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Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia. (Vigente hasta el 1 de enero de 2011)

Ficha:
Versiones/revisiones:

TÍTULO II.
LOS REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES.

CAPÍTULO I.
EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES Y LAS COMPRAS CON PACTO DE SUPERVIVENCIA.

SECCIÓN I. EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.

Artículo 37. Contenido.

En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge tiene la propiedad, el disfrute, la administración y la libre disposición de todos sus bienes, dentro de los límites establecidos por Ley.

Artículo 38. Bienes privativos.

En el régimen de separación de bienes, son propios de cada uno de los cónyuges todos los que tenía como tales cuando se celebró el matrimonio y los que adquiera después por cualquier título.

Artículo 39. Adquisiciones onerosas.

En las adquisiciones hechas a título oneroso por uno de los cónyuges durante el matrimonio, si consta la titularidad de los bienes, la contraprestación se entiende pagada con dinero del adquirente. En caso de que la contraprestación proceda del otro cónyuge, se presume su donación.

Artículo 40. Titularidades dudosas.

En caso de duda sobre a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, se entiende que corresponde a los dos por mitades indivisas, salvo que se trate de bienes muebles que sean de uso personal o estén directamente destinados al desarrollo de la actividad de uno de los cónyuges y no sean de extraordinario valor, caso en el que se presume que pertenecen a éste.

Artículo 41. Compensación económica por razón de trabajo.

1. En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que, sin retribución o con una retribución insuficiente, ha trabajado para la casa o para el otro cónyuge tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en caso de que se haya generado, por este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento injusto.

2. La compensación debe satisfacerse en metálico, salvo acuerdo entre las partes o si la autoridad judicial, por causa justificada, autoriza el pago con bienes del cónyuge obligado. El pago debe tener efecto en un plazo máximo de tres años, con devengo de interés legal desde el reconocimiento, caso en el que puede acordarse judicialmente la constitución de garantías a favor del cónyuge acreedor.

3. El derecho a esta compensación es compatible con los demás derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiado, y debe ser tenido en cuenta para la fijación de estos otros derechos.

Artículo 42. Ejercicio del derecho a la compensación.

1. El derecho a la compensación económica establecido en el artículo 41 sólo puede ejercerse en el primer procedimiento en el que se solicite la separación, el divorcio o la nulidad, y, por lo tanto, no puede formularse en el eventual procedimiento subsiguiente de nulidad o divorcio, salvo que haya habido reconciliación y nueva convivencia y en razón de la misma.

2. En el caso de resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos en que se declare la nulidad de matrimonio canónico o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, el derecho establecido en el artículo 41 sólo puede ejercerse en el trámite de su ejecución, ante la jurisdicción civil.

Artículo 43. División de los bienes en pro indiviso.

1. Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 21/2012, de 16 de febrero, del Pleno del Tribunal Constitucional. En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y de ejecución en el orden civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas a que hace referencia el artículo 42, de matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción de división de cosa comuna con respecto a los que tengan en pro indiviso.

Si los bienes afectados son más de uno y la autoridad judicial lo estima procedente, aquéllos pueden ser considerados en conjunto, a efectos de la división.

2. Si la sentencia da lugar a la acción de división de la cosa comuna, puede procederse a la indicada división de los bienes en el trámite de ejecución de la sentencia.

SECCIÓN II. LAS COMPRAS CON PACTO DE SUPERVIVENCIA.

Artículo 44. Régimen de los bienes.

1. Los cónyuges que, en régimen económico de separación, compren bienes conjuntamente y por mitad pueden pactar en el mismo título de adquisición que, cuando se produzca el fallecimiento de cualquiera de ellos, el sobreviviente resulte único titular de la totalidad.

2. Mientras vivan los dos cónyuges, los bienes adquiridos con este pacto han de regirse por las siguientes normas:

  1. No pueden ser enajenados ni gravados, si no es por acuerdo de ambos.

  2. Ninguno de los cónyuges puede transmitir a terceras personas su derecho sobre los bienes.

  3. Debe mantenerse necesariamente la indivisión de los bienes.

3. En los bienes comprados por ambos cónyuges con pacto de supervivencia, la adquisición de la participación del premuerto debe computarse en la herencia de éste, a efectos del cálculo de la legítima, y, en su caso, debe imputarse en pago a cuenta de la cuarta viudal.

Artículo 45. Incompatibilidad con el heredamiento.

El pacto de supervivencia resulta ineficaz si uno de los cónyuges adquirentes ha otorgado un heredamiento a favor de terceros contrayentes o ha otorgado un heredamiento puro a favor de sus hijos y el heredamiento resulta eficaz al morir el heredante.

Artículo 46. Extinción.

1. El pacto de supervivencia se extingue por:

  1. El acuerdo de ambos cónyuges durante el matrimonio.

  2. La renuncia del sobreviviente.

  3. La declaración de nulidad del matrimonio, la separación judicial, el divorcio o la separación de hecho acreditada fehacientemente.

  4. La adjudicación de la mitad del bien como consecuencia del embargo establecido en el artículo 47.

2. Si a la muerte de uno de los cónyuges hubiera en trámite una demanda de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, los herederos del premuerto pueden proseguir la acción planteada a efectos de la declaración de extinción del pacto de supervivencia.

3. En los casos a que se refiere el apartado 1 y en los tipificados en el artículo 45, salvo que se estipule de otro modo, la ineficacia y extinción del pacto de supervivencia determinan la cotitularidad de los cónyuges, o del cónyuge sobreviviente y de los herederos del premuerto, o bien del cónyuge no deudor y del adjudicatario de la mitad del cónyuge deudor, en pro indiviso ordinario.

Artículo 47. Embargo.

1. El acreedor de uno de los cónyuges por deudas propias o por deudas familiares puede solicitar el embargo sobre la mitad que el deudor tiene sobre los bienes comprados con pacto de supervivencia.

2. El embargo debe notificarse al cónyuge que no sea parte en el litigio.

CAPÍTULO II.
EL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS.

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 48. Contenido.

1. El régimen económico matrimonial de participación en las ganancias atribuye a cualquiera de los cónyuges, en el momento de la extinción del régimen, el derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el tiempo que este régimen haya estado vigente.

2. Este régimen debe convenirse en capítulos matrimoniales y se rige, en todo aquello que no esté previsto en los mismos, por las disposiciones del presente capítulo. En último término, durante su vigencia se rige por las normas del régimen de separación de bienes, incluidas las relativas a las compras con pacto de supervivencia.

Artículo 49. Autonomía patrimonial constando matrimonio.

Constando matrimonio, cada cónyuge tiene la propiedad, el disfrute, la administración y la libre disposición de sus bienes, pero tiene el deber de informar adecuadamente al otro de su gestión patrimonial.

Artículo 50. El pacto de participación desigual.

1. El pacto que atribuya una participación diferente de la mitad de las ganancias solamente es válido si se establece con carácter recíproco e igual a favor de cualquiera de los cónyuges.

2. La invalidez del pacto determina la participación en la mitad de las ganancias.

Artículo 51. Extinción necesaria.

El régimen de participación en las ganancias se extingue en todo caso por:

  1. La disolución o declaración de nulidad del matrimonio.

  2. La separación judicial.

  3. El pacto en capítulos matrimoniales.

Artículo 52. Extinción judicial.

El régimen de participación también puede extinguirse anticipadamente por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La separación de hecho por un período superior a un año.

  2. El incumplimiento grave o reiterado del deber de informar adecuadamente al otro cónyuge, que establece el artículo 49.

  3. La gestión patrimonial irregular que comprometa gravemente a los intereses de quien solicita la extinción.

  4. La entrada del cónyuge en una situación que comprometa gravemente a los intereses de quien solicita la extinción.

Artículo 53. Efectos de la retroacción.

En los supuestos en que la extinción sea consecuencia de una sentencia dictada con ocasión de las causas previstas en los artículos 51 y 52, la extinción del régimen se retrotrae al momento de presentación de la demanda.

SECCIÓN II. LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN.

Artículo 54. Inicio de la liquidación.

1. Una vez extinguido el régimen de participación en las ganancias, se realiza su liquidación a efectos de la fijación del crédito de participación, estableciendo la diferencia entre el patrimonio final y el inicial de cada cónyuge.

2. A partir del momento de la extinción del régimen, y hasta que se haya determinado el crédito de participación que resulte del mismo, ningún cónyuge puede disponer de sus bienes sin el consentimiento del otro cónyuge o de sus herederos o, en su defecto, sin autorización judicial, excepto en aquello que constituya su actividad normal de gestión.

Artículo 55. Determinación del activo.

Para determinar las ganancias obtenidas por cada uno de los cónyuges deben contabilizarse, según el valor que tengan en el momento de la liquidación:

  1. Todos los bienes de cada cónyuge que subsistan cuando se extinga el régimen, con deducción de las obligaciones y del valor de los gravámenes constituidos en garantía de las deudas particulares de cualquiera de los cónyuges.

  2. Los bienes enajenados a título gratuito durante la vigencia del régimen, según el estado material en el momento de la enajenación, salvo que el cónyuge no enajenante haya consentido a ello o renuncie expresamente a su contabilización. Se exceptúan, en todo caso, los bienes objeto de liberalidades hechas de conformidad con el uso y de donaciones otorgadas a algunos de los hijos del donante por razón de matrimonio o para facilitarles una ocupación.

  3. Los bienes enajenados a título oneroso durante la vigencia del régimen a fin de disminuir fraudulentamente las ganancias, según el estado material en el momento de la enajenación y con independencia del precio que se haya hecho constar, así como el valor de las obligaciones o los gravámenes constituidos también fraudulentamente.

  4. Los bienes destruidos o deteriorados, en las mismas circunstancias indicadas en la letra c.

Artículo 56. Determinación del pasivo.

1. Del total resultante según el artículo 55 deben deducirse, si subsisten, y según el valor que tengan en el momento de la liquidación:

  1. Los bienes que integraban el patrimonio de cada cónyuge al comienzo del régimen, excepto los frutos y rentas que hayan podido producir, los adquiridos durante la vigencia del régimen por donación, herencia o legado y los subrogados de unos y otros, según el estado material en el momento de iniciarse el régimen o en el momento de la adquisición, con deducción de las cargas que les afectasen en aquel momento.

  2. Las cantidades procedentes de indemnizaciones por daños corporales o morales de la persona o por pensiones alimentarias o de invalidez, u otras de carácter igualmente personalísimo.

  3. Las deudas contraídas durante la vigencia del régimen por cualquiera de los cónyuges con vistas al mantenimiento de los gastos familiares, aunque no se hayan satisfecho. Dicha deducción debe realizarse de acuerdo con las normas de contribución a los gastos familiares.

2. Los cónyuges pueden acreditar por los medios legales de prueba los bienes que integraban su patrimonio al inicio del régimen. El inventario practicado por ambos cónyuges, o por uno de ellos con la conformidad del otro, se presume exacto.

Artículo 57. Determinación del crédito.

De no existir pacto válido que establezca una participación diferente, el crédito de participación se determina como sigue:

  1. Si únicamente uno de los cónyuges ha obtenido ganancias, el otro o sus sucesores tienen derecho a la mitad del valor de estas ganancias.

  2. Si los dos cónyuges han obtenido ganancias, quien haya obtenido menos, o sus sucesores, tienen derecho a la mitad de la diferencia entre el valor de sus propias ganancias y el de las ganancias del otro cónyuge.

SECCIÓN III. PAGO DEL CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN.

Artículo 58. Forma y plazo de pago.

1. El crédito de participación debe pagarse en dinero. Si la persona deudora lo solicita, la autoridad judicial puede conceder un aplazamiento para pagar el crédito de participación o la posibilidad de pagarlo a plazos, siempre que la petición se funde en un interés atendible y se garantice suficientemente la deuda.

2. Ni el aplazamiento del pago ni el pago a plazos no pueden exceder los tres años. Una vez concedido, el crédito de participación devenga intereses legales.

Artículo 59. Pago en bienes.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 58, el crédito de participación puede pagarse con la adjudicación de bienes concretos, por acuerdo de las personas interesadas. Sin embargo, la adjudicación de bienes en pago puede ser solicitada unilateralmente por el deudor o deudora o por el acreedor o acreedora, y la autoridad judicial puede concederla si existe un interés atendible.

2. Si el régimen se extingue por la muerte de uno de los cónyuges y el sobreviviente tiene derecho a participar en las ganancias, puede solicitar que, en pago de su crédito de participación, se le adjudique la vivienda conyugal. Si el valor de la vivienda fuese superior al del crédito de participación, el adjudicatario debe pagar la diferencia en dinero.

Artículo 60. Actos en fraude del crédito.

1. Si el deudor o deudora no tiene bienes suficientes para satisfacer el crédito de participación, el acreedor o acreedora puede solicitar la rescisión de las enajenaciones hechas por aquél o aquélla a título gratuito y sin su consentimiento durante la vigencia del régimen, salvo las realizadas a favor de los hijos por razón de matrimonio o para facilitarles una ocupación, así como las realizadas a título oneroso en fraude de su derecho.

2. Estas acciones caducan a los cuatro años de la extinción del régimen y no son procedentes cuando los bienes estén en poder de terceras personas adquirentes a título oneroso y de buena fe.

3. El acreedor o acreedora o sus sucesores pueden solicitar la anotación de la demanda de reclamación del crédito de participación en los correspondientes registros públicos.

CAPÍTULO III.
LA ASOCIACIÓN A COMPRAS Y MEJORAS.

Artículo 61. Régimen.

1. La asociación a compras y mejoras, propia del Camp de Tarragona y de otras comarcas, exige pacto expreso en capítulos matrimoniales.

2. En todo aquello no regulado en los pactos de la constitución del régimen ni en el presente capítulo, la asociación a compras y mejoras se rige por la costumbre de la comarca y, en su defecto, por las disposiciones del régimen de participación en las ganancias, en cuanto lo permita su naturaleza específica.

3. Cada cónyuge puede asociar al otro a las compras y mejoras que realice durante el matrimonio. También puede establecerse la asociación con carácter recíproco o asociando a los cónyuges sus ascendientes, les hayan hecho heredamiento o no.

4. Se entiende por compras los bienes que, constante la asociación, cualquiera de las personas asociadas adquiera a título oneroso u obtenga por su profesión, industria o trabajo.

5. Se consideran mejoras los aumentos de valor de los bienes de cualquier persona asociada debidos a impensas útiles, inversiones en pago de deudas o legítimas y redención de censos y censales.

Artículo 62. Administración.

1. La administración de la asociación a compras y mejoras corresponde a la persona asociada que se indique en los capítulos. En defecto de designaciones, corresponde a todos los asociados.

2. El administrador único de la asociación, en su caso, puede, con su única intervención, disponer a título oneroso de los bienes que la constituyen, pero no afianzar en nombre de la asociación, de no ser en provecho de la familia.

3. Las deudas particulares de cada persona asociada gravan exclusivamente su parte.

Artículo 63. Liquidación.

La liquidación de las ganancias de cada persona asociada se refiere al tiempo de su fallecimiento o de la extinción del régimen y puede efectuarse en dinero u otros bienes de la asociación.

CAPÍTULO IV.
EL AGERMANAMENT O PACTO DE MITAD POR MITAD.

Artículo 64. Régimen.

1. El agermanament o pacto de mitad por mitad, propio del derecho de Tortosa, debe convenirse en capítulos matrimoniales, antes o después de la celebración del matrimonio.

2. En lo no previsto en los pactos de la constitución del régimen, es de aplicación la costumbre del lugar y, en su defecto, las normas generales del régimen de comunidad de bienes.

3. La comunidad incluye todos los bienes que tengan los cónyuges al casarse o en el momento de convenir el pacto de agermanament, los que adquieran por cualquier título mientras el matrimonio subsista y las ganancias o lucros de todo tipo que obtengan durante la unión.

4. Cualquiera de los cónyuges puede exigir siempre que en la inscripción de los bienes o derechos adquiridos por el otro se haga constar que forman parte del agermanament.

5. La administración de la comunidad corresponde a ambos cónyuges.

6. La liquidación del agermanament debe realizarse adjudicando por mitad los bienes que incluya entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del premuerto.

CAPÍTULO V.
EL PACTO DE CONVINENÇA O MITJA GUADANYERIA

Artículo 65. Régimen.

1. La convinença, o mitja guadanyeria, asociación conocida en la Vall d'Aran, requiere pacto expreso en capítulos matrimoniales.

2. En todo aquello que no esté previsto en los pactos de la constitución del régimen ni en el presente artículo, deben aplicarse la costumbre de la Vall d'Aran y el capítulo X del privilegio llamado de la Querimnia.

3. Este convenio también puede ser establecido con el padre y la madre del hijo o de la hija, y aun con extraños, pactando que los bienes ganados y los que se ganarán quedarán en comunidad mientras subsista la asociación.

4. Los cónyuges deben contribuir por partes iguales al sostenimiento de los gastos derivados del régimen y gobierno de la casa y deben dividir, al fallecimiento de uno de ellos, si no hay hijos, las ganancias y los aumentos.

CAPÍTULO VI.
EL RÉGIMEN DE COMUNIDAD DE BIENES.

Artículo 66. Contenido.

1. En el régimen de comunidad de bienes, todos los bienes de los cónyuges resultan comunes y las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges les son atribuidos por mitad, salvo que se pacte de otro modo.

2. El régimen de comunidad de bienes debe convenirse en capítulos matrimoniales y se rige, en todo aquello que no esté establecido en los mismos, por las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 67. Bienes comunes.

1. Son comunes, salvo lo dispuesto en el artículo 68, todos los bienes y derechos que tengan los cónyuges en el momento de convenir el régimen de comunidad de bienes, los que adquieran por cualquier título durante el matrimonio y las ganancias o lucros de todo tipo que obtengan.

2. Si no hay pacto en contra, los frutos y productos de los bienes privativos de cada cónyuge, si los hay, son bienes comunes.

3. Cualquiera de los cónyuges puede solicitar que, en la inscripción de los bienes o derechos adquiridos por el otro, se haga constar que forma parte de la comunidad.

Artículo 68. Bienes privativos.

1. Son bienes privativos de cada cónyuge:

  1. Aquellos a los que se atribuya esta condición en capítulos.

  2. Los adquiridos por donación, herencia o legado.

  3. Los adquiridos con cláusula de reversión o gravados de restitución fideicomisaria.

  4. Los adquiridos por subrogación real de otros bienes privativos.

  5. Las cantidades procedentes de indemnizaciones por daños morales.

  6. Los necesarios para el ejercicio de la profesión y las prendas y objetos de uso personal que no sean de un valor extraordinario.

2. La exclusión de un bien o un derecho de la comunidad sólo puede oponerse a terceras personas desde que conste en los registros públicos o desde que la tercera persona conoce la condición privativa.

Artículo 69. Gestión.

1. De no existir pacto, la administración de los bienes comunes corresponde a ambos cónyuges.

2. Cualquiera de los cónyuges puede contraer obligaciones con cargo a la comunidad y disponer de los bienes comunes en atención al sostenimiento de los gastos familiares a que hace referencia el artículo 4. Para los demás actos, se precisa la actuación conjunta o la de uno de ellos con el consentimiento del otro.

3. Si uno de los cónyuges ejerce una profesión, industria o comercio, y lo hace valiéndose de bienes comunes con el consentimiento del otro, puede realizar solo y en relación a bienes muebles los actos, incluso de disposición, que sean consecuencia del ejercicio normal de aquellas actividades.

Artículo 70. Disposición de los bienes comunes.

De no existir pacto, los actos de disposición de los bienes comunes requieren el consentimiento de ambos cónyuges o, en defecto de consentimiento de uno, la autorización judicial que puede otorgarse en interés de la familia o si concurre otra causa justa.

Artículo 71. Régimen de los bienes privativos.

1. Cada uno de los cónyuges administra y dispone de los bienes privativos con independencia del otro.

2. Los bienes comunes no responden de las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges, derivados de la tenencia y administración de los bienes privativos, salvo en caso de insuficiencia de los bienes privativos del cónyuge deudor. En tal caso, la persona acreedora puede solicitar el embargo de los bienes comunes, que debe ser notificado al otro cónyuge, quien puede exigir la disolución de la comunidad y que el embargo tenga lugar sobre la mitad correspondiente al cónyuge deudor.

Artículo 72. Atención a los gastos familiares.

En el régimen de comunidad de bienes, los bienes comunes responden preferentemente de las deudas contraídas en atención al mantenimiento de los gastos familiares y, si no son suficientes, se aplica lo establecido en el artículo 5 en materia de responsabilidad por estos gastos.

Artículo 73. Extinción del régimen.

1. El régimen de comunidad de bienes se extingue en todo caso por:

  1. La disolución o declaración de nulidad del matrimonio.

  2. La separación judicial.

2. El régimen de comunidad también puede extinguirse anticipadamente por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La separación de hecho por un período superior a dos años.

  2. La gestión patrimonial irregular que comprometa gravemente a los intereses de la familia.

Artículo 74. Determinación y valoración de los bienes.

1. A efectos de la división de la comunidad, la determinación de los bienes comunes y de los bienes privativos se hace con referencia al tiempo de la disolución.

2. Los bienes comunes que se posean en el momento de la disolución de la comunidad se computan según el valor que tengan en el momento de realizar su liquidación.

Artículo 75. División de los bienes comunes.

1. En el caso de extinción de la comunidad, los bienes comunes se dividen entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del premuerto a partes iguales, salvo que se haya convenido de otro modo.

2. En el supuesto regulado en el apartado 1, si la vivienda conyugal y sus muebles de uso ordinario tienen la condición de bienes comunes, el cónyuge sobreviviente puede solicitar que le sea atribuida la propiedad de estos bienes en pago de su cuota. Si el valor es superior al valor de su cuota, el adjudicatario debe pagar la diferencia en dinero.

3. En la división, los cónyuges pueden recuperar los bienes que antes del inicio del régimen de comunidad eran de su propiedad y que subsistan en el momento de la extinción, según el estado inicial. Los demás bienes y las mejoras hechas en los bienes aportados se incluyen en la división de la comunidad y, si el valor de aquellos bienes es superior al valor de la cuota, el adjudicatario también debe pagar la diferencia en dinero.