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Novedades destacadas

Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar
DOCM. núm. 36, de 23 de febrero de 2015
Esta nueva ley pretende establecer un servicio social especializado en mediación social, que dé respuesta a conflictos no sólo de carácter familiar, sino también de carácter social. Por ello se hace necesaria la inclusión de otros conflictos que trascienden de la esfera estrictamente familiar, como son los que se producen entre los miembros de la comunidad escolar, los que pueden surgir en el ámbito sanitario o los que puedan originarse entre los responsables de las instituciones y personas usuarias de las mismas.

Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
BOIC núm. 35, de 20 de febrero de 2015
Lleva a cabo la creación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuyéndole la competencia para resolver los recursos especiales en materia de contratación y sobre la solicitud de medidas provisionales a que se refiere el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las cuestiones de nulidad contractual a que se refiere el artículo 37.1 del mismo Texto Refundido, así como la competencia para resolver sobre las reclamaciones en los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la resolución, en su caso, de los recursos administrativos en materia de contratación que se pudieran establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2015
Como consecuencia de la nueva regulación de la determinación del importe de los pagos fraccionados, debe procederse a la modificación de los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, con objeto de sustituir en los mismos la antigua deducción y dar entrada a la nueva deducción regulada en la letra c) del artículo 110.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Decreto 12 /2015, de 10 de febrero, por el que se crean el Centro Aragonés de Coordinación en Materia de Mediación y el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Aragón y se establecen medidas de fomento de la mediación
BOA núm. 33, de 17 de febrero de 2015
El Centro Aragonés de Coordinación en Materia de Mediación tiene por objeto coordinar las actuaciones de la Dirección General con competencias en materia de administración de justicia relacionadas con la mediación y la promoción, fomento y difusión de las actividades de mediación de cualquier clase, facilitando el acceso a las mismas, sin menoscabo de las funciones que desarrollen otros servicios en ámbitos específicos de mediación.

Ley 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan Medidas en el Ámbito Tributario
DOCM núm. 241, de 15 de diciembre de 2014
Establece una rebaja fiscal, que se articulará mediante la aprobación de una nueva escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de unas nuevas cuantías del mínimo por descendientes del impuesto. Asimismo, se eliminan los costes que para los empresarios se derivan de la expedición de los certificados de exportación, tanto en la tasa por gestión técnico-facultativa de los servicios de ganadería como en las tasas por actividades en materia de seguridad alimentaria y nutrición, simplificándose con ello los trámites administrativos ligados a la exportación de productos.

Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha
DOCM núm. 201, de 17 de octubre de 2014
Entre los objetivos que persigue la nueva regulación de la protección jurídica de la infancia y adolescencia destaca el de definir y delimitar las instituciones de protección de los menores a través de las figuras de riesgo, desamparo y, como respuesta a una nueva carencia social, crear el tercer perfil de protección a través de la declaración de los menores con conductas inadaptadas.

 

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