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Daños ambientales
14 de diciembre de 2018 Artículos doctrinales

El presente trabajo analiza las garantías financieras obligatorias en materia medioambiental a la luz de las últimas novedades normativas de carácter  técnico-legal.

 

23 de noviembre de 2018 Artículos doctrinales

El presente trabajo analiza el delito de cohecho a partir de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación actual, centrándose en la reciente reforma de la LO 1/2015 que modifica los artículos 419 a 427 bis de nuestro Código Penal.

Artículos doctrinales

26 de octubre de 2018

El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.


05 de octubre de 2018

El objeto del presente artículo es ofrecer un análisis de las principales novedades introducidas por la nueva normativa en el ámbito administrativo; fundamentalmente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo al silencio administrativo, como institución jurídica propia del Derecho Administrativo; sus particularidades y las principales cuestiones que surgen en la práctica.


17 de septiembre de 2018

Aún en situaciones de crisis de pareja, aunque los padres vivan separados, la patria potestad es por lo general compartida. Para poder cumplir con los deberes inherentes a dicha patria potestad, el progenitor que no ostenta la guardia y custodia, y que por ello tiene durante una menor fracción de tiempo a sus hijos en su compañía, necesita ser informado por parte del otro progenitor sobre todo aquel detalle que puede influir en el desarrollo y bienestar de los menores. Dicho deber de información al no custodio también recae sobre instituciones como centro educativos y sanitarios.


14 de septiembre de 2018

El presente trabajo tiene por objeto analizar los principales aspectos del procedimiento que debe seguirse para lograr la revisión del beneficio de justicia gratuita por haber venido su titular a mejor fortuna, único supuesto en que, según el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 de 10 de enero (en adelante LAJG), quedará obligado a abonar las costas de la parte contraria que le hayan sido impuestas por ver desestimada su pretensión. De esta forma, la obtención de esa declaración constituye un verdadero requisito de procedibilidad o condición sine qua non para poder reclamar en vía judicial el pago de las costas procesales a la parte contraria que goza del beneficio, con el fin de salir así indemne de la contienda judicial. Tras la reforma operada por la Ley 42/2015 se han aclarado algunos aspectos, pero otros siguen planteando dudas y están sujetos a interpretación tal y como se expondrá.  


03 de agosto de 2018

El presente artículo puede servir de utilidad a estudiantes universitarios que cursen la materia de derecho procesal laboral como apunte introductorio o esclarecedor a la propia materia en cuestión. La intención de este apunte es pedagógico y no pretende otorgar formación a los ya expertos en la rama social del derecho.


27 de julio de 2018

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  


20 de julio de 2018

El presente trabajo tiene por objeto analizar los principales aspectos del procedimiento que debe seguirse para lograr la revisión del beneficio de justicia gratuita por haber venido su titular a mejor fortuna, único supuesto en que, según el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 de 10 de enero (en adelante LAJG), quedará obligado a abonar las costas de la parte contraria que le hayan sido impuestas por ver desestimada su pretensión. De esta forma, la obtención de esa declaración constituye un verdadero requisito de procedibilidad o condición sine qua non para poder reclamar en vía judicial el pago de las costas procesales a la parte contraria que goza del beneficio, con el fin de salir así indemne de la contienda judicial. Tras la reforma operada por la Ley 42/2015 se han aclarado algunos aspectos, pero otros siguen planteando dudas y están sujetos a interpretación tal y como se expondrá.  


06 de julio de 2018

Este artículo analiza el intento de conciliación obligatoria que debe efectuarse ante los órganos de las Administraciones Públicas competentes con anterioridad a la interposición de la demanda en los juzgados de lo social. El trámite de conciliación administrativa laboral posee y determina consecuencias jurídicas prácticas que pueden afectar de un modo sustancial al proceso judicial posterior.


21 de junio de 2018

El presente artículo analiza la Ley 5/2018, de 11 de junio, publicada en el BOE de 12 de junio de 2018, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil,  en materia de desahucios. El objetivo principal de la norma es adecuar el procedimiento al fenómeno "okupa", cuestión de actualidad y que la autora ha enfocado desde la perspectiva de la necesidad de la reforma tras haber analizardo los cauces legales vigentes.

 

 


15 de junio de 2018

La Ley de Enjuiciamiento Civil dedica los artículos 149 a 168 (Capítulo V) a los actos de comunicación judicial. El presente trabajo se centra en el apartado 3 del artículo 161, es decir, en las comunicaciones personales que se realizan a través terceras personas, entendiendo por éstas, aquellas que no son los destinatarios de las mismas, y en la posibilidad de aplicar lo establecido en el apartado 2 de ese mismo artículo a los supuestos en que ese tercero se niegue a hacerse cargo de la comunicación.


08 de junio de 2018

Los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985 están sujetos a las normas relativas al contrato de inquilinato, es decir a la LAU de 1964, por la cual existe un régimen de prorroga forzosa o lo que es lo mismo, que el alquiler tiene un carácter indefinido para el inquilino de la vivienda (art. 57 LAU 1964). Sin embargo, existen una serie de causas que pueden hacer que el propietario del inmueble tenga el derecho a solicitar la resolución de este tipo de alquileres, las cuales se desarrollan en el siguiente trabajo.


01 de junio de 2018

El presente trabajo analiza los criterios diferenciadores existentes entre delito de apropiación indebida y de administración desleal a partir de su naturaleza y delimitación, y plantea qué precepto aplicar a la luz de la reforma legislativa y la jurisprudencia reciente.

 


25 de mayo de 2018

El presente trabajo tiene por objeto analizar las diversas cuestiones prácticas que se plantean en la aplicación del artículo 669.3 de la LEC, precepto que establece la posibilidad de rebajar la deuda reclamada si el ejecutado facilita la inspección del inmueble a los interesados en participar en la subasta judicial electrónica a fin de que puedan conocer de primera mano cuál es su situación real y efectiva, así como su estado de conservación.


29 de junio de 2018

El presente artículo analiza la aplicación práctica actual de una de las parcelas más desconocidas del derecho civil: el derecho nobiliario.

 


18 de mayo de 2018

La polémica Sentencia 38/2018 de 20 de marzo, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha generado una reacción nunca antes vista en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este artículo pretende partir de los hechos declarados probados en la Sentencia y ponerlos en relación con lo que establece el Código Penal y  la doctrina del Tribunal Supremo respecto a los delitos contra la libertad sexual para analizar, en términos generales, si pudo apreciarse la intimidación y por tanto la existencia del delito de agresión sexual.

 

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