competencia en materia de menores.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los funcionarios de carrera de la Escala de Delegados Profesionales Técnicos que estén prestando servicios en los citados Tribunales y Juzgados de Menores, podrán optar a integrarse por una sola vez en las plantillas de personal laboral de los equipos técnicos de los juzgados de Menores, siempre que reúnan la titulación necesaria y en la forma y plazos que determine el Ministerio de Justicia.

4. Queda derogado el apartado tercero de la disposición transitoria vigésima sexta de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, de 1 de julio, en lo que se refiere al personal de la Escala de Delegados Profesionales Técnicos de los Tribunales Tutelares de Menores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Mientras subsistan los Tribunales Tutelares de Menores serán aquéllos competentes para conocer de los procesos seguidos por los supuestos comprendidos en el artículo 9 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo previsto en la presente Ley.

Segunda. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Notas:
Vigente hasta el 13 de enero de 2001, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (BOE. núm. 11, de 13 de enero de 2000).
Artículos 9, 11, y 13;
Estos artículos hacen referencia al antiguo Código Penal. Véase el actualmente vigente.
Esta Ley Orgánica modifica la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobada por Decreto de 11 de junio de 1948, que a partir de la entrada en vigor de la primera, pasa a denominarse Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores.
Artículos 5, 12, 21, y 22;
Este artículo, que proviene de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, queda sin contenido de acuerdo con la Ley Orgánica.