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Derechos y garantias

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La Ley de muerte digna de Valencia permite rechazar tratamientos y elegir el lugar donde recibir cuidados paliativos

Noticias | 03 de julio de 2018 | Derechos y garantías

La Ley 16/2018, de 28 de junio, regula el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para asegurar el respeto a su dignidad, autonomía e intimidad. Reconoce el derecho a rechazar intervenciones y tratamientos, a realizar la declaración de voluntades anticipadas, a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde recibirlos. Establece también los deberes que en este contexto han de cumplir las instituciones y centros sanitarios y sociales y su personal.


Madrid aprueba la Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir

Noticias | 22 de marzo de 2017 |

La Ley 4/2017, de 9 de marzo tiene por objeto la regulación y protección del ejercicio de los derechos de las personas a una adecuada atención sanitaria en el proceso de morir, así como el establecimiento de los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que se encuentren en esta situación y la definición de las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer con respecto a ese proceso.


Informe sobre los cambios en el proceso penal

Noticias | 25 de julio de 2011 | PROCEDIMIENTO PENAL
Entre otras cuestiones, se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal, se pone fin a la investigación indefinida, también conocida como "pena de banquillo" y se regulan derechos y garantías constitucionales tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas que limitan la libertad, la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro o el derecho a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos.

El Congreso aprueba la Ley que impulsa el alquiler y la eficiencia energética de los edificios

Noticias | 26 de junio de 2009 | ENERGÍA
La norma da más agilidad y eficacia a los procesos judiciales de desahucio e impago de rentas para proteger a los arrendadores de abusos y demoras injustificadas, salvaguardando los derechos y garantías de los inquilinos de buena fe.

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