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El proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital e incorporación a la Directiva 2007/36, del parlamento europeo y del consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas

Enrique Ortega Burgos | 01 de julio de 2011 | Mercantil
Cuando todavía los asesores jurídicos y los aplicadores de la normativa societaria, estamos digiriendo la nueva norma de Julio y su reciente reforma de diciembre, nos enteramos que el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó en Febrero la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, con lo que tenemos que plantearnos en este año una nueva visión en materia de derecho de sociedades.

Incongruencia de alguna jurisprudencia menor sobre la realidad empresarial del leasing

Manuel Bernáldez, Juan Antonio Labat y Miguel Ange | 01 de julio de 2011 | Mercantil
Una sentencia del 9 de noviembre de 2010 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona cuestiona que los contratos de leasing sean contratos bilaterales con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes, en concreto por parte del arrendador financiero. Conclusión a la que se llega por una interpretación literal de una cláusula de un contrato concreto en el que el arrendador financiero decía que con la entrega del bien al arrendatario y el pago al proveedor del mismo, había cumplido todas sus obligaciones.

Sobre la resolución de los contratos de leasing y compraventa de vehículo, por falta de entrega del mismo

Héctor Taillefer de Haya | 01 de junio de 2011 | Mercantil
El informe del Servicio de Reclamaciones del Banco de España objeto del presente trata de un supuesto en el que una sociedad dedicada a la distribución de mercancías, que para desarrollar su actividad, simultáneamente suscribe un contrato de leasing de un vehículo y encarga al proveedor el bien (con el anticipo de una cantidad).

La polémica Disposición Transitoria Primera, Apartado Tercero de la Ley de Sociedades Profesionales. La sentencia Auren Canarias

Enrique Ortega Burgos | 01 de junio de 2011 | Mercantil
Es conveniente realizar un análisis de la conflictiva Disposición Transitoria Primera, apartado tercero de la Ley 2/2007 de 15 de Marzo, de sociedades profesionales (LSP) al hilo de la polémica que la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, “Auren Canarias”, abrió en el discutido tema de la disolución de oficio de las sociedades profesionales, y el denominado por la prensa “efecto dominó” que puede que provoque una serie de disoluciones y liquidaciones de sociedades en cadena a instancia de cualesquier interesado en que ello suceda.

La acción sin voto

Enrique Ortega Burgos | 01 de mayo de 2011 | Mercantil
Las acciones sin voto, de origen anglosajón (las conocidas “non voting shares” nacidas en el siglo XIX), para los que el derecho de voto no es consustancial a la condición de accionista, fueron recogidas en España, en el hoy derogado Texto de la Ley de Sociedades anónimas de 1989 (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre) que suprimió la prohibición que la anterior norma de 1951 recogía y se han incorporado al vigente RDLeg 1/2010 de Ley de Sociedades de Capital que supusieron un claro avance en la superación del principio de igualdad de las acciones (Gómez de Mendoza).

Los conflictos societarios y el arbitraje: pasado, presente y futuro

Enrique Ortega Burgos | 01 de mayo de 2011 | Mercantil
El arbitraje tiene sus orígenes en el Derecho romano y fue reconocido por la Constitución Española de 1812. Nace del principio de autonomía de la voluntad (Artículo 1255 del Código Civil) con su concreción societaria en el actual artículo 26 del RD 1/2010, de la voluntad de las partes de someter un asunto presente o futuro controvertido a arbitraje, configurada como forma alternativa a la vía jurisdiccional, siempre que como indica el Artículo 2.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, se trate de una controversia sobre materias de libre disposición conforme a derecho.

El voto plural

Enrique Ortega Burgos | 01 de abril de 2011 | Mercantil
El derecho de voto es sin duda el derecho de carácter político por excelencia de todo socio, manifestación destinada a perfeccionar el acuerdo social. Sin embargo mientras que en sede sociedades anónimas está prohibida la emisión del llamado voto plural o múltiple que rompe con la regla una acción, un voto (así según el Artículo 96.2 de la LSC, “No podrán emitirse acciones que de forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto o el derecho de preferencia”)...

Las nuevas medidas para agilizar el proceso en la constitución de sociedad, abaratar costes y trámites y los estatutos tipos del Ministerio de Justicia

Enrique Ortega Burgos | 01 de febrero de 2011 | Mercantil
Ante la gravedad de la crisis económica actual y los evidentes obstáculos existentes en la constitución de empresas que nos alejan de la celeridad de otros sistemas, la legislación mercantil ha acogido en los últimos años sucesivas reformas orientadas a agilizar al máximo el proceso de constitución de sociedades, así por ejemplo se reguló la “sociedad nueva empresa”, la cual sin embargo, no ha tenido una acogida destacada en la práctica.

La acumulación de acciones contra la sociedad y su administrador: un problema no resuelto de peregrinaje jurisdiccional

Antonio Valmaña Cabanes | 01 de enero de 2011 | Mercantil
El importe en el que el artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) fija el capital social mínimo de las sociedades anónimas y de las de responsabilidad limitada no cumple, en los mercados de hoy, una función verdaderamente garantista del interés del tercero acreedor. Y es que difícilmente la contratación con esas sociedades mercantiles podrá verse cubierta, de forma suficiente, por los 60.000 € de capital social mínimo de una anónima y, menos aún, por los 3.000 € de una limitada.

El aval cambiario

Beatriz Alonso Sánchez | 01 de noviembre de 2010 | Mercantil
El régimen jurídico del aval de letra de cambio aparece recogido en los arts. 36 a 37 de la Ley Cambiaria. Su reglamentación se ajusta casi en su integridad a las directrices consagradas en las correspondientes normas contenidas en los arts. 30 a 32 de la Ley Uniforme de Ginebra de 1930. Se implantó así en nuestro ordenamiento cambiario una nueva concepción del aval, distinta por completo de la que hasta entonces parecía desdibujarse en la escueta y confusa preceptiva sobre la materia expresada en los arts. 486 y 487 del Código de Comercio.

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