El presidente Carlos Lesmes firma un convenio de colaboración con la Confederación Plena inclusión España.

El Tribunal Supremo ha establecido que el embajador de Turquía en España, como representante de un Estado, está legitimado para recurrir ante los tribunales del Estado de destino la extradición de un ciudadano de su país sin necesidad de contar con una decisión al respecto de la autoridad competente del estado que representa.  

 

 

Dado que la decisión de denegar o revocar el estatuto de refugiado no afecta a la condición de refugiado, un Estado miembro está obligado a garantizar al refugiado de que se trate el respeto de los derechos que le confiere la Convención de Ginebra.

El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Repasamos las recientes reformas legales y las últimas sentencias sobre los derechos de los menores.

El abogado condenado contestó a la demanda de divorcio fuera de plazo, por lo que no pudo solicitar una pensión compensatoria para su clienta de 1.200 euros mensuales. La Audiencia de Cantabria confirma la cuantía de la indemnización porque estima como “muy probable” la concesión de esta pensión si se la hubiera presentado a tiempo.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Manuel Maza ha explicado que el objetivo de la Instrucción es “dar respuesta a aquellos casos en  los que algún medio de comunicación no respeta el honor y sobre todo el derecho a la imagen de un menor discapacitado”.

El TEDH ha declarado inadmisibles las solicitudes de tres miembros de ETA que consideran que su establecimiento penitenciario francés está demasiado lejos del lugar de residencia de sus familias, vulnerando así el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos.

La obra, publicada por Wolters Kluwer, cuenta con el apoyo institucional de la ONG Aldeas Infantiles SOS, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.

La Convención exige instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada, a fin de proteger su limitada capacidad de obrar. Por lo que la existencia de informes contradictorios sobre la capacidad contractual del interesado en el caso, determinan la necesidad de una supervisión de sus aspectos patrimoniales y personales mediante la curatela y no la tutela.

La Convención exige instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada, a fin de proteger su limitada capacidad de obrar. Por lo que la existencia de informes contradictorios sobre la capacidad contractual del interesado en el caso, determinan la necesidad de una supervisión de sus aspectos patrimoniales y personales mediante la curatela y no la tutela.

La Convención exige instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada, a fin de proteger su limitada capacidad de obrar. Por lo que la existencia de informes contradictorios sobre la capacidad contractual del interesado en el caso, determinan la necesidad de una supervisión de sus aspectos patrimoniales y personales mediante la curatela y no la tutela.

Uno de los motivos recurrentes que se encuentra detrás de la negativa al pago de determinados bienes y servicios, en el tráfico mercantil, es el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del acreedor y prestador del servicio y/o proveedor del bien, o la existencia de un crédito compensable, ya sea dicha compensación legal o judicial.
La forma de articular jurídicamente tales motivos de oposición plantea en la práctica procesal la duda de cuándo es necesario instar una reconvención y cuándo no será exigible al demandado que lo haga.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), en el asunto Lautsi v. Italia, analiza si Italia infringe el art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH) en relación con el art. 2 de su Protocolo nº 1 y con el art. 14 CEDH como consecuencia de la existencia del signo cristiano de la cruz en las aulas públicas italianas contra la voluntad expresa de la demandante y de sus dos hijos menores de edad.

La mayoría de los estudios sobre los menores desamparados empiezan haciendo referencia a los convenios internacionales y particularmente a la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 20 de diciembre de 1990. Este convenio considera fundamental que el niño esté con su familia de origen “como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros” y que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

Hace hoy 25 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba de manera solemne,  la Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose a partir de ese momento en el referente de todo el sistema contemporáneo de protección a la infancia. Por primera vez se contemplaba al menor como sujeto de derechos, y su “interés superior” se convertía en el principio en torno al cual habrían de girar todas las decisiones relacionadas con él.

El juez de la Audiencia Nacional se ha negado a archivar la causa en la que se investiga la muerte del cámara José Couso durante la guerra de Irak, al considerar que la limitación de la Justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

Muestra la necesidad de elaborar ajustes normativos en diversos campos –sanitario, de legislación civil, mercantil y penal o de integración laboral, entre otros- para adaptar nuestra legislación a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se acordaron los cuatro pilares sobre los que deberá construirse el régimen climático a partir de 2012: mitigación, adaptación, tecnología y financiación.