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Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de Disposiciones Legales, Reglamentarias y Administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de Radiodifusión Televisiva. (Vigente hasta el 1 de mayo de 2010)

Ficha:
Versiones/revisiones:

Sumario

Don Juan Carlos I,
Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREÁMBULO:

I. El actual régimen jurídico de la televisión como medio de comunicación social arranca en España de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, que configura a la televisión, conforme al artículo 128.2 de la Constitución, como un servicio público esencial de titularidad del Estado que se prestará en régimen de gestión directa por el Ente público RTVE, a través de una sociedad estatal denominada Televisión Española.

Con posterioridad, y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley anterior, la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, autorizó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal y para otorgarlo en régimen de concesión en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, previa solicitud de sus órganos de Gobierno y en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en el Estatuto de la Radio y la Televisión, en sus disposiciones complementarias de orden técnico y en lo dispuesto en la propia Ley.

Por su parte, la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, regula la gestión indirecta del servicio público esencial de la televisión, que se realizará por sociedades anónimas en régimen de concesión administrativa de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y que se inspirará en los principios expresados en el artículo cuarto de la Ley reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión.

Finalmente, la Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisión por Satélite, establece el régimen específico de la prestación de este servicio público cuando para ello se utilicen satélites de comunicaciones acordes con los Tratados y Acuerdos internacionales suscritos por España y autorizados por el Gobierno para estos fines, a los que se acceda mediante un enlace ascendente con origen en territorio español.

Estos textos legales, otros complementarios de menor rango y alguna Ley específica, como la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, regulan el ámbito de la televisión como medio de comunicación social, sin perjuicio de sus aspectos técnicos, que aparecen establecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

II. El 3 de octubre de 1989, el Consejo de la Comunidad Europea adoptó la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

Esta Directiva, que tiene por antecedente inmediato el Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza adoptado en el seno del Consejo de Europa el 5 de mayo de 1989 y que se encuentra pendiente de ratificación por España, halla su fundamento en los artículos 57.2 y 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al considerar -según expresa en su propio preámbulo- que la televisión constituye, en circunstancias normales, un servicio cuya libre circulación significa además una manifestación específica del principio más general de la libertad de expresión consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales celebrado en Roma el 4 de noviembre de 1950.

III. La presente Ley incorpora al Derecho español las normas contenidas en la Directiva 89/552/CEE. Este procedimiento de aprobar una sola Ley para todas las materias recogidas en la Directiva se ha considerado más adecuado que el de insertar los preceptos de ésta en los varios textos legales, que podrían haberse visto afectados por las prescripciones de aquélla, o que el de dictar varios textos distintos en función de las diversas materias reguladas. Con ello se producirá una aplicación unificada y más coherente de las normas de la Directiva y se evitarán las cuestiones que se han suscitado en otros Estados miembros que han procedido a incorporaciones parciales a sus respectivos derechos internos o a la adopción de distintas disposiciones legales y reglamentarias.

IV. La Ley se estructura en cinco capítulos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales.

1. El capítulo I, dedicado a las disposiciones de general aplicación, recoge el objeto de la Ley, su ámbito territorial de aplicación, las definiciones de los principales términos empleados por la Ley y el principio capital, fundamento de toda la Directiva, de la libre recepción en el territorio español de las emisiones de televisión procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea. En relación con este capítulo deben destacarse ciertas cuestiones importantes:

En primer término, la Ley será aplicable a las emisiones de televisión que se realicen desde el territorio español, quedando fuera de su ámbito las emisiones destinadas a ser captadas exclusivamente en los Estados que no sean miembros de la Unión Europea siempre que dichas emisiones no sean recibidas, de modo directo o indirecto, en el territorio español.

En segundo lugar, es de significar que los conceptos de la Directiva se recogen en la Ley, si bien adaptados en lo posible a los del Derecho interno. En este sentido, la definición de la televisión que ofrecen la Directiva y la Ley no es coincidente con la contenida en el artículo 25.2 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, diferencia que responde a que la definición que contiene esta última mira más al aspecto técnico y de las redes del servicio que a la televisión como medio de comunicación social y al mensaje que por ésta se emite y difunde.

Por lo que se refiere a la libertad de recepción en España de las emisiones procedentes de otros Estados comunitarios, la Directiva considerada suficiente la acomodación de las emisiones a la legislación del Estado miembro de origen, tal como es coordinada por la Directiva, para garantizar la libre circulación de servicios en la Unión Europea, sin necesidad de un control secundario por parte del Estado receptor. Este control se permite, no obstante, por la Directiva, con la consiguiente facultad de suspensión de las emisiones, cuando se cumplan las condiciones exigidas por aquélla, y cuyo supuesto de hecho arranca de una infracción manifiesta, sería, grave y reiterada de las normas sobre protección de los menores.

2. El capítulo II de la Ley regula la promoción y distribución de determinados programas televisivos.

En este capítulo se establece con carácter general la reserva de un 50 % del tiempo de emisión anual de las entidades que presten el servicio público de televisión, a la difusión de obras europeas; reservándose a su vez la mitad de este tiempo de reserva a la emisión de obras europeas en expresión originaria española.

Aparte de ello, se establece la reserva de un 10 % de aquel tiempo de reserva mayoritaria a la emisión de obras europeas de productores independientes, de las cuales la mayoría deberán corresponder a obras producidas en los últimos cinco años.

Por otro lado, conforme también con la Directiva, se excluye del cómputo como tiempo de emisión a los programas de información, las transmisiones deportivas, los concursos o juegos, la publicidad, los servicios de teletexto y las ofertas directas al público para la venta, compras, alquiler de productos o prestación de servicios; vedándose también, de acuerdo con aquélla, la difusión de obras cinematográficas antes de un plazo de dos años desde el comienzo de su exhibición en salas comerciales, salvo que se trate de películas específicamente realizadas para la televisión o para soportes distintos a los de su exhibición en salas de cine, que exista acuerdo en contrario entre el titular de la obra y la entidad difusora o que las citadas obras hayan sido coproducidas por estas entidades, caso este último en el que dicho plazo será de un año.

3. El capítulo III versa sobre la publicidad por televisión y el patrocinio televisivo, estableciéndose las normas que regulan una y otro.

Así, y además de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad, se determinan los supuestos en los que la publicidad por televisión merecerá la calificación de publicidad ilícita, prohibiéndose también ciertos objetos publicitarios, como los cigarrillos y demás productos del tabaco, e incluyendo en la prohibición no sólo la publicidad directa, sino también la indirecta.

La publicidad de bebidas alcohólicas se somete, de acuerdo con la Directiva, a unos criterios estrictos en función de las personas a las que no podrá ir dirigida (los menores de edad), de los mensajes que deberá evitar (éxito, mejora del rendimiento o de las relaciones personales, o propiedades beneficiosas), o de los fines que no ha de perseguir (fomentar el consumo inmoderado u ofrecer una imagen positiva del alcohol).

Cuestión de capital importancia en la Ley son las reglas sobre la identificación de la publicidad, su diferenciación del resto de la programación y su difusión agrupada, permitiéndose tan sólo de modo excepcional los espacios publicitarios aislados; así como las establecidas en relación con los lugares de la programación en los que deberá insertarse la publicidad, los plazos y cadencias de interrupción de la programación para las emisiones publicitarias y los porcentajes máximos de tiempo de transmisión dedicado a la publicidad sobre el total de las emisiones.

Respecto de esto último, la Ley establece dos reglas esenciales: de un lado, que el tiempo de transmisión dedicado a la publicidad no será superior al 15 % del tiempo diario de emisión, pudiéndose dedicar otro 5 % de este tiempo a la publicidad en forma de ofertas al público realizadas directamente para vender, comprar, alquilar bienes o productos o prestar servicios, y, de otro, que el tiempo de transmisión publicitaria por hora de emisión no superará los doce minutos.

Por último, este capítulo incorpora las normas relativas al patrocinio televisivo (en cuya definición se destaca su carácter contractual, como en la Ley General de Publicidad), evitando toda influencia del patrocinador que atente contra la independencia o responsabilidad de la entidad emisora, ordenando su identificación clara, impidiendo que el patrocinio se convierta en un modo de publicidad y vedando el patrocinio de personas que fabriquen o vendan productos o presten servicios cuya publicidad resulte prohibida por el ordenamiento vigente, así como que programas de información diaria o de actualidad política puedan ser objeto de aquél.

4. El capítulo IV está destinado a la protección de los menores en la programación televisiva, tanto frente al contenido de la publicidad, para no explotar su inexperiencia, la confianza en sus padres o tutores o su credulidad sobre las características de los productos anunciados, como frente al resto de la programación, a fin de preservar su correcto desarrollo físico, mental y moral, estableciendo para ello la necesidad de advertir sobre el contenido de la programación que pueda atentar al desarrollo del menor.

5. El capítulo V se ocupa del régimen sancionador, atribuyendo las competencias sancionadoras, según la gravedad de la infracción, al Consejo de Ministros y al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

En cuanto a las infracciones y sanciones, la Ley, además de calificar como infracción grave o muy grave los actos que contravengan las obligaciones y prohibiciones que establece, se remite, en lo relativo a las sanciones, a la Ley de Televisión Privada.

6. No contiene la Ley ninguna referencia al derecho de rectificación frente a programas televisivos, por entender que su contenido está ya suficientemente cubierto por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación.

7. La disposición adicional contiene la autorización al Gobierno para requerir a las entidades que presten el servicio de televisión los datos necesarios para el cumplimiento del deber de informar a la Comisión de la Comunidad Europea.

8. Las disposiciones transitorias establecen las reglas para cumplir en el tiempo las reservas de emisión para obras europeas y para obras europeas de productores independientes.

9. Por último, las disposiciones derogatoria y finales proceden a derogar expresamente los preceptos de la Ley de la Televisión Privada afectados por el nuevo régimen, a determinar los títulos constitucionales que habilitan al Estado para dictar la Ley (artículo 149.1, 1, 21 y 27), a autorizar al Gobierno para adoptar las medidas que garanticen la conformidad con la Ley de las emisiones originarias de terceros países, que puedan ser recibidas en territorio español, y para dictar las normas de desarrollo y ejecución de la futura Ley.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Esta Ley tiene por objeto:

  1. Establecer el régimen jurídico que garantice la libre difusión y recepción de las emisiones televisivas entre los Estados de la Unión Europea.

  2. Fomentar el desarrollo de determinadas producciones televisivas.

  3. Regular la publicidad televisiva, en todas sus formas.

  4. Regular el patrocinio televisivo.

  5. Defender los intereses legítimos de los usuarios y, en especial, de los menores para preservar su correcto desarrollo físico, mental y moral.

Lo previsto en esta Ley no impide la aplicación de la legislación específica en materia de sanidad, medicamentos y productos sanitarios, de protección de los consumidores y usuarios y de publicidad.

Artículo 2. Ambito de aplicación. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Esta Ley se aplica a las emisiones de televisión realizadas por los operadores de televisión establecidos en España o que, no estando bajo la jurisdicción de ningún país miembro de la Unión Europea, se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el apartado tercero.

2. Se consideran establecidos en España los operadores de televisión que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

  1. Que tengan su sede principal en España y las decisiones editoriales sobre la programación se adopten en territorio español o trabaje en él una parte significativa de su personal.

  2. Que, teniendo su sede principal en otro país miembro de la Unión Europea, sin que trabaje en él, sino en España, una parte significativa de su personal, las decisiones editoriales sobre programación se adopten en este último país.

  3. Que, teniendo su sede principal en España y adoptándose las decisiones editoriales sobre programación en otro país miembro de la Unión Europea, o viceversa, y no trabajando en España ni ese otro país una parte significativa de su personal, hayan comenzado a emitir por primera vez desde España y mantengan un vínculo estable y efectivo con la economía española.

  4. Que teniendo su sede principal en un país no miembro de la Unión Europea, las decisiones editoriales sobre programación se adopten en España y en este país trabaje una parte significativa de su personal.

Para la aplicación de las previsiones contenidas en los precedentes apartados, sólo se considerará el personal del operador que específicamente se dedique a actividades de televisión, tal como se encuentran definidas éstas en la letra a) del artículo 3.

3. A efectos de esta Ley, se consideran bajo jurisdicción española las emisiones de televisión realizadas por operadores de televisión establecidos en un país no miembro de la Unión Europea, en los siguientes supuestos:

  1. Cuando utilicen una frecuencia concedida por la Administración española.

  2. Cuando, sin utilizar una frecuencia concedida por la Administración española o de otro Estado miembro de la Unión Europea, utilicen la capacidad de satélite cuya explotación se haya reservado a España.

  3. Cuando, sin utilizar una frecuencia concedida por la Administración española, o por la de otro Estado miembro de la Unión Europea ni la capacidad de satélite reservada a cualquiera de estos países, utilicen, para su conexión con el referido satélite, un enlace ascendente situado en territorio español.

4. A las emisiones de televisión destinadas exclusivamente a ser captadas en el territorio de Estados que no sean miembros de la Unión Europea y que no puedan ser recibidas, directa ni indirectamente, por el público en un Estado integrante de la Unión Europea, sólo les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, y en el capítulo IV de esta Ley.

5. El capítulo II de esta Ley no será de aplicación a las emisiones de televisión de cobertura local que no formen parte de una red nacional.

No obstante lo anterior, las Comunidades Autónomas podrán introducir normas de contenido equivalente al de las previstas en ese capítulo, con objeto de promover la producción audiovisual en su lengua propia, en los servicios de televisión local bajo su competencia.

Artículo 3. Definiciones. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

  1. Televisión, la emisión primaria, con o sin cable, por tierra o por satélite, codificada o no, de programas televisados destinados al público.

    Este concepto comprenderá la comunicación de programas entre personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan por finalidad la emisión de televisión destinada al público. Por el contrario, no se incluyen en esta definición aquellos servicios de comunicaciones, prestados previa petición individual, cuya finalidad sea la aportación de elementos de información u otras prestaciones, como servicios de facsímil, bancos de datos electrónicos y otros servicios similares.

  2. Operador de televisión: la persona física o jurídica que asuma la responsabilidad editorial de la programación televisiva con arreglo a la letra a) y que la transmita o la haga transmitir por un tercero.

  3. Publicidad por televisión: cualquier forma de mensaje televisado emitido, mediante contraprestación y por encargo de una persona física o jurídica, pública o privada, en relación con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover la contratación de bienes muebles o inmuebles o de servicios de cualquier tipo.

    Los mensajes dedicados a la autopromoción tendrán, a efectos de esta Ley, la consideración de publicidad.

    También se considerará publicidad, cualquier forma de mensaje emitido por cuenta de terceros para promover determinadas actitudes o comportamientos entre los telespectadores.

  4. Publicidad encubierta: aquélla forma de publicidad que suponga la presentación verbal, visual o sonora, dentro de los programas, de los bienes, los servicios, el nombre, la marca, la actividad o los elementos comerciales propios de un empresario que ofrezca bienes y servicios y que tenga, por intención del operador de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a su naturaleza.

    En particular, la presentación de los bienes, los servicios, el nombre, la marca, las actividades o los elementos comerciales propios de un tercero se considerará intencionada y, por consiguiente, tendrá el carácter de publicidad encubierta, si se hiciese a cambio de una remuneración, cualquiera que sea la naturaleza de ésta.

    No tendrá esta consideración, la presentación que se haga en acontecimientos abiertos al público organizados por terceras personas y cuyos derechos de emisión televisiva se hayan cedido a un operador de televisión, cuando la participación de este último se limite a la mera retransmisión del evento y sin que se produzca una desviación intencionada para realzar el carácter publicitario.

  5. Publicidad indirecta, aquélla que sin mencionar directamente los productos, utilice marcas, símbolos u otros rasgos distintivos de tales productos o de empresas cuyas actividades principales o conocidas incluyan su producción o comercialización.

  6. Patrocinio publicitario por televisión, aquel contrato en virtud del cual una persona física o jurídica, denominada patrocinador, no vinculada a la producción, comercialización o difusión televisivas, contribuye a la financiación de programas de televisión realizados por otra persona, física o jurídica, llamada patrocinado, con la finalidad de promover el nombre, marca, imagen, actividades o realizaciones del patrocinador.

  7. Productor independiente, aquella persona física o jurídica que no sea objeto de influencia dominante por parte de las entidades de radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de las normas que le rigen.

    Se entenderá que existe una influencia dominante, directa o indirecta, por razones de propiedad o participación financiera, cuando las entidades de televisión posean más del 50 % del capital suscrito en la empresa productora, dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la misma, o puedan designar a más de la mitad de los órganos de administración o dirección.

  8. Televenta: la radiodifusión televisiva de ofertas directas al público para la adquisición o el arrendamiento de toda clase de bienes y derechos o la contratación de servicios, a cambio de una remuneración.

Artículo 4. Libertad de recepción.Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Se garantiza la libertad de recepción y de retransmisión dentro del territorio nacional de las emisiones de televisión de operadores bajo la jurisdicción de otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que no interfieran técnicamente las que realicen regularmente las emisoras españolas ni vulneren les normas españolas relativas a materias distintas de las reguladas en esta Ley.

El párrafo anterior no será de aplicación en el caso de emisiones que, durante un período de doce meses, hayan violado en más de dos ocasiones, y así se haya puesto de manifiesto en los correspondientes expedientes tramitados por el Ministerio de Fomento, lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 17 de esta Ley. En dicho supuesto, el Estado español ejercerá, en su caso, las facultades que le otorga la normativa comunitaria aplicable.

CAPÍTULO II.
DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE DETERMINADOS PROGRAMAS TELEVISIVOS.

Artículo 5. Obras europeas. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Redacción según Ley 15/2001, de 9 de julio. Los operadores de televisión deberán reservar el 51 % de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas.

Los operadores de televisión que tengan la responsabilidad editorial de canales de televisión en cuya programación se incluyan largometrajes cinematográficos de producción actual, es decir, con una antigüedad menor de siete años desde su fecha de producción, deberán destinar, como mínimo, cada año, el 5 % de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio anterior, conforme a su cuenta de explotación, a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos, incluidos los supuestos contemplados en el artículo 5.1 de la Ley de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual. El 60 % de esta financiación deberá destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España.

A estos efectos se entenderá por películas para televisión las obras audiovisuales de características similares a los largometrajes cinematográficos, es decir, obras unitarias de duración superior a sesenta minutos con desenlace final, con la singularidad de que su explotación comercial no incluye la exhibición en salas de cine; y por ingresos de explotación, los derivados de la programación y explotación del canal o canales de televisión que dan origen a la obligación, reflejados en sus cuentas de explotación auditadas.

El Gobierno, previa consulta a todos los sectores interesados, podrá establecer reglamentariamente las duraciones exigibles para considerar una obra audiovisual como película para televisión.

2. Más del 50 % del tiempo de reserva a que se refiere el número anterior, se dedicará, a su vez, a la emisión de obras europeas en expresión originaria en cualquier lengua española.

3. Tendrán la consideración de obras europeas las obras originarias de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados terceros europeos que sean parte del Convenio Europeo sobre la televisión transfronteriza del Consejo de Europa en las que un 51 % del total de autores, intérpretes, técnicos u otros trabajadores que participen en ellas residan en alguno de los Estados mencionados.

Dichas obras deberán cumplir, además, alguna de las condiciones siguientes:

  1. Estar realizadas por uno o mas productores establecidos en uno o varios de dichos Estados.

  2. Tener una producción supervisada y controlada por uno o varios productores establecidos en alguno o algunos de los Estados citados.

  3. Financiar su coste total de producción mediante la contribución mayoritaria de productores establecidos en dichos Estados, en supuestos de coproducción, siempre que ésta no sea controlada por uno o varios productores establecidos fuera de los mismos.

4. Igualmente, tendrán la consideración de obras europeas, las originarias de Estados terceros europeos, distintos de los mencionados en el apartado anterior, con los que la Unión europea haya celebrado acuerdos relativos al sector audiovisual, siempre que, al menos, un 51 % del total de autores, intérpretes, técnicos u otros trabajadores que participen en ellas, residan en alguno de los Estados aludidos en el apartado anterior.

5. Los apartados 3 y 4 de este artículo sólo serán de aplicación a las obras originarias de terceros Estados, firmantes o no del Convenio europeo sobre la televisión transfronteriza, a condición de que las de los Estados miembros de la Unión Europea no sean objeto de medidas discriminatorias en aquéllos.

6. Las obras que no sean consideradas europeas, de acuerdo con los apartados anteriores, pero que se hayan producido en el marco de tratados bilaterales de coproducción celebrados entre los Estados miembros de la Unión Europea y terceros países, se considerarán europeas, siempre que la participación de los coproductores comunitarios en la financiación del coste total de la producción sea mayoritaria y que dicha producción no esté controlada por uno o varios productores establecidos fuera del territorio de los primeros.

7. Las obras que no sean europeas con arreglo a los números anteriores, pero en las que un 51 % del total de intérpretes, autores, técnicos u otros trabajadores que participen en ellas sean residentes en uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, se considerarán obras europeas a razón de la proporción de la contribución de los coproductores comunitarios en el coste total de la producción.

Artículo 6. Obras europeas de productores independientes. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Los operadores de televisión, dentro del período de tiempo establecido en el apartado 1 del artículo anterior, reservarán un mínimo del 10 % de su tiempo total de emisión a obras europeas de productores independientes respecto de las entidades de televisión, de las que más de la mitad deberán haber sido producidas en los últimos cinco años.

Artículo 7. Exclusión de cómputo. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. A los efectos de los artículos anteriores de este capítulo, no se computará como tiempo de emisión el dedicado a informaciones, transmisiones deportivas, concursos o juegos, publicidad, televenta y servicios de teletexto.

2. A los mismos efectos, en los servicios de pago para las emisiones de televisión de un operador que se contraten de forma conjunta e inseparable dentro de una determinada oferta, las disposiciones de los citados artículos se aplicarán a su tiempo total de emisión.

CAPÍTULO III. DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN, LA TELEVENTA Y EL PATROCINIO TELEVISIVO.

Artículo 8. Publicidad y televenta ilícitas. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Además de las formas de publicidad indicadas en el artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, son ilícitas, en todo caso, la publicidad por televisión y la televenta que fomenten comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad humanas o para la protección del medio ambiente; atenten al debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas o las discriminen por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social.

Igualmente, son ilícitas la publicidad y la televenta que inciten a la violencia o a comportamientos antisociales, que apelen al miedo o a la superstición o que puedan fomentar abusos, imprudencias, negligencias o conductas agresivas.

Tendrán la misma consideración la publicidad y la televenta que inciten a la crueldad o al maltrato a las personas o a los animales o a la destrucción de bienes de la naturaleza o culturales.

2. La publicidad y la televenta no deberán utilizar técnicas subliminales, entendiendo por tales las que contienen los elementos que se recogen en la citada Ley General de Publicidad para definir la publicidad subliminal.

Artículo 9. Publicidad y televenta prohibida. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Además de lo que resulta de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, queda prohibida por televisión:

  1. Cualquier forma directa o indirecta, de publicidad y de televenta de cigarrillos y demás productos del tabaco.

  2. Cualquier forma directa o indirecta de publicidad de medicamentos y tratamientos médicos que sólo puedan obtenerse por prescripción facultativa en el territorio nacional.

  3. La publicidad de contenido esencial o primordialmente político, o dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

  4. La televenta de medicamentos, tratamientos médicos y productos sanitarios.

2. Quedan prohibidas la publicidad y la televenta encubiertas.

Artículo 10. Publicidad y televenta de bebidas alcohólicas. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Queda prohibida cualquier forma directa o indirecta de publicidad y de televenta de bebidas con graduación alcohólica superior a veinte grados centesimales.

2. La publicidad y la televenta de las restantes bebidas alcohólicas deberá respetar los siguientes principios:

  1. No podrán estar dirigidas específicamente a las personas menores de edad ni, en particular, presentar a los menores consumiendo dichas bebidas.

  2. No deberán asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico o de la conducción de vehículos ni dar impresión de que el consumo de alcohol contribuye al éxito social o sexual, sugerir que las bebidas alcohólicas tienen propiedades terapéuticas o un efecto estimulante o sedante, o que constituyen un medio para resolver conflictos.

  3. No deberán estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad ni subrayar como cualidad positiva de las bebidas su contenido alcohólico.

Artículo 11. Identificación y colocación de la publicidad y los anuncios de televenta. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. La publicidad y la televenta deberán ser fácilmente identificables y diferenciarse claramente de los programas, a través de medios ópticos o acústicos.

2. Los anuncios publicitarios y de televenta se emitirán de forma agrupada. Sólo excepcionalmente se emitirán anuncios publicitarios y de televenta aislados.

3. La publicidad televisiva y los anuncios de televenta deberán insertarse entre los programas.

No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, también podrá insertarse publicidad y anuncios de televenta interrumpiendo los programas, siempre que no se perjudique su unidad ni se desmerezca el valor o la calidad de éstos y las interrupciones se realicen teniendo en cuenta las propias pausas naturales del programa, su duración y su naturaleza, y de modo que, en ningún caso, se perjudiquen los derechos de los titulares de los programas dentro de cuya emisión se produzcan.

4. En la emisión de publirreportajes, telepromociones y, en general, de aquellas formas de publicidad distintas de los anuncios televisivos que, por las características de su emisión, podrían confundir al espectador sobre su carácter publicitario, deberá superponerse, permanentemente y de forma claramente legible, una transparencia con la indicación publicidad

5. En las emisiones deportivas, podrán insertarse mensajes publicitarios y de televenta, utilizando transparencias o cualquier otro tratamiento de la imagen, únicamente en aquellos momentos en que el desarrollo del acontecimiento retransmitido se encuentre detenido y siempre que no se perturbe la visión del acontecimiento ni se empleen transparencias que ocupen más de una sexta parte de la pantalla.

Estos mensajes consistirán, exclusivamente, en textos escritos y no podrán contener otras imágenes reales ni de animación que el logotipo estático de la marca.

Artículo 12. Reglas especiales. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. En los programas compuestos de partes autónomas sólo podrá insertarse la publicidad y los anuncios de televenta entre aquellas partes autónomas.

2. En las emisiones o programas deportivos o de acontecimientos o espectáculos de estructura similar, que cuenten con intervalos de tiempo entre cada una de las partes que los compongan, sólo podrá insertarse la publicidad y los anuncios de televenta durante estos intervalos.

Para las emisiones deportivas a las que no sea de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, regirá la regla fijada en el párrafo primero del apartado 3, con la salvedad de que no podrán interrumpirse para emitir publicidad y anuncios de televenta en los momentos de máximo interés del acontecimiento retransmitido.

Podrán insertarse, igualmente, publicidad y anuncios de televenta en las emisiones deportivas en aquellos momentos en que el desarrollo del acontecimiento retransmitido se encuentre detenido, siempre que esta detención tenga una duración programada.

3. En los programas de naturaleza distinta a la de los señalados en los apartados anteriores, las interrupciones sucesivas para la inserción de publicidad y anuncios de televenta dentro de los programas deberán estar separadas por períodos de tiempo de veinte minutos como mínimo, sin perjuicio de lo que se dispone en los apartados siguientes.

El lapso de tiempo que transcurra entre a emisión de la publicidad y la televenta anterior o posterior a un programa y las primeras o últimas interrupciones para insertar publicidad y anuncios de televenta dentro de aquel, podrá ser inferior a veinte minutos.

Por una sola vez dentro de cada programa, el lapso de tiempo entre dos períodos dedicados a la publicidad y los anuncios de televenta podrá también ser inferior a veinte minutos, pero no menor a quince minutos, para respetar las pausas naturales del mismo.

4. Las obras audiovisuales, como largometrajes cinematográficos, cuya duración programada de transmisión sea superior a cuarenta y cinco minutos, podrán ser interrumpidas una vez por cada período completo de cuarenta y cinco minutos, autorizándose, además, otra interrupción si la duración total programada de la transmisión excede al menos en veinte minutos de dos o más de los períodos temporales iniciales citados. Estas interrupciones deberán respetar la integridad y el valor de la obra, de la que no podrán omitirse los títulos de crédito.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado las series, seriales y emisiones de entretenimiento, a las cuales será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los restantes apartados de este artículo.

5. Los programas informativos, documentales, religiosos e infantiles no podrán ser interrumpidos por la publicidad ni la televenta, salvo cuando su duración programada sea superior a treinta minutos, en cuyo caso se aplicará lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo.

6. No podrá insertarse publicidad ni televenta en la emisión de servicios religiosos.

7. Se entiende como duración programada, a los efectos de este artículo, el lapso de tiempo total de duración del programa u obra incluidos los espacios publicitarios existentes dentro de la obra o programa.

8. Durante los períodos dedicados a la publicidad y a los anuncios de televenta, las condiciones técnicas de emisión de la señal deberán, en todo caso, respetar los parámetros establecidos en la norma técnica aplicable al medio de transmisión de que se trate. Los operadores habilitados, para la difusión de la señal de televisión deberán adoptar las medidas necesarias para que, en ningún caso, los procesos de tratamiento de las señales originarias produzcan en e telespectador un efecto de incremento sonoro notoriamente perceptible, respecto de la emisión inmediatamente anterior.

Por orden del Ministro de Fomento, se podrán establecer nuevos parámetros técnicos a los que deberán ajustarse los servicios de difusión de televisión, con objeto de desarrollar lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 13. Tiempo de emisión dedicado a la publicidad y a la televenta. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. El tiempo total dedicado a la emisión de publicidad en todas sus formas y a la televenta, con exclusión de los programas de televenta regulados en el apartado 3 de este artículo, no será superior al 20 % del tiempo diario de emisión.

El tiempo de emisión dedicado a anuncios publicitarios no podrá superar el 15 % del tiempo total diario de emisión.

2. Durante cada una de las horas naturales en que se divide el día, el tiempo de emisión dedicado a la publicidad en todas sus formas y a los anuncios de televenta, no podrá ser superior a diecisiete minutos.

Respetando el límite anterior, el tiempo dedicado a los anuncios publicitarios y de televenta, excluida la autopromoción, no podrá superar los doce minutos durante el mismo período.

3. Cada canal de televisión podrá dedicar hasta tres horas al día a la emisión de programas de televenta. Estos programas tendrán una duración mínima ininterrumpida de quince minutos y deberán identificarse como tales, con toda claridad, por medios ópticos o acústicos.

El número máximo diario de programas de televenta, difundidos por un canal de televisión no dedicado exclusivamente a esta actividad, será de ocho.

4. A efectos del presente artículo, no tendrán la consideración de publicidad los anuncios de servicio público o de carácter benéfico, difundidos gratuitamente, ni los realizados por el operador de televisión en relación con sus propios programas.

Artículo 14. Canales de televenta y autopromoción. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Las limitaciones temporales impuestas a la televenta en el artículo 13 no serán de aplicación a los canales de televisión dedicados exclusivamente a esta actividad.

Dichos canales podrán emitir publicidad en las condiciones y dentro de los límites establecidos en la presente Ley. Sin embargo, no les será de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 13.

Para que les resulte de aplicación el régimen previsto en este apartado, los canales citados no podrán emitir programas distintos de los de televenta y publicidad.

2. Las limitaciones temporales impuestas a la publicidad en el artículo 13, no serán de aplicación a la relativa a la promoción de productos o servicios del titular del canal, en los canales de televisión dedicados exclusivamente a ello.

Dichos canales podrán emitir publicidad ajena, en las condiciones y dentro de los límites establecidos en la presente Ley para la publicidad en general.

Para poder acogerse a lo dispuesto en este apartado, los canales a los que se refiere no podrán emitir programas distintos de los destinados a la autopromoción y a la publicidad por cuenta de terceros.

3. El capítulo II de la presente Ley no resultará de aplicación a los canales de televisión regulados en los dos apartados anteriores.

Artículo 15. Patrocinio televisivo. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Los programas de televisión patrocinados deberán cumplir los requisitos siguientes:

  1. La acción de patrocinio y el patrocinador habrán de estar claramente identificados como tales mediante el nombre, el logotipo la marca, u otros signos distintivos de aquél, al principio, al final de su emisión, o en los dos momentos.

    La acción de patrocinio y el patrocinador podrán identificarse también en las interrupciones publicitarias, así como en el transcurso del programa patrocinado siempre que ello se haga de forma esporádica y sin perturbar el desarrollo del programa.

    Esta identificación no podrá incluir mensajes publicitarios destinados a promover de forma directa o expresa, la compra o contratación de productos o servicios del patrocinador o de un tercero.

  2. El contenido y la programación de una emisión patrocinada no podrán, en ningún caso, ser influidos por el patrocinador de tal forma que se atente contra la independencia editorial del operador de televisión, ni contener mensajes que inciten a la compra o contratación de sus productos o servicios o de los de un tercero, mediante referencias concretas de promoción a dichos productos o servicios, excepto durante los períodos dedicados a la publicidad y a la televenta regulados en los artículos 11 y 12.

2. Los programas de televisión no podrán ser patrocinados por personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la fabricación o la venta de productos o la realización de servicios cuya publicidad esté prohibida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta Ley. No obstante, se autoriza el patrocinio de programas televisivos por parte de entidades que fabriquen, distribuyan o vendan medicamentos, productos sanitarios o tratamientos médicos, siempre que sólo se haga mención al nombre de la entidad patrocinadora, sin referencia a los productos o servicios que ofrezca.

3. No podrán patrocinarse programas diarios sobre noticias ni de actualidad política. Tampoco serán patrocinables las partes en que puedan dividirse los referidos programas, salvo las dedicadas a información deportiva y meteorológica.

4. Los períodos de tiempo dedicados a identificar el patrocinio televisivo, a los que se hace referencia en el apartado 1.a) de este artículo, no se cuantificarán a los efectos de los tiempos máximos de publicidad previstos en el artículo 13.

CAPÍTULO IV.
DE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES.

Artículo 16. Protección de los menores frente a la publicidad y la televenta. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. La publicidad por televisión no contendrá imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a los menores. A este efecto, deberá respetar los siguientes principios:

  1. No deberá incitar directamente a tales menores a la compra de un producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus padres o tutores, o a los padres o tutores de terceros, para que compren los productos o servicios de que se trate.

  2. En ningún caso, deberá explotar la especial confianza de los niños en sus padres, en profesores o en otras personas, tales como profesionales de programas infantiles o, eventualmente, en personajes de ficción.

  3. No podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas.

  4. En el caso de publicidad o de televenta de juguetes, éstas no deberán inducir a error sobre las características de los mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizar dichos juguetes sin producir daño para sí o a terceros.

  5. Aadida por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. La publicidad o la tele venta dirigidas a menores deberá transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres.

2. La televenta deberá respetar los requisitos que se prevén en el apartado 1 y, además, no incitará a los menores a adquirir o arrendar directamente productos y bienes o a contratar la prestación de servicios.

Artículo 17. Protección de los menores frente a la programación. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Las emisiones de televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

2. La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrá realizarse entre las veintidós horas del día y las seis horas del día siguiente, y deberá ser objeto de advertencia sobre su con tenido por medios acústicos y ópticos.

Cuando tales programas se emitan sin codificar, deberán ser identificados mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración.

Lo aquí dispuesto será también de aplicación a las emisiones dedicadas a la publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación.

3. Al comienzo de la emisión de cada programa de televisión y al reanudarse la misma, después de cada interrupción para insertar publicidad y anuncios de televenta, una advertencia, realizada por medios ópticos y acústicos, y que contendrá una calificación orientativa, informará a los espectadores de su mayor o menor idoneidad para los menores de edad.

En el caso de películas cinematográficas esta calificación será la que hayan recibido para su difusión en salas de cine o en el mercado del vídeo, de acuerdo con su regulación específica. Ello se entiende sin perjuicio de que los operadores de televisión puedan completar la calificación con indicaciones más detalladas para mejor información de los padres o responsables de los menores. En los restantes programas, corresponderá a los operadores, individualmente o de manera coordinada, la calificación de sus emisiones.

En el supuesto de que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, los operadores de televisión no se hubieran puesto de acuerdo respecto de un sistema uniforme de presentación de estas calificaciones, el Gobierno dictará las normas precisas para asegurar su funcionamiento.

4. En las emisiones realizadas por operadores de televisión bajo jurisdicción española, habrán de respetarse, en todo caso, los preceptos constitucionales.

CAPÍTULO V.
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 18. Derecho a la información. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.d) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, constituye un derecho de los telespectadores, en cuanto usuarios, el conocer, con antelación suficiente la programación de televisión, incluidas las películas cinematográficas y la retransmisión de espectáculos. El Gobierno y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos competenciales, desarrollaren reglamentariamente el procedimiento para hacer efectivo este derecho.

Sólo serán posibles las modificaciones en la programación anunciada que sean consecuencia de sucesos ajenos a la voluntad del operador de televisión y que no hubieran podido ser razonablemente previstas, en el momento de hacerse pública su programación.

CAPÍTULO VI.
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 19. Sujetos pasivos y competencias de control y sanción. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. El régimen sancionador establecido en este capítulo, será de aplicación a los operadores públicos o privados de televisión a los que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del artículo 2 de la presente Ley.

2. Las Comunidades Autónomas ejercerán el control y la inspección para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, tramitarán los correspondientes procedimientos sancionadores e impondrán las oportunas sanciones en relación con los servicios de televisión cuyos ámbitos de cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepasen sus respectivos límites territoriales. También serán competentes en relación con los servicios de televisión cuya prestación se realice directamente por ellas o por entidades a las que hayan conferido un título habilitante dentro del correspondiente ámbito autonómico.

Corresponden al Estado las competencias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, en los restantes servicios de televisión.

Las funciones de inspección y control, en el caso de los servicios de televisión contemplados en el párrafo anterior, se ejercerán por el Ministerio de Fomento. En este supuesto, la imposición de las sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, corresponderá, en el caso de infracciones graves, al Ministro de Fomento y en el de infracciones muy graves, al Consejo de Ministros, a propuesta de aquél.

3. Los órganos competentes para la inspección y el control podrán requerir de los operadores públicos o privados los datos que estimen necesarios para el ejercicio de sus funciones.

A estos efectos, todos los operadores de televisión deberán archivar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas emitidos, incluidas la publicidad y la televenta, y registrar los datos relativos a tales programas.

La información así obtenida será confidencial, y no podrá utilizarse para fines distintos a los previstos en esta Ley.

4. Cuando un tercero, incluidos los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, se considere perjudicado por el presunto incumplimiento por parte de un operador de televisión de alguna de las obligaciones previstas en esta Ley, podrá presentar denuncia motivada ante el órgano competente para la inspección y control de la entidad supuestamente infractora, el cual, tras la instrucción del correspondiente expediente, elevará, en su caso, propuesta razonada de resolución al órgano competente para la imposición de las correspondientes sanciones.

La resolución que adopte este órgano pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 20. Infracciones y sanciones. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Se considerará infracción grave, la contravención de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 5, 6, 8 a 16, 17.2 y 3, 18, 19.3 y en la disposición adicional quinta de esta Ley.

Se considerará infracción muy grave, la contravención de las obligaciones y prohibiciones impuestas en los apartados 1 y 4 del artículo 17 y en la disposición adicional segunda de esta Ley.

Igualmente, se considerará infracción muy grave la comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones graves sancionadas con carácter definitivo.

3. Las infracciones graves a lo previsto en la presente Ley serán sancionadas con multa de hasta 50.000.000 de pesetas y las muy graves con multa desde 50.000.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas.

Las infracciones muy graves al apartado número 1 del artículo 17, en razón de sus circunstancias, podrán dar lugar a la suspensión de eficacia del título habilitante para la prestación del servicio de televisión y, en caso de reiteración, a la revocación del mismo.

En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

  1. La repercusión social de la infracción

  2. El beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada

  3. La gravedad del incumplimiento.

CAPÍTULO VII.
DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN. Añadido por Ley 39/2002, de 28 de octubre.

Artículo 21. Solicitud previa al ejercicio de la acción de cesación. Añadido por Ley 39/2002, de 28 de octubre.

1. Cuando cualquier persona física o jurídica infrinja lo establecido en la presente Ley, lesionando los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, podrán solicitar a dicha persona que cese en su comportamiento ilícito:

  1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.

  2. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.

  3. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea a las que alude el artículo 22.

  4. Los titulares de un derecho o de un interés legítimo.

2. La solicitud se hará por escrito, en forma que permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su contenido.

3. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin del comportamiento ilícito.

4. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, el requerido comunicará al requirente en forma fehaciente su voluntad de cesar en dicho comportamiento y procederá efectivamente a dicha cesación.

5. En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá ejercitar la acción prevista en el artículo siguiente.

Artículo 22. Acción de cesación. Añadido por Ley 39/2002, de 28 de octubre.

1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, sin necesidad de haber cumplido lo establecido en el artículo anterior.

2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.

3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:

  1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.

  2. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.

  3. El Ministerio Fiscal.

  4. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

    Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.

  5. Los titulares de un derecho o de un interés legítimo.

Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Requerimientos de información. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Las Comunidades Autónomas deberán remitir al Gobierno, a su requerimiento, los datos que resulten necesarios para informar a la Comisión Europea del grado de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta Ley por parte de los servicios de televisión respecto de los que tengan competencia, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 19 de esta Ley.

En el caso de que de los datos se desprenda la existencia de incumplimientos por parte de operadores de televisión, el órgano competente del Estado y de las Comunidades Autónomas indicarán, dentro de sus respectivas competencias, las medidas adoptadas para corregirlos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Ejercicio de los derechos exclusivos. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Ningún operador de televisión podrá ejercer los derechos exclusivos de retransmisión de eventos que haya adquirido con posterioridad al 30 de julio de 1997, de manera que restrinja los derechos de una parte sustancial del público de otro Estado miembro de la Unión Europea a su libre acceso por televisión, cuando hayan sido considerados de, interés general en dicho Estado. Estos derechos tendrán el alcance y el contenido que les reconozca la Comisión Europea, mediante cualquier acto o resolución publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Promoción de la autorregulación. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Con independencia de lo previsto en el capítulo VI de esta Ley los poderes públicos promoverán el desarrollo de organizaciones de autorregulación del sector, pudiendo acudir, también, a ellas cualesquiera personas o entidades que se consideren perjudicadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Medidas adicionales de protección a la juventud y a la infancia. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

En la medida que el desarrollo tecnológico lo permita, el Gobierno, para la mejor protección de la juventud y de la infancia, podrá establecer la obligación de que los receptores incorporen mecanismos automáticos de desconexión y exigir a los servicios de televisión que incluyan en sus emisiones los códigos que permitan activar dichos mecanismos, a voluntad del receptor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Obligaciones complementarias de información. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

Los operadores de servicios de acceso condicional o de redes de telecomunicaciones habilitados para prestar el servicio de difusión de televisión y, en general, todos aquellos que dispongan de título habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión, informarán preceptivamente sobre las características de cada uno de los canales de televisión que ofrezcan, identificando si dichos canales son propios o han sido suministrados por un tercero y, en este último caso, el responsable editorial de los mismos. Se informará, igualmente, de si se trata de la retransmisión de un canal cuya emisión primaria se está realizando por otra vía, indicando, en ese caso, si el responsable editorial del mismo se encuentra o no bajo la jurisdicción de un Estado miembro de la Unión Europea.

Esta información deberá actualizarse en cada momento y será remitida al órgano administrativo que tiene atribuidas las competencias de inspección y control previstas en esta Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Plazo de reserva de obra europea.

La reserva establecida en el número 1 del artículo 5 para la difusión de obras europeas podrá alcanzarse por las entidades de televisión de forma gradual, de manera que al término del cuarto año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley o, en su caso, del comienzo de las emisiones, la reserva alcance el 40 % del tiempo de emisión. No obstante, será preciso cubrir tal porcentaje gradualmente.

Transcurrido el señalado plazo, la reserva deberá incrementarse anualmente hasta alcanzar la proporción de reserva determinada en el artículo 5.1.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Plazo para reserva de producción independiente.

La reserva establecida en el artículo 6 podrá alcanzarse de forma progresiva. A tal efecto, las entidades que presten el servicio público de televisión, constituidas antes de 1989, podrán mantener en el año de entrada en vigor de esta Ley la proporción de emisión de obras europeas comprobada por cada uno de ellos durante 1988, debiendo incrementar anualmente la reserva de emisión de tales obras hasta el logro de la proporción exigida en el citado artículo 6, en un máximo de cuatro años.

Los organismos o entidades constituidos después del 31 de diciembre de 1988 tomarán como año de referencia a los efectos del párrafo anterior el año de su constitución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Período transitorio para interrupciones publicitarias.

Las previsiones contenidas en el número 1 del artículo 13 comenzarán a aplicarse transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Las previsiones contenidas en los números 2, 3 y 4 del citado artículo comenzarán a aplicarse transcurridos doce meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogados los apartados 3 y 4 del artículo 14 y el artículo 15 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido por el artículo 149.1, 1, 21 y 27 de la Constitución, teniendo, por tanto, el carácter de norma básica.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitaciones al Gobierno. Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio.

1. Sin perjuicio de las obligaciones internacionales contraídas por España, se faculta al Gobierno para establecer, por vía reglamentaria, las medidas necesarias que garanticen que las emisiones de los operadores de televisión que no esten bajo la jurisdicción de ningún Estado miembro de la Unión Europea y puedan ser recibidas en territorio español, no resulten contrarias a lo dispuesto en el artículo 16 y en los apartados 1 y 2 del artículo 17.

A efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 4, en el supuesto de recepción en España de emisiones de un operador de televisión bajo la jurisdicción de otro Estado miembro de la Unión Europea, si se detectara una posible infracción de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 17 de esta Ley, el Ministerio de Fomento abrirá expediente informativo para comprobar los hechos. Si, de las diligencias efectuadas, se dedujere que se ha producido una infracción manifiesta y grave de lo dispuesto en los apartados citados, se cursará notificación al operador extranjero, dando traslado de la misma al Estado miembro de la Unión Europea bajo cuya jurisdicción se encuentre y a los servicios correspondientes de la Comisión Europea.

2. El Gobierno dictará las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

3. Las cuantías señaladas en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 20, serán actualizadas periódicamente por el Gobierno teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.

4. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 12 de julio de 1994.

- Juan Carlos R. -

 

El Presidente del Gobierno,
Felipe Gonzalez Márquez.

Notas:
Vigente hasta el 1 de mayo de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual. (BOE. núm. 79, de 1 de abril de 2010).
Artículo 16 (apdo. 1.e):
Añadida por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Capítulo VII (arts. 21 y 22):
Añadido por Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios.
Artículo 5 (apdo. 1):
Redacción según Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20; Disposiciones adicional primera, adicional segunda, adicional tercera, adicional cuarta, Adicional quinta y final segunda:
Redacción según Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.