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TÍTULO I.
DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES, LA HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, LA FIJACIÓN DE LAS HORAS DE AUDIENCIA PÚBLICA Y LA CONSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES FUERA DE SU SEDE.

CAPÍTULO I.
LA PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES.

Artículo 1.

La publicidad de las actuaciones judiciales de carácter procesal se ajustará a lo previsto en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las correspondientes leyes de procedimiento.

Artículo 2.

1. Los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la Ley (artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

2. Tendrán carácter reservado las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a derechos, principios y valores constitucionales.

Artículo 3.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los interesados podrán acceder al texto de las sentencias una vez extendidas y firmadas por el Juez o por todos los Magistrados que las hubieran dictado.

Artículo 4.

1. Corresponde al Secretario del Juzgado o Tribunal facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales a que se refieren los dos artículos anteriores.

2. Los interesados presentarán la solicitud en la Secretaría del órgano judicial, motivándose la causa de la solicitud e indicándose el documento o documentos cuyo conocimiento se solicita. La solicitud será resuelta en el plazo de dos días mediante acuerdo del Secretario judicial del órgano en que se encuentre la documentación interesada, quien deberá valorar el interés aducido y los derechos fundamentales en juego. Si accediere a lo solicitado, expedirá el testimonio o la certificación que proceda o exhibirá la documentación de que se trate.

3. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de procedimiento, el acuerdo denegatorio del Secretario judicial será revisable por el Juez o Presidente a petición del interesado, que lo deberá solicitar en el plazo de tres días desde la correspondiente notificación. Si, transcurridos dos días desde la solicitud, no hubiere recaído acuerdo expreso del Secretario, ni se hubiere expedido el testimonio o certificación solicitados, ni realizada tampoco la exhibición de que se trate, se entenderá que la petición ha sido denegada y, en su consecuencia, el interesado podrá ejercitar ante el Juez o Presidente el derecho de revisión mencionado anteriormente. Contra el Acuerdo del Juez o Presidente se podrán interponer los recursos establecidos en el Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de Órganos de Gobierno de Tribunales.

4. Respecto del acceso a las actuaciones judiciales con transcendencia tributaria, se estará además a lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la redacción otorgada por la Ley 10/1985, de 26 de abril.

Artículo 5.

Los Secretarios y personal competente de los Juzgados y Tribunales facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la Ley. En los mismos casos, se expedirán los testimonios que se soliciten, con expresión de su destinatario, salvo en los casos en que la Ley disponga otra cosa (artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

CAPÍTULO I BIS.
PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Introducido por Acuerdo de 18 de junio de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 5 bis.

1. Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los fines encomendados al Centro de Documentación Judicial por el Reglamento 1/1997, del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 7 de mayo de 1997, en lo que se refiere a la recopilación y difusión de las sentencias y de otras resoluciones judiciales de interés, y garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las mismas, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, bajo la supervisón de sus respectivos Presidentes, o de alguno de los Magistrados en quienes aquéllos deleguen a estos efectos, procederán a remitir al Consejo General del Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial, y con la periodicidad que se establezca, copia simple de las sentencias y de otras resoluciones cuya publicación pueda resultar de interés, que hayan sido dictadas por el respectivo órgano jurisdiccional durante el período inmediatamente anterior. El Consejo General del Poder Judicial procederá a la aprobación de la oportuna Instrucción sobre el procedimiento mediante el cual habrá de efectuarse la remisión.

2. Asimismo, los Juzgados, y en la misma forma establecida en el apartado anterior, procederán a remitir las sentencias firmes y otras resoluciones judiciales, cuando así se les solicite por el Consejo General del Poder Judicial. Dicha remisión se hará por los respectivos Decanos o por los Magistrados o Jueces que ellos designen.

3. En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar.

4. Salvo lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se facilitarán por los órganos jurisdiccionales copias de las resoluciones judiciales a los fines regulados en el presente artículo, sin perjuicio del derecho a acceder, en las condiciones establecidas a tal efecto, a la información jurídica de que disponga el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

CAPÍTULO II.
LA HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS.

Artículo 6.

Los días y horas hábiles para las actuaciones judiciales son los establecidos en los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 7.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces o Tribunales habilitarán aquellos días y horas inhábiles que sean necesarios para la adecuada y puntual tramitación de los diferentes procesos sin dilaciones indebidas.

Artículo 8. Sin contenido por Acuerdo Reglamentario 2/2003, de 26 de febrero.

CAPÍTULO III.
LA AUDIENCIA PÚBLICA Y EL HORARIO DE JUECES Y MAGISTRADOS.

Artículo 9.

Los Jueces y Magistrados deberán ejercer su actividad en los términos que exijan las necesidades del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 189.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 10.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas y la publicación de la sentencias dictadas.

2. También durante este horario se desarrollará el despacho ordinario de los asuntos, la atención a los profesionales y al público y los demás actos que señale la Ley.

3. Las horas de audiencia pública que señalaren los Presidentes de los Tribunales y los Jueces serán las necesarias para la realización de las actividades indicadas en los apartados anteriores, así como para garantizar que la tramitación de los procesos se produzca sin dilaciones indebidas y se ajustarán a los siguientes límites:

  1. El límite mínimo de audiencia pública será de cuatro horas durante todos los días hábiles.

  2. Excepcionalmente, cuando las necesidades o circunstancias que concurran en algún órgano judicial así lo requieran, podrá solicitarse del Consejo General del Poder Judicial, la reducción del horario de audiencia pública por tiempo determinado. La propuesta habrá de formularse por el Presidente o el Juez de forma motivada e incorporando cuantos antecedentes considere oportunos.

Artículo 11.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el horario de audiencia pública se dará a conocer por el Presidente o Juez a través de un edicto fijado ostensiblemente en la parte exterior de las Salas de los Juzgados y Tribunales.

2. Dicho horario será comunicado al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento.

Artículo 12.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Presidentes, o quienes les sustituyan, asistirán cada día a la audiencia pública de no mediar causa justificada.

2. Los Magistrados que hayan de formar Sala asistirán igualmente a la audiencia de no mediar causa justificada.

3. Unos y otros deberán justificar la causa de su inasistencia al Presidente del Tribunal o Audiencia.

4. Además, los Jueces y Magistrados deberán asistir a su despacho oficial cuando las necesidades del servicio lo requieran.

CAPÍTULO IV.
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES FUERA DE SU SEDE.

Artículo 13.

1. Las actuaciones judiciales deberán practicarse en la sede del órgano jurisdiccional (artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

2. No obstante, lo anterior, los Jueces y Tribunales podrán practicar diligencias de instrucción o de prueba fuera de la sede del órgano jurisdiccional en los casos previstos en el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o cuando así lo autorice expresamente la Ley.

Artículo 14.

Los Juzgados y Tribunales podrán celebrar juicios o vistas de asuntos dentro del territorio de su jurisdicción pero fuera de la población en que tengan su sede en los casos previstos en el artículo 269 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 15.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la Administración de Justicia lo exijan, el Consejo General del Poder Judicial dispondrá que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en población distinta de su sede aunque dentro del territorio de su jurisdicción para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos.

Cuando así se acuerde se comunicará al Ministerio de Justicia o a los órganos de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de Administración de Justicia, a fin de que puedan arbitrar los medios necesarios para la realización y abono de los gastos del indicado traslado.

También se comunicará a la Fiscalía General del Estado y a los Colegios de Abogados y Procuradores correspondientes.

2. La petición se realizará por el Tribunal o Juzgado, el cual deberá motivar las circunstancias coyunturales o permanentes que concurran.

3. Dicha petición se dirigirá al Consejo General del Poder Judicial, a través de la Sala de Gobierno, con informe de la misma y del Ministerio Fiscal.