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127 artículos

Política criminal: entre el Derecho y la ideología

Jesús Manuel Villegas Fernández | 19 de julio de 2019 | Penal

El Gobierno de la Nación dirige la política criminal del Estado. ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas en el ámbito jurídico? Por un lado, están quienes propugnan una visión técnica del Derecho que aspiran a la resolución neutral e ideológicamente aséptica de los conflictos. Por otro, se alzan los que enfocan la materia jurídica desde una perspectiva eminentemente social y sin eludir el compromiso ideológico. El diseño de nuestro proceso penal es acaso el mejor ejemplo de esta tensión dialéctica muy particularmente en la vexata questio de si la instrucción penal debe estar a cargo de jueces o fiscales. 


Autopuesta en peligro o principio de la propia responsabilidad en la jurisprudencia española

Emilia Ros Martínez | 24 de mayo de 2019 | Penal

El criterio de la autopuesta en peligro opera para excluir la responsabilidad del autor cuando la víctima decide voluntaria y libremente hacer frente al peligro asumiendo sus consecuencias.


De la delincuencia organizada (organización versus grupo) frente a la codelincuencia. Sobre la categoría residual de asociación ilícita.

Raúl Pardo Geijo Ruiz | 30 de marzo de 2019 | Penal

Estudio del Capítulo VI, del Título XXII del Libro II, del Código Penal, que comprende los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter, bajo la rúbrica "De las organizaciones y grupos criminales". El autor analiza el concepto, requisitos, diferencias y supuestos jurisprudenciales de la “Organización criminal”, el “grupo criminal” y la “codelincuencia”.


Tipicidad penal de las distintas conductas de inmigración ilegal

Pedro Mª Jiménez Bidón | 15 de marzo de 2019 | Penal

El autor aborda en este artículo la tipicidad o atipicidad de las distintas conductas a través de las cuales se manifiesta uno de los mayores problemas que afronta España en estos días, como es el de la inmigración ilegal.


Dilaciones indebidas

Raúl Pardo Geijo Ruiz | 16 de noviembre de 2018 | Penal

El presente trabajo estudia el carácter estructural y los parámetros interpretativos de las dilaciones indebidas y sus consecuencias en el proceso penal.


Sobre la carga probatoria del elemento de idoneidad de los programas de Compliance penal

Álvaro de Juan García | 26 de octubre de 2018 | Penal

El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.


Diferencia entre el delito de apropiación indebida y de administración desleal a la luz de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo

Raúl Pardo Geijo Ruiz | 01 de junio de 2018 | Penal

El presente trabajo analiza los criterios diferenciadores existentes entre delito de apropiación indebida y de administración desleal a partir de su naturaleza y delimitación, y plantea qué precepto aplicar a la luz de la reforma legislativa y la jurisprudencia reciente.

 


La sentencia de 'La Manada' y la intimidación según el Tribunal Supremo

Alicia Amer Martín | 18 de mayo de 2018 | Penal

La polémica Sentencia 38/2018 de 20 de marzo, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha generado una reacción nunca antes vista en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este artículo pretende partir de los hechos declarados probados en la Sentencia y ponerlos en relación con lo que establece el Código Penal y  la doctrina del Tribunal Supremo respecto a los delitos contra la libertad sexual para analizar, en términos generales, si pudo apreciarse la intimidación y por tanto la existencia del delito de agresión sexual.

 


El delito de acusación y denuncia falsa. Fundamento, requisitos y supuestos de hecho

Raúl Pardo Geijo Ruiz | 23 de marzo de 2018 | Penal

El artículo 456 del Código Penal vigente  sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Jurisprudencia y doctrina han señalado, generalmente, que el bien jurídico protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia (que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento) y de otro el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos (que se ve afectado negativamente al aparecer como imputado en una causa penal).


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