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Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental. (Vigente hasta el 20 de enero de 2008)

Ficha:
Versiones/revisiones:

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de protección ambiental:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La protección del medio ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo de los ciudadanos. Las sociedades desarrolladas precisan instrumentos legales y operativos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y al mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales. A este fin, vinculado al desarrollo económico y al progreso social, la acción decidida de los poderes públicos establece el marco de tutela de los valores ambientales en relación al conjunto de actividades cuyo diseño y ejecución tiene incidencia potencial en la conservación del medio ambiente.

Además, la efectiva protección del medio es un derecho de los ciudadanos que si bien no es sólo salvaguardado por la Administración Pública, precisa con frecuencia de un alto grado de intervención en la consideración preventiva de las actividades y en la corrección de los factores y efectos de la contaminación y degradación ambientales. Esta determinación de procedimientos y técnicas para garantizar el mínimo impacto ambiental así como la fijación de objetivos para modificar la realidad ambiental tiene un doble fin: En primer lugar, el incremento de las garantías que la acción humana debe fijar en relación al mantenimiento de un medio ambiente saludable y a la calidad de vida y, en segundo término, la configuración de un desarrollo sostenible que permita asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales y poner éstos al servicio de la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

La Ley de Protección Ambiental de Andalucía responde a la doble componente de tutela ambiental y de asignación de objetivos de calidad del medio ambiente para el desarrollo económico y social de Andalucía. El texto legal configura, por tanto, un instrumento necesario para al acción pública en la defensa de un bien colectivo del que dependen la mejora del sistema productivo mediante su adecuación a parámetros de calidad ambiental, la equiparación del nivel de vida a las exigencias y requerimientos de una sociedad moderna, así como la conservación de un patrimonio natural de interés y valor tanto para las generaciones andaluzas actuales como para las futuras.

En defensa del medio ambiente como bien colectivo, la presente Ley establece la responsabilidad que la acción inadecuada de la iniciativa pública y privada o de los ciudadanos pueda conllevar en la limitación de uso de los recursos naturales y en la calidad de vida de la sociedad andaluza.

Es, por tanto, un texto legal innovador en la perspectiva de atribuir a los poderes públicos la función de tutela ambiental y garantizar su capacidad de intervención en la modificación de situaciones no deseables, y a la vez, establecer un marco de referencia de la responsabilidad que las actuaciones de las organizaciones colectivas y de los propios ciudadanos debe conllevar en la necesaria cooperación para conseguir un medio ambiente sano y adecuado a los intereses sociales.

La Ley de Protección Ambiental de Andalucía potencia la gestión ambiental de las Corporaciones Locales y constituye en este sentido un adecuado instrumento para la mejora del medio ambiente urbano, facultando a las Corporaciones Locales para una acción más actualizada y eficaz en defensa del medio ambiente.

La Ley de Protección Ambiental de Andalucía se suma a otras normas y disposiciones legales vigentes en la Unión Europea, el Estado español y la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, en las que el esfuerzo de protección e impulso de la acción institucional en materia de medio ambiente es una constante. Es, por tanto, una Ley que se inserta en el marco legal existente y cuyo contenido se refiere a un abanico concreto de actividades en el que la Comunidad Autónoma andaluza se dota de instrumentos de acción más precisos y adecuados a la realidad propia. Tiene, en suma, una decidida voluntad de complementación y afirmación de procedimientos para una correcta evaluación anticipada de los efectos ambientales de las actividades humanas y responde a la definición de objetivos en tres elementos concretos relativos a la contaminación y a la degradación ambientales. A este respecto, la Ley garantiza la asignación competencial y la adecuada intervención tanto de la Administración de la Comunidad Autónoma como de las Corporaciones Locales en su ámbito territorial, instituyendo los necesarios mecanismos de cooperación y de fomento en la consideración de los riesgos ambientales y en la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Ley se estructura en cuatro títulos relativos respectivamente a disposiciones generales, prevención ambiental, calidad ambiental y disciplina ambiental. El texto legal cuenta igualmente con una disposición adicional, tres transitorias, cuatro finales y tres anexos.

Las disposiciones generales establecen los objetivos básicos de la Ley así como las definiciones necesarias para su delimitación competencial y de contenido.

El título II, correspondiente a la prevención ambiental, fija el régimen de las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas andaluzas en la aplicación de procedimientos y técnicas que permitan una adecuada valoración anticipada de los efectos ambientales de un conjunto de actividades. La singularidad de esta norma legal se encuentra en la complementación de la directiva 85/337 del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de junio de 1985, del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

El título II se estructura, en suma, en cuatro capítulos y establece tres procedimientos para la consideración de los efectos ambientales de las actividades correspondientes a los tres anexos de la Ley: Evaluación de Impacto Ambiental, informe ambiental y calificación ambiental.

El título III relativo a la calidad ambiental se refiere a la calidad del aire, a los residuos y a la calidad de las aguas litorales. Contiene los objetivos de gestión para mejorar y corregir los factores y los efectos que alteran o modifican la situación medioambiental en los tres ámbitos. Establece, en definitiva, los requisitos que las actividades deben cumplir para conservar y mejorar el medio ambiente. La calidad del aire regulada básicamente por la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, precisa de una actualización que responda a las variaciones que la evolución industrial y urbana ha generado en este campo.

Especial interés tiene la regulación del ruido como agente contaminante en las ciudades y pueblos de Andalucía y su consideración como un especial elemento perturbador de la tranquilidad y el sosiego ciudadanos.

Los residuos generados en las actividades urbanas e industriales constituyen en la actualidad y desde su producción hasta su gestión final un conjunto de incidencias sobre el que es preciso actuar. El texto legal establece las condiciones en que las distintas operaciones deben llevarse a cabo y articula la intervención de los poderes públicos que debe unirse al esfuerzo ciudadano en la minimización de su producción y un comportamiento más cuidadoso de los subproductos que genera la actividad de todos. La Ley fomentará de igual manera el reciclaje de todo tipo de residuos y permitirá mediante su aplicación en este campo, un aumento de la conciencia, individual y colectiva, en el desarrollo de conductas más adecuadas y respetuosas con el medio ambiente.

La presente Ley complementa a este respecto la regulación vigente en la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, y en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

El texto legal establece, además, la figura del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos en el que se integrarán los Planes Directores Provinciales y que permitirá mediante la cooperación institucional fomentar una gestión adecuada de los residuos.

El objetivo de calidad de las aguas litorales constituye otro de los ámbitos regulados por la presente Ley, que responde a este respecto a la regulación básica establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Se articula el canon de vertido con carácter progresivo y finalista, permitiendo, por un lado, la asignación equitativa de cargas en razón de la perturbación o el daño que en el agua del mar origina la recepción de los afluentes y, por otro, su aplicación al objetivo de corrección para el saneamiento y mejora de la calidad de las aguas del mar.

La protección del litoral, mediante el oportuno ejercicio de las atribuciones en el ámbito de la mejora de la calidad de las aguas litorales, constituye sin duda un elemento esencial de la presente Ley. La mejora del espacio litoral es para la Comunidad Autónoma de Andalucía un objetivo primordial de interés económico y ambiental.

El título IV, relativo a la disciplina ambiental, establece el régimen de infracciones y sanciones referido al conjunto de la Ley explicitando una pormenorizada relación del conjunto de acciones punibles y su tratamiento desde la consideración del ilícito administrativo. Se estructura este título en tres capítulos relativos respectivamente a las disposiciones comunes, a la prevención ambiental y a la calidad ambiental, estableciendo una atribución adecuada de responsabilidad vinculada a la exigencia que los poderes públicos harán en el cumplimiento de la presente Ley.

La contundencia del título IV, relativo a la disciplina ambiental, es a todas luces un instrumento de garantía pública y de protección del medio ambiente en Andalucía. Su ejercicio responsable permitirá al conjunto de las Administraciones públicas la intervención eficaz en defensa del patrimonio ambiental colectivo, la asignación de responsabilidad en la consideración de infracciones y, en definitiva, el uso de una potestad de claro significado demostrativo y ejemplificador.

Se completa la Ley con las disposiciones adicional, transitorias y finales y los anexos. En las primeras, el texto legal establece diversos preceptos en relación a su articulado y a la efectividad de la norma. En los anexos se relacionan los tres grupos de actividades sobre los que se extiende la regulación prevista en su contenido, tanto en lo que respecta a la prevención ambiental como en lo referido a la calidad ambiental.