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Novedades destacadas

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas
BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014
El nuevo texto revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989, como los criterios técnicos para la determinación del dominio público marítimo-terrestre. En relación con los terrenos inundados se introducen garantías para que los terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, hayan dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público. Se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes y se desarrollan elementos novedosos, como el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave o los diferentes requisitos de ocupación de las playas, según sean naturales o urbanas. Se desarrolla el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, fijando en el caso de las concesiones ordinarias el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los 75 años.

Resolución de 25 de septiembre de 2014, por la que se convocan las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
BOE núm. 246, de 10 de octubre de 2014
Para ser admitido a la realización de las pruebas los aspirantes deberán ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea u otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, requisito que se deberá mantener hasta la finalización de la prueba y estar en posesión del título oficial de Abogado obtenido en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la maternidad
BOIB núm. 138, de 9 de octubre 2014
Contempla las previsiones normativas necesarias para que, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, exista una red solidaria de ayuda a las embarazadas. Comprende el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social, propiciando el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esta finalidad.

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas
BOJA núm. 198, de 9 de octubre de 2014
Tene por objeto establecer un conjunto de medidas destinadas a mejorar la regulación de las actividades económicas; simplificar los procedimientos de autorización que afectan a las mismas actividades económicas, indicando aquellas actividades, para las que resulta necesaria la exigencia de una autorización, al estar justificada por al menos una razón imperiosa de interés general; y, reforzar las competencias y funcionamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía como organismo supervisor en materia de competencia.

Ley 7/2014, de 25 de septiembre, de modificación de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón
BOA núm. 198, de 8 de octubre de 2014
La Ley clarifica quién puede hacer uso de la iniciativa legislativa popular, amplía las materias sobre las que se puede emplear, reduce el número de firmas exigidas y los requisitos exigidos para presentarla, amplía el plazo de recogida de firmas, establece la obligación de debate en la misma Legislatura en que se presenta y garantiza de compensación económica a los promotores.

Ley 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo
BOPV núm. 190, de 7 de octubre de 2014
Se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en siete años adicionales, de modo que finalmente el plazo total para adaptación de estos instrumentos urbanísticos a la citada ley pase a ser de un máximo de quince años.

 

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