1.1. Jubilación parcial y contrato de relevo.

La reciente Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social ha introducido modificaciones importantes en la regulación de la jubilación parcial y, por extensión, en el contrato de relevo. Una vez que dicha ley entre en vigor, será necesario evaluar el impacto que las medidas sobre jubilación parcial y contrato de relevo puedan tener en el mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad.

A partir de los resultados de dicha evaluación, y teniendo bien presente la situación de nuestro mercado de trabajo, habrá que valorar la oportunidad de vincular más estrechamente dos de los objetivos tradicionales del contrato de relevo: por un lado, el mantenimiento del empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad; por otro, el rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas mediante la incorporación de personas más jóvenes. Los estímulos económicos a la celebración de contratos de relevo que den satisfacción conjunta a ambos objetivos, así como la transformación en indefinidos de los contratos de relevo de duración determinada deben ser medidas objeto de análisis.

1.2 Incentivos generales para el mantenimiento del empleo.

Con carácter general, la mayor experiencia profesional y la mayor antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras de más edad determinan la existencia de mayores retribuciones para estos trabajadores y trabajadoras en comparación con otros grupos de edad. La práctica demuestra que las empresas tienden a prescindir de estos trabajadores y trabajadoras, entre otras razones, por suponer costes laborales más elevados.

Por su relación con lo anterior, debe recordarse que existen actualmente bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas por el mantenimiento en el empleo de trabajadores y trabajadoras mayores de 59 años.

En la Estrategia Española de Empleo se propone ampliar los incentivos al mantenimiento en el empleo a trabajadores y trabajadoras de 55 a 59 años vinculando ésta, en mayor medida, al Sistema de Seguridad Social por su directa relación con las políticas públicas dirigidas a la prolongación de la vida laboral.

En todo caso, en el marco de las evaluaciones generales que se realicen respecto del sistema de bonificaciones a la contratación, deberá examinarse en qué medida las bonificaciones de las cotizaciones empresariales por los contratos indefinidos de los trabajadores y las trabajadoras de más edad están contribuyendo al mantenimiento en el empleo de estas personas.

1.3 Mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras autónomos.

Los trabajadores y trabajadoras autónomos mayores de 60 años, con actividades económicas que requieren de adaptación a cambios en el mercado, no llevan a cabo procesos de reconversión debido a su proximidad a edades cercanas a la jubilación; ello redunda negativamente en las posibilidades de creación de empleo y, a veces, de mantenimiento del suyo. Esta situación es muy común en determinados sectores de actividad económica, como es el caso, a título de ejemplo, del comercio minorista.

Apoyar el mantenimiento de los negocios, llevando a cabo procesos de reconversión, requiere de políticas de apoyo sectorial, de campañas de información, asesoramiento y formación que animen a los titulares de estos negocios a realizar procesos de adaptación y también de reducción de costes y de estímulos a la contratación (tales como las bonificaciones o reducciones de cotizaciones sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para los autónomos mayores de 60 años que contraten a un asalariado en la actividad, o que den de alta en el RETA a otro autónomo con el que compartan el negocio en los años inmediatamente anteriores a la jubilación). Asimismo este colectivo se incluirá en aquellos destinatarios de las medidas que se desarrollen para apoyo financiero a inversiones.

El trabajo por cuenta propia en los últimos años de la vida laboral es una opción en la que debe trabajarse en el inmediato futuro. Por tanto, será objeto de estudio la aplicación de estas u otras medidas similares, determinándose igualmente si se implantan con carácter general, o si se limitan a un determinado ámbito sectorial, debiendo respetarse en todo caso la normativa comunitaria sobre ayudas públicas.

1.4 Cláusulas de los convenios colectivos referidas a la edad ordinaria de jubilación.

Son numerosos los convenios colectivos que, con base en la última regulación contenida en la Ley 14/2005, han establecido cláusulas que posibilitan la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador o de la trabajadora de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social. Como es sabido, ese tipo de cláusulas deben vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo.

Aunque esa Ley y los convenios colectivos adoptados en aplicación de la misma respetan la jurisprudencia constitucional y la normativa de la Unión Europea sobre no discriminación por edad, el objetivo del mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, junto con la nueva regulación referida al retraso de la edad legal de jubilación, aconsejan que durante el periodo de vigencia de la Estrategia 55 y más los interlocutores sociales, en ejercicio de su autonomía colectiva, analicen conjuntamente la legalidad, acierto y oportunidad de mantener ese tipo de cláusulas en los convenios colectivos.

Más en general, y siempre respetando plenamente la autonomía colectiva, los interlocutores sociales deberían analizar la mejor forma de promover que los convenios colectivos incluyan cláusulas que favorezcan de manera real y efectiva la no discriminación por razón de edad en el acceso y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad.

1.5 Formación a lo largo de la vida laboral.

La falta de formación del trabajador o de la trabajadora a lo largo de su vida laboral puede dar lugar a situaciones de ineptitud sobrevenida por desconocer nuevas herramientas o métodos de trabajo. En el colectivo de personas trabajadoras de más edad sucede, además, que en muchas ocasiones la empresa considera baldío proporcionar o dedicar grandes recursos a estos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una edad próxima a la jubilación. Por otro lado, puede darse también que éstos consideren innecesario formarse.

Los datos indican que la tasa de empleo tiene una relación directa con la formación del trabajador o de la trabajadora, las personas más cualificadas son las que tienen menos probabilidades de ser despedidas y más de ser contratadas. Al igual que sucede en el conjunto de la población, la tasa de empleo del colectivo entre 55 a 64 se duplica para los que tienen estudios altos -64% frente a 37%-, mientras que la tasa de paro apenas alcanza el 7% en los niveles altos y sube hasta el 18% entre los que tienen menos formación.

Por ello, en el marco legal y reglamentario de la formación para el empleo, se analizarán medidas que estimulen e incentiven los proyectos de formación para ocupados de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, tales como:

• Ayudas a las empresas que tengan un plan específico de formación del mencionado colectivo.

• La posibilidad de mejorar la cuantía de estas ayudas en aquellos supuestos de empresas que dispongan de la figura de un tutor que se dedique a detectar las necesidades de formación de este colectivo y a cubrirlas, o en aquellos casos en los que las empresas fomentan la creación de grupos de trabajo intergeneracionales en las empresas para aprovechar tanto la capacidad de adaptación de los más jóvenes como la experiencia de los mayores.

• Más en general, la aprobación de un plan de formación específico que asegure e incremente sustancialmente el número de personas de más edad que reciben formación.

La concreción de estas líneas de actuación tendrá especialmente en cuenta las necesidades de formación de las mujeres, de manera que se contribuya a mejorar sus niveles de cualificación y su situación laboral.

1.6 Sensibilización social de los valores positivos del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad.

El mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad pasa también por el reconocimiento por parte de la sociedad de las virtudes y valores del trabajo desarrollado por estas personas.

El artículo 39 de la Ley 2/2011, de la Ley de Economía Sostenible señala que las Administraciones públicas mantendrán una política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social (...). Para ello, el Gobierno pondrá a disposición de las empresas un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia (...). En esa dirección, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas -como órgano administrativo responsable-, podría difundir las mejores prácticas de responsabilidad social relacionadas con los trabajadores y las trabajadoras de 55 y más años de edad, así como valorar la inclusión entre sus recomendaciones como premisa para que una empresa sea reconocida como socialmente responsable la adopción de medidas dirigidas a garantizar una adecuada gestión del empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad.

Igualmente, respetando plenamente la normativa comunitaria y la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, podría estudiarse fórmulas para que las condiciones de ejecución de los contratos contribuyan al mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad.

Junto a ello, las Administraciones Públicas deberían desarrollar campañas de información y sensibilización que promuevan el mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, precisando los valores positivos del trabajo desarrollado por las mismas desde una perspectiva económica y social y combatiendo todos aquellos estereotipos y prejuicios que impiden su plena participación en el mercado de trabajo.

2.1 Jornada de trabajo.

Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo se observa una gran rigidez en los horarios del colectivo de trabajadores y trabajadoras de entre 55 y 64 años. Esto, unido al hecho de que la influencia del trabajo en la salud se acentúa en los trabajadores y las trabajadoras de más de 55 años, obliga a considerar que una mayor flexibilidad en la organización del trabajo permitiría a este colectivo retirarse progresivamente de la población activa reduciendo su jornada laboral y evitando que tengan que cesar completamente en su actividad.

Hasta la fecha, la jubilación parcial es la única opción que la legislación laboral contempla para que los trabajadores y las trabajadoras con menos de 65 años flexibilicen su jornada laboral y vayan abandonando de forma gradual y progresiva el mercado de trabajo.

Esta fórmula presenta una serie de rigideces así como una cierta dificultad jurídica para su realización, ya que, entre otros, se requiere la formalización de un contrato de relevo.

En base a todo lo anterior, y con la finalidad de dar un respuesta más amplia a la diversidad de situaciones que se producen en el mercado de trabajo, parece pertinente estudiar la viabilidad jurídica, económica y social de establecer en la legislación laboral un derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción proporcional del salario, de los trabajadores y las trabajadoras mayores a partir de una determinada edad. Ese estudio se acompañará también del análisis de las medidas de protección social que, en su caso, podrían acompañarla. Todo ello se realizará sin perjuicio de los pactos o acuerdos que individual o colectivamente puedan establecerse al respecto en el ámbito de cada empresa. Este estudio deberá enmarcarse en las iniciativas relacionadas con el objetivo previsto en la Estrategia Española de Empleo de reforzar el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad interna en las empresas.

Por otra parte, a nivel del ámbito empresarial y en el marco de las condiciones de trabajo, se impulsarán medidas dirigidas al desarrollo de:

• Nuevas competencias y destrezas en el trabajo, a través de la rotación de tareas o del enriquecimiento del puesto.

• Estrategias organizativas que adapten los ritmos, descansos, turnos y horarios de trabajo a las condiciones físicas del trabajador o de la trabajadora mayor y medidas que aborden cambios en la actividad de los trabajadores y de las trabajadoras.

• Programas complementarios encaminados a mantener actualizados los conocimientos técnicos a nivel profesional (cualificaciones de adaptación).

2.2 Evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, formación e información para la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Salud (MSCPS), a partir de los 55 años, la población es más vulnerable a una serie de procesos patológicos directamente relacionados con el propio envejecimiento y las patologías degenerativas consustanciales con aquél y reflejo, por otra parte del efecto acumulado a largo plazo de los estilos de vida poco saludables (alta prevalencia de artropatías degenerativas, hipertensión, etc.).

Además, una persona que lleva realizando las mismas funciones durante mucho tiempo genera una monotonía en su desempeño que puede tener consecuencias negativas en su salud.

En base a todo lo anterior, se hace necesario explorar vías de actuación como las siguientes:

• De un lado, incidir en la importancia de contemplar en las evaluaciones de riesgo los factores inherentes a la edad y a la antigüedad.

• De otro, y en base a los resultados de dicha evaluación, proceder a una adecuada planificación de la actividad preventiva, que incluya, con carácter prioritario, un programa adecuado de vigilancia de la salud específica en función de los riesgos y adaptada a la edad del trabajador o de la trabajadora, en la que se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

• La movilidad limitada de las articulaciones.

• La disminución de la fuerza.

• Reducción de la capacidad funcional física.

• Reducción de la percepción y de la capacidad para tomar decisiones.

• Reducción de la capacidad visual.

• Reducción de la capacidad auditiva.

• Capacidad de reacción ralentizada.

Este programa de salud comprenderá asimismo, actividades formativas e informativas, que incluirían, por ejemplo:

• Formación a los trabajadores y de las trabajadoras sobre cómo pueden mantener y promover su propio rendimiento físico y psicológico: estrategias frente a las exigencias del trabajo (gestión del estrés, prevención del agotamiento).

• Información sobre cómo conseguir un buen mantenimiento físico: promoción de buenos hábitos de salud (nutrición o recomendación de prácticas deportivas).

• Las evaluaciones de riesgo y la planificación y programación de la actividad preventiva consecuencia de la misma, tendrán en cuenta, asimismo, los riesgos específicos que afecten a las mujeres de más edad.

Para lograr los objetivos citados, en el marco del diálogo social específico sobre prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), elaborarán un documento con recomendaciones sobre los aspectos anteriormente señalados.

2.3 Movilidad funcional por razones de seguridad y salud en el trabajo.

Si de la evaluación de riesgos se concluyera, a pesar de llevar a cabo todas las medidas conforme a lo dispuesto en el apartado 2.2., que la edad pudiera comenzar a ser un handicap para que el trabajador o la trabajadora desempeñe determinados puestos de trabajo, deberán plantearse todas las opciones posibles, antes de su salida del mercado de trabajo.

Entre ellas, como medida preventiva, podría ser objeto de análisis la posibilidad de aplicar medidas de flexibilidad interna en la empresa, incluyéndose el cambio de puesto de trabajo, junto con otras estrategias que, desde un enfoque integral, estén dirigidas a la adaptación del puesto de trabajo con el fin de garantizar la seguridad y salud del trabajador o de la trabajadora mayor.

2.4 Medidas en el marco de la investigación encaminadas a la protección social.

Desde el INSHT se impulsará la realización de investigaciones específicas en materia de condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y de las trabajadoras mayores que permitan detectar perfiles de morbilidad asociados con la edad y ayuden al diseño de intervenciones concretas. Así mismo se impulsará la realización de estudios epidemiológicos que determinen aquellas ocupaciones potencialmente más peligrosas en función de la siniestralidad y definan el impacto que, sobre dicha siniestralidad, ejerce la edad. Los resultados obtenidos en los citados estudios serán elemento de análisis y discusión en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con vistas a proponer estrategias que garanticen la seguridad y salud de estos colectivos más vulnerables.

Finalmente, y dado el caso, será la Secretaría de Estado de la Seguridad Social quién analice y determine otras medidas, en base al artículo 161 bis.1 Ley General de Seguridad Social y su normativa de desarrollo que contemplan la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras que realicen determinadas actividades que supongan un riesgo para su seguridad y salud, puedan acceder de forma anticipada a la jubilación, mediante la aplicación de coeficientes reductores a la edad ordinaria de jubilación.

3.1 Orientación profesional y activación hacia el empleo.

La orientación profesional está concebida como orientación profesional a lo largo de la vida lo que implica el desarrollo de actividades acordes a las características de cada persona para que puedan recibir un tratamiento individualizado.

En esa perspectiva, los Servicios Públicos de Empleo diseñarán o adaptarán su catálogo de servicios a las necesidades de este colectivo con el objetivo de activarlo hacia el empleo. Particularmente, se propiciará que estos servicios les puedan ser ofrecidos con la mayor agilidad una vez que se encuentren en situación de desempleo.

Con el objeto de promover la reinserción laboral y evitar la desvinculación del mercado de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad, se revisará y adaptará la regulación actual de los trabajos temporales de colaboración social compatibles con las prestaciones y subsidios por desempleo, de forma que se dirijan preferentemente a beneficiarios de esas prestaciones que hayan estado desempleados durante más de un año y que sean mayores de 55 años. La modificación incluirá el establecimiento de límites de un año a la duración temporal de estos trabajos, de tal forma que se utilicen como medio para mantener la empleabilidad y facilitar la reinserción laboral en el mercado laboral ordinario.

3.2 Formación para el empleo, recualificación profesional y acreditación de competencias profesionales. Particular atención a las mujeres mayores de 55 años.

Por niveles educativos, la presencia en el mercado de trabajo de las personas de 55 a 64 años muestra un marcado sesgo a favor de los estudios de nivel bajo, donde son mayoría, de forma que casi la quinta parte de los ocupados con estudios bajos son trabajadores o trabajadoras de esa edad, el 18%, mientras que representan, únicamente, una décima parte de los ocupados con un nivel d estudios medios y apenas el 8% de los ocupados con estudios de nivel alto.

La mayoría de los ocupados de estas edades tienen un nivel de estudios bajo. Sin embargo, al igual que sucede con el conjunto de la población, la tasa de empleo para los que tienen estudios altos casi se duplica: 64,0% frente a 37,0%, mientras que la tasa de paro apenas alcanza el 7% en los niveles altos y sube al 18% entre los que tienen niveles bajos.

Por ello, se proponen las siguientes medidas:

• Promover la acreditación de competencias profesionales adquiridas por medios no formales e informales, para lo cual se deberá:

• Identificar las actividades y ocupaciones en las que los mayores con baja cualificación estén presentes en mayor medida y darles prioridad en los procesos de acreditación.

• Realizar convocatorias de acreditación de la experiencia laboral específicas para este grupo de edad que permitan el reconocimiento de su cualificación actual para orientar su recualificación en el mismo o en sectores próximos de actividad productiva que favorezca su reinserción en el mercado de trabajo.

• Dar prioridad en la participación en la formación para el empleo.

• Elevar la formación para el empleo del colectivo de mujeres de 55 y más años con nivel de estudios bajos y medios en cualificaciones relacionadas con servicios de restauración, personales, protección y vendedores.

Aunque la tasa de paro no es muy elevada en este colectivo, menos de 300.000 personas, en los últimos años se ha producido un incremento muy importante (47% en 2010 respecto de 2007). Las actividades donde se concentra el empleo de los trabajadores y las trabajadoras mayores se encuadra dentro del sector servicios. Es donde la presencia de la mujer es más elevada, y mayoritariamente en ocupaciones elementales. Se observa una disminución de los ocupados con niveles de estudios bajos, con lo que la formación favorecería el mantenimiento y/o crecimiento del empleo de este colectivo.

Por ello, se propone tener en cuenta a este colectivo en la revisión del módulo de formación profesional para el empleo para incluir medidas específicas que promuevan su formación.

3.3 Incentivos para la reincorporación al mercado de trabajo.

Los resultados de las bonificaciones vigentes a la contratación de mayores de 45 años son bastante pobres, disminuyendo el número de trabajadores y trabajadoras de este colectivo por el que se están bonificándose las empresas en un 13% de media anual desde 2006. Por ello se propone, en el marco de las evaluaciones generales sobre el sistema de bonificaciones a la contratación, estudiar la posibilidad de graduar, según la edad y el nivel de cualificación, los incentivos para la contratación indefinida de los trabajadores y trabajadoras de más edad. Todo ello dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes para bonificaciones a la contratación.

De otro lado, pueden estar apareciendo en la coyuntura actual de nuestro mercado de trabajo colocaciones con bajos niveles salariales que no contribuyen a la reincorporación de determinadas personas desempleadas que perciben prestaciones contributivas por desempleo. Pues bien, dada la difícil colocación de este colectivo, y en la dirección de promover una mejor vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo, se propone el estudio de incentivos a la aceptación de trabajos de menor cualificación que impliquen un salario inferior a la cuantía que eventualmente percibe el trabajador o la trabajadora durante el cobro de la prestación por desempleo, y que supongan, al menos, una mejora en términos de cotización para su jubilación, tales como:

• El SEPE completaría la cotización durante al menos dos años y, si es necesario hasta el 125% de la base mínima. En el caso de que el trabajador o la trabajadora aceptara el empleo estando ya en el subsidio, le correspondería el complemento hasta llegar al 125% del subsidio como mínimo dos años.

• Podría, incluso, plantearse que los trabajadores o las trabajadoras que acepten un empleo de menor remuneración durante el periodo de cobro de la prestación contributiva, se les podría complementar el salario hasta una cuantía equivalente al 125% de esta prestación.

• Mejorar, adaptar e impulsar la medida, ya vigente, de poder compatibilizar voluntariamente las personas mayores de 52 años el trabajo por cuenta ajena con los subsidios por desempleo, lo que supone una garantía de mejores ingresos y cotización para el trabajador o la trabajadora, así como un mayor incentivo para su contratación.

• Junto a ello, podría analizarse la posibilidad de adoptar otras medidas de estímulo para la reincorporación al mercado de trabajo inspiradas en las adoptadas en los planes de apoyo a los sectores afectados por la globalización, como las ayudas para la movilidad geográfica sobre la base de su voluntariedad y un tratamiento integral del conjunto de factores que intervienen (situación personal y familiar, vivienda).

En general, la concreción de las medidas anteriormente señaladas deberá tener presente el actual contexto de consolidación fiscal y de austeridad en el gasto público.

3.4 Trabajo autónomo y empresas de economía social.

Con frecuencia muchos trabajadores y trabajadoras que han perdido su trabajo y que encuentran muchas dificultades para reingresar en el mercado de trabajo por cuenta ajena, intentan establecerse por cuenta propia y, aun teniendo dotes emprendedoras, no siempre lo consiguen, en muchas ocasiones por falta de apoyo, asesoramiento, etc.

Con la finalidad de fomentar el trabajo autónomo o a través de empresas de economía social, podrían estudiarse la adopción de medidas como las siguientes:

• Establecimiento de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social para los autónomos de más de 55 años que se constituyan como tales por primera vez.

• Que las cooperativas de trabajo asociado que incorporen como socios a trabajadores o trabajadoras mayores de 55 años tengan el mismo trato en cuanto a bonificaciones en las cuotas que las empresas que contraten o tengan trabajadores o trabajadoras mayores de 55 años.

• Analizar la posibilidad de elevar la cuantía máxima del pago único de la prestación por desempleo que las personas desempleadas mayores de 55 años pueden destinar a financiar las inversiones necesarias para autoemplearse como autónomos.

• Creación de un grupo de trabajo que estudie toda la normativa laboral y de seguridad social que pueda suponer una traba para el establecimiento de los trabajadores o trabajadoras en estas circunstancias por cuenta propia (cargas administrativas, costes asociados a la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo, superposición de las cotizaciones en varios regímenes de la seguridad social, etc.), para comprobar si existen obstáculos o si, por el contrario, puede establecerse alguna medida que incentive el trabajo autónomo de este colectivo. Igualmente el citado grupo de trabajo debería recopilar las ayudas establecidas a los emprendedores que deseen montar su propio negocio y poder valorar así si es necesario el establecimiento de ayudas especiales para el colectivo de más edad.

• Por otra parte, los Servicios Públicos de Empleo podrían contar con la colaboración voluntaria de personas desempleadas de mayor edad que dispongan de amplia experiencia profesional, como asesores y tutores de nuevos proyectos empresariales promovidos por jóvenes. Para estas colaboraciones se podrían arbitrar compensaciones o estímulos económicos de acompañamiento a las medidas de protección ordinarias que pudieran corresponderles.

3.5 Protección por desempleo: subsidio de mayores de 52 años y renta activa de inserción.

Dentro de la protección social para las personas desempleadas, el colectivo de mayores de 52 años es el que cuenta con un mayor nivel de protección, en su mayor parte con carácter indefinido hasta la jubilación.

No obstante, se estima que un máximo de 100.000 personas, casi todas protegidas pero no indefinidamente, deberían ser protagonistas, fundamentalmente, de medidas de políticas activas adecuadas y, excepcionalmente, con mejora de la protección.

En orden a adoptar las medidas más adecuadas conviene hacer con carácter previo un análisis del colectivo, de tal forma que se pueda comprobar tanto la situación laboral y de protección actual y futura, como su grado de disponibilidad y empleabilidad.

Este colectivo, con carácter general, también debería ser destinatario de medidas y ayudas para su reinserción y, en función de su nivel de rentas y responsabilidades familiares, mejorarse su protección, vinculándola permanentemente a su disponibilidad para el empleo. Dicha mejora podría articularse a través de una nueva regulación de la renta activa de inserción.

3.6 Pactos de no competencia e incompatibilidad para después de extinguido el contrato de trabajo.

En ocasiones, los expedientes de regulación de empleo contienen cláusulas por las cuáles los trabajadores o las trabajadoras que se incluyen tienen una incompatibilidad bien para desarrollar otro cualquier trabajo posterior -las más amplias-, bien para desarrollar determinados trabajos o bien para desarrollarlos para la competencia. En estos casos, la aceptación de un trabajo supondría la pérdida del derecho a las medidas de protección social complementaria incluidas en los planes sociales de acompañamiento de los ERE.

Este tipo de cláusulas desincentivan que el trabajador o la trabajadora busque colocación (ante el riesgo de que ésta sea temporal y no pueda retornar a los derechos adquiridos vía ERE), pudiendo dar lugar a situaciones de economía irregular.

Por ello, como vía adicional de favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, podría estudiarse la posibilidad de prohibir estas cláusulas más allá de lo señalado actualmente en el artículo 21.2 del ET.

3.7 Ayudas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por expedientes de regulación de empleo en situación de especial desprotección social.

Como se señaló antes, existen ayudas previas a la jubilación ordinaria y ayudas extraordinarias para trabajadoras o trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en situaciones de especial desprotección social, gestionadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En un contexto de prolongación de la vida laboral y de retraso de la edad legal de jubilación, debería examinarse si estas ayudas deben mantener su configuración actual o reorientarse hacia a la reincorporación al mercado de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad que hayan perdido su empleo mediante expedientes de regulación de empleo, según la filosofía que informa, por ejemplo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

Así, estas medidas podrían asociarse a la financiación de políticas activas de empleo activas para los trabajadores y las trabajadoras (recolocación, formación y recualificación profesional, apoyo al autoempleo...) incluidas en los planes sociales de acompañamiento de los ERE.