Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizaci髇 de la justicia penal y el fortalecimiento de las garant韆s procesales

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico燤odificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional 鷑ica燩revisi髇 de costes
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica燣egislaci髇 aplicable
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 de normas
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley Hipotecaria
  • Disposici髇 final segunda燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final tercera營ncorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final cuarta燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 14, que queda redactado del siguiente modo:

  �3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley se馻le pena privativa de libertad de duraci髇 no superior a cinco a駉s o pena de multa cualquiera que sea su cuant韆, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean 鷑icas, conjuntas o alternativas, siempre que la duraci髇 de 閟tas no exceda de diez a駉s, as� como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisi髇 del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aqu閘los, el Juez de lo Penal de la circunscripci髇 donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripci髇 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el 醡bito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucci髇 de Guardia del lugar de comisi髇 del delito para dictar sentencia de conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 801, as� como de los Juzgados de Instrucci髇 competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptaci髇 de decreto.�

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• Dos. Se modifica el art韈ulo 17, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. Cada delito dar� lugar a la formaci髇 de una 鷑ica causa.

  No obstante, los delitos conexos ser醤 investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigaci髇 y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinaci髇 de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilaci髇 para el proceso.

  2. A los efectos de la atribuci髇 de jurisdicci髇 y de la distribuci髇 de la competencia se consideran delitos conexos:

  • 1.� Los cometidos por dos o m醩 personas reunidas.
  • 2.� Los cometidos por dos o m醩 personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.
  • 3.� Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecuci髇.
  • 4.� Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
  • 5.� Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.
  • 6.� Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o da駉s rec韕rocos.

  3. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analog韆 o relaci髇 entre s�, cuando sean de la competencia del mismo 髍gano judicial, podr醤 ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigaci髇 y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinaci髇 de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilaci髇 para el proceso.�

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• Tres. Se modifica el art韈ulo 284, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. Inmediatamente que los funcionarios de la Polic韆 judicial tuvieren conocimiento de un delito p鷅lico o fueren requeridos para prevenir la instrucci髇 de diligencias por raz髇 de alg鷑 delito privado, lo participar醤 a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la pr醕tica de las diligencias de prevenci髇. En otro caso, lo har醤 as� que las hubieren terminado.

  2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Polic韆 Judicial conservar� el atestado a disposici髇 del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin envi醨selo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad f韘ica, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupci髇;
  • b) Que se practique cualquier diligencia despu閟 de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y 閟tas hayan tenido alg鷑 resultado; o
  • c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisi髇.

  De conformidad con el derecho reconocido en el art韈ulo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V韈tima del delito, la Polic韆 Judicial comunicar� al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitir醤 a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscal韆 o el juzgado de instrucci髇.

  3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relaci髇 con el delito y se hallen en el lugar en que 閟te se cometi� o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extender醤 diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasi髇 en que se encontraren, que incluir� una descripci髇 minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podr� ser sustituida por un reportaje gr醘ico. La diligencia ser� firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.

  4. La incautaci髇 de efectos que pudieran pertenecer a una v韈tima del delito ser� comunicada a la misma. La persona afectada por la incautaci髇 podr� recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucci髇 de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo tercero del art韈ulo 334.�

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• Cuatro. El primer p醨rafo del art韈ulo 295 queda redactado del siguiente modo:

  獷n ning鷑 caso los funcionarios de Polic韆 Judicial podr醤 dejar transcurrir m醩 de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del art韈ulo 284.�

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• Cinco. Se suprime el art韈ulo 300.LE0000017566_20240320
• Seis. Se modifica el art韈ulo 324, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  �1. Las diligencias de instrucci髇 se practicar醤 durante el plazo m醲imo de seis meses desde la fecha del auto de incoaci髇 del sumario o de las diligencias previas.

  No obstante, antes de la expiraci髇 de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podr� declarar la instrucci髇 compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigaci髇, 閟ta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este art韈ulo.

  2. Si la instrucci髇 es declarada compleja el plazo de duraci髇 de la instrucci髇 ser� de dieciocho meses, que el instructor de la causa podr� prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de pr髍roga deber� presentarse por escrito, al menos, tres d韆s antes de la expiraci髇 del plazo m醲imo.

  Contra el auto que desestima la solicitud de pr髍roga no cabr� recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta petici髇 en el momento procesal oportuno.

  Se considerar� que la investigaci髇 es compleja cuando:

  • a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales,
  • b) tenga por objeto numerosos hechos punibles,
  • c) involucre a gran cantidad de investigados o v韈timas,
  • d) exija la realizaci髇 de pericias o de colaboraciones recabadas por el 髍gano judicial que impliquen el examen de abundante documentaci髇 o complicados an醠isis,
  • e) implique la realizaci髇 de actuaciones en el extranjero,
  • f) precise de la revisi髇 de la gesti髇 de personas jur韉ico-privadas o p鷅licas, o
  • g) se trate de un delito de terrorismo.

  3. Los plazos previstos en este art韈ulo quedar醤 interrumpidos:

  • a) en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duraci髇 del mismo, o
  • b) en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.

  Cuando se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuar� la investigaci髇 por el tiempo que reste hasta completar los plazos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la pr髍roga prevista en el apartado siguiente.

  4. Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la pr髍roga que hubiera sido acordada, si as� lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las dem醩 partes, podr� fijar un nuevo plazo m醲imo para la finalizaci髇 de la instrucci髇.

  5. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso, no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado anterior, no podr醤 interesar las diligencias de investigaci髇 complementarias previstas en los art韈ulos 627 y 780 de esta ley.

  6. El juez concluir� la instrucci髇 cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo m醲imo o sus pr髍rogas, el instructor dictar� auto de conclusi髇 del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resoluci髇 que proceda conforme al art韈ulo 779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instar� al juez que acuerde la decisi髇 que fuera oportuna. En este caso, el juez de instrucci髇 deber� resolver sobre la solicitud en el plazo de quince d韆s.

  7. Las diligencias de investigaci髇 acordadas antes del transcurso de los plazos legales ser醤 v醠idas, sin perjuicio de su recepci髇 tras la expiraci髇 de los mismos.

  8. En ning鷑 caso el mero transcurso de los plazos m醲imos fijados en este art韈ulo dar� lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los art韈ulos 637 o 641.�

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• Siete. Se a馻de un p醨rafo tercero en el apartado 2 del art韈ulo 790, que queda redactado del siguiente modo:

  獵uando la acusaci髇 alegue error en la valoraci髇 de la prueba para pedir la anulaci髇 de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, ser� preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivaci髇 f醕tica, el apartamiento manifiesto de las m醲imas de experiencia o la omisi髇 de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.�

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• Ocho. Se modifica el art韈ulo 792 que queda redactado del siguiente modo:

  �1. La sentencia de apelaci髇 se dictar� dentro de los cinco d韆s siguientes a la vista oral, o dentro de los diez d韆s siguientes a la recepci髇 de las actuaciones por la Audiencia cuando no hubiere resultado procedente su celebraci髇.

  2. La sentencia de apelaci髇 no podr� condenar al encausado que result� absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciaci髇 de las pruebas en los t閞minos previstos en el tercer p醨rafo del art韈ulo 790.2.

  No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podr� ser anulada y, en tal caso, se devolver醤 las actuaciones al 髍gano que dict� la resoluci髇 recurrida. La sentencia de apelaci髇 concretar� si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composici髇 del 髍gano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.

  3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenar� que se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido ser韆 id閚tico no obstante la falta cometida.

  4. Contra la sentencia dictada en apelaci髇 solo cabr� recurso de casaci髇 en los supuestos previstos en el art韈ulo 847, sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisi髇 de sentencias firmes, o en el art韈ulo siguiente para la impugnaci髇 de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado. Cuando no se interponga recurso contra la sentencia dictada en apelaci髇 los autos se devolver醤 al juzgado a los efectos de la ejecuci髇 del fallo.

  5. La sentencia se notificar� a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.�

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• Nueve. Se introduce en el Libro IV un nuevo T韙ulo III bis con la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO III bis
  Proceso por aceptaci髇 de decreto

  Art韈ulo 803 bis a Requisitos del proceso por aceptaci髇 de decreto

  En cualquier momento despu閟 de iniciadas diligencias de investigaci髇 por la fiscal韆 o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalizaci髇 de la fase de instrucci髇, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podr� seguirse el proceso por aceptaci髇 de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  • 1.� Que el delito est� castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisi髇 que no exceda de un a駉 y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 80 del C骴igo Penal, con o sin privaci髇 del derecho a conducir veh韈ulos a motor y ciclomotores.
  • 2.� Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privaci髇 del derecho a conducir veh韈ulos a motor y ciclomotores.
  • 3.� Que no est� personada acusaci髇 popular o particular en la causa.

  Art韈ulo 803 bis b Objeto

  1. El proceso por aceptaci髇 de decreto dictado por el Ministerio Fiscal tiene por objeto una acci髇 penal ejercitada para la imposici髇 de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, de privaci髇 del derecho a conducir veh韈ulos a motor y ciclomotores.

  2. Adem醩 puede tener por objeto la acci髇 civil dirigida a la obtenci髇 de la restituci髇 de la cosa y la indemnizaci髇 del perjuicio.

  Art韈ulo 803 bis c Contenido del decreto de propuesta de imposici髇 de pena

  El decreto de propuesta de imposici髇 de pena emitido por el Ministerio Fiscal tendr� el siguiente contenido:

  • 1.� Identificaci髇 del investigado.
  • 2.� Descripci髇 del hecho punible.
  • 3.� Indicaci髇 del delito cometido y menci髇 sucinta de la prueba existente.
  • 4.� Breve exposici髇 de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de prisi髇 debe ser sustituida.
  • 5.� Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal podr� proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de privaci髇 del derecho a conducir veh韈ulos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposici髇 de una pena inferior al l韒ite m韓imo previsto en el C骴igo Penal.
  • 6.� Peticiones de restituci髇 e indemnizaci髇, en su caso.

  Art韈ulo 803 bis d Remisi髇 al Juzgado de Instrucci髇

  El decreto de propuesta de imposici髇 de pena dictado por el Ministerio Fiscal se remitir� al Juzgado de Instrucci髇 para su autorizaci髇 y notificaci髇 al investigado.

  Art韈ulo 803 bis e Auto de autorizaci髇

  1. El Juzgado de Instrucci髇 autorizar� el decreto de propuesta de imposici髇 de pena cuando se cumplan los requisitos establecidos en el art韈ulo 803 bis a.

  2. Si el Juzgado de Instrucci髇 no autoriza el decreto, 閟te quedar� sin efecto.

  Art韈ulo 803 bis f Notificaci髇 del auto y citaci髇 de comparecencia

  1. Dictado auto de autorizaci髇 del decreto por el Juzgado de Instrucci髇, lo notificar� junto con el decreto al encausado, a quien citar� para que comparezca ante el tribunal en la fecha y en el d韆 que se se馻le.

  2. En la notificaci髇 del decreto se informar� al encausado de la finalidad de la comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado para su celebraci髇 y de los efectos de su incomparecencia o, caso de comparecer, de su derecho a aceptar o rechazar la propuesta contenida en el decreto. Tambi閚 se le informar� de que, en caso de no encontrarse defendido por letrado en la causa, debe asesorarse con un abogado de confianza o solicitar un abogado de oficio antes del t閞mino previsto en el art韈ulo siguiente.

  Art韈ulo 803 bis g Solicitud de asistencia letrada

  Si el encausado carece de asistencia letrada se le designar� abogado de oficio para su asesoramiento y asistencia.

  Para que la comparecencia pueda celebrarse, la solicitud de designaci髇 de abogado de oficio debe realizarse en el t閞mino de cinco d韆s h醔iles antes de la fecha para la que est� se馻lada.

  Art韈ulo 803 bis h Comparecencia

  1. Para la aceptaci髇 de la propuesta de sanci髇 el encausado habr� de comparecer en el juzgado de instrucci髇 asistido de letrado.

  2. Si el encausado no comparece o rechaza la propuesta del Ministerio Fiscal, total o parcialmente en lo relativo a las penas o a la restituci髇 o indemnizaci髇, quedar� la misma sin efecto. Si el encausado comparece sin letrado, el juez suspender� la comparecencia de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 746 y se馻lar� nueva fecha para su celebraci髇.

  3. En la comparecencia el juez, en presencia del letrado, se asegurar� de que el encausado comprende el significado del decreto de propuesta de imposici髇 de pena y los efectos de su aceptaci髇.

  4. La comparecencia ser� registrada 韓tegramente por medios audiovisuales, document醤dose conforme a las reglas generales en caso de imposibilidad material.

  Art韈ulo 803 bis i Conversi髇 del decreto en sentencia condenatoria

  Si el encausado acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus t閞minos el Juzgado de Instrucci髇 le atribuir� el car醕ter de resoluci髇 judicial firme, que en el plazo de tres d韆s documentar� en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria, la cual no ser� susceptible de recurso alguno.

  Art韈ulo 803 bis j Ineficacia del decreto de propuesta de pena

  Si el decreto de propuesta de pena deviene ineficaz por no ser autorizado por el Juzgado de Instrucci髇, por incomparecencia o por falta de aceptaci髇 del encausado, el Ministerio Fiscal no se encontrar� vinculado por su contenido y proseguir� la causa por el cauce que corresponda.�

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• Diez. Se introduce en el Libro IV un nuevo T韙ulo III ter con la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO III ter
  De la intervenci髇 de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso aut髇omo

  CAP蚑ULO I
  De la intervenci髇 en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso

  Art韈ulo 803 ter a Resoluci髇 judicial de llamada al proceso

  1. El juez o tribunal acordar�, de oficio o a instancia de parte, la intervenci髇 en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso cuando consten hechos de los que pueda derivarse razonablemente:

  • a) que el bien cuyo decomiso se solicita pertenece a un tercero distinto del investigado o encausado, o
  • b) que existen terceros titulares de derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita que podr韆n verse afectados por el mismo.

  2. Se podr� prescindir de la intervenci髇 de los terceros afectados en el procedimiento cuando:

  • a) no se haya podido identificar o localizar al posible titular de los derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita, o
  • b) existan hechos de los que pueda derivarse que la informaci髇 en que se funda la pretensi髇 de intervenci髇 en el procedimiento no es cierta, o que los supuestos titulares de los bienes cuyo decomiso se solicita son personas interpuestas vinculadas al investigado o encausado o que act鷄n en connivencia con 閘.

  3. Contra la resoluci髇 por la que el juez declare improcedente la intervenci髇 del tercero en el procedimiento podr� interponerse recurso de apelaci髇.

  4. Si el afectado por el decomiso hubiera manifestado al juez o tribunal que no se opone al decomiso, no se acordar� su intervenci髇 en el procedimiento o se pondr� fin a la que ya hubiera sido acordada.

  5. En el caso de que se acordare recibir declaraci髇 del afectado por el decomiso, se le instruir� del contenido del art韈ulo 416.

  Art韈ulo 803 ter b Especialidades de la intervenci髇 y citaci髇 a juicio del tercero afectado

  1. La persona que pueda resultar afectada por el decomiso podr� participar en el proceso penal desde que se hubiera acordado su intervenci髇, aunque esta participaci髇 vendr� limitada a los aspectos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situaci髇 jur韉ica y no se podr� extender a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado.

  2. Para la intervenci髇 del tercero afectado por el decomiso ser� preceptiva la asistencia letrada.

  3. El afectado por el decomiso ser� citado al juicio de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En la citaci髇 se indicar� que el juicio podr� ser celebrado en su ausencia y que en el mismo podr� resolverse, en todo caso, sobre el decomiso solicitado.

  El afectado por el decomiso podr� actuar en el juicio por medio de su representaci髇 legal, sin que sea necesaria su presencia f韘ica en el mismo.

  4. La incomparecencia del afectado por el decomiso no impedir� la continuaci髇 del juicio.

  Art韈ulo 803 ter c Notificaci髇 e impugnaci髇 de la sentencia

  La sentencia en la que se acuerde el decomiso ser� notificada a la persona afectada por el mismo aunque no hubiera comparecido en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 803 ter a. La persona afectada podr� interponer contra la sentencia los recursos previstos en esta ley, aunque deber� circunscribir su recurso a los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situaci髇 jur韉ica, y no podr� extenderlo a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado.

  Art韈ulo 803 ter d Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso

  1. La incomparecencia del tercero afectado por el decomisoque fue citado de conformidad con lo dispuesto en esta ley tendr� como efecto su declaraci髇 en rebeld韆. La rebeld韆 del tercero afectado se regir� por las normas establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al demandado rebelde, incluidas las previstas para las notificaciones, los recursos frente a la sentencia y la rescisi髇 de la sentencia firme a instancia del rebelde, si bien, en caso de rescisi髇 de la sentencia, la misma se limitar� a los pronunciamientos que afecten directamente al tercero en sus bienes, derechos o situaci髇 jur韉ica. En tal caso, se remitir� certificaci髇 al tribunal que hubiera dictado sentencia en primera instancia, si es distinto al que hubiera dictado la sentencia rescindente y, a continuaci髇, se seguir醤 las reglas siguientes:

  • a) Se otorgar� al tercero un plazo de diez d韆s para presentar escrito de contestaci髇 a la demanda de decomiso, con proposici髇 de prueba, en relaci髇 con los hechos relevantes para el pronunciamiento que le afecte.
  • b) Presentado el escrito en plazo, el 髍gano jurisdiccional resolver� sobre la admisibilidad de prueba mediante auto y, con arreglo a las normas generales, se se馻lar� fecha para la vista, cuyo objeto se ce駃r� al enjuiciamiento de la acci髇 civil planteada contra el tercero o de la afecci髇 de sus bienes, derechos o situaci髇 jur韉ica por la acci髇 penal.
  • c) Frente a la sentencia se podr醤 interponer los recursos previstos en esta ley.

  Si no se presenta escrito de contestaci髇 a la demanda en plazo o el tercero no comparece en la vista debidamente representado se dictar�, sin m醩 tr醡ite, sentencia coincidente con la rescindida en los pronunciamientos afectados.

  2. Los mismos derechos previstos en el apartado anterior se reconocen al tercero afectado que no hubiera tenido la oportunidad de oponerse al decomiso por desconocer su existencia.

  CAP蚑ULO II
  Procedimiento de decomiso aut髇omo

  Art韈ulo 803 ter e Objeto

  1. Podr� ser objeto del procedimiento de decomiso aut髇omo regulado en el presente T韙ulo la acci髇 mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el art韈ulo 803 ter p.

  2. En particular, ser� aplicable este procedimiento en los siguientes casos:

  • a) Cuando el fiscal se limite en su escrito de acusaci髇 a solicitar el decomiso de bienes reservando expresamente para este procedimiento su determinaci髇.
  • b) Cuando se solicite como consecuencia de la comisi髇 de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeld韆 o incapacidad para comparecer en juicio.

  3. En el caso de reserva de la acci髇 por el fiscal, el procedimiento de decomiso aut髇omo solamente podr� ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme.

  Art韈ulo 803 ter f Competencia

  Ser� competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso aut髇omo:

  • a) el juez o tribunal que hubiera dictado la sentencia firme,
  • b) el juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa penal suspendida, o
  • c) el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando 閟ta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el art韈ulo 803 ter e.

  Art韈ulo 803 ter g Procedimiento

  Ser醤 aplicables al procedimiento de decomiso aut髇omo las normas que regulan el juicio verbal regulado en el T韙ulo III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sean contradictorias con las establecidas en este cap韙ulo.

  Art韈ulo 803 ter h Exclusividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acci髇

  La acci髇 de decomiso en el procedimiento de decomiso aut髇omo ser� ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

  Art韈ulo 803 ter i Asistencia letrada

  Ser醤 aplicables a todas las personas cuyos bienes o derechos pudieren verse afectados por el decomiso las normas reguladoras del derecho a la asistencia letrada del encausado previstas en esta ley.

  Art韈ulo 803 ter j Legitimaci髇 pasiva y citaci髇 a juicio

  1. Ser醤 citados a juicio como demandados los sujetos contra los que se dirija la acci髇 por su relaci髇 con los bienes a decomisar.

  2. El encausado rebelde ser� citado mediante notificaci髇 dirigida a su representaci髇 procesal en el proceso suspendido y la fijaci髇 de edicto en el tabl髇 de anuncios del tribunal.

  3. El tercero afectado por el decomiso ser� citado de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del art韈ulo 803 ter b.

  Art韈ulo 803 ter k Comparecencia del encausado rebelde o con la capacidad modificada judicialmente

  1. Si el encausado declarado rebelde en el proceso suspendido no comparece en el procedimiento aut髇omo de decomiso se le nombrar� procurador y abogado de oficio que asumir醤 su representaci髇 y defensa.

  2. La comparecencia en el procedimiento de decomiso aut髇omo del encausado con la capacidad modificada judicialmente para comparecer en el proceso penal suspendido se regir� por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  Art韈ulo 803 ter l Demanda de solicitud de decomiso aut髇omo

  1. La demanda de decomiso aut髇omo se presentar� por escrito que expresar� en apartados separados y numerados:

  • a) Las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios.
  • b) El bien o bienes cuyo decomiso se pretende.
  • c) El hecho punible y su relaci髇 con el bien o bienes.
  • d) La calificaci髇 penal del hecho punible.
  • e) La situaci髇 de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien.
  • f) El fundamento legal del decomiso.
  • g) La proposici髇 de prueba.
  • h) La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopci髇 para garantizar la efectividad del decomiso, si procede.

  2. Admitida la demanda, el 髍gano competente adoptar� las siguientes resoluciones:

  • 1.� Acordar� o no las medidas cautelares solicitadas.
  • 2.� Notificar� la demanda de decomiso a las partes pasivamente legitimadas, a quienes otorgar� un plazo de veinte d韆s para personarse en el proceso y presentar escrito de contestaci髇 a la demanda de decomiso.

  3. Adoptadas las medidas cautelares, la oposici髇, modificaci髇 o alzamiento de las mismas y la prestaci髇 de cauci髇 sustitutoria se desarrollar� de acuerdo con lo previsto en el T韙ulo VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sea contradictorio con las normas establecidas en este cap韙ulo.

  Art韈ulo 803 ter m Escrito de contestaci髇 a la demanda de decomiso

  1. El escrito de contestaci髇 a la demanda de decomiso contendr�, en relaci髇 con los correlativos del escrito de demanda, las alegaciones de la parte demandada.

  2. Si el demandado no interpusiera su escrito de contestaci髇 en el plazo conferido o si desistiera del mismo, el 髍gano competente acordar� el decomiso definitivo de los bienes, efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos.

  Art韈ulo 803 ter n Resoluci髇 sobre prueba y vista

  El 髍gano competente resolver� sobre la prueba propuesta por auto, en el que se馻lar� fecha y hora para la vista de acuerdo a las reglas generales. Esta resoluci髇 no ser� recurrible, aunque la solicitud de prueba podr� reiterarse en el juicio.

  Art韈ulo 803 ter o Juicio y sentencia

  1. El juicio se desarrollar� conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el juez o tribunal resolver� mediante sentencia en el plazo de 20 d韆s desde su finalizaci髇, con alguno de los siguientes pronunciamientos:

  • 1.� Estimar la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo de los bienes.
  • 2.� Estimar parcialmente la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo por la cantidad que corresponda. En este caso, se dejar醤 sin efecto las medidas cautelares que hubieran sido acordadas respecto al resto de los bienes.
  • 3.� Desestimar la demanda de decomiso y declarar que no procede por concurrir alguno de los motivos de oposici髇. En este caso, se dejar醤 sin efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas.

  2. Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificar� a los perjudicados y fijar� las indemnizaciones que fueran procedentes.

  3. El pronunciamiento en costas se regir� por las normas generales previstas en esta ley.

  Art韈ulo 803 ter p Efectos de la sentencia de decomiso

  1. La sentencia desplegar� los efectos materiales de la cosa juzgada en relaci髇 con las personas contra las que se haya dirigido la acci髇 y la causa de pedir planteada, consistente en los hechos relevantes para la adopci髇 del decomiso, relativos al hecho punible y la situaci髇 frente a los bienes del demandado.

  2. M醩 all� del efecto material de la cosa juzgada establecido en el apartado anterior, el contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso aut髇omo no vincular� en el posterior enjuiciamiento del encausado, si se produce.

  En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce, no se solicitar� ni ser� objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa juzgada en el procedimiento de decomiso aut髇omo.

  3. A los bienes decomisados se les dar� el destino previsto en esta ley y en el C骴igo Penal.

  4. Cuando el decomiso se hubiera acordado por un valor determinado, se requerir� a la persona con relaci髇 a la cual se hubiera acordado para que proceda al pago de la cantidad correspondiente dentro del plazo que se le determine; o, en otro caso, designe bienes por un valor suficiente sobre los que la orden de decomiso pueda hacerse efectiva.

  Si el requerimiento no fuera atendido, se proceder� del modo previsto en el art韈ulo siguiente para la ejecuci髇 de la orden de decomiso.

  Art韈ulo 803 ter q Investigaci髇 del Ministerio Fiscal

  1. El Ministerio Fiscal podr� llevar a cabo, por s� mismo, a trav閟 de la Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos o por medio de otras autoridades o de los funcionarios de la Polic韆 Judicial, las diligencias de investigaci髇 que resulten necesarias para localizar los bienes o derechos titularidad de la persona con relaci髇 a la cual se hubiera acordado el decomiso.

  Las autoridades y funcionarios de quienes el Ministerio Fiscal recabase su colaboraci髇 vendr醤 obligadas a prestarla bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, salvo que las normas que regulen su actividad dispongan otra cosa o fijen l韒ites o restricciones que deban ser atendidos, en cuyo caso trasladar醤 al fiscal los motivos de su decisi髇.

  2. Cuando el fiscal considere necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigaci髇 que deba ser autorizada judicialmente, presentar� la solicitud al juez o tribunal que hubiera conocido el procedimiento de decomiso.

  3. Asimismo, el Ministerio Fiscal podr� dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros p鷅licos y personas f韘icas o jur韉icas para que faciliten, en el marco de su normativa espec韋ica, la relaci髇 de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia.

  Art韈ulo 803 ter r Recursos y revisi髇 de la sentencia firme

  1. Son aplicables en el procedimiento de decomiso aut髇omo las normas reguladoras de los recursos aplicables al proceso penal abreviado.

  2. Son aplicables al procedimiento de decomiso aut髇omo las normas reguladoras de la revisi髇 de sentencias firmes.

  Art韈ulo 803 ter s Incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado

  La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de decomiso aut髇omo se regir� por lo dispuesto en el art韈ulo 803 ter d.

  Art韈ulo 803 ter t Acumulaci髇 de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente en la causa seguida contra otro encausado

  En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente contin鷈 para el enjuiciamiento de uno o m醩 encausados, podr� acumularse en la misma causa la acci髇 de decomiso aut髇omo contra los primeros.

  Art韈ulo 803 ter u Presentaci髇 de nueva solicitud de decomiso

  El Ministerio Fiscal podr� solicitar al juez o tribunal que dicte una nueva orden de decomiso cuando:

  • a) se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el decomiso pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se inici� el procedimiento de decomiso, y
  • b) no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos.�
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• Once. Se introduce un nuevo art韈ulo 846 ter con el siguiente contenido:

  �1. Los autos que supongan la finalizaci髇 del proceso por falta de jurisdicci髇 o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelaci髇 ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la Sala de Apelaci髇 de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolver醤 las apelaciones en sentencia.

  2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelaci髇 de la Audiencia Nacional se constituir醤 con tres magistrados para el conocimiento de los recursos de apelaci髇 previstos en el apartado anterior.

  3. Los recursos de apelaci髇 contra las resoluciones previstas en el apartado 1 de este art韈ulo se regir醤 por lo dispuesto en los art韈ulos 790, 791 y 792 de esta ley, si bien las referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entender醤 realizadas al 髍gano que haya dictado la resoluci髇 recurrida y las referencias a las Audiencias al que sea competente para el conocimiento del recurso.�

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• Doce. Se modifica el art韈ulo 847, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. Procede recurso de casaci髇:

  • a) Por infracci髇 de ley y por quebrantamiento de forma contra:
    • 1.� Las sentencias dictadas en 鷑ica instancia o en apelaci髇 por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
    • 2.� Las sentencias dictadas por la Sala de Apelaci髇 de la Audiencia Nacional.
  • b) Por infracci髇 de ley del motivo previsto en el n鷐ero 1.� del art韈ulo 849 contra las sentencias dictadas en apelaci髇 por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

  2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias reca韉as en primera instancia.�

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• Trece. Se modifica el art韈ulo 848, que quedar� redactado del siguiente modo:

  玃odr醤 ser recurridos en casaci髇, 鷑icamente por infracci髇 de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelaci髇 por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalizaci髇 del proceso por falta de jurisdicci髇 o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resoluci髇 judicial que suponga una imputaci髇 fundada.�

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• Catorce. Se adiciona un p醨rafo segundo en el art韈ulo 889, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 889

  Para denegar la admisi髇 del recurso ser� necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad.

  La inadmisi髇 a tr醡ite del recurso de casaci髇 en el supuesto previsto en el art韈ulo 847.1.b) podr� acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de inter閟 casacional.�

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• Quince. Se modifica el art韈ulo 954, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  �1. Se podr� solicitar la revisi髇 de las sentencias firmes en los casos siguientes:

  • a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un documento o testimonio declarados despu閟 falsos, la confesi髇 del encausado arrancada por violencia o coacci髇 o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No ser� exigible la sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripci髇, rebeld韆, fallecimiento del encausado u otra causa que no suponga una valoraci髇 de fondo.
  • b) Cuando haya reca韉o sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricaci髇 a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resoluci髇 reca韉a en el proceso en el que recayera la sentencia cuya revisi髇 se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto.
  • c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan reca韉o dos sentencias firmes.
  • d) Cuando despu閟 de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absoluci髇 o una condena menos grave.
  • e) Cuando, resuelta una cuesti髇 prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resoluci髇 de la cuesti髇 que resulte contradictoria con la sentencia penal.

  2. Ser� motivo de revisi髇 de la sentencia firme de decomiso aut髇omo la contradicci髇 entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal que, en su caso, se dicte.

  3. Se podr� solicitar la revisi髇 de una resoluci髇 judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci髇 fue dictada en violaci髇 de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci髇, por su naturaleza y gravedad, entra馿 efectos que persistan y no puedan cesar de ning鷑 otro modo que no sea mediante esta revisi髇.

  En este supuesto, la revisi髇 s髄o podr� ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deber� formularse en el plazo de un a駉 desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.�

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• Diecis閕s. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 964, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. En los supuestos no contemplados por el art韈ulo 962, cuando la Polic韆 Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de alg鷑 delito leve, formar� de manera inmediata el correspondiente atestado que remitir� sin dilaci髇 al Juzgado de guardia salvo para aquellos supuestos exceptuados en el art韈ulo 284 de esta ley. Dicho atestado recoger� las diligencias practicadas, as� como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a los art韈ulos 109, 110 y 967, y la designaci髇, si disponen de ellos, de una direcci髇 de correo electr髇ico y un n鷐ero de tel閒ono a los que ser醤 remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les ser醤 remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.�

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• Diecisiete. Se adiciona un nuevo p醨rafo al art韈ulo 985, que queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 985

  La ejecuci髇 de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme.

  La ejecuci髇 de las sentencias reca韉as en el proceso por aceptaci髇 de decreto, cuando el delito sea leve, corresponde al juzgado que la hubiera dictado.�

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• Dieciocho. Se incorpora una nueva disposici髇 adicional sexta con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional sexta Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos

  1. La Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos es el 髍gano administrativo al que corresponden las funciones de localizaci髇, recuperaci髇, conservaci髇, administraci髇 y realizaci髇 de efectos procedentes de actividades delictivas en los t閞minos previstos en la legislaci髇 penal y procesal.

  Cuando sea necesario para el desempe駉 de sus funciones y realizaci髇 de sus fines, la Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos podr� recabar la colaboraci髇 de cualesquiera entidades p鷅licas y privadas, que estar醤 obligadas a prestarla de conformidad con su normativa espec韋ica.

  2. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos con anterioridad a que se dicte resoluci髇 judicial firme de decomiso se podr醤 gestionar a trav閟 de la cuenta de dep髎itos y consignaciones judiciales cuando se trate del dinero resultante del embargo o la realizaci髇 anticipada de los efectos. Para los restantes bienes, en atenci髇 a las circunstancias, la Oficina podr� gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislaci髇 aplicable a las Administraciones P鷅licas. Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinar醤 a satisfacer los costes de gesti髇, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservar� a resultas de lo que se disponga mediante resoluci髇 judicial firme de decomiso.

  Cuando recaiga resoluci髇 judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos ser醤 objeto de realizaci髇 y la cantidad obtenida se aplicar� en la forma prevista en el art韈ulo 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, as� como el producto obtenido por la gesti髇 de los bienes durante el proceso, se transferir� al Tesoro como ingreso de derecho p鷅lico, del que una vez deducidos los gastos de funcionamiento y gesti髇 de la Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos, dotados en el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacci髇 de los fines se馻lados en el apartado siguiente. Estos ingresos generar醤 cr閐ito en el presupuesto del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

  Los costes de gesti髇 y los gastos previstos en los p醨rafos anteriores podr醤 estimarse de la forma en que se determine reglamentariamente.

  3. Son fines propios de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos como consecuencia de las resoluciones judiciales de decomiso los siguientes:

  • a) el apoyo a programas de atenci髇 a v韈timas del delito, incluido el impulso y dotaci髇 de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas,
  • b) el apoyo a los programas sociales orientados a la prevenci髇 del delito y el tratamiento del delincuente,
  • c) la intensificaci髇 y mejora de las actuaciones de prevenci髇, investigaci髇, persecuci髇 y represi髇 de delitos,
  • d) la cooperaci髇 internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad,
  • e) y los que puedan determinarse reglamentariamente.

  4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada a駉 se determinar� el porcentaje objeto de afectaci髇 a los fines se馻lados en esta disposici髇. Los criterios para la distribuci髇 de los recursos afectados ser醤 fijados anualmente mediante acuerdo del Consejo de Ministros.�

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• Diecinueve. Se incorpora una nueva disposici髇 adicional s閜tima con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional s閜tima Procedimiento

  Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, los delitos que alternativa o conjuntamente est閚 castigados con una pena leve y otra menos grave se sustanciar醤 por el procedimiento abreviado o, en su caso, por el procedimiento para el enjuiciamiento r醦ido de determinados delitos o por el proceso por aceptaci髇 de decreto.�

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Disposici髇 adicional 鷑ica Previsi髇 de costes

Las medidas incluidas en esta norma no podr醤 suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposici髇 transitoria 鷑ica Legislaci髇 aplicable

1. Esta ley se aplicar� a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

2. El art韈ulo 954 se aplicar� tambi閚 a las sentencias que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

El supuesto previsto en el apartado 3 del art韈ulo 954 se aplicar� a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

3. El art韈ulo 324 se aplicar� a los procedimientos que se hallen en tramitaci髇 a la entrada en vigor de esta ley. A tales efectos, se considerar� el d韆 de entrada en vigor como d韆 inicial para el c髆puto de los plazos m醲imos de instrucci髇 que se fijan en la presente ley.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 de normas

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley Hipotecaria

Se modifica el p醨rafo s閜timo del art韈ulo 20 de la Ley Hipotecaria, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

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Disposici髇 final segunda T韙ulo competencial

Esta ley se dicta al amparo de la competencia que al Estado atribuye en exclusiva el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 Espa駉la en materia de legislaci髇 procesal.

La disposici髇 final primera se dicta al amparo de las competencias exclusivas del art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇 Espa駉la en materia ordenaci髇 de los registros e instrumentos p鷅licos.

Disposici髇 final tercera Incorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea

Mediante esta ley se incorpora al Derecho espa駉l la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Uni髇 Europea.

T閚gase en cuenta que el art韈ulo 36 de la Directiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, sobre recuperaci髇 y decomiso de activos (獶.O.U.E.L.� 2 mayo), ha derogado la Directiva 2014/42/UE.LE0000843900_20240522

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor a los dos meses de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.