Resultados | Procesal Penal

50 artículos

Desahucios: un problema mal planteado

Jordi NIEVA FENOLL | 22 de septiembre de 2017 | Procesal Penal

El autor reflexiona sobre los defectos del sistema procesal actual para ejercitar acciones legales contra la ocupación de inmuebles. Este sistema, opina, protege en la práctica el inexistente derecho del intruso frente al auténtico derecho a la vivienda del legítimo morador que ha sido desposeído dolosamente.


El derecho a la intimidad y la prueba obtenida mediante drones

Alicia Amer Martín | 22 de junio de 2016 | Procesal Penal

En este articulo nos planteamos si es posible el uso de drones en el proceso penal como medida de vigilancia y seguimiento policial y hasta que punto puede afectar o no a la inviolabilidad del domicilio. Para dar respuesta a estas cuestiones, estudiaremos el derecho fundamental recogido en el articulo 18.2  de la Constitución Española, el concepto de domicilio según la doctrina  del Tribunal Supremo y  del Tribunal Constitucional, en relación con  la regulación legal en el ámbito del derecho penal y la jurisprudencia existente, en especial la reciente STS 329/2016, de 20 de abril. 


Obligación de denunciar versus prueba de cargo de la víctima en los delitos de violencia de género

Diego Martin Ayala y Rocío Ponce García | 02 de junio de 2016 | Procesal Penal

Este artículo reflexiona sobre el conflicto existente entre la conciencia colectiva que anima a las víctimas de violencia de género a denunciar y la frustración en cuanto a expectativas que pueden tener muchas mujeres que sufren una situación de maltrato en sus relaciones con la administración de justicia. Asimismo se hace un análisis sobre la errónea creencia social de que la ley es injusta, pues por el mero hecho de que una mujer presente una denuncia por violencia de género, se supone que siempre sale victoriosa en el subsiguiente proceso penal.


La recuperación de la privacidad de las comunicaciones

Jordi Nieva-Fenoll | 25 de mayo de 2016 | Procesal Penal

La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha supuesto una controvertida restricción a la privacidad de nuestras comunicaciones, algunas reflexiones a este respecto.


El art. 324 LECrim. no declara la caducidad de las instrucciones penales

Jordi Nieva-Fenoll | 19 de mayo de 2016 | Procesal Penal

La polémica despertada por un reciente comunicado del Consejo Fiscal, sobre la imposibilidad de cumplir los plazos de instrucción previstos en el art. 324 LECrim. requiere algunas matizaciones urgentes sobre el tema.


Las intervenciones telefónicas: doctrina general a la luz de la LO 13/2015, de 5 de octubre

Mauricio Bueno Jiménez | 31 de marzo de 2016 | Procesal Penal

Las denominadas “escuchas telefónicas” –intervención de las comunicaciones telefónicas–, que pueden acordarse como diligencias instructoras en el ámbito del proceso penal –ordinario o abreviado–, requieren, para su adopción, del cumplimiento de una serie de formalidades materiales y procesales que delimitan su aplicación. El Tribunal Constitucional ha desarrollado toda una doctrina jurisprudencial en garantía del derecho fundamental del art. 18.3 CE, de tal manera que el instructor, y con carácter previo a la toma de decisión, se vea obligado a realizar un juicio de proporcionalidad concreto que avale tal injerencia, so pena de nulidad. La nueva regulación normativa viene a colmar un espacio necesario y hartamente demandado por la jurisprudencia, tanto nacional como de la Unión Europea, dando cabida así a la “habilitación legal” de la intervención, en tanto norma fundante de la injerencia en el derecho especialmente protegido.


La Acción Popular. Limitaciones a su ejercicio. La “Doctrina Botín”, el “caso Atutxa” y la aplicación al “caso Nóos”

María Victoria Rodríguez Caro | 24 de noviembre de 2015 | Procesal Penal

La relevancia de los supuestos en que se invoca la falta de legitimación de la acusación popular para perseguir ciertos delitos que tienen repercusión sobre la generalidad de los ciudadanos es fuente de recelos, por un lado cuestiona la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por otro la imparcialidad del Ministerio Fiscal, y, lo más grave, cuestiona la calidad de la democracia de nuestro Estado de Derecho. Si el acusador particular interviene en el procedimiento penal en defensa de sus intereses como perjudicado por el delito, ¿qué intereses mueven al Ministerio Fiscal como acusación pública, de un lado, y al acusador popular, de otro? La tensión entre la tradicional desconfianza que suscita el “uso” del Ministerio Fiscal por el Poder Ejecutivo y la suspicacia que despierta la manipulación de la Acción Popular para la consecución de intereses ocultos es lo que subyace en esta polémica.


Las piezas de convicción y los objetos en el procedimiento penal

Carlos Jaime Gómez Pozueta | 19 de noviembre de 2015 | Procesal Penal

Análisis de las distintas normas que regulan las piezas de convicción y el resto de objetos materiales que se encuentran unidos a los procedimientos penales en los juzgados, y un comentario acerca de los problemas que su acumulación causan en los tribunales.


Abono de la medida cautelar de retirada del pasaporte: equivalencia con la pena de prisión impuesta

María José Cortés López | 27 de octubre de 2015 | Procesal Penal

Este trabajo aborda la cuestión de si la retirada cautelar del pasaporte es abonable de cara a una futura y posible sentencia condenatoria, a pena privativa de libertad, al igual que ocurre con el abono de la prisión provisional y últimamente, de las comparecencias apud acta. Y la respuesta a esta cuestión no puede ser más que afirmativa.


La atenuación por “arrepentimiento activo” del miembro o colaborador de la organización criminal

Francisco Javier Bretones Alcaraz | 20 de octubre de 2015 | Procesal Penal

Expondremos la evolución, requisito de aplicación y naturaleza jurídica de la atenuación contenida en el art. 376.1 del CP, de especial importancia en la lucha contra la criminalidad organizada en el ámbito del delito de tráfico de drogas. Extraeremos algunas conclusiones en su relación con el art. 369 bis CP, subtipo agravado de pertenencia a organización criminal por parte del sujeto que ejecuta la conducta del art. 368 del CP.


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