Busca en Noticias Juridicas

Sumario

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El presente Reglamento se dicta en ejecución de lo establecido en la disposición final primera de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, según la cual el Consejo General del Poder Judicial procederá a dictar en el plazo de seis meses, en el ámbito de la potestad que le corresponde, los Reglamentos necesarios para el desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la presente Ley. Entre las materias a que se refiere el artículo 110 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se encuentran distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la Carrera Judicial por parte de los Jueces y Magistrados que la integran, aspectos todos ellos cuya regulación, dentro de los límites establecidos en el artículo 110, número 2, párrafo primero, de la propia Ley Orgánica, se lleva a cabo por medio del presente Reglamento.

II

El Título dedicado a la selección para el ingreso en la Carrera Judicial desarrolla los criterios y sistemas de ingreso en dicha Carrera, a los que se refieren los artículos 301 a 315 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, regulación que se complementa mediante las pertinentes normas de organización y procedimiento que permitan hacer operativos los mismos.

En el procedimiento selectivo de oposición libre, configurado como sistema básico de ingreso en la Carrera Judicial, el Reglamento regula de manera detallada el desarrollo de las pruebas que integran la convocatoria. Se regula asimismo en detalle el curso teórico y práctico de selección, que debe ser realizado en la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, y que habrá de comprender, entre otras enseñanzas, un período de prácticas tuteladas como Juez adjunto en órganos de los diferentes órdenes jurisdiccionales, pudiendo además desempeñar funciones de sustitución o refuerzo en Juzgados o Tribunales aquejados de un excepcional retraso o acumulación de asuntos pendientes.

En lo que se refiere al sistema de ingreso mediante concurso-oposición, los méritos alegables en la fase de concurso y su valoración se especifican minuciosamente en el Reglamento, con sujeción a lo dispuesto al efecto en el artículo 313 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y es objeto de regulación también el desarrollo de la fase de oposición y el curso a realizar más tarde en la Escuela Judicial.

Por último, la regulación del acceso directo a la categoría de Magistrado se acomoda a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, posibilitando la convocatoria por especialidades del concurso correspondiente, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, lo que ha de permitir la integración en la Carrera Judicial de prestigiosos especialistas en las diversas ramas del ordenamiento jurídico.

III

Respecto de las pruebas selectivas para promoción y especialización de Jueces y Magistrados previstas en el Capítulo II del Título I del Libro IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la redacción de los preceptos reglamentarios correspondientes pretende conseguir la adquisición de una formación complementaria por parte de aquellos miembros de la Carrera Judicial que aspiran a acceder a un nuevo destino en el que, por la naturaleza del orden jurisdiccional en el que se integra, van a llevar a cabo la aplicación del Derecho a determinadas materias litigiosas que hacen necesaria la posesión por el titular del órgano jurisdiccional de unos conocimientos de carácter especializado. Por otra parte, en el artículo 311.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, se establece por vez primera la posibilidad de acceso a la Carrera Judicial de los miembros del Ministerio Fiscal con al menos un año de servicios efectivos, mediante pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social.

Se ha procurado establecer a estos efectos unas pautas selectivas de promoción y especialización, dirigidas a acreditar la posesión por los aspirantes del grado de conocimiento de las materias jurídicas correspondientes exigible en el nuevo destino. Similares consideraciones cabe hacer, por último, respecto de las actividades específicas de formación necesarias para el cambio de orden jurisdiccional, en las que ha de contemplarse necesariamente un programa formativo, cuya duración no puede dilatarse excesivamente en el tiempo, habida cuenta del condicionamiento cronológico y orgánico del artículo 329.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone la realización de tales actividades una vez resuelto el concurso o promoción, con carácter previo a la toma de posesión.

IV

El artículo 341.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a la determinación reglamentaria de los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y del Derecho civil especial o foral de las Comunidades Autónomas, como mérito preferente en los concursos para la cobertura de destinos judiciales dentro del territorio respectivo. El Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo de 23 de octubre de 1991, aprobó el correspondiente desarrollo reglamentario del citado precepto, que fue posteriormente dejado en suspenso por un nuevo Acuerdo de 15 de enero de 1992.

El presente desarrollo reglamentario es una trasposición literal del Acuerdo mencionado en primer lugar, estableciéndose mediante las correspondientes disposiciones de carácter adicional que la vigencia de los preceptos contenidos en el Título III queda condicionada a la resolución que pueda recaer en los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

V

El Título IV del presente Reglamento establece normas complementarias de las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, reguladoras de determinados procedimientos administrativos, que se inspiran en los mismos principios que consagra la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así es como se hace referencia en el texto reglamentario a la aportación de documentos; se dispone que los efectos de la falta de resolución expresa respecto de dichos expedientes sean estimatorios, si bien en determinados supuestos serán desestimatorios con el fin de impedir que pueda producirse el reconocimiento de derechos cuando se carece de los requisitos exigidos para ello, singularmente en aquellos casos que han de producir consecuencias económicas u organizativas que, por su incidencia en el gasto público y en el sistema de organización del Consejo General del Poder Judicial, han de entenderse exceptuados del criterio general de estimación presunta; se establecen plazos para la resolución de los expedientes cuya duración ha sido determinada de acuerdo con las peculiaridades y trámites necesarios en cada tipo de expediente; se prevé la ampliación de plazos mediante acuerdo expreso; se regulan, por último, los requisitos necesarios para la eficacia de las resoluciones presuntas y el fin de la vía administrativa.

VI

En lo referente al régimen jurídico de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, contenido anteriormente en el Acuerdo de 15 de julio de 1987, por el que se establecía la Reglamentación sobre Jueces en régimen de provisión temporal, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, el presente Reglamento se atiene a la nueva regulación legal contenida en la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y desarrolla la misma en función de la experiencia habida como resultado de la tramitación de los expedientes de nombramiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.

Constituye importante novedad la atribución de la competencia para disponer el llamamiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, respectivamente, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia Provincial, o al Decano, atribución que, siendo conforme con la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite satisfacer más eficazmente las necesidades del servicio, dada la mayor proximidad de estos órganos a las situaciones, normalmente imprevistas y excepcionales, que dan lugar a la actuación de suplentes y sustitutos, si bien corresponde a las Salas de Gobierno la competencia para fijar los criterios del llamamiento y el control posterior de éste, a través de la preceptiva dación de cuenta.

VII

Respecto del nombramiento de Jueces en régimen de provisión temporal, sin perjuicio de su carácter legal a extinguir, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, la materia estaba regulada por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 1987. El tiempo transcurrido y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 16/1994, relativas a designación y cese de estos Jueces, requieren una nueva regulación que se adecue a las nuevas exigencias legales.

VIII

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo del día 21 de febrero de 1990 (Boletín Oficial del Estado de 7 de marzo), dictó las normas con arreglo a las cuales habían de confeccionarse los alardes previstos en el artículo 317, párrafos 3 y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para dejar constancia, cuando en un órgano jurisdiccional se produzca un cambio de titular, del estado en que se encuentra el Juzgado o Tribunal y del volumen de trabajo pendiente, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional de que se trate. El contenido del referido Acuerdo de 21 de febrero de 1990, al que viene a sustituir la presente normativa, se corresponde en líneas generales con el contenido del anterior texto reglamentario.

IX

La aplicación de lo previsto en el artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que la efectividad de los distintos procedimientos de incorporación a la Carrera Judicial no suponga un perjuicio para la continuidad de la Administración de Justicia en las circunscripciones en que se produzcan las vacantes correspondientes a estos turnos de provisión, hace necesario establecer con carácter general criterios para la distribución de tales vacantes en términos que permitan su provisión y desempeño efectivo a la mayor brevedad posible, lo que necesariamente obliga a interpretar dicho precepto orgánico con referencia a vacantes en abstracto y no a destinos judiciales concretos. A tal fin, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptó, en sesión celebrada el 27 de mayo de 1986, un Acuerdo reglamentario tendente a regular la indicada materia, que fue modificado posteriormente por Acuerdo de 12 de febrero de 1992.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, por Auto de 28 de febrero de 1994, dictado en la pieza de suspensión del recurso contencioso-administrativo número 7.497/1992, interpuesto contra el Acuerdo de 12 de febrero de 1992, procedió a suspender este último. El Título VIII del presente Reglamento se corresponde con el texto del mismo Acuerdo, estableciéndose mediante la correspondiente disposición adicional que los preceptos contenidos en dicho acuerdo se entienden sujetos a la suspensión que acordó el Tribunal Supremo en el recurso antes mencionado.

X

A la hora de asegurar la necesaria estabilidad en la provisión de plazas de Jueces y Magistrados, en el Estado actual de la plantilla de la Carrera Judicial y de desarrollo de la Planta Judicial, se considera suficiente establecer un tiempo mínimo obligatorio de permanencia en el destino de dos o tres años, según que el destino haya sido forzoso o voluntario, sin perjuicio de las modificaciones que resulten procedentes si circunstancias posteriores aconsejan establecer un lapso temporal de mayor duración, respetando las excepciones derivadas de la provisión de plazas por el mecanismo previsto en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

XI

Hasta la fecha no ha existido una regulación específica del procedimiento seguido en los concursos de carácter reglado, si bien a través de las bases de las convocatorias se han ido consolidando distintas normas de procedimiento, oportunamente conocidas por todos los miembros de la Carrera Judicial, dado el carácter público de la convocatoria y de la resolución del concurso. El papel fundamental que juegan las bases de la convocatoria pública del concurso, que según reiterada doctrina jurisprudencial actúan como Ley de éste, ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, no sólo las normas procedimentales del concurso, sino también los elementos que han de contener aquellas bases y los criterios a los que han de responder, definidos en términos generales y abstractos.

El texto reglamentario permite utilizar como medio de transmisión de instancias el telegrama y el fax, aunque la seguridad jurídica hace necesario crear la obligación de cursar simultáneamente la instancia y se precisa la preferencia escalafonal de los Magistrados especialistas del orden contencioso-administrativo o social y de los Magistrados procedentes del extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, considerándose como mejor puesto escalafonal en la especialidad al efecto de determinar la preferencia para la cobertura de plazas en los supuestos previstos en los artículos 329.2 y 330.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en Acuerdo de 24 de abril de 1991, procedió al desarrollo reglamentario del procedimiento de solicitud de plazas de nombramiento discrecional, con la finalidad de regular determinados aspectos del procedimiento fundados en el principio de publicidad en la convocatoria. La aplicación del mencionado Acuerdo dio lugar a disfunciones que fue preciso corregir por Acuerdo del mismo Órgano de 29 de enero de 1992. El contenido de ambos Acuerdos, con ligeras precisiones dirigidas a completar la regulación del procedimiento, se incorpora al presente Reglamento.

XII

La regulación legal de las diversas situaciones que, en relación con el servicio, pueden afectar a los miembros de la Carrera Judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial, responde al criterio básico de homologación con las normas comunes que rigen para los servidores públicos en su conjunto, manteniendo tan sólo aquellas peculiaridades que se derivan de su específica función. El artículo 348 y siguientes de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, y alguna otra disposición aislada, como la contenida en el artículo 311.4 de misma, en la redacción dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, regulan las situaciones administrativas de Jueces y Magistrados, y se prevé el desarrollo reglamentario de aspectos auxiliares, los documentos que deberán acompañarse, y los informes que, en su caso, han de ser interesados, en los supuestos de reingreso al servicio activo de excedentes y suspensos con carácter definitivo.

A este respecto, se hace preciso regular, en el marco que delimita la Ley Orgánica del Poder Judicial, las referidas situaciones administrativas, para fijar con claridad los distintos supuestos que integran cada una de tales situaciones, diferenciando adecuadamente la excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo en su primera o segunda y tercera anualidad, los requisitos que han de concurrir para el cambio de situación, los efectos que produce cada situación, las consecuencias de la falta de incorporación o reingreso al servicio activo en los plazos previstos, los documentos que se han de acompañar en cada caso, órganos competentes para resolver y recursos procedentes contra la resolución dictada.

XIII

El Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo de 28 de junio de 1989, modificado en parte por un nuevo Acuerdo de 12 de febrero de 1992, procedió al desarrollo del régimen reglamentario de las licencias y permisos, respondiendo a la necesidad de regular aquellos aspectos sustantivos que requerían su acogida en una norma jurídica, tales como la problemática del Juez único en su circunscripción, los permisos por asuntos propios, el tratamiento específico de los Jueces y Magistrados con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias, las licencias extraordinarias destinadas a facilitar los cometidos de los órganos rectores de las Asociaciones Judiciales o el adecuado tratamiento de los específicos permisos de la mujer Juez o Magistrada. La experiencia ha puesto de manifiesto, con todo, que no existía una regulación reglamentaria que comprendiera todos los posibles supuestos del citado régimen jurídico de licencias y permisos y que la regulación precedente necesitaba algunas matizaciones.

XIV

La Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de Incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, en su artículo único, somete al personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial y a los componentes del Poder Judicial al régimen de incompatibilidades establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Capítulo II del Título II de su Libro IV, relativo a las incompatibilidades y prohibiciones, en lo que respecta a la posibilidad de ejercicio de otro empleo o profesión retribuida por Jueces y Magistrados, se remite a lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A la hora de elaborar la normativa reglamentaria en esta materia se ha tratado, por tanto, de regular las condiciones accesorias para el desempeño por parte de Jueces y Magistrados de aquellas actividades permitidas por la Ley, cuyo ejercicio se integra en el conjunto de derechos y deberes que conforman el estatuto judicial.

La regulación de la Ley parte como principio fundamental de la dedicación de los miembros de la Carrera Judicial a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que aquellas que se encuentran expresamente autorizadas o exceptuadas y dejando a salvo la exigencia de que tanto las actividades públicas como privadas autorizadas no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado con anterioridad a la aprobación del presente Reglamento diversos Acuerdos relativos a los requisitos a que debían ajustarse las peticiones de compatibilidad (Acuerdos de 25 de septiembre de 1986, 11 de julio de 1990, 6 de marzo de 1991 y 9 de octubre de 1991), así como una Circular de 5 de noviembre de 1991 recopilando los criterios fijados por los citados Acuerdos. El contenido del presente Reglamento, que recoge el de aquellas resoluciones precedentes, se ajusta, por otra parte, a los criterios jurisprudenciales seguidos en materia de incompatibilidades.

XV

El artículo 300 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial apruebe, al menos cada tres años, el escalafón de la Carrera Judicial, que comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. En ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida al Consejo General del Poder Judicial, por Acuerdo de 7 de julio de 1993 se aprobó el Reglamento sobre el contenido del escalafón general de la Carrera Judicial.

A este respecto, es necesario recordar que, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1950, 4 y 16 de junio de 1969, 26 de enero, 20 de mayo, 20 de junio y 28 de octubre de 1970, 15 de abril y 20 de junio de 1975, entre otras), los escalafones no constituyen actos declarativos o generadores de derechos, pues éstos tienen únicamente existencia por aquellos acuerdos que los hayan creado u otorgado.

Sin embargo, el decisivo papel que desempeña el escalafón en la resolución de concursos reglados, cuyo principio básico es la preferencia escalafonal aunque no sea el único, ha puesto de manifiesto la necesidad de completar los datos profesionales de los miembros de la Carrera Judicial, consignando los servicios prestados por los Magistrados especialistas del orden contencioso-administrativo, social y asimilados a estos últimos, y de establecer normas procedimentales relativas a las reclamaciones que formulen los miembros de la Carrera Judicial contra el escalafón publicado en el Boletín Oficial del Estado, completando así el contenido del Acuerdo reglamentario de 7 de julio de 1993.