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Administrativo | Conocimiento
01/04/2009 04:00:00 | CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

La subcontratación en el sector de la construcción (y II)

Carlos López Campillo

Especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción y su Reglamento de desarrollo.

3. Requisitos y deberes a cumplir por las empresas Contratistas y Subcontratistas en el Sector de la Construcción.

Establece la Ley 32/2006 la necesidad de cumplir una serie de requisitos para intervenir en el proceso constructivo como Contratista o Subcontratista a los efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, seguridad social, y contratación.

A tal efecto: ”Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la Construcción, como contratista o subcontratista, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación y registro y al régimen de la subcontratación y sus limitaciones (…) mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas”. (Art.4 en relación con el 7 de la LS)

A continuación diferenciaremos, para su entendimiento, los deberes, de los requisitos legales en sentido estricto.

3.2 El requisito de solvencia y calidad empresarial.

El artículo 4 de la Ley 32/2006, establece un requisito general consistente en que las empresas contratistas y subcontratistas deben acreditar el cumplimiento de una serie de condiciones que garanticen la calidad y una mínima estructura organizativa en la empresa, requisitos que podemos subdividir a su vez en los siguientes:

  1. Infraestructura y medios adecuados.

    La empresa debe disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad constructiva, tanto personales, como materiales. Si bien la Ley no concreta en que consiste este requisito, ni requisitos materiales (Centro de trabajo estable) o económicos mínimos (capital mínimo, seguros obligatorios, avales… etc).

  2. Asumir los riesgos obligaciones y responsabilidades derivados de la actividad.

    Requisito obvio y lógico y que se desprende del resto del ordenamiento, es una mención por parte del legislador que realmente era innecesaria.

  3. Ejercer directamente la dirección de los trabajos.

    Con independencia de cualesquiera de los otros sujetos intervinientes en el proceso constructivo, en especial del contratista principal y el Promotor.

    Requisito que trata de evitar la violación de la normativa utilizando para ello, empresas “tapadera” o directamente dependientes de la contratista principal. Por ello, deben identificarse claramente en el Libro de Subcontratación la persona o personas que ejercen las facultades de organización y dirección de cada subcontrata y, en su caso, los representantes legales de los trabajadores de la misma. (Art. 8.1)

    Si se trata de un trabajador autónomo, del mismo modo, se exige que ejecute el trabajo con responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado, pues en otro caso estaríamos en el terreno de las relaciones laborales por cuenta ajena, y ante un fraude de ley en la contratación.

Como se observa, ninguno de estos requisitos es nuevo. La novedad consiste en que debe acreditarse su cumplimiento a la empresa contratante (y a la autoridad laboral, a través de los Registros de Empresas Acreditadas), y en que el incumplimiento de este deber de acreditación lleva aparejado responsabilidades y sanciones.

La finalidad de la exigencia de declaración afirmativa sobre la solvencia empresarial trata de dificultar la existencia de prácticas fraudulentas, incluidas las empresas aparentes cuya actividad es la cesión ilícita de trabajadores y sobre las que se recuerda la plena vigencia del art. 43 ET. (Art. 7.3) y, al tiempo, obstaculizar la competencia desleal entre las empresas delsector.

3.3 El requisito de la estabilidad en el empleo.

Realmente se trata del corolario del requisito relativo a la obligación de disponer de medios personales adecuados al ejercicio de la actividad.

El artículo 4.4 de la Ley 32/2006 establece que las empresas deberán contratar de modo indefinido a un porcentaje de la plantilla total de la empresa, para lo que establece un margen progresivo de trabajadores con contrato indefinido a aplicar en los próximos años.

El número de trabajadores contratados con carácter indefinido no podrá ser inferior al 30 por ciento del total de la plantilla, en base al siguiente plazo. (Art 11. RS):

  • Al 10 por ciento durante los dieciocho primeros meses de vigencia de la Ley.1 Esto es, hasta 19 de octubre de 2008.

  • Al 20 por ciento desde el 20 de octubre de 2008 hasta el 19 de abril de 2010.

  • Al 30 por ciento a partir del 20 de Abril de 2010.

A estos efectos, se entenderá que una empresa contratista o subcontratista es contratada o subcontratada habitualmente para trabajos en obras de construcción cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que se dedique a actividades del Sector de la Construcción.2

  • Que durante los doce meses anteriores haya ejecutado uno o más contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, cuya duración acumulada no sea inferior a los seis meses.

Se trata de una medida de impulso al empleo y a la estabilidad del mismo en el ámbito de la Construcción, que es un sector azotado por la precariedad en el empleo, la Ley 32/2006 obliga a que las empresas contratistas y subcontratistas dispongan de un porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos con respecto al total de la plantilla, que garanticen una mínima solvencia organizativa, (máxime cuando la Ley no admite la Subcontratación de mano de obra intensiva).

3.4. Los deberes de vigilancia del cumplimiento de la normativa.

La Ley establece con carácter general un deber de vigilancia sobre el cumplimiento de la norma que corresponde al contratista (y al subcontratista comitente) sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 32/2006 por parte del resto de subcontratistas.

A tal efecto: “Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5”.

Las empresas subcontratistas tienen la obligación de comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas de aquél, toda información o documentación que afecte al cumplimiento de la Ley.

Respecto al autónomo, La Ley no extiende el deber de vigilancia sobre este en lo relativo al cumplimiento por parte de éste de otras obligaciones que le vienen impuestas por la normativa de prevención y riesgos laborales de forma que, limita el objeto de la vigilancia al contenido de la Ley 32/2006, esto es las obligaciones específicas que la misma impone al autónomo en sus Artículos. 4.1.c), 5.1.d) y e):

  • Ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

  • No haber sido subcontratado por un tercer subcontratista;

  • No vulnerar la prohibición de subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.

Como vemos, la Ley amplía el contenido del deber de vigilancia como instrumento al servicio de la prevención de riesgos laborales vigente en el ámbito de las obras de construcción conforme al artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y lo extiende al régimen de subcontratación, de modo tal, que se produce un efecto de vigilancia mutua del Contratista respecto de los subcontratistas, y de ellos respecto al resto de Subcontratistas dependientes en la cadena de Subcontratación.

Junto a este deber general de vigilancia, encontramos otros tres deberes que pretenden garantizar el cumplimiento de la normativa: Los deberes de información y prevención de riesgos, el deber de información, y el deber de acreditación del cumplimiento de los requisitos que pasamos a analizar a continuación:

3.5. El deber de información y traslado documental.

La Ley de Subcontratación obliga a mantener informados a los Subcontratistas, entre si y a estos respecto del Contratista, a los representantes de los trabajadores, y a los propios trabajadores que actúen en la obra de cualesquiera circunstancias que afecten al cumplimiento de la normativa.

  1. Contratistas y Subcontratistas:

    Se trata de un deber mutuo, las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas empresas comitentes (en caso de ser distintas de aquél), toda información o documentación que afecte al contenido de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad. (Art. 7.1)

    De esta forma, la Ley pone a disposición de los diferentes obligados, medios de control para el cumplimiento efectivo de su deber individual de vigilancia, que se multiplica, ya que en caso de haber varios niveles de subcontratación cada comitente debe recibir información de su subcontratista, y este a su vez a su respectivo comitente, siendo el destinatario final el contratista, quien debe recibirla de cada subcontratista presente en la obra a través de su comitente.

    El deber de información (y por ende, de vigilancia) se refiere a toda información o documentación que afecte al contenido del Capítulo II de la Ley 32/2004: solvencia empresarial (art. 4.1); formación preventiva de su personal y dotación de una organización preventiva que cumpla los parámetros de la LPRL (art. 4.2.a); inscripción en el REA (arts. 4.2.b y 6); plantilla mínima contratada con carácter indefinido (art. 4.4); y cumplimiento de los límites legales a la subcontratación en cadena (art. 5).

    En relación a los documentos, no se especifica cuáles han de ser trasladados, ni los datos concretos que cada subcontratista debe suministrar, ni se le exige que comunique la información por escrito, esta falta de concreción en cuanto a los datos y en cuanto a la forma podría haberse subsanado por vía reglamentaria, pero lo cierto es que no se ha hecho así.3

  2. Representantes de los trabajadores.

    Además del deber de información mutuo entre los Subcontratistas, la Ley 32/2006 establece en su artículo 9 la obligación de información a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas.

    Este deber de información tiene por objeto mantener informados a los representantes de las nuevas contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma, y garantizar el acceso de los mismos en todo momento al Libro de Subcontratación.

3.6. El deber de formación en materia preventiva.

Las empresas contratistas y subcontratistas tienen la obligación de formar e informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de la actividad con carácter general, deber que impone la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Art.18 y 19).

La Ley de Subcontratación abunda en esa línea, al establecer que: las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. (Art.10)

Para ello, deben contratistas y subcontratistas acreditar:

La forma de acreditar esa formación e información a falta de medida especial establecida por Convenio, se entenderá cumplido cuando concurran las siguientes condiciones:

  1. Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción.

  2. Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. (Art. 12 RS)

Esta formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

  1. Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.

  2. Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.

  3. Obligaciones y responsabilidades.

  4. Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.

  5. Legislación y normativa básica en prevención.

Por tanto, la formación preventiva del personal, debe ser la necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

3.7. El deber de acreditación documental.

El deber de acreditación junto con el de información constituyen las piezas esenciales del sistema instaurado por la Ley 32/2006, y la garantía para que el deber de vigilancia impuesto a los contratistas pueda ser efectivo, ya que sin uno y otro no se podrían dar las condiciones para el cumplimiento de la norma.

En conexión con la necesidad de acreditar que se dispone de los medios materiales adecuados para la actividad subcontratada, el artículo 8.2 de la Ley 32/2006 ordena que cada empresa con independencia del nivel que ocupe en la cadena de subcontratación (e incluso aún cuando se encuentre en la obra al margen de la misma), deberá disponer de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos que para los subcontratistas exige la Ley.

Esta documentación debe estar disponible en toda obra de construcción, a disposición de la autoridad laboral y de la empresa promotora, y se entiende sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de otras normativas, como la prevista en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.5

Esa documentación será esencialmente la siguiente:

    • Libro de Subcontratación.

    • Documentación de la maquinaria.

    • Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.

3.7.1 El Libro de Subcontratación

Se trata de una importante novedad de la Ley 32/2006, que pretende servir de instrumento de control sobre la cadena de subcontratación, va a servir, para identificar a cada una de las empresas que intervienen en el proceso constructivo, permitiendo el acceso a los datos que permitan comprobar y acreditar el cumplimiento de los requisitos (y límites de subcontratación) establecidos por el legislador.

A tal efecto, en toda obra, deberá existir un Libro de Subcontratación, que deberá permanecer en todo el momento en la misma, y en el que se deberán reflejar por orden cronológico:6

  • Todas y cada una de las subcontrataciones realizadas con empresas o con autónomos.

  • Su nivel de subcontratación (si es de primer, segundo y tercer nivel o incluso cuarto) y empresa comitente.

  • El objeto de su contrato, esto es la actividad productiva a la que se dedique el empresario o autónomo.

  • La identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma.

  • La fecha de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad.

  • Y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre la aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso la mayoría de los sujetos dedicados a la actividad constructiva: el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

El Libro deberá estar habilitado por la autoridad laboral con carácter previo al inicio de la obra, autoridad que será la correspondiente a la Comunidad Autónoma del domicilio social de la empresa. (Art.13 y 14 RS) 7

Las obligaciones del Contratista y Subcontratista son las siguientes:

  1. Tenerlo presente en la obra, y mantenerlo actualizado.

  2. Permitir el acceso al mismo a los sujetos antes mencionados y la autoridad laboral.

  3. Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra e incorporarlo al Libro del Edificio en las obras que se realicen al amparo de la LOE (Art.16.5 RS).8

El procedimiento para garantizar el cumplimiento del deber de información y de vigilancia es el siguiente: cuando se produzca una nueva Subcontratación, el contratista deberá comunicarla al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. (Art.16 RS)

Del mismo modo se procederá cuando se haya producido una incidencia en el cumplimiento de la normativa, con remisión además a la Inspección de Trabajo por parte del Coordinador. 9

Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional del nivel de contratación a cuatro deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

El Reglamento, por su parte realiza un ejercicio de simplificación del marco regulador de las obras de construcción, en desarrollo del artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. Al refundir los dos instrumentos configurados legalmente para el control y garantía de los derechos de los trabajadores en los casos de descentralización productiva: el Libro de Subcontratación y el libro registro de contratas y subcontratas10 previsto en el artículo 42.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de modo tal que en lo sucesivo bastará con poseer el Libro de Subcontratación solamente.11

3.7.2 La documentación de la maquinaria.

Además del Libro de Subcontratación y del resto de documentación obligatoria, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. (Artículo 8.2)

Dicha obligación tiene por como finalidad determinar de una forma concisa la posible existencia de la limitación especial a la subcontratación para aquellas empresas que fundamentalmente aportan mano de obra, y ver si la maquinaria que están utilizando en obra les pertenece, o bien, pertenece a otra subcontrata.

3.7.3 El deber de acreditación registral.

El Registro de Empresas Acreditadas (en adelante REA) es una de las novedades más relevantes de la Ley de Subcontratación, como se dijo anteriormente, no basta el cumplimiento de los requisitos legales, sino que se precisa de su acreditación, siendo el REA, la pieza de cierre del sistema de garantías de la Ley de Subcontratación.

Este Registro dependerá de la autoridad laboral competente, entendiéndose competente el correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista. La inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas tendrá validez para todo el territorio nacional, siendo sus datos de acceso público con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas. (Art.6)12

La finalidad buscada por el legislador es evidente, en primer lugar, que se acredite el cumplimiento de los requisitos que la normativa de prevención de riesgos exige, garantizando de este modo el deber de información que tanto la LS como la LPRL establecen, y en segundo lugar, permitir el acceso a esos datos a las empresas implicadas en el proceso de Subcontratación, de modo tal que una vez comprobada por el Contratista la Certificación del Registro aportada por el Subcontratista se le exima del deber de vigilancia general y por tanto de cualquier responsabilidad por incumplimiento de la normativa de Subcontratación que este realice.

Al Registro de Empresas Acreditadas le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

  • Tramitar los procedimientos relativos a solicitudes de inscripción, renovación, variación de datos y cancelación.

  • Expedir las certificaciones sobre las inscripciones registrales existentes.

  • Dar acceso a los datos obrantes en el Registro, y no protegidos por la LOPD a cualesquiera personas o entidades.

Se trata de una inscripción obligatoria, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. Como dato importante, la inscripción en el REA no es exigible a los trabajadores autónomos ni a quien sólo actúa como promotor (artículo 4.1 de la Ley y 10 del RS).13

La inscripción ha de ser previa al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas y con arreglo al modelo establecido por el Reglamento.14

El deber de inscripción abarca también el de mantenimiento veraz de los datos inscritos, ya que las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación que afecte a los datos identificativos de la empresa incluidos en la solicitud. Dicha comunicación deberá realizarse dentro del mes siguiente al hecho que las motiva. (Art.3 RS)

Respecto a la forma de realizar la acreditación, esta se realizará mediante una declaración emitida por el representante legal de la empresa, que responderá de la veracidad de lo manifestado,15 el contenido de la declaración suscrita por el empresario o su representante legal será relativa al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley, así como la documentación acreditativa de que la empresa dispone de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, y que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales.

El procedimiento de inscripción es sencillo:

La solicitud de inscripción se dirigirá al Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral competente, pudiendo presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  1. Si la solicitud reuniera los requisitos previstos en este Real Decreto, se procederá a efectuar la inscripción de la empresa contratista o subcontratista en el Registro16.

  2. Si la solicitud no reuniera los datos y documentos señalados en el artículo 4 o si no se acreditara la representación por cualquier medio admitido en Derecho, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, proceda a la oportuna subsanación, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto. Sólo podrá denegarse la inscripción en el Registro si la solicitud o la declaración aneja no reunieran los datos o no acompañaran los documentos exigidos por la Ley y su Reglamento En estos casos, la autoridad laboral dictará resolución denegatoria de la inscripción en el plazo de quince días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, notificándolo en los diez días siguientes. (Art.5 RS)

El efecto de la inscripción que será única y tendrá validez durante tres años en todo el territorio nacional, permitirá a las empresas incluidas en el mismo intervenir en la subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas o subcontratistas.

La inscripción tiene una vigencia de 3 años, renovables por periodos iguales, transcurrido el período de validez de la inscripción sin que se hubiese solicitado en plazo su renovación, se entenderá automáticamente cancelada la misma en el Registro.

No obstante el efecto de la inscripción no es absoluto, ya que no exime a la empresa inscrita de la obligación de justificar en cualquier momento, cuando sea requerida para ello por la autoridad laboral, el mantenimiento de los requisitos.

El efecto para la empresa comitente, como se dijo, es de exención de responsabilidad, ya que una vez que obtenga certificación relativa a la inscripción en el Registro de una empresa subcontratista, se entenderá que ha cumplido con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. En tal caso, la empresa comitente quedará exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra de construcción de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro.

Como no podía ser de otra forma, todo ello, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades establecidas en otras disposiciones sociales, o fiscales. Y sobre todo, la responsabilidad establecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo. (Art.6 RS)

Como hemos visto, la inscripción es obligatoria para las empresas con domicilio social en España, pero la Ley nada nos dice respecto a las empresas transnacionales de prestación de servicios.

Esta laguna ha sido cubierta por el Real Decreto de desarrollo de la Ley en su Disposición Adicional Primera, al establecer que: “Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto que desplacen trabajadores a España en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán cumplir lo previsto en este Real Decreto con las siguientes peculiaridades:

a. Acreditarán la observancia de los requisitos previstos en el artículo 4.2 a de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas nacionales de transposición de los artículos 7 y 12 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

b. Deberán inscribirse en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.”

El Reglamento puede ser un buen instrumento de control del cumplimiento de la normativa, pero tal vez se echa en falta que la Ley no prevé la inscripción de otros datos útiles para el control del buen funcionamiento del sector, tales como la anotación de las sanciones por infracciones administrativas en materia laboral, o de Seguridad Social; la prohibición de contratar con la Administración Pública; la declaración de insolvencia; la identificación de las empresas integrantes de un mismo grupo de empresas… etc.

4. La responsabilidad por incumplimiento del régimen de subcontratación.

Debe dedicarse un último apartado al estudio de la responsabilidad generada por el incumplimiento de la normativa de Subcontratación.

Conforme al art. 7.2 de la Ley 32/2006, el incumplimiento de las obligaciones de acreditación en materia de prevención de riesgos y de registro contenidas en su art. 4.2, y del régimen de subcontratación limitada previsto en su art. 5 determinan la responsabilidad solidaria del subcontratista que contrate incurriendo en dichos incumplimientos y del contratista (empresario principal, o constructor) que corresponda a su línea de subcontratación y que haya incumplido su deber de vigilancia al respecto.

Esta responsabilidad será solidaria, y alcanza tanto a las obligaciones laborales, incluidas las salariales, como las relativas a Seguridad Social siempre que dichas obligaciones laborales y de Seguridad Social deriven de la ejecución del contrato acordado y que correspondan al subcontratista responsable del incumplimiento, sin limitación en la cantidad, lo que implica ampliar los supuestos de responsabilidad del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, al producirse la responsabilidad “cualquiera que fuera la actividad de dichas empresas”.

La responsabilidades que establece se entiende sin perjuicio de la aplicación a las subcontrataciones que se realicen en el sector de la construcción de lo dispuesto en el artículo 4217 y 4318 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regulan las obligaciones y responsabilidades empresariales en caso de contratación y subcontratación de obras y servicios, responsabilidades que en caso de propia actividad determinan la responsabilidad solidaria del empresario principal en las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata, y del mismo modo, tampoco quedan incluidas las responsabilidades de tipo tributario que conforme al artículo 43 de la Ley General Tributaria pudieran producirse.19

Vemos que la Ley, en cumplimiento del deber de vigilancia hace que cada uno de los miembros de la cadena de contratación deba controlar el cumplimiento de sus empresas subcontratistas o trabajadores autónomos con que contraten.

Hay que tener en cuenta de que si un eslabón de la cadena de contratación no cumple con la normativa, el contratista que le subcontrató será responsable solidario. De lo que se deduce que queda excluida la responsabilidad en cadena para el subcontratista que haya cumplido la normativa, y en todo caso, para el Promotor, que queda exonerado de responsabilidad solidaria, por lógica, ya que queda excluido del deber de vigilancia previsto en el artículo 7.1.20

Del mismo modo, como vimos, queda exonerado de responsabilidad el contratista comitente al que se le haya presentado, y haya verificado la certificación del Registro de Empresas Acreditadas, trasladándose la responsabilidad en estos casos al representante legal o empresario emisor solicitante de la inscripción.

Responsabilidad que podrá ser también de carácter personal, ya que como vimos, el solicitante respondía de la veracidad de lo manifestado.

Por último, la Ley establece sanciones por incumplimiento de la Ley de Subcontratación para lo que reforma la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, (LISOS) Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para introducir la tipificación y calificación de los incumplimientos que se produzcan en la regulación, obligaciones y limitaciones que establece la nueva Ley de Subcontratación en el sector de la construcción. (Art. 11 y DA 1ª. LS)

Resumiendo, constituyen infracción y generan responsabilidad administrativa y la correspondiente sanción, las siguientes conductas:

  • Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias de excepción previstas.

  • El incumplimiento de la normativa sobre limitación de la proporción mínima de trabajadores contratados con carácter indefinido.

  • No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación, o no comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación, o no llevarlo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo.

  • No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

  • El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, y que estos cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro de empresas acreditadas, correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate.

  • La vulneración de los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en la obra, y de acceso al Libro de Subcontratación, en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

  • El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su subcontratista comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de construcción incumpliendo el régimen de la subcontratación o los requisitos legalmente establecidos.

Todo lo anterior habrá de entenderse sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de los representantes legales de las empresas por la violación de la normativa en que hubieran podido incurrir.

5. Conclusiones.

  1. A lo largo de los últimos años el fenómeno de la Subcontratación ha experimentado un crecimiento extraordinario y sin precedentes que ha conllevado efectos negativos que se han traducido en violaciones en materia de prevención de riesgos laborales, y de contratación laboral, factores que han contribuido a una alta tasa de siniestralidad laboral, y al favorecimiento de pésimas condiciones de trabajo, en muchos casos debidas a las subcontrataciones en cadena.

  2. La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, pretende atajar esta situación mediante una nueva regulación de esta forma de organización productiva, apostando por una mayor calidad, mediante empresas más profesionalizadas, con una estructura y medios adecuados para garantizar una mayor productividad y eficiencia empresarial; y por otro lado, con unos recursos humanos con mejor formación y especialización y una plantilla más estable.

  3. La normativa es sectorial, se limita al ámbito de la Construcción, y dentro de esta a determinadas actividades en régimen de subcontratación, por ello es complementaria a todas las normas que se encuentran vigentes actualmente (Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales) que siguen plenamente vigentes en lo que a sus obligaciones se refiere.

  4. La Ley ordena el régimen de subcontratación y elimina aquellas subcontrataciones que son improductivas desde el punto de vista económico y, sobre todo, perjudiciales para la seguridad y salud de los trabajadores, subcontrataciones que enmascaran en muchos casos cesiones ilegales de trabajadores, o violaciones de la normativa mediante el uso abusivo de cadenas de subcontratación ilimitadas y en perjuicio de la protección del trabajador, con claro riesgo para su seguridad y salud.

  5. La Ley define con precisión qué se entiende por contrata y subcontrata, clarificando el campo de aplicación del Art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, e incorporando por vez primera en nuestro Derecho una definición de la subcontratación, delimitada en su contenido y ampliándola no sólo a quien contrata con el contratista, sino también a quien contrata con un subcontratista anterior, y en consecuencia, admitiendo la existencia de distintos niveles de subcontratación.

  6. Este reconocimiento viene a la intención de limitar la cadena de contratación, limitándola a tres niveles, y exigiendo el cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen a partir del tercer nivel de subcontratación respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Todo ello, mediante el establecimiento de reglas limitativas indisponibles en la cadena vertical de subcontratación, no al promotor ni al contratista, sino al tercer subcontratista y a los trabajadores autónomos sin asalariados, junto a los subcontratistas de mano de obra intensiva.

  7. Establece la Ley 32/2006 la necesidad de cumplir una serie de requisitos para intervenir en el proceso constructivo como Contratista o Subcontratista a los efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, seguridad social, y contratación. En este sentido, establece la obligatoriedad de cumplir determinados criterios de calidad o solvencia en relación a la prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, y la existencia de una organización preventiva y con la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad laboral en el conjunto de la plantilla, mediante el establecimiento de un porcentaje necesario de contratación indefinida y la adecuada formación en materia de riesgos de toda la plantilla.

  8. Además, de requisitos la Ley establece deberes, el primero de ellos es de carácter general y ya venia incluido en la normativa de prevención de riesgos, se trata del deber de vigilancia sobre el cumplimiento de la norma que corresponde al contratista (y al subcontratista comitente) sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 32/2006 por parte del resto de subcontratistas.

  9. Por otro lado, para poder exigir que el primer eslabón de la cadena, el Contratista, tuviera responsabilidad, era imprescindible establecer la obligación de conocimiento y consentimiento por parte de la primera empresa principal de las subsiguientes subcontrataciones que se pudieran realizar, ya que las obligaciones y responsabilidades afectan a toda la cadena de subcontrataciones, por ello, además del deber de vigilancia, establece la Ley un deber de información que abarca toda información o documentación que afecte al contenido de la Ley 32/2006 esto es: solvencia empresarial; formación preventiva de su personal y dotación de una organización preventiva que cumpla los parámetros de la LPRL; inscripción en el REA; plantilla mínima contratada con carácter indefinido; y cumplimiento de los límites legales a la subcontratación en cadena.

  10. Como pieza del cierre del sistema, y junto al deber de vigilancia e información, establece la Ley 32/2006 un nuevo deber, el deber de acreditación, que, junto con el de información constituyen la garantía para que el deber de vigilancia impuesto a los contratistas pueda ser efectivo, ya que sin uno y otro no se podrían dar las condiciones para el cumplimiento de la norma. Para ello la Ley dota al Contratista de dos elementos fundamentales de control, el Registro de Empresas Acreditadas, y el Libro de Subcontratación.

  11. El Libro de Subcontratación es una de las grandes novedades de la Ley, que permite dejar constancia por escrito en cada momento de la obra que parte de la cadena de subcontratación nos encontramos y las funciones desempeñadas. Pretende servir de instrumento de control sobre la cadena de subcontratación, identificando a cada una de las empresas que intervienen en el proceso constructivo, y permitiendo el acceso a los datos que permitan comprobar y acreditar el cumplimiento de los requisitos (y límites de subcontratación) establecidos por el legislador al resto de sujetos del proceso constructivo, y a los representantes de los trabajadores y autoridad laboral.

  12. Por su parte, el Registro de Empresas Acreditadas, tiene por finalidad, que se acredite el cumplimiento de los requisitos que la normativa de prevención de riesgos exige, garantizando de este modo el deber de información que tanto la LS como la LPRL establecen, y en segundo lugar, permitir el acceso a esos datos a las empresas implicadas en el proceso de Subcontratación, de modo tal que una vez comprobada por el Contratista la certificación favorable del Registro aportada por el Subcontratista se le exime del deber de vigilancia general y por tanto de cualquier responsabilidad por incumplimiento de la normativa de Subcontratación que este realice.

  13. Por último, la Ley introduce elementos disuasorios ante un posible exceso en la utilización de las cadenas de subcontratación o los requisitos de la misma, constitutivos de infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, imputables a los subcontratistas, al contratista y al promotor, compatibles, en el caso del contratista, con la exigencia de responsabilidad solidaria respecto ualesquiera obligaciones laborales y de Seguridad Social que correspondan a ésta última empresa subcontratista. Responsabilidad que sólo alcanza a aquellos subcontratistas que hayan incumplido su deber de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa.

Carlos López Campillo.
Master en derecho de la construcción.

6.Bibliografía.

  • Subcontratación en el Sector de la Construcción. Ana María Gómez - Ibáñez & Almenara Abogados y Economistas Revista de Derecho vLex - Núm. 51, Junio 2007.- Id. vLex: VLEX-381302.

  • Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y la salud en el trabajo en España. Federico Durán, con presentación de José María Aznar, Madrid, Presidencia del Gobierno, 2001.

  • La Subcontratación. The IPTS Report - Núm. 49, Noviembre 2000. Id. vLex: VLEX-111136.

  • Analysing Business Services Employment -some theoretical and methodological remarks in the Job Creation Potential of the Service Sector in Europe, Gazier, B., y Thevenot. N Employment Observatory Research Network, 2000.

  • Subcontratos en la construcción. Revista de Actualidad Jurídica - Núm. 20, Marzo 2008.

  • Responsabilidad fiscal de la empresa principal en el caso de contratación o subcontratación de la actividad principal a un subcontratista no establecido. Benoit Barriere - CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Boletín Tributario - Núm. 36, Febrero 2006. Id. vLex: VLEX-348711.

  • Introducción a las obligaciones y límites empresariales incorporados por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de subcontratación en el sector de la construcción. Aranzazu Fernández Urrutia - Revista de Derecho vLex - Núm. 54, Octubre 2007.-Id. vLex: VLEX-449262.

  • Niveles de contratación. Revista de Actualidad Jurídica - Núm. 18, Enero 2008. Id. vLex: VLEX-455126.

  • La Constitución de la relación jurídico-procesal laboral en los supuestos de subcontratación de obras o servicios: la figura del litisconsorcio. Mar Jimeno Bulnes - Revista de derecho procesal - Núm. 1/2001, Octubre 2001. Id. vLex: VLEX-175178.

  • El subcontrato, LÓPEZ VILLAS, M. Madrid 1973, Tecnos.

Notas

1 El Reglamento establece en régimen transitorio, (DT 2ª RS) durante los doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto, para el cómputo del porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido se tomarán como período de referencia los meses naturales completos transcurridos desde la entrada en vigor hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas previstas en el artículo 11.3 en función del número de días que comprenda el período de referencia. En todo caso, el período de referencia no podrá ser inferior a seis meses naturales completos.

El Reglamento en su artículo 11, regula con detalle el procedimiento: A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece en el apartado 1, se aplicarán las siguientes reglas:

  1. Se tomarán como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del cálculo.

  2. La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa.

  3. El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos.

  4. Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

  5. A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar.

2 Si se tratara de empresas de nueva creación, y salvo que concurran los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, deberán cumplir lo previsto en este artículo una vez transcurrido el sexto mes natural completo del inicio de su actividad. (art 11)

3 Esta laguna, en todo caso se suple con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de riesgos, Ley General Tributaria y la propia Ley de Subcontratación, entenderemos incluidos pues, la información laboral de los empleados (nóminas, contrato de trabajo, altas y bajas en la seguridad social) el cumplimiento de la empresa con la Seguridad Social y la Hacienda Pública (a través de los diferentes certificados de corriente de pagos y boletines de cotización) la documentación que acredite la formación e información en materia de riesgos y entrega de equipos de protección individual, la justificación de haber realizado reconocimientos médicos, etc…

4 Basada en alguna de las modalidades de gestión preventiva establecidas en el artículo 10.1.b),c) o d) del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se regula el Reglamento de los Servicios de Prevención, es decir: (1) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. (2) Constituyendo un servicio de prevención propio.(3) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

5 El Artículo 23 de la Ley 31/1995 establece que el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

  1. Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta Ley.

  2. Evaluaciónde los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley.

  3. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley.

  4. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.

  5. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

6 Artículo 8 LS, y 15 del RS.

7 El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra. En el caso de que un contratista necesite la habilitación de un segundo Libro para una misma obra de construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para justificar el agotamiento de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido requerida la aportación del Libro a un proceso judicial, se solicitará a la autoridad laboral la habilitación de una copia legalizada del mismo con carácter previo a la remisión del original al órgano jurisdiccional. En caso de pérdida o destrucción del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se justificará mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal comprensiva de la no presentación y pruebas de que disponga, haciéndose constar dicha circunstancia en la diligencia de habilitación; posteriormente el contratista reproducirá en el nuevo Libro las anotaciones efectuadas en el anterior.

8 En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original.

9 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. (DF 3ª)

10 Así lo establece la D.A 5ª del Reglamento, al establecer que: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se entenderá cumplida en las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación de la referida Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación por cada empresa contratista, en los términos previstos en este Real Decreto.

11 También se reducen los supuestos en que deben remitirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias, limitándolos a los casos de riesgo grave e inminente y a los de incumplimiento de advertencias previas del coordinador; y, finalmente, se elimina la necesidad de actualización del aviso previo, salvo en los casos de cambio de contratista o de coordinador de seguridad y salud, en la medida en que esa información quedará mejor precisada y actualizada en el Libro de Subcontratación de cada contratista

12 Además de la declaración se deberán hacer constar los siguientes datos:

  1. Nombre de la empresa y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

  2. Domicilio.

  3. Número de identificación fiscal.

  4. Código de cuenta de cotización principal de la Seguridad Social.

  5. Actividad de la empresa, identificada según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

  6. Firma del solicitante; lugar y fecha. (Art. 4 RS)

13 Los datos que obren en los Registros se incorporarán a una base de datos cuya gestión corresponderá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La configuración de esta base de datos deberá permitir que desde cualquiera de los Registros pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a los mismos, con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas; igualmente, deberá garantizar que las certificaciones solicitadas a los Registros se expidan en el lapso más breve posible y, en todo caso, dentro del plazo establecido en el artículo 6.4. (art 10.3 RS)

14 Los modelos, tanto del Libro de Subcontratación, como de la Inscripción y certificación del REA constan en los Anexos del Reglamento.

15 La responsabilidad por lo manifestado podrá ser incluso de carácter penal a mi juicio.

16 En tal caso, la autoridad laboral asignará una clave individualizada de identificación registral, que será única para cada empresa y para todo el territorio nacional. La clave estará formada por un total de once dígitos: los dos primeros serán identificativos de la autoridad laboral competente conforme a la tabla de asignación que figura en el anexo II; los dos siguientes corresponderán, en su caso, al código interno que desee asignarle esa autoridad laboral, y los siete últimos recogerán el número de orden de inscripción asignado a cada empresa.

17 El artículo 42 del ET establece la responsabilidad solidaria de los subcontratistas por deudas con la seguridad social:”los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas estén al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante.

Del mismo modo, responde por las deudas de naturaleza salarial: El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante el año siguiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata.

18 El artículo 43, regula el supuesto de cesión de trabajadores. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.

19 El artículo 43 de la LGT, prevé un supuesto de responsabilidad tribu



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