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Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. (Vigente hasta el 8 de enero de 2008)

Ficha:
Versiones/revisiones:

TÍTULO I.
PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 1.

En desarrollo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo 13, números 26, 27 y 28, del Estatuto de Autonomía, la presente Ley tiene por objeto el enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz.

Artículo 2.

1. El Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad Autónoma.

2. La Consejería de Cultura y Medio Ambiente realizará las gestiones oportunas conducentes al retorno a la Comunidad Autónoma de aquellos bienes con claro significado andaluz que se encuentren fuera del territorio de Andalucía.

Artículo 3.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a la Administración Local. Además, corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la Legislación Estatal en la materia, en cuanto tal ejecución no resulte expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico a la Administración del Estado.

2. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y mediante convenio con las corporaciones locales interesadas, podrá delegarse en estas el ejercicio de competencias en la materia, propias de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 4.

1.Corresponde a los ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su termino municipal.

Les corresponde asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado. Todo ello sin perjuicio de las funciones que específicamente se les encomiende mediante esta Ley o en virtud de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español.

2. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía colaborarán estréchamente entre si en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa del Patrimonio Histórico, mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua. Las corporaciones locales pondrán en conocimiento de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente las dificultades y necesidades que se les susciten en el ejercicio de sus competencias en esta materia, así como cualquier propuesta que pueda contribuir a la mejor consecución de los objetivos de esta Ley.

Artículo 5.

1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Andaluz deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales contenciosos-administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

Artículo 6.

1. Se constituye el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los bienes en el escritos, la consulta y divulgación del mismo.

2. La formación y conservación del catálogo queda atribuida a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, quien tendrá a su cargo la redacción y custodia de la documentación correspondiente a los muebles, inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que constituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

El catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz será de pública consulta, quedando la documentación administrativa sometida a las normas establecidas para el patrimonio documental.

Artículo 7.

1. La inscripción en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz podrá realizarse con carácter genérico cuando se pretenda únicamente identificar un bien como parte integrante de dicho Patrimonio, o con carácter especifico cuando se quieran aplicar las normas generales y particulares especialmente previstas en la Ley para esta clase de inscripciones.

2. Con carácter cautelar se realizarán anotaciones preventivas en el catálogo hasta tanto no se finalice el procedimiento de inscripción.

Artículo 8.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en esta Ley para los propietarios, titulares de derechos y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, la inscripción en el catálogo general llevará aparejados los siguientes efectos:

  1. La inscripción genérica supondrá la exigencia de las obligaciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen de sanciones previsto para los titulares de bienes catalogados.

  2. La inscripción específica determinará la aplicación de las instrucciones particulares, en su caso, se establezcan con arreglo al artículo 11 de esta Ley como medio para individualizar en cada caso las medidas a que hace referencia el párrafo anterior.

  3. La anotación preventiva de un bien en el catálogo determinará la aplicación provisional del régimen de protección que le corresponda en función de la clase de inscripción que se promueva y, en su caso, las medidas propuestas.

Artículo 9.

1. El procedimiento para la inscripción en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz se incoará por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. La decisión y, en su caso, las incidencias y resoluciones del expediente deberán notificarse a quienes lo instaron.

2. En el procedimiento de inscripción en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz se dará audiencia, en todo caso, a los propietarios de los bienes afectados y, en el caso de los bienes inmuebles, a los ayuntamientos en cuyo termino municipal se hallaren situados.

3. La resolución del procedimiento de inscripción en el catálogo corresponderá:

  1. Al director general de bienes culturales, cuando se trate de inscripción genérica.

  2. Al Consejero de Cultura y Medio Ambiente, cuando se trate de inscripciones específicas.

4. La incoación del procedimiento para la inscripción en el catálogo determinará la anotación preventiva del bien de que se trate. La protección cautelar derivada de la anotación consejero de cultura y medio ambiente será, no obstante, cuando se resuelva el expediente, se ordene su archivo definitivo o se produzca su caducidad. La caducidad del expediente se producirá cuando, transcurridos veinte meses a partir de la fecha en que hubiese sido incoado, se denuncie la mora y transcurran otros cuatro meses sin recaer resolución.

Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular del bien.

Artículo 10.

La cancelación de la inscripción de un bien en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz se realizará siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley para su inscripción.

Artículo 11.

1. La inscripción específica de un bien en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejado el establecimiento de las instrucciones particulares que concreten, para cada bien y su entorno, la forma en que deben materializarse para los mismos las obligaciones generales previstas en esta Ley para los propietarios o poseedores de bienes catalogados.

2. La elaboración de instrucciones particulares referidas a bienes inmuebles requerirá la apertura de un trámite de información pública y audiencia de los ayuntamientos y organismos afectados.

3. La revisión de las instrucciones particulares se realizará con arreglo a los mismos trámites seguidos para su aprobación.

Artículo 12.

1. La inclusión de un bien inmueble en al catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz determinará la inscripción automática del mismo con carácter definitivo en el registro de inmuebles catalogados o catalogables que obligatoriamente deben llevar las comisiones provinciales de urbanismo con arreglo al artículo 87 del reglamento de planeamiento urbanístico, aprobado mediante el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

2. Cuando se trate de bienes catalogados objeto de inscripción específica o declarados de interés cultural, la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, además, instará la inscripción gratuita de la catalogación o declaración en el Registro de la Propiedad. Será título suficiente para efectuar dicha inscripción la certificación administrativa expedida por la autoridad encargada de la protección del bien inmueble en la que se transcriba la inscripción específica en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz, con la declaración como bien de interés cultural.

Artículo 13.

Los bienes declarados de interés cultural. Con arreglo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, incluidos en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz, seguirán el régimen previsto en esta Ley en todo cuanto resulte compatible con la legislación del Estado.

Artículo 14.

1. La Consejería de Cultura y Medio Ambiente podrá recabar información de los plantes, programas o proyectos, tanto públicos como privados, que por su incidencia directa o indirecta en el Patrimonio Histórico lleven aparejado riesgo de destrucción o deterioro del mismo.

2. Independientemente de la iniciativa que adopte la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, las personas físicas o jurídicas podrán solicitar de la consejería que realice un informe acerca de cualquier plan, programa o proyecto que, conforme criterio expreso y motivado del solicitante, pueda incidir sobre el Patrimonio Histórico.

3. En la tramitación de evaluaciones del impacto ambiental de actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente a bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz la agencia de medio ambiente recabará informe de la dirección general de bienes culturales e incluirá en la declaración de impacto ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe.