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Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. (Vigente hasta el 8 de diciembre de 2009)

Ficha:
Versiones/revisiones:

Sumario

El amplísimo marco del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, exige un desarrollo reglamentario que, en uso de la facultad conferida al Gobierno por la disposición final de aquél, ya se ha realizado parcialmente, entre otros, por el Reglamento General de Circulación y el de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobados por los Reales Decretos 13/1992, de 17 de Enero, y 320/1994, de 25 de Febrero, respectivamente.

El objeto del presente Reglamento es desarrollar los artículos 5, b y h, en lo referente, respectivamente al canje de permisos de conducción y al registro de conductores e infractores, 59, 60, 63, 64, 65, y 66 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, en cuanto se refieren a las autorizaciones administrativas para conducir, al mism2o tiempo que transponer a la normativa española la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 91/439/CEE, de 29 de Julio, sobre el permiso de conducción, modificada por las Directivas 94/72/CE, de 19 de Diciembre, y 96/47/CE, de 23 de Julio.

El contenido de dichas Directivas condiciona, sin duda, el desarrollo en cuanto que regulan las clases de modelo del permiso de conducción, las aptitudes de los conductores y las pruebas necesarias para verificarlas. Dichas Directivas establecen un marco complejo en el que determinados requisitos se configuran como rígidos, mientras que en otros supuestos se concede a los Estados miembros flexibilidad para no incorporar algún tipo de permiso, si bien es lo cierto que, en general, se trata de Directivas de mínimos que permiten condiciones más restrictivas, no solo respecto de alguna clase de permiso como por ejemplo el A1, sino también en las aptitudes exigibles a los conductores y en las pruebas a realizar para comprobarlas.

En relación con las clases de permiso de conducción que la Directiva 91/439/CEE califica como facultativas, no se ha considerado necesario introducir la clase B1 para conducir triciclos y cuadriciclos de motor que, según su cilindrada y masa máxima autorizadas, pueden ser conducidos con permiso de las clases A o B. Y en cuanto al permiso de la clase A1, en aras de la seguridad vial se ha considerado necesario introducir un límite en la relación potencia/peso, que es lo que, de ser desproporcionada, determina realmente la peligrosidad del vehículo, más que su potencia o su cilindrada por sí solas.

De cualquier forma, la mayor innovación contenida en dichas Directivas y, por tanto, en el presente Reglamento, es el establecimiento de un auténtico permiso de conducción de ámbito comunitario, no precisado de canje, que siempre es posible con carácter voluntario, aun cuando sí de un registro cuando su titular adquiera la residencia normal en España y, por tanto, suma de una forma más completa la aplicación de las normas específicas españolas.

La responsabilidad de expedir un permiso de conducción de ámbito comunitario, aconseja, igualmente, regular con criterio restrictivo el canje automático de permisos procedentes de países terceros que en modo alguno se suprime, sino que se condiciona a la existencia de convenios bilaterales, en los que pueda concretarse que las condiciones que se exigen sean, cuando menos análogas a las previstas en el presente Reglamento.

Igualmente, el respeto al modelo comunitario de permiso de conducción establecido ha aconsejado incorporar en otro documento, válido únicamente a nivel nacional, todas aquellas licencias cuya regulación está excluida del ámbito de las citadas Directivas.

El desarrollo reglamentario de las normas que el texto articulado de la Ley dedica a los conductores exige, igualmente, establecer una nueva regulación de la formación de los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas por carretera, en aplicación de la Directiva 94/55/CE, de 21 de Noviembre, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

El Presente Reglamento se estructura en cinco Títulos.

El Título I, que trata de las autorizaciones administrativas para conducir, establece las normas generales relativas a la obligación de disponer de la autorización administrativa siempre que se conduzcan vehículos dotados de motor, concretando posteriormente en sus preceptos las características de dichas autorizaciones en función de los tipos de vehículos o su destino, a que deban aplicarse. Se establecen las condiciones generales de su otorgamiento, prórroga de su vigencia y otras vicisitudes relacionadas con las autorizaciones, incluso con aquellas que están dotadas de mayor especificidad.

Como era previsible, se distingue entre los permisos expedidos en España y fuera de ella, con la separación procedente entre los que se expiden en países comunitarios o en países terceros, distinguiendo, igualmente, entre los necesarios para los conductores en tránsito por España respecto a aquellos que establecen en ella su residencia habitual.

La nulidad, anulabilidad, pérdida de vigencia y, en su caso, intervención de las autorizaciones administrativas para conducir es un capítulo esencial en el presente Título que regula las actuaciones a seguir cuando haya existido algún vicio en el documento o en su forma de otorgamiento, pérdida de aptitudes del conductor o, simplemente, el transcurso del tiempo.

El Título II regula las pruebas de aptitud para obtener autorizaciones administrativas para conducir, determinando tanto aquellas de carácter psicofísico, a evaluar en centros de reconocimiento especializados, como las de control de conocimientos, aptitudes y comportamientos que pueden medirse en los oportunos controles, sean éstos en circuito cerrado o en vías abiertas a la circulación general. Sus distintos capítulos van encaminados a determinar más detalladamente el contenido de las pruebas que se consideren adecuadas para comprobar la aptitud de los aspirantes a conductores.

Las autoridades militares y policiales han expedido tradicionalmente permisos para conducir sus propios vehículos, que igualmente de forma tradicional, han podido canjearse por los equivalentes permisos de conducción ordinarios, siempre en determinadas condiciones. Los dos capítulos del Título III se encaminan a concretar dichas condiciones.

El Título IV sirve de recordatorio de que, puesto que en el Reglamento se recogen normas de obligado cumplimiento, las actuaciones contrarias están sujetas a sanción, haciendo una remisión al artículo 67 de texto articulado de la Ley.

Por último, el Título V regula el Registro de Conductores e Infractores y las incidencias que en el mismo se anotan, amparadas en el correspondiente deber de confidencialidad.

Las disposiciones adicionales (cinco) y las transitorias (catorce) evitan que se produzca colisión entre las normas vigentes hasta la fecha de su entrada en vigor y las que en el Reglamento se recogen, terminando con una disposición final que permita, en determinadas materias, una regulación más pormenorizada por Orden del Ministerio del Interior.

Los anejos, en número de siete, referidos fundamentalmente a modelaje, detalle de las pruebas de aptitud psicofísica, de conocimientos, de aptitudes y comportamientos, evaluación de unas y otras y vehículos a utilizar en las pruebas, son de especial interés en cuanto contienen normas para el cumplimiento de las actuaciones a practicar.

En su virtud, oídos los sectores afectados, a propuesta de los Ministros del Interior y de Sanidad y Consumo, previa aprobación por el Ministro de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de Mayo de 1997, dispongo:

Artículo Único.

Se aprueba el Reglamento General de Conductores, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA.

Quedan derogados el capítulo XVI del Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, excepto el artículo 275 del mismo, y los artículos 291 y 309 de dicho Código.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA.

Igualmente quedan derogadas las siguientes disposiciones:

  1. La Orden de 26 de Febrero de 1975, por la que se crea la Escuela de Automovilismo de las Fuerzas de la Policía Armada y se señalan las facultades de la misma.

  2. El artículo 3 del Real Decreto 2296/1983, de 25 de Agosto, sobre Tráfico y Circulación de Vehículos Escolares y de Menores.

  3. Los apartados 3, 4, y 5 del artículo 4 y los artículos 5 y 6 del Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por Real Decreto 74/1992, de 31 de Enero.

  4. La Orden del Ministerio del Interior de 7 de Octubre de 1982, por la que se establecen las pruebas que deben realizar los menores de 16 años y mayores de 14 para la obtención de licencia que habilite para conducir ciclomotores.

  5. La Orden del Ministerio del Interior de 12 de Junio de 1990, por la que se regulan las pruebas de aptitud que deben realizar los solicitantes de permiso de conducción de vehículos de motor, modificada por la Órdenes de 17 de Febrero de 1992 y 30 de Junio de 1992.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA TERCERA.

Se derogan, asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 30 de Mayo de 1997.

- Juan Carlos R. -

 

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,
Francisco Álvarez-Cascos Fernández