• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燬ustituci髇 del t閞mino residencia permanente por el de residencia de larga duraci髇
  • Disposici髇 adicional segunda 燫eagrupaci髇 familiar de ciudadanos espa駉les respecto a sus familiares nacionales de terceros pa韘es
  • Disposici髇 adicional tercera 燫間imen de internamiento de extranjeros
  • Disposici髇 adicional cuarta 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Disposici髇 adicional quinta 燤odificaci髇 de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil
  • Disposici髇 adicional sexta 燙onvalidaci髇 de titulaciones extranjeras
  • Disposici髇 adicional s閜tima
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica 燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燩receptos con car醕ter org醤ico
  • Disposici髇 final segunda 燞abilitaci髇 competencial
  • Disposici髇 final tercera 燗daptaci髇 reglamentaria
  • Disposici髇 final cuarta 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social

La Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, queda redactada como sigue:

• Uno. El apartado 3 del art韈ulo 1 queda redactado de la siguiente manera:

  �3. Los nacionales de los Estados miembros de la Uni髇 Europea y aquellos a quienes sea de aplicaci髇 el r間imen comunitario se regir醤 por las normas que lo regulan, si閚doles de aplicaci髇 la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser m醩 favorables.�

  
• Dos. La letra b) del art韈ulo 2 queda redactada de la siguiente manera:
  • 玝) Los representantes, delegados y dem醩 miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en Espa馻 o en Conferencias internacionales que se celebren en Espa馻, as� como sus familiares.�
  
• Tres. Se introduce un nuevo art韈ulo 2 bis con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 2 bis La pol韙ica inmigratoria

  1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 149.1.2.� de la Constituci髇, la definici髇, planificaci髇, regulaci髇 y desarrollo de la pol韙ica de inmigraci髇, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Aut髇omas y por las Entidades Locales.

  2. Todas las Administraciones P鷅licas basar醤 el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigraci髇 en el respeto a los siguientes principios:

  • a) la coordinaci髇 con las pol韙icas definidas por la Uni髇 Europea;
  • b) la ordenaci髇 de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situaci髇 nacional del empleo;
  • c) la integraci髇 social de los inmigrantes mediante pol韙icas transversales dirigidas a toda la ciudadan韆;
  • d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
  • e) la efectividad del principio de no discriminaci髇 y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en Espa馻, en los t閞minos previstos en la Ley;
  • f) la garant韆 del ejercicio de los derechos que la Constituci髇, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;
  • g) la lucha contra la inmigraci髇 irregular y la persecuci髇 del tr醘ico il韈ito de personas;
  • h) la persecuci髇 de la trata de seres humanos;
  • i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;
  • j) la promoci髇 del di醠ogo y la colaboraci髇 con los pa韘es de origen y tr醤sito de inmigraci髇, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, as� como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperaci髇 al desarrollo y codesarrollo.

  3. El Estado garantizar� el principio de solidaridad, consagrado en la Constituci髇, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.�

  
• Cuatro. Se introduce un nuevo art韈ulo 2 ter con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 2 ter Integraci髇 de los inmigrantes

  1. Los poderes p鷅licos promover醤 la plena integraci髇 de los extranjeros en la sociedad espa駉la, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin m醩 l韒ite que el respeto a la Constituci髇 y la ley.

  2. Las Administraciones P鷅licas incorporar醤 el objetivo de la integraci髇 entre inmigrantes y sociedad receptora, con car醕ter transversal a todas las pol韙icas y servicios p鷅licos, promoviendo la participaci髇 econ髆ica, social, cultural y pol韙ica de las personas inmigrantes, en los t閞minos previstos en la Constituci髇, en los Estatutos de Autonom韆 y en las dem醩 leyes, en condiciones de igualdad de trato.

  Especialmente, procurar醤, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de Espa馻, de los valores de la Uni髇 Europea, as� como de los derechos humanos, las libertades p鷅licas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollar醤 medidas espec韋icas para favorecer la incorporaci髇 al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarizaci髇 en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integraci髇.

  3. La Administraci髇 General del Estado cooperar� con las Comunidades Aut髇omas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecuci髇 de las finalidades descritas en el presente art韈ulo, en el marco de un plan estrat間ico plurianual que incluir� entre sus objetivos atender a la integraci髇 de los menores extranjeros no acompa馻dos. En todo caso, la Administraci髇 General del Estado, las Comunidades Aut髇omas y los Ayuntamientos colaborar醤 y coordinar醤 sus acciones en este 醡bito tomando como referencia sus respectivos planes de integraci髇.

  4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estrat間ico de Inmigraci髇, el Gobierno y las Comunidades aut髇omas acordar醤 en la Conferencia Sectorial de Inmigraci髇 programas de acci髇 bienales para reforzar la integraci髇 social de los inmigrantes. Tales programas ser醤 financiados con cargo a un fondo estatal para la integraci髇 de los inmigrantes, que se dotar� anualmente, y que podr� incluir f髍mulas de cofinanciaci髇 por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo.�

  
• Cinco. El apartado 2 del art韈ulo 3 queda redactado de la siguiente manera:

  �2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros ser醤 interpretadas de conformidad con la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en Espa馻, sin que pueda alegarse la profesi髇 de creencias religiosas o convicciones ideol骻icas o culturales de signo diverso para justificar la realizaci髇 de actos o conductas contrarios a las mismas.�

  
• Seis. El art韈ulo 4 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 4 Derecho a la documentaci髇

  1. Los extranjeros que se encuentren en territorio espa駉l tienen el derecho y el deber de conservar la documentaci髇 que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del pa韘 de origen o de procedencia, as� como la que acredite su situaci髇 en Espa馻.

  2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorizaci髇 para permanecer en Espa馻 por un per韔do superior a seis meses, obtendr醤 la tarjeta de identidad de extranjero, que deber醤 solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en Espa馻 o desde que se conceda la autorizaci髇, respectivamente. Estar醤 exceptuados de dicha obligaci髇 los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada.

  Reglamentariamente se desarrollar醤 los supuestos en que se podr� obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorizaci髇 para permanecer en Espa馻 por un periodo no superior a seis meses.

  3. Los extranjeros no podr醤 ser privados de su documentaci髇, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Org醤ica y en la Ley Org醤ica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci髇 de la Seguridad Ciudadana.�

  
• Siete. El art韈ulo 5 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 5 Derecho a la libertad de circulaci髇

  1. Los extranjeros que se hallen en Espa馻 de acuerdo con lo establecido en el T韙ulo II de esta Ley, tendr醤 derecho a circular libremente por el territorio espa駉l y a elegir su residencia sin m醩 limitaciones que las establecidas con car醕ter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con car醕ter cautelar o en un proceso penal o de extradici髇 en el que el extranjero tenga la condici髇 de imputado, v韈tima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme.

  2. No obstante, podr醤 establecerse medidas limitativas espec韋icas cuando se acuerden en la declaraci髇 de estado de excepci髇 o de sitio, en los t閞minos previstos en la Constituci髇, y, excepcionalmente por razones de seguridad p鷅lica, de forma individualizada, motivada y en proporci髇 a las circunstancias que concurran en cada caso, por resoluci髇 del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garant韆s jur韉icas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duraci髇 no exceder� del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopci髇 de las mismas, podr醤 consistir en la presentaci髇 peri骴ica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o n鷆leos de poblaci髇 concretados singularmente.�

  
• Ocho. El art韈ulo 6 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 6 Participaci髇 p鷅lica

  1. Los extranjeros residentes en Espa馻 podr醤 ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales, en los t閞minos establecidos en la Constituci髇, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.

  2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislaci髇 de bases de r間imen local, pudiendo ser o韉os en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicaci髇.

  3. Los Ayuntamientos incorporar醤 al padr髇 a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendr醤 actualizada la informaci髇 relativa a los mismos.

  4. Los poderes p鷅licos facilitar醤 el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democr醫icos del pa韘 de origen.�

  
• Nueve. El apartado 1 del art韈ulo 7 queda redactado de la siguiente manera:

  �1. Los extranjeros tienen el derecho de reuni髇 en las mismas condiciones que los espa駉les.�

  
• Diez. El art韈ulo 8 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 8 Libertad de asociaci髇

  Todos los extranjeros tienen el derecho de asociaci髇 en las mismas condiciones que los espa駉les.�

  
• Once. El art韈ulo 9 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 9 Derecho a la educaci髇

  1. Los extranjeros menores de diecis閕s a駉s tienen el derecho y el deber a la educaci髇, que incluye el acceso a una ense馻nza b醩ica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho a駉s tambi閚 tienen derecho a la ense馻nza posobligatoria.

  Este derecho incluye la obtenci髇 de la titulaci髇 acad閙ica correspondiente y el acceso al sistema p鷅lico de becas y ayudas en las mismas condiciones que los espa駉les.

  En caso de alcanzar la edad de dieciocho a駉s en el transcurso del curso escolar, conservar醤 ese derecho hasta su finalizaci髇.

  2. Los extranjeros mayores de dieciocho a駉s que se hallen en Espa馻 tienen derecho a la educaci髇 de acuerdo con lo establecido en la legislaci髇 educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho a駉s tienen el derecho a acceder a las dem醩 etapas educativas posobligatorias, a la obtenci髇 de las titulaciones correspondientes, y al sistema p鷅lico de becas en las mismas condiciones que los espa駉les.

  3. Los poderes p鷅licos promover醤 que los extranjeros puedan recibir ense馻nzas para su mejor integraci髇 social.

  4. Los extranjeros residentes que tengan en Espa馻 menores a su cargo en edad de escolarizaci髇 obligatoria, deber醤 acreditar dicha escolarizaci髇, mediante informe emitido por las autoridades auton髆icas competentes, en las solicitudes de renovaci髇 de su autorizaci髇 o en su solicitud de residencia de larga duraci髇.�

  
• Doce. El art韈ulo 10 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 10 Derecho al trabajo y a la Seguridad Social

  1. Los extranjeros residentes que re鷑an los requisitos previstos en esta Ley Org醤ica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, as� como a acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislaci髇 vigente.

  2. Los extranjeros podr醤 acceder al empleo p鷅lico en los t閞minos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.�

  
• Trece. El art韈ulo 11 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 11 Libertad de sindicaci髇 y huelga

  1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organizaci髇 profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores espa駉les.

  2. Los extranjeros podr醤 ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los espa駉les.�

  
• Catorce. El art韈ulo 12 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 12 Derecho a la asistencia sanitaria

  1. Los extranjeros que se encuentren en Espa馻, inscritos en el padr髇 del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los espa駉les.

  2. Los extranjeros que se encuentren en Espa馻 tienen derecho a la asistencia sanitaria p鷅lica de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atenci髇 hasta la situaci髇 de alta m閐ica.

  3. Los extranjeros menores de dieciocho a駉s que se encuentren en Espa馻 tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los espa駉les.

  4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en Espa馻 tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.�

  
• Quince. El art韈ulo 13 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 13 Derechos en materia de vivienda

  Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas p鷅licos de ayudas en materia de vivienda en los t閞minos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duraci髇 tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los espa駉les.�

  
• Diecis閕s. El art韈ulo 14 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 14 Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales

  1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los espa駉les.

  2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y b醩icas como a las espec韋icas, en las mismas condiciones que los espa駉les. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho a駉s, que tengan su domicilio habitual en Espa馻, tendr醤 derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado f韘ico o ps韖uico.

  3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situaci髇 administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales b醩icas.�

  
• Diecisiete. El apartado 2 del art韈ulo 15 queda redactado de la siguiente manera:

  �2. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en Espa馻 a su pa韘, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legislaci髇 espa駉la y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptar� las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.�

  
• Dieciocho. El art韈ulo 17 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 17 Familiares reagrupables

  1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con 閘 en Espa馻 a los siguientes familiares:

  • a) El c髇yuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ning鷑 caso podr� reagruparse a m醩 de un c髇yuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias por la disoluci髇 de cada uno de sus anteriores matrimonios s髄o podr� reagrupar con 閘 al nuevo c髇yuge si acredita que la disoluci髇 ha tenido lugar tras un procedimiento jur韉ico que fije la situaci髇 del c髇yuge anterior y de sus hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda com鷑, a la pensi髇 compensatoria a dicho c髇yuge y a los alimentos que correspondan a los hijos menores, o mayores en situaci髇 de dependencia. En la disoluci髇 por nulidad, deber醤 haber quedado fijados los derechos econ髆icos del c髇yuge de buena fe y de los hijos comunes, as� como la indemnizaci髇, en su caso.
  • b) Los hijos del residente y del c髇yuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho a駉s o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Cuando se trate de hijos de uno solo de los c髇yuges se requerir�, adem醩, que 閟te ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y est閚 efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deber� acreditarse que la resoluci髇 por la que se acord� la adopci髇 re鷑e los elementos necesarios para producir efecto en Espa馻.
  • c) Los menores de dieciocho a駉s y los mayores de esa edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud, cuando el residente extranjero sea su representante legal y el acto jur韉ico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento espa駉l.
  • d) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su c髇yuge cuando est閚 a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco a駉s y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en Espa馻. Reglamentariamente se determinar醤 las condiciones para la reagrupaci髇 de los ascendientes de los residentes de larga duraci髇 en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del r間imen especial de investigadores. Excepcionalmente, cuando concurran razones de car醕ter humanitario, podr� reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco a駉s si se cumplen las dem醩 condiciones previstas en esta Ley.

  2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupaci髇 podr醤, a su vez, ejercer el derecho de reagrupaci髇 de sus propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorizaci髇 de residencia y trabajo, obtenida independientemente de la autorizaci髇 del reagrupante, y acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Org醤ica.

  3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, 閟tos s髄o podr醤 ejercer, a su vez, el derecho de reagrupaci髇 familiar tras haber obtenido la condici髇 de residentes de larga duraci髇 y acreditado solvencia econ髆ica.

  Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un o m醩 hijos menores de edad, o hijos con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, podr� ejercer el derecho de reagrupaci髇 en los t閞minos dispuestos en el apartado segundo de este art韈ulo, sin necesidad de haber adquirido la residencia de larga duraci髇.

  4. La persona que mantenga con el extranjero residente una relaci髇 de afectividad an醠oga a la conyugal se equiparar� al c髇yuge a todos los efectos previstos en este cap韙ulo, siempre que dicha relaci髇 est� debidamente acreditada y re鷑a los requisitos necesarios para producir efectos en Espa馻.

  En todo caso, las situaciones de matrimonio y de an醠oga relaci髇 de afectividad se considerar醤 incompatibles entre s�.

  No podr� reagruparse a m醩 de una persona con an醠oga relaci髇 de afectividad, aunque la ley personal del extranjero admita estos v韓culos familiares.

  5. Reglamentariamente, se desarrollar醤 las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupaci髇 as� como para acreditar, a estos efectos, la relaci髇 de afectividad an醠oga a la conyugal.�

  
• Diecinueve. El art韈ulo 18 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 18 Requisitos para la reagrupaci髇 familiar

  1. Los extranjeros podr醤 ejercer el derecho a la reagrupaci髇 familiar cuando hayan obtenido la renovaci髇 de su autorizaci髇 de residencia inicial, con excepci髇 de la reagrupaci髇 de los familiares contemplados en el art韈ulo 17.1 d) de esta Ley, que solamente podr醤 ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de larga duraci髇.

  La reagrupaci髇 de los familiares de residentes de larga duraci髇, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del r間imen especial de investigadores, podr� solicitarse y concederse, simult醤eamente, con la solicitud de residencia del reagrupante. Cuando tengan reconocida esta condici髇 en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, la solicitud podr� presentarse en Espa馻 o desde el Estado de la Uni髇 Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya constituida en aqu閘.

  2. El reagrupante deber� acreditar, en los t閞minos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios econ髆icos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

  En la valoraci髇 de los ingresos a efectos de la reagrupaci髇, no computar醤 aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendr醤 en cuenta otros ingresos aportados por el c髇yuge que resida en Espa馻 y conviva con el reagrupante.

  Las Comunidades Aut髇omas o, en su caso, los Ayuntamientos informar醤 sobre la adecuaci髇 de la vivienda a los efectos de reagrupaci髇 familiar.

  Las Administraciones P鷅licas promover醤 la participaci髇 de los reagrupados en programas de integraci髇 socio-cultural y de car醕ter lingstico.

  3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarizaci髇 obligatoria, la Administraci髇 receptora de las solicitudes deber� comunicar a las autoridades educativas competentes una previsi髇 sobre los procedimientos iniciados de reagrupaci髇 familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros escolares correspondientes.�

  
• Veinte. Se introduce un nuevo art韈ulo 18 bis con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 18 bis Procedimiento para la reagrupaci髇 familiar

  1. El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupaci髇 familiar deber� solicitar una autorizaci髇 de residencia por reagrupaci髇 familiar a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de forma simult醤ea la renovaci髇 de la autorizaci髇 de residencia y la solicitud de reagrupaci髇 familiar.

  2. En caso de que el derecho a la reagrupaci髇 se ejerza por residentes de larga duraci髇 en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea que residan en Espa馻, la solicitud podr� presentarse por los familiares reagrupables, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de larga duraci髇 en el primer Estado miembro.�

  
• Veintiuno. El art韈ulo 19 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 19 Efectos de la reagrupaci髇 familiar en circunstancias especiales

  1. La autorizaci髇 de residencia por reagrupaci髇 familiar de la que sean titulares el c髇yuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitar� para trabajar sin necesidad de ning鷑 otro tr醡ite administrativo.

  2. El c髇yuge reagrupado podr� obtener una autorizaci髇 de residencia independiente cuando disponga de medios econ髆icos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

  En caso de que la c髇yuge reagrupada fuera v韈tima de violencia de g閚ero, sin necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podr� obtener la autorizaci髇 de residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protecci髇 o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de g閚ero.

  3. Los hijos reagrupados podr醤 obtener una autorizaci髇 de residencia independiente cuando alcancen la mayor韆 de edad y dispongan de medios econ髆icos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

  4. Reglamentariamente se determinar� la forma y la cuant韆 de los medios econ髆icos considerados suficientes para que los familiares reagrupados puedan obtener una autorizaci髇 independiente.

  5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podr醤 obtener una autorizaci髇 de residencia independiente en las condiciones que se determinen.�

  
• Veintid髎. El art韈ulo 22 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 22 Derecho a la asistencia jur韉ica gratuita

  1. Los extranjeros que se hallen en Espa馻 tienen derecho a la asistencia jur韉ica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicci髇 en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos espa駉les.

  2. Los extranjeros que se hallen en Espa馻 tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegaci髇 de entrada, devoluci髇, o expulsi髇 del territorio espa駉l y en todos los procedimientos en materia de protecci髇 internacional, as� como a la asistencia de int閞prete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias ser醤 gratuitas cuando carezcan de recursos econ髆icos suficientes seg鷑 los criterios establecidos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jur韉ica gratuita.

  3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que pongan fin a la v韆 administrativa en materia de denegaci髇 de entrada, devoluci髇 o expulsi髇, el reconocimiento del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita requerir� la oportuna solicitud realizada en los t閞minos previstos en las normas que regulan la asistencia jur韉ica gratuita. La constancia expresa de la voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acci髇 correspondiente deber� realizarse de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de libertad, en la forma y ante el funcionario p鷅lico que reglamentariamente se determinen.

  A los efectos previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera derecho a la asistencia jur韉ica gratuita y se encontrase fuera de Espa馻, la solicitud de la misma y, en su caso, la manifestaci髇 de la voluntad de recurrir, podr醤 realizarse ante la misi髇 diplom醫ica u oficina consular correspondiente.�

  
• Veintitr閟. La letra a) del apartado 2 del art韈ulo 23 queda redactada de la siguiente manera:
  • 玜) Los efectuados por la autoridad o funcionario p鷅lico o personal encargado de un servicio p鷅lico, que en el ejercicio de sus funciones, por acci髇 u omisi髇, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero s髄o por su condici髇 de tal o por pertenecer a una determinada raza, religi髇, etnia o nacionalidad.�
  
• Veinticuatro. Se introduce un nuevo apartado 5 en el art韈ulo 25, que queda redactado de la siguiente manera:

  �5. La entrada en territorio nacional de los extranjeros a los que no les sea de aplicaci髇 el r間imen comunitario, podr� ser registrada por las autoridades espa駉las a los efectos de control de su per韔do de permanencia legal en Espa馻, de conformidad con la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal.�

  
• Veinticinco. El art韈ulo 25 bis queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 25 bis Tipos de visado

  1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio espa駉l deber醤 estar provistos de visado, v醠idamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 25 de esta Ley.

  2. Los visados a que se refiere el apartado anterior ser醤 de una de las clases siguientes:

  • a) Visado de tr醤sito, que habilita a transitar por la zona de tr醤sito internacional de un aeropuerto espa駉l o a atravesar el territorio espa駉l. No ser� exigible la obtenci髇 de dicho visado en casos de tr醤sito de un extranjero a efectos de repatriaci髇 o alejamiento por v韆 a閞ea solicitado por un Estado miembro de la Uni髇 Europea o por un tercer estado que tenga suscrito con Espa馻 un acuerdo internacional sobre esta materia.
  • b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un per韔do o suma de per韔dos cuya duraci髇 total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
  • c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.
  • d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un per韔do m醲imo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deber� producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social, que dotar� de eficacia a la autorizaci髇 de residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta, el extranjero quedar� obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso contrario, en la infracci髇 contemplada en el art韈ulo 53.1.a) de esta Ley.
  • e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un per韔do de doce meses consecutivos.
  • f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en Espa馻 para la realizaci髇 de cursos, estudios, trabajos de investigaci髇 o formaci髇, intercambio de alumnos, pr醕ticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.
  • g) Visado de investigaci髇, que habilita al extranjero a permanecer en Espa馻 para realizar proyectos de investigaci髇 en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigaci髇.

  3. Reglamentariamente, se desarrollar醤 los diferentes tipos de visados.�

  
• Veintis閕s. El art韈ulo 27, apartado 1, queda redactado de la siguiente manera:

  �1. El visado se solicitar� y expedir� en las Misiones Diplom醫icas y Oficinas Consulares de Espa馻, salvo en los supuestos excepcionales que se contemplen reglamentariamente o en los supuestos en los que el Estado espa駉l, de acuerdo con la normativa comunitaria sobre la materia, haya acordado su representaci髇 con otro Estado miembro de la Uni髇 Europea en materia de visados de tr醤sito o estancia.�

  
• Veintisiete. El art韈ulo 27, apartado 6, queda redactado de la siguiente manera:

  �6. La denegaci髇 de visado deber� ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupaci髇 familiar o para el trabajo por cuenta ajena, as� como en el caso de visados de estancia o de tr醤sito. Si la denegaci髇 se debe a que el solicitante del visado est� incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicaci髇 del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicar� as� de conformidad con las normas establecidas por dicho Convenio. La resoluci髇 expresar� los recursos que contra la misma procedan, 髍gano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.�

  
• Veintiocho. El art韈ulo 28 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 28 De la salida de Espa馻

  1. Las salidas del territorio espa駉l podr醤 realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el C骴igo Penal y en la presente Ley. La salida de los extranjeros a los que no les sea de aplicaci髇 el r間imen comunitario, podr� ser registrada por las autoridades espa駉las a los efectos de control de su per韔do de permanencia legal en Espa馻 de conformidad con la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal.

  2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podr� prohibir la salida del territorio espa駉l por razones de seguridad nacional o de salud p鷅lica. La instrucci髇 y resoluci髇 de los expedientes de prohibici髇 tendr� siempre car醕ter individual.

  3. La salida ser� obligatoria en los siguientes supuestos:

  • a) Expulsi髇 del territorio espa駉l por orden judicial, en los casos previstos en el C骴igo Penal.
  • b) Expulsi髇 o devoluci髇 acordadas por resoluci髇 administrativa en los casos previstos en la presente Ley.
  • c) Denegaci髇 administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio espa駉l, o falta de autorizaci髇 para encontrarse en Espa馻.
  • d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su pa韘 de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.�
  
• Veintinueve. El t韙ulo del Cap韙ulo II queda redactado de la siguiente manera:

  獵AP蚑ULO II
  
  De la Autorizaci髇 de estancia y de residencia

  
• Treinta. El apartado 2 del art韈ulo 29 queda redactado de la siguiente manera:

  �2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en Espa馻 podr醤 acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, seg鷑 corresponda.�

  
• Treinta y uno. El apartado 1 del art韈ulo 30 queda redactado de la siguiente manera:

  �1. Estancia es la permanencia en territorio espa駉l por un per韔do de tiempo no superior a 90 d韆s, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 33 para la admisi髇 a efectos de estudios, intercambio de alumnos, pr醕ticas no laborales o servicios de voluntariado.�

  
• Treinta y dos. El apartado 2 del art韈ulo 30 bis queda redactado de la siguiente manera:

  �2. Los residentes podr醤 encontrarse en la situaci髇 de residencia temporal o de residencia de larga duraci髇.�

  
• Treinta y tres. El art韈ulo 31 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 31 Situaci髇 de residencia temporal

  1. La residencia temporal es la situaci髇 que autoriza a permanecer en Espa馻 por un per韔do superior a 90 d韆s e inferior a cinco a駉s. Las autorizaciones de duraci髇 inferior a cinco a駉s podr醤 renovarse, a petici髇 del interesado, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesi髇. La duraci髇 de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y de las renovaciones se establecer� reglamentariamente.

  2. La autorizaci髇 inicial de residencia temporal que no comporte autorizaci髇 de trabajo se conceder� a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para s� y, en su caso, para los de su familia. Reglamentariamente se establecer醤 los criterios para determinar la suficiencia de dichos medios.

  3. La Administraci髇 podr� conceder una autorizaci髇 de residencia temporal por situaci髇 de arraigo, as� como por razones humanitarias, de colaboraci髇 con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.

  En estos supuestos no ser� exigible el visado.

  4. La autorizaci髇 inicial de residencia temporal y trabajo, que autorizar� a realizar actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena, se conceder� de acuerdo a lo dispuesto por los art韈ulos 36 y siguientes de esta Ley.

  5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero ser� preciso que carezca de antecedentes penales en Espa馻 o en los pa韘es anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento espa駉l, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de pa韘es con los que Espa馻 tenga firmado un convenio en tal sentido.

  6. Los extranjeros con autorizaci髇 de residencia temporal vendr醤 obligados a poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio.

  7. Para la renovaci髇 de las autorizaciones de residencia temporal, se valorar� en su caso:

  • a) Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisi髇 condicional de la pena o la suspensi髇 de la pena privativa de libertad.
  • b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social.

  A los efectos de dicha renovaci髇, se valorar� especialmente el esfuerzo de integraci髇 del extranjero que aconseje su renovaci髇, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Aut髇oma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el art韈ulo 2 ter de esta Ley.�

  
• Treinta y cuatro. Se a馻de un nuevo art韈ulo 31 bis con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 31 bis Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras v韈timas de violencia de g閚ero

  1. Las mujeres extranjeras v韈timas de violencia de g閚ero, cualquiera que sea su situaci髇 administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, as� como las medidas de protecci髇 y seguridad establecidas en la legislaci髇 vigente.

  2. Si al denunciarse una situaci髇 de violencia de g閚ero contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situaci髇 irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracci髇 del art韈ulo 53.1.a) de esta Ley ser� suspendido por el instructor hasta la resoluci髇 del procedimiento penal.

  3. La mujer extranjera que se halle en la situaci髇 descrita en el apartado anterior, podr� solicitar una autorizaci髇 de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protecci髇 a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de g閚ero. Dicha autorizaci髇 no se resolver� hasta que concluya el procedimiento penal.

  Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorizaci髇 por circunstancias excepcionales podr� conceder una autorizaci髇 provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera. La autorizaci髇 provisional eventualmente concedida concluir� en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorizaci髇 por circunstancias excepcionales.

  4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria, se notificar� a la interesada la concesi髇 de la residencia temporal y de trabajo solicitada. En el supuesto de que no se hubiera solicitado, se le informar� de la posibilidad de conceder a su favor una autorizaci髇 de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales otorg醤dole un plazo para su solicitud.

  Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situaci髇 de violencia de g閚ero, continuar� el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.�

  
• Treinta y cinco. El art韈ulo 32 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 32 Residencia de larga duraci髇

  1. La residencia de larga duraci髇 es la situaci髇 que autoriza a residir y trabajar en Espa馻 indefinidamente, en las mismas condiciones que los espa駉les.

  2. Tendr醤 derecho a residencia de larga duraci髇 los que hayan tenido residencia temporal en Espa馻 durante cinco a駉s de forma continuada, que re鷑an las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la residencia de larga duraci髇 computar醤 los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados miembros, como titular de la tarjeta azul de la UE. Se considerar� que la residencia ha sido continuada aunque por per韔dos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente el extranjero haya abandonado el territorio nacional temporalmente.

  3. Los extranjeros residentes de larga duraci髇 en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea podr醤 solicitar por s� mismos y obtener una autorizaci髇 de residencia de larga duraci髇 en Espa馻 cuando vayan a desarrollar una actividad por cuenta propia o ajena, o por otros fines, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. No obstante, en el supuesto de que los extranjeros residentes de larga duraci髇 en otro estado miembro de la Uni髇 Europea deseen conservar el estatuto de residente de larga duraci髇 adquirido en el primer estado miembro, podr醤 solicitar y obtener una autorizaci髇 de residencia temporal en Espa馻.

  4. Con car醕ter reglamentario se establecer醤 criterios para la concesi髇 de otras autorizaciones de residencia de larga duraci髇 en supuestos individuales de especial vinculaci髇 con Espa馻.

  5. La extinci髇 de la residencia de larga duraci髇 se producir� en los casos siguientes:

  • a) Cuando la autorizaci髇 se haya obtenido de manera fraudulenta.
  • b) Cuando se dicte una orden de expulsi髇 en los casos previstos en la Ley.
  • c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Uni髇 Europea durante 12 meses consecutivos. Reglamentariamente se establecer醤 las excepciones a la p閞dida de la autorizaci髇 por este motivo, as� como el procedimiento y requisitos para recuperar la autorizaci髇 de residencia de larga duraci髇.
  • d) Cuando se adquiera la residencia de larga duraci髇 en otro Estado miembro.

  6. Las personas extranjeras que hayan perdido la condici髇 de residentes de larga duraci髇 podr醤 recuperar dicho estatuto mediante un procedimiento simplificado que se desarrollar� reglamentariamente.

  Dicho procedimiento se aplicar� sobre todo en el caso de personas que hayan residido en otro Estado miembro para la realizaci髇 de estudios.�

  
• Treinta y seis. El art韈ulo 33 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 33 R間imen de admisi髇 a efectos de estudios, intercambio de alumnos, pr醕ticas no laborales o servicios de voluntariado

  1. Podr� ser autorizado, en r間imen de estancia, el extranjero que tenga como fin 鷑ico o principal realizar una de las siguientes actividades de car醕ter no laboral:

  • a) Cursar o ampliar estudios.
  • b) Realizar actividades de investigaci髇 o formaci髇, sin perjuicio del r間imen especial de los investigadores regulado en el art韈ulo 38 bis de esta Ley.
  • c) Participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera centros docentes o cient韋icos, p鷅licos o privados, oficialmente reconocidos.
  • d) Realizar pr醕ticas.
  • e) Realizar servicios de voluntariado.

  2. La vigencia de la autorizaci髇 coincidir� con la duraci髇 del curso para el que est� matriculado, de los trabajos de investigaci髇, del intercambio de alumnos, de las pr醕ticas o del servicio de voluntariado.

  3. La autorizaci髇 se prorrogar� anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedici髇 de la autorizaci髇 inicial y que cumple los requisitos exigidos, bien por el centro de ense馻nza o cient韋ico al que asiste, habi閚dose verificado la realizaci髇 de los estudios o los trabajos de investigaci髇, bien por el programa de intercambio o voluntariado, o centro donde realice las pr醕ticas.

  4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio, pr醕ticas no laborales o voluntariado podr醤 ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, en la medida en que ello no limite la prosecuci髇 de los estudios o actividad asimilada, en los t閞minos que reglamentariamente se determinen.

  5. La realizaci髇 de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma, mientras se mejoran los conocimientos lingsticos o profesionales se regular� de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocaci髇 "au pair".

  6. Se facilitar� la entrada y permanencia en Espa馻, en los t閞minos establecidos reglamentariamente, de los estudiantes extranjeros que participen en programas de la Uni髇 Europea destinados a favorecer la movilidad con destino a la Uni髇 o en la misma.

  7. Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, que solicite cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar 閟tos en Espa馻 podr� solicitar una autorizaci髇 de estancia por estudios y obtenerla, si re鷑e los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado.

  A fin de que todo extranjero admitido en calidad de estudiante en Espa馻 pueda solicitar cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar 閟tos en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, las Autoridades espa駉las facilitar醤 la informaci髇 oportuna sobre la permanencia de aqu閘 en Espa馻, a instancia de las Autoridades competentes de dicho Estado miembro.

  8. Se someten al r間imen de estancia previsto en este art韈ulo los extranjeros que cursen en Espa馻 estudios de formaci髇 sanitaria especializada de acuerdo con la Ley 44/2003, de 11 de noviembre, de profesiones sanitarias, salvo que ya contaran con una autorizaci髇 de residencia previamente al inicio de los mismos, en cuyo caso podr醤 continuar en dicha situaci髇.�

  
• Treinta y siete. El art韈ulo 35 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 35 Menores no acompa馻dos

  1. El Gobierno promover� el establecimiento de Acuerdos de colaboraci髇 con los pa韘es de origen que contemplen, integradamente, la prevenci髇 de la inmigraci髇 irregular, la protecci髇 y el retorno de los menores no acompa馻dos. Las Comunidades Aut髇omas ser醤 informadas de tales Acuerdos.

  2. Las Comunidades Aut髇omas podr醤 establecer acuerdos con los pa韘es de origen dirigidos a procurar que la atenci髇 e integraci髇 social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deber醤 asegurar debidamente la protecci髇 del inter閟 de los menores y contemplar醤 mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Aut髇omas de la situaci髇 de los mismos.

  3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minor韆 de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dar�, por los servicios competentes de protecci髇 de menores, la atenci髇 inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislaci髇 de protecci髇 jur韉ica del menor, poni閚dose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondr� la determinaci髇 de su edad, para lo que colaborar醤 las instituciones sanitarias oportunas que, con car醕ter prioritario, realizar醤 las pruebas necesarias.

  4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondr� a disposici髇 de los servicios competentes de protecci髇 de menores de la Comunidad Aut髇oma en la que se halle.

  5. La Administraci髇 del Estado solicitar� informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representaci髇 diplom醫ica del pa韘 de origen con car醕ter previo a la decisi髇 relativa a la iniciaci髇 de un procedimiento sobre su repatriaci髇. Acordada la iniciaci髇 del procedimiento, tras haber o韉o al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protecci髇 de menores y del Ministerio Fiscal, la Administraci髇 del Estado resolver� lo que proceda sobre el retorno a su pa韘 de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en Espa馻. De acuerdo con el principio de inter閟 superior del menor, la repatriaci髇 al pa韘 de origen se efectuar� bien mediante reagrupaci髇 familiar, bien mediante la puesta a disposici髇 del menor ante los servicios de protecci髇 de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.

  6. A los mayores de diecis閕s y menores de dieciocho a駉s se les reconocer� capacidad para actuar en el procedimiento de repatriaci髇 previsto en este art韈ulo, as� como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a trav閟 del representante que designen.

  Cuando se trate de menores de diecis閕s a駉s, con juicio suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representaci髇, se suspender� el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente.

  7. Se considerar� regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en Espa馻 por una Administraci髇 P鷅lica o en virtud de resoluci髇 judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pa韘 de origen, se otorgar� al menor una autorizaci髇 de residencia, cuyos efectos se retrotraer醤 al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposici髇 de los servicios de protecci髇 de menores. La ausencia de autorizaci髇 de residencia no impedir� el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condici髇 de menor.

  8. La concesi髇 de una autorizaci髇 de residencia no ser� obst醕ulo para la ulterior repatriaci髇 cuando favorezca el inter閟 superior del menor, en los t閞minos establecidos en el apartado cuarto de este art韈ulo.

  9. Reglamentariamente se determinar醤 las condiciones que habr醤 de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorizaci髇 de residencia y alcancen la mayor韆 de edad para renovar su autorizaci髇 o acceder a una autorizaci髇 de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades p鷅licas competentes referidos a su esfuerzo de integraci髇, la continuidad de la formaci髇 o estudios que se estuvieran realizando, as� como su incorporaci髇, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Aut髇omas desarrollar醤 las pol韙icas necesarias para posibilitar la inserci髇 de los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayor韆 de edad.

  10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptar醤 las medidas t閏nicas necesarias para la identificaci髇 de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna instituci髇 p鷅lica nacional o extranjera encargada de su protecci髇. Estos datos no podr醤 ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado.

  11. La Administraci髇 General del Estado y las Comunidades Aut髇omas podr醤 establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protecci髇 de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompa馻dos.

  Cada convenio especificar� el n鷐ero de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinar醤 a la atenci髇 de los mismos.

  Estar� legitimada para promover la constituci髇 de la tutela la Comunidad Aut髇oma bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deber� dirigirse al juzgado competente que proceda en funci髇 del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela.

  El r間imen de la tutela ser� el previsto en el C骴igo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Adem醩, ser醤 aplicables a los menores extranjeros no acompa馻dos las restantes previsiones sobre protecci髇 de menores recogidas en el C骴igo Civil y en la legislaci髇 vigente en la materia.

  12. Las Comunidades Aut髇omas podr醤 llegar a acuerdos con las Comunidades Aut髇omas donde se encuentren los menores extranjeros no acompa馻dos para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integraci髇.�

  
• Treinta y ocho. El t韙ulo del Cap韙ulo III queda redactado de la siguiente manera:

  獵AP蚑ULO III
  
  De las autorizaciones para la realizaci髇 de actividades lucrativas

  
• Treinta y nueve. El art韈ulo 36 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 36 Autorizaci髇 de residencia y trabajo

  1. Los extranjeros mayores de diecis閕s a駉s precisar醤, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorizaci髇 administrativa previa para residir y trabajar. La autorizaci髇 de trabajo se conceder� conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

  2. La eficacia de la autorizaci髇 de residencia y trabajo inicial se condicionar� al alta del trabajador en la Seguridad Social. La Entidad Gestora comprobar� en cada caso la previa habilitaci髇 de los extranjeros para residir y realizar la actividad.

  3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesi髇 para la que se exija una titulaci髇 especial, la concesi髇 de la autorizaci髇 se condicionar� a la tenencia y, en su caso, homologaci髇 del t韙ulo correspondiente y, si las leyes as� lo exigiesen, a la colegiaci髇.

  4. Para la contrataci髇 de un extranjero, el empleador deber� solicitar la autorizaci髇 a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo, que en todo caso deber� acompa馻rse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorizaci髇.

  5. La carencia de la autorizaci髇 de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que d� lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidar� el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni ser� obst醕ulo para la obtenci髇 de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protecci髇 a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situaci髇. En todo caso, el trabajador que carezca de autorizaci髇 de residencia y trabajo no podr� obtener prestaciones por desempleo.

  Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestaci髇 no modificar� la situaci髇 administrativa del extranjero.

  6. En la concesi髇 inicial de la autorizaci髇 administrativa para trabajar podr醤 aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en funci髇 del principio de reciprocidad.

  7. No se conceder� autorizaci髇 para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su pa韘 de origen, se hubieran comprometido a no retornar a Espa馻 durante un plazo determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo.

  8. Reglamentariamente se determinar醤 las condiciones y requisitos para hacer posible la participaci髇 de trabajadores extranjeros en sociedades an髇imas laborales y sociedades cooperativas.�

  
• Cuarenta. El art韈ulo 37 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 37 Autorizaci髇 de residencia y trabajo por cuenta propia

  1. Para la realizaci髇 de actividades econ髆icas por cuenta propia habr� de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislaci髇 vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, as� como los relativos a la suficiencia de la inversi髇 y la potencial creaci髇 de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan.

  2. La autorizaci髇 inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitar� a un 醡bito geogr醘ico no superior al de una Comunidad Aut髇oma, y a un sector de actividad. Su duraci髇 se determinar� reglamentariamente.

  3. La concesi髇 de la autorizaci髇 inicial de trabajo, en necesaria coordinaci髇 con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponder� a las Comunidades Aut髇omas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.�

  
• Cuarenta y uno. El art韈ulo 38 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 38 Autorizaci髇 de residencia y trabajo por cuenta ajena

  1. Para la concesi髇 inicial de la autorizaci髇 de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendr� en cuenta la situaci髇 nacional de empleo.

  2. La situaci髇 nacional de empleo ser� determinada por el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal con la informaci髇 proporcionada por las Comunidades Aut髇omas y con aquella derivada de indicadores estad韘ticos oficiales y quedar� plasmada en el Cat醠ogo de Ocupaciones de Dif韈il Cobertura. Dicho cat醠ogo contendr� una relaci髇 de empleos susceptibles de ser satisfechos a trav閟 de la contrataci髇 de trabajadores extranjeros y ser� aprobado previa consulta de la Comisi髇 Laboral Tripartita de Inmigraci髇.

  Igualmente, se entender� que la situaci髇 nacional de empleo permite la contrataci髇 en ocupaciones no catalogadas cuando de la gesti髇 de la oferta se concluya la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinar醤 los requisitos m韓imos para considerar que la gesti髇 de la oferta de empleo es considerada suficiente a estos efectos.

  3. El procedimiento de concesi髇 de la autorizaci髇 de residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en Espa馻 se encuentre habilitado para solicitar u obtener una autorizaci髇 de residencia y trabajo, se basar� en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentaci髇 exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer pa韘. Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedir� una autorizaci髇 cuya eficacia estar� condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente visado y que, una vez en Espa馻, se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social.

  4. El empresario o empleador estar� obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud de autorizaci髇 si, mientras se resolviera la autorizaci髇 o el visado, desapareciera la necesidad de contrataci髇 del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de trabajo que sirvi� de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase en Espa馻 deber� registrar en los Servicios P鷅licos de Empleo el contrato de trabajo que dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social, y si no pudiera iniciarse la relaci髇 laboral, el empresario o empleador estar� obligado a comunicarlo a las autoridades competentes.

  5. La autorizaci髇 inicial de residencia y trabajo se limitar�, salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por Espa馻, a un determinado territorio y ocupaci髇. Su duraci髇 se determinar� reglamentariamente.

  6. La autorizaci髇 de residencia y trabajo se renovar� a su expiraci髇:

  • a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motiv� su concesi髇 inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.
  • b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestaci髇 contributiva por desempleo.
  • c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestaci髇 econ髆ica asistencial de car醕ter p鷅lico destinada a lograr su inserci髇 social o laboral.
  • d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinci髇 del contrato de trabajo o suspensi髇 de la relaci髇 laboral como consecuencia de ser v韈tima de violencia de g閚ero.

  7. A partir de la primera concesi髇, las autorizaciones se conceder醤 sin limitaci髇 alguna de 醡bito geogr醘ico u ocupaci髇.

  8. La concesi髇 de la autorizaci髇 inicial de trabajo, en necesaria coordinaci髇 con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponder� a las Comunidades Aut髇omas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.�

  
• Cuarenta y dos. Se introduce un art韈ulo 38 bis en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 38 bis R間imen especial de los investigadores

  1. Tendr� la consideraci髇 de investigador el extranjero cuya permanencia en Espa馻 tenga como fin 鷑ico o principal realizar proyectos de investigaci髇, en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigaci髇.

  2. Las entidades dedicadas a la investigaci髇, p鷅licas o privadas, que cumplan las condiciones previstas reglamentariamente, podr醤 ser autorizadas por el Estado o por las Comunidades Aut髇omas, seg鷑 corresponda, como organismos de investigaci髇 para acoger a investigadores extranjeros. Esta autorizaci髇 tendr� una duraci髇 m韓ima de cinco a駉s, salvo casos excepcionales en que se otorgar� por un per韔do m醩 corto. Si transcurrido el plazo m醲imo no se hubiera notificado resoluci髇 expresa leg韙ima al interesado, la solicitud deducida por 閟te se entender� desestimada por silencio administrativo.

  3. Reglamentariamente se determinar醤 los requisitos para la firma del convenio de acogida entre el investigador y el organismo de investigaci髇 y las condiciones del proyecto de investigaci髇.

  4. La situaci髇 del extranjero en r間imen de investigador ser� la de autorizaci髇 de residencia y trabajo, que se renovar� anualmente si el titular sigue reuniendo las condiciones establecidas para la expedici髇 de la autorizaci髇 inicial.

  5. Los extranjeros admitidos con estos fines podr醤 impartir clases o realizar otras actividades compatibles con su actividad principal de investigaci髇, con arreglo a la normativa en vigor.

  6. El organismo de investigaci髇 deber� informar cuanto antes, a la Autoridad que concedi� la autorizaci髇 de residencia y trabajo, de cualquier acontecimiento que impida la ejecuci髇 del convenio de acogida.

  7. Todo extranjero admitido en calidad de investigador en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea que solicite realizar parte de su investigaci髇 en Espa馻 durante un periodo superior a tres meses podr� solicitar una autorizaci髇 de residencia y trabajo y obtenerla si re鷑e los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado, pero pudiendo exigirse un nuevo convenio de acogida.

  8. Una vez finalizado el convenio de acogida, o resuelto por causas no imputables al investigador establecidas reglamentariamente, tanto el investigador como los familiares reagrupados podr醤 ser autorizados para residir y ejercer una actividad lucrativa sin necesidad de un nuevo visado.�

  
• Cuarenta y tres. Se introduce un art韈ulo 38 ter en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 38 ter Residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados

  1. Se considerar� profesional altamente cualificado a los efectos de este art韈ulo a quienes acrediten cualificaciones de ense馻nza superior o, excepcionalmente, tengan un m韓imo de cinco a駉s de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable, en los t閞minos que se determinen reglamentariamente.

  2. Los profesionales altamente cualificados seg鷑 este art韈ulo obtendr醤 una autorizaci髇 de residencia y trabajo documentada con una tarjeta azul de la UE.

  3. Para la concesi髇 de las autorizaciones destinadas a profesionales altamente cualificados podr� tenerse en cuenta la situaci髇 nacional de empleo, as� como la necesidad de proteger la suficiencia de recursos humanos en el pa韘 de origen del extranjero.

  4. El extranjero titular de la tarjeta azul de la UE que haya residido al menos dieciocho meses en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, podr� obtener una autorizaci髇 en Espa馻 como profesional altamente cualificado. La solicitud podr� presentarse en Espa馻, antes del transcurso de un mes desde su entrada, o en el Estado miembro donde se halle autorizado. En caso de que la autorizaci髇 originaria se hubiera extinguido sin que se haya resuelto la solicitud de autorizaci髇 en Espa馻, se podr� conceder una autorizaci髇 de estancia temporal para el extranjero y los miembros de su familia.

  Si se extinguiese la vigencia de la autorizaci髇 originaria para permanecer en Espa馻 o si se denegase la solicitud, las autoridades podr醤 aplicar las medidas legalmente previstas para tal situaci髇. En caso de que procediese su expulsi髇 閟ta se podr� ejecutar conduciendo al extranjero al Estado miembro del que provenga.

  5. Reglamentariamente se determinar醤 los requisitos para la concesi髇 y renovaci髇 de la autorizaci髇 de residencia y trabajo regulada en este art韈ulo�.

  
• Cuarenta y cuatro. El art韈ulo 39 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 39 Gesti髇 colectiva de contrataciones en origen

  1. El Ministerio de Trabajo e Inmigraci髇, teniendo en cuenta la situaci髇 nacional de empleo, podr� aprobar una previsi髇 anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a trav閟 de la gesti髇 colectiva de contrataciones en origen en un per韔do determinado, a los que s髄o tendr醤 acceso aquellos que no se hallen o residan en Espa馻. Asimismo, podr� establecer un n鷐ero de visados para b鷖queda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de espa駉l de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsi髇 tendr� en cuenta las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su 醡bito correspondiente, sean realizadas por las Comunidades Aut髇omas, y ser� adoptada previa consulta de la Comisi髇 Laboral Tripartita de Inmigraci髇.

  2. El procedimiento de concesi髇 de la autorizaci髇 inicial de residencia y trabajo mediante tramitaci髇 colectiva de los contratos en origen, estar� basado en la gesti髇 simult醤ea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus pa韘es, con la participaci髇, en su caso, de las autoridades competentes. En la gesti髇 del mismo se actuar� coordinadamente con las Comunidades Aut髇omas competentes para la concesi髇 de la autorizaci髇 de trabajo inicial.

  3. Las ofertas de empleo realizadas a trav閟 de este procedimiento se orientar醤 preferentemente hacia los pa韘es con los que Espa馻 haya firmado acuerdos sobre regulaci髇 de flujos migratorios.�

  
• Cuarenta y cinco. El art韈ulo 40 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 40 Supuestos espec韋icos de exenci髇 de la situaci髇 nacional de empleo

  1. No se tendr� en cuenta la situaci髇 nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a:

  • a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el c髇yuge o hijo de extranjero residente en Espa馻 con una autorizaci髇 renovada, as� como al hijo de espa駉l nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea y de otros Estados parte en el Espacio Econ髆ico Europeo, siempre que estos 鷏timos lleven, como m韓imo, un a駉 residiendo legalmente en Espa馻 y al hijo no le sea de aplicaci髇 el r間imen comunitario.
  • b) Los titulares de una autorizaci髇 previa de trabajo que pretendan su renovaci髇.
  • c) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovaci髇 de una instalaci髇 o equipos productivos.
  • d) Los que hubieran gozado de la condici髇 de refugiados, durante el a駉 siguiente a la cesaci髇 de la aplicaci髇 de la Convenci髇 de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la secci髇 C de su art韈ulo 1.
  • e) Los que hubieran sido reconocidos como ap醫ridas y los que hubieran perdido la condici髇 de ap醫ridas el a駉 siguiente a la terminaci髇 de dicho estatuto.
  • f) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad espa駉la.
  • g) Los extranjeros nacidos y residentes en Espa馻.
  • h) Los hijos o nietos de espa駉l de origen.
  • i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorizaci髇 de residencia que sean tutelados por la entidad de protecci髇 de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integraci髇 social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pa韘 de origen.
  • j) Los extranjeros que obtengan la autorizaci髇 de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, cuando se trate de v韈timas de violencia de g閚ero o de trata de seres humanos.
  • k) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, durante dos a駉s naturales, y hayan retornado a su pa韘.
  • l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autorizaci髇 de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario.

  2. Tampoco se tendr� en cuenta la situaci髇 nacional de empleo, en las condiciones que se determinen reglamentariamente para:

  • a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas.
  • b) Los profesionales altamente cualificados, incluyendo t閏nicos y cient韋icos contratados por entidades p鷅licas, universidades o centros de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicaci髇 del r間imen espec韋ico de autorizaci髇 aplicable de conformidad con la presente Ley.
  • c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro pa韘 que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en Espa馻.
  • d) Los artistas de reconocido prestigio.�
  
• Cuarenta y seis. Se suprimen la letra j) del apartado 1 y el apartado 3 del art韈ulo 41, pasando la letra k) del apartado 1 a ser letra j).
• Cuarenta y siete. El art韈ulo 42 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 42 R間imen especial de los trabajadores de temporada

  1. El Gobierno regular� reglamentariamente la autorizaci髇 de residencia y trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campa馻 que les permita la entrada y salida del territorio nacional, as� como la documentaci髇 de su situaci髇, de acuerdo con las caracter韘ticas de las citadas campa馻s y la informaci髇 que le suministren las Comunidades Aut髇omas donde se promuevan.

  2. Para conceder las autorizaciones de residencia y trabajo deber� garantizarse que los trabajadores temporeros ser醤 alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.

  3. Las Administraciones p鷅licas promover醤 la asistencia de los servicios sociales adecuados.

  4. Las ofertas de empleo de temporada se orientar醤 preferentemente hacia los pa韘es con los que Espa馻 haya firmado acuerdos sobre regulaci髇 de flujos migratorios.

  5. Las Comunidades Aut髇omas, los Ayuntamientos y los agentes sociales promover醤 los circuitos que permitan la concatenaci髇 de los trabajadores de temporada, en colaboraci髇 con la Administraci髇 General del Estado.

  6. Reglamentariamente se determinar醤 las condiciones para que los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas que desarrollen su actividad en otro pa韘 puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en Espa馻 para la misma empresa o grupo.�

  
• Cuarenta y ocho. El art韈ulo 43 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 43 Trabajadores transfronterizos y prestaci髇 transnacional de servicios

  1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona lim韙rofe, desarrollen su actividad en Espa馻 y regresen a su lugar de residencia diariamente deber醤 obtener la correspondiente autorizaci髇 administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de r間imen general, si閚doles de aplicaci髇 en cuanto a los derechos de seguridad social lo establecido en el art韈ulo 14.1 de esta Ley

  2. Reglamentariamente se establecer醤 las condiciones para la autorizaci髇 de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente.�

  
• Cuarenta y nueve. El art韈ulo 44 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 44 Hecho imponible

  1. Las tasas se regir醤 por la presente Ley y por las dem醩 fuentes normativas que para las tasas se establecen en el art韈ulo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P鷅licos.

  2. Constituye el hecho imponible de las tasas la tramitaci髇 de las autorizaciones administrativas y de los documentos de identidad previstos en esta Ley, as� como de sus pr髍rogas, modificaciones y renovaciones; en particular:

  • a) La tramitaci髇 de autorizaciones para la pr髍roga de la estancia en Espa馻.
  • b) La tramitaci髇 de las autorizaciones para residir en Espa馻.
  • c) La tramitaci髇 de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para un per韔do inferior a seis meses.
  • d) La tramitaci髇 de tarjetas de identidad de extranjeros.
  • e) La tramitaci髇 de documentos de identidad a indocumentados.
  • f) La tramitaci髇 de visado.�
  
• Cincuenta. El art韈ulo 45 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 45 Devengo

  1. Las tasas se devengar醤 cuando se solicite la autorizaci髇, la pr髍roga, la modificaci髇, la renovaci髇, o el visado.

  En el caso de las Comunidades Aut髇omas que tengan traspasadas las competencias en materia de autorizaci髇 de trabajo, les corresponder� el devengo del rendimiento de las tasas.

  2. En los casos de autorizaci髇 de residencia y trabajo por cuenta ajena a favor de trabajadores de servicio dom閟tico de car醕ter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producir� en el momento de afiliaci髇 y/o alta del trabajador en la Seguridad Social.

  3. En los casos de renovaci髇 de la autorizaci髇 de residencia y trabajo por cuenta ajena, en ausencia de empleador, y cuando se trate de trabajadores de servicio dom閟tico de car醕ter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producir� en el momento de alta del trabajador en la Seguridad Social.

  4. El importe de las tasas se establecer� por orden ministerial de los departamentos competentes. Cuando las Comunidades Aut髇omas tengan traspasadas las competencias en materia de autorizaci髇 inicial de trabajo, 閟tas se regir醤 por la legislaci髇 correspondiente.�

  
• Cincuenta y uno. El art韈ulo 46 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 46 Sujetos pasivos

  1. Ser醤 sujetos pasivos de las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el art韈ulo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso ser� sujeto pasivo el empleador o empresario, excepto en el supuesto de relaciones laborales en el sector del servicio dom閟tico de car醕ter parcial o discontinuo, en que lo ser� el propio trabajador.

  2. Ser� nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligaci髇 de pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas.�

  
• Cincuenta y dos. El art韈ulo 47, queda redactado de la siguiente manera:

  玁o vendr醤 obligados al pago de las tasas por la concesi髇 de las autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefard韊s, los hijos y nietos de espa駉l o espa駉la de origen, y los extranjeros nacidos en Espa馻 cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.

  Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de terceros pa韘es beneficiarios de derecho comunitario en materia de libre circulaci髇 y residencia estar醤 exentas del pago de las tasas de tramitaci髇.

  Las entidades p鷅licas de protecci髇 de menores estar醤 exentas del pago de las tasas derivadas de las autorizaciones que est醤 obligadas a solicitar para 閟tos en ejercicio de la representaci髇 legal que de ellos ostentan.

  En aplicaci髇 de la normativa comunitaria sobre la materia, quedar醤 exentos del pago de la tasa relativa a visados de tr醤sito o estancia, los ni駉s menores de seis a駉s; los investigadores nacionales de terceros pa韘es que se desplacen con fines de investigaci髇 cient韋ica en los t閞minos establecidos por la Recomendaci髇 2005/761/CE, del Parlamento y del Consejo; y los representantes de organizaciones sin 醤imo de lucro que no sean mayores de 25 a駉s y vayan a participar en seminarios, conferencias o acontecimientos deportivos o educativos, organizados por organizaciones sin 醤imo de lucro.�

  
• Cincuenta y tres. El art韈ulo 48, apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:

  1. El importe de las tasas se establecer� por Orden ministerial de los Departamentos competentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria en relaci髇 con procedimientos de solicitud de visados de tr醤sito o estancia.

  
• Cincuenta y cuatro. El apartado 1 del art韈ulo 49 queda redactado de la siguiente manera:

  �1. La gesti髇 y recaudaci髇 de las tasas corresponder� a los 髍ganos competentes para la concesi髇 de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y pr髍rogas, la expedici髇 de la documentaci髇 a que se refiere el art韈ulo 44 y la tramitaci髇 de la solicitud de visado.�

  
• Cincuenta y cinco. Se a馻den dos nuevas letras d) y e), al art韈ulo 52, que quedan redactadas de la siguiente manera:
  • 玠) Encontrarse trabajando en una ocupaci髇, sector de actividad, o 醡bito geogr醘ico no contemplado por la autorizaci髇 de residencia y trabajo de la que se es titular.
  • e) La contrataci髇 de trabajadores cuya autorizaci髇 no les habilita para trabajar en esa ocupaci髇 o 醡bito geogr醘ico, incurri閚dose en una infracci髇 por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.�
  
• Cincuenta y seis. El art韈ulo 53 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 53 Infracciones graves

  1. Son infracciones graves:

  • a) Encontrarse irregularmente en territorio espa駉l, por no haber obtenido la pr髍roga de estancia, carecer de autorizaci髇 de residencia o tener caducada m醩 de tres meses la mencionada autorizaci髇, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovaci髇 de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.
  • b) Encontrarse trabajando en Espa馻 sin haber obtenido autorizaci髇 de trabajo o autorizaci髇 administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorizaci髇 de residencia v醠ida.
  • c) Incurrir en ocultaci髇 dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligaci髇 de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, as� como incurrir en falsedad en la declaraci髇 de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padr髇 municipal a los efectos previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento de una posible infracci髇 por esta causa, lo pondr� en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el oportuno expediente sancionador.
  • d) El incumplimiento de las medidas impuestas por raz髇 de seguridad p鷅lica, de presentaci髇 peri骴ica o de alejamiento de fronteras o n鷆leos de poblaci髇 concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
  • e) La comisi髇 de una tercera infracci髇 leve, siempre que en un plazo de un a駉 anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.
  • f) La participaci髇 por el extranjero en la realizaci髇 de actividades contrarias al orden p鷅lico previstas como graves en la Ley Org醤ica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci髇 de la Seguridad Ciudadana.
  • g) Las salidas del territorio espa駉l por puestos no habilitados, sin exhibir la documentaci髇 prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
  • h) Incumplir la obligaci髇 del apartado 2 del art韈ulo 4.

  2. Tambi閚 son infracciones graves:

  • a) No dar de alta, en el R間imen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorizaci髇 de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en Espa馻 habilitado para el comienzo de la relaci髇 laboral. No obstante, estar� exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislaci髇, impidan el inicio de dicha relaci髇.
  • b) Contraer matrimonio, simular relaci髇 afectiva an醠oga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con 醤imo de lucro o con el prop髎ito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.
  • c) Promover la permanencia irregular en Espa馻 de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitaci髇 expresa del infractor y contin鷈 a su cargo una vez transcurrido el per韔do de tiempo permitido por su visado o autorizaci髇. Para graduar la sanci髇 se tendr醤 en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes.
  • d) Consentir la inscripci髇 de un extranjero en el Padr髇 Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrir� en una infracci髇 por cada persona indebidamente inscrita.�
  
• Cincuenta y siete. El art韈ulo 54 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 54 Infracciones muy graves

  1. Son infracciones muy graves:

  • a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de Espa馻 con otros pa韘es, o estar implicados en actividades contrarias al orden p鷅lico previstas como muy graves en la Ley Org醤ica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci髇 de la Seguridad Ciudadana.
  • b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con 醤imo de lucro, individualmente o formando parte de una organizaci髇, la inmigraci髇 clandestina de personas en tr醤sito o con destino al territorio espa駉l o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.
  • c) La realizaci髇 de conductas de discriminaci髇 por motivos raciales, 閠nicos, nacionales o religiosos, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito.
  • d) La contrataci髇 de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con car醕ter previo la correspondiente autorizaci髇 de residencia y trabajo, incurri閚dose en una infracci髇 por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.
  • e) Realizar, con 醤imo de lucro, la infracci髇 prevista en la letra d) del apartado 2 del art韈ulo anterior.
  • f) Simular la relaci髇 laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con 醤imo de lucro o con el prop髎ito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.
  • g) La comisi髇 de una tercera infracci髇 grave siempre que en un plazo de un a駉 anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.

  2. Tambi閚 son infracciones muy graves:

  • a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el art韈ulo 66, apartados 1 y 2.
  • b) El transporte de extranjeros por v韆 a閞ea, mar韙ima o terrestre, hasta el territorio espa駉l, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, t韙ulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habr醤 de ser titulares los citados extranjeros.
  • c) El incumplimiento de la obligaci髇 que tienen los transportistas de hacerse cargo sin p閞dida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentaci髇 antes citada, no haya sido autorizado a entrar en Espa馻, as� como del extranjero transportado en tr醤sito que no haya sido trasladado a su pa韘 de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de 閟te, al no autorizarle la entrada.

  Esta obligaci髇 incluir� los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si as� lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habr� de producirse de inmediato, bien por medio de la compa耥a objeto de sanci髇 o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con direcci髇 al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde est� garantizada su admisi髇.

  3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no se considerar� infracci髇 a la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera espa駉la a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de protecci髇 internacional, 閟ta le sea admitida a tr醡ite, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protecci髇 subsidiaria.�

  
• Cincuenta y ocho. El art韈ulo 55 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 55 Sanciones

  1. Las infracciones tipificadas en los art韈ulos anteriores ser醤 sancionadas en los t閞minos siguientes:

  • a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.
  • b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros. En el supuesto contemplado en el art韈ulo 53.2.a) de esta Ley, adem醩 de la sanci髇 indicada, el empresario tambi閚 estar� obligado a sufragar los costes derivados del viaje.
  • c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el art韈ulo 54.2.b), que lo ser� con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o con un m韓imo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del n鷐ero de viajeros transportados. La prevista en el art韈ulo 54.2.a) en relaci髇 con el art韈ulo 66.1 lo ser� con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habi閚dolos comunicado incorrectamente, con independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilizaci髇, incautaci髇 y decomiso del medio de transporte, o la suspensi髇 provisional o retirada de la autorizaci髇 de explotaci髇.

  2. La imposici髇 de sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Org醤ica corresponder� al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Aut髇omas uniprovinciales. Cuando una Comunidad Aut髇oma tenga atribuidas competencias en materia de autorizaci髇 inicial de trabajo de extranjeros la imposici髇 de las sanciones establecidas en esta Ley en los supuestos de infracci髇 a que se refiere el p醨rafo siguiente corresponder� a la Comunidad Aut髇oma y se ejercer� por la Autoridad que la misma determine, dentro del 醡bito de sus competencias.

  En los supuestos calificados como infracci髇 leve del art韈ulo 52.c), d) y e), graves del art韈ulo 53.1.b), y 53.2.a), y muy grave del art韈ulo 54.1.d) y f), el procedimiento sancionador se iniciar� por acta de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposici髇 de las sanciones a las autoridades referidas en el p醨rafo anterior.

  En los supuestos de participaci髇 en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de Espa馻 con otros pa韘es, previstos en el art韈ulo 54.1.a), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador que se determine reglamentariamente, la competencia sancionadora corresponder� al Secretario de Estado de Seguridad.

  3. Para la graduaci髇 de las sanciones, el 髍gano competente en imponerlas se ajustar� a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el da駉 producido o el riesgo derivado de la infracci髇 y su trascendencia.

  4. Para la determinaci髇 de la cuant韆 de la sanci髇 se tendr� especialmente en cuenta la capacidad econ髆ica del infractor.

  5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infracci髇, en el supuesto de la letra b) del apartado 1 del art韈ulo 54, ser醤 objeto de decomiso los veh韈ulos, embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisi髇 de la citada infracci髇.

  A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior podr醤 ser aprehendidos y puestos a disposici髇 de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas del expediente sancionador que resolver� lo pertinente en relaci髇 con los bienes decomisados.

  6. En el supuesto de la infracci髇 prevista en la letra d) del apartado 1 del art韈ulo 54 de la presente Ley, la autoridad gubernativa podr� adoptar, sin perjuicio de la sanci髇 que corresponda, la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco a駉s.

  7. Si el sancionado por una infracci髇 prevista en los art韈ulos 52.e) o 54.1.d) de esta Ley fuera subcontratista de otra empresa, el contratista principal y todos los subcontratistas intermedios que conocieran que la empresa sancionada empleaba a extranjeros sin contar con la correspondiente autorizaci髇, responder醤, solidariamente, tanto de las sanciones econ髆icas derivadas de las sanciones, como de las dem醩 responsabilidades derivadas de tales hechos que correspondan al empresario con las Administraciones p鷅licas o con el trabajador. El contratista o subcontratista intermedios no podr醤 ser considerados responsables si hubieran respetado la diligencia debida definida en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.�

  
• Cincuenta y nueve. El art韈ulo 57 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 57 Expulsi髇 del territorio

  1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del art韈ulo 53.1 de esta Ley Org醤ica, podr� aplicarse, en atenci髇 al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanci髇 de multa, la expulsi髇 del territorio espa駉l, previa la tramitaci髇 del correspondiente expediente administrativo y mediante la resoluci髇 motivada que valore los hechos que configuran la infracci髇.

  2. Asimismo, constituir� causa de expulsi髇, previa tramitaci髇 del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de Espa馻, por una conducta dolosa que constituya en nuestro pa韘 delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un a駉, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

  3. En ning鷑 caso podr醤 imponerse conjuntamente las sanciones de expulsi髇 y multa.

  4. La expulsi髇 conllevar�, en todo caso, la extinci髇 de cualquier autorizaci髇 para permanecer legalmente en Espa馻, as� como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorizaci髇 para residir o trabajar en Espa馻 del extranjero expulsado. No obstante, la expulsi髇 podr� revocarse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

  En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y b) del art韈ulo 53.1 de esta Ley, salvo que concurran razones de orden p鷅lico o de seguridad nacional, si el extranjero fuese titular de una autorizaci髇 de residencia v醠ida expedida por otro Estado miembro, se le advertir�, mediante diligencia en el pasaporte, de la obligaci髇 de dirigirse de inmediato al territorio de dicho Estado. Si no cumpliese esa advertencia se tramitar� el expediente de expulsi髇.

  5. La sanci髇 de expulsi髇 no podr� ser impuesta, salvo que la infracci髇 cometida sea la prevista en el art韈ulo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisi髇, en el t閞mino de un a駉, de una infracci髇 de la misma naturaleza sancionable con la expulsi髇, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:

  • a) Los nacidos en Espa馻 que hayan residido legalmente en los 鷏timos cinco a駉s.
  • b) Los residentes de larga duraci髇. Antes de adoptar la decisi髇 de la expulsi髇 de un residente de larga duraci髇, deber� tomarse en consideraci髇 el tiempo de su residencia en Espa馻 y los v韓culos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los v韓culos con el pa韘 al que va a ser expulsado.
  • c) Los que hayan sido espa駉les de origen y hubieran perdido la nacionalidad espa駉la.
  • d) Los que sean beneficiarios de una prestaci髇 por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en Espa馻, as� como los que perciban una prestaci髇 contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestaci髇 econ髆ica asistencial de car醕ter p鷅lico destinada a lograr su inserci髇 o reinserci髇 social o laboral.

  Tampoco se podr� imponer o, en su caso, ejecutar la sanci髇 de expulsi髇 al c髇yuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones se馻ladas anteriormente y que haya residido legalmente en Espa馻 durante m醩 de dos a駉s, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que est閚 a su cargo.

  6. La expulsi髇 no podr� ser ejecutada cuando 閟ta conculcase el principio de no devoluci髇, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestaci髇 o la salud de la madre.

  7.

  a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis a駉s o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsi髇, en el plazo m醩 breve posible y en todo caso no superior a tres d韆s, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizar� salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegaci髇.

  En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsi髇, la autoridad gubernativa instar� de todos ellos la autorizaci髇 a que se refiere el p醨rafo anterior.

  b) No obstante lo se馻lado en el p醨rafo a) anterior, el juez podr� autorizar, a instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio espa駉l en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  c) No ser醤 de aplicaci髇 las previsiones contenidas en los p醨rafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados en los art韈ulos 312.1, 313.1 y 318 bis del C骴igo Penal.

  8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los art韈ulos 312.1, 313.1 y 318 bis del C骴igo Penal, la expulsi髇 se llevar� a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.

  9. La resoluci髇 de expulsi髇 deber� ser notificada al interesado, con indicaci髇 de los recursos que contra la misma se puedan interponer, 髍gano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.

  10. En el supuesto de expulsi髇 de un residente de larga duraci髇 de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea que se encuentre en Espa馻, dicha expulsi髇 s髄o podr� efectuarse fuera del territorio de la Uni髇 cuando la infracci髇 cometida sea una de las previstas en los art韈ulos 53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) de esta Ley Org醤ica, y deber� consultarse al respecto a las Autoridades competentes de dicho Estado miembro de forma previa a la adopci髇 de esa decisi髇 de expulsi髇. En caso de no reunirse estos requisitos para que la expulsi髇 se realice fuera del territorio de la Uni髇, la misma se efectuar� al Estado miembro en el que se reconoci� la residencia de larga duraci髇.�

  
• Sesenta. El art韈ulo 58 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 58 Efectos de la expulsi髇 y devoluci髇

  1. La expulsi髇 llevar� consigo la prohibici髇 de entrada en territorio espa駉l. La duraci髇 de la prohibici髇 se determinar� en consideraci髇 a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no exceder� de cinco a駉s.

  2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica, la seguridad nacional o para la salud p鷅lica, podr� imponerse un per韔do de prohibici髇 de entrada de hasta diez a駉s.

  En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad competente no impondr� la prohibici髇 de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitaci髇 de un expediente administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del art韈ulo 53.1 de esta Ley Org醤ica, o revocar� la prohibici髇 de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsi髇.

  3. No ser� preciso expediente de expulsi髇 para la devoluci髇 de los extranjeros en los siguientes supuestos:

  • a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibici髇 de entrada en Espa馻.
  • b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el pa韘.

  4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de protecci髇 internacional por personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no podr� llevarse a cabo la devoluci髇 hasta que se haya decidido la inadmisi髇 a tr醡ite de la petici髇, de conformidad con la normativa de protecci髇 internacional.

  Tampoco podr醤 ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestaci髇 o para la salud de la madre.

  5. La devoluci髇 ser� acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsi髇.

  6. Cuando la devoluci髇 no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitar� de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsi髇.

  7. La devoluci髇 acordada en el p醨rafo a) del apartado 3 de este art韈ulo conllevar� la reiniciaci髇 del c髆puto del plazo de prohibici髇 de entrada que hubiese acordado la resoluci髇 de expulsi髇 quebrantada. Asimismo, toda devoluci髇 acordada en aplicaci髇 del p醨rafo b) del mismo apartado de este art韈ulo llevar� consigo la prohibici髇 de entrada en territorio espa駉l por un plazo m醲imo de tres a駉s.�

  
• Sesenta y uno. El art韈ulo 59 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 59 Colaboraci髇 contra redes organizadas

  1. El extranjero que se encuentre irregularmente en Espa馻 y sea v韈tima, perjudicado o testigo de un acto de tr醘ico il韈ito de seres humanos, inmigraci髇 ilegal, explotaci髇 laboral o de tr醘ico il韈ito de mano de obra o de explotaci髇 en la prostituci髇 abusando de su situaci髇 de necesidad, podr� quedar exento de responsabilidad administrativa y no ser� expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tr醘ico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores.

  2. Los 髍ganos administrativos competentes encargados de la instrucci髇 del expediente sancionador informar醤 a la persona interesada sobre las previsiones del presente art韈ulo a fin de que decida si desea acogerse a esta v韆, y har醤 la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver, que podr� conceder una autorizaci髇 provisional de residencia y trabajo a favor del extranjero, seg鷑 el procedimiento previsto reglamentariamente.

  El instructor del expediente sancionador informar� de las actuaciones en relaci髇 con este apartado a la autoridad encargada de la instrucci髇 del procedimiento penal.

  3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podr� facilitar, a su elecci髇, el retorno asistido a su pa韘 de procedencia o la autorizaci髇 de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, y facilidades para su integraci髇 social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley velando, en su caso, por su seguridad y protecci髇.

  4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resoluci髇 de expulsi髇, aparezca en un procedimiento penal como v韈tima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la pr醕tica de diligencias judiciales, lo pondr� de manifiesto a la autoridad gubernativa competente para que valore la inejecuci髇 de su expulsi髇 y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta 鷏tima, se proceder� de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a Espa馻 durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Org醤ica 19/1994, de 23 de diciembre, de protecci髇 a testigos y peritos en causas criminales.

  5. Las previsiones del presente art韈ulo ser醤 igualmente de aplicaci髇 a extranjeros menores de edad, debiendo tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de 閟tos y, en todo caso, la prevalencia del principio del inter閟 superior del menor.

  6. Reglamentariamente se desarrollar醤 las condiciones de colaboraci髇 de las organizaciones no gubernamentales sin 醤imo de lucro que tengan por objeto la acogida y protecci髇 de las v韈timas de los delitos se馻lados en el apartado primero.�

  
• Sesenta y dos. Se a馻de un art韈ulo 59 bis nuevo con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 59 bis (nuevo) V韈timas de la trata de seres humanos

  1. Las autoridades competentes adoptar醤 las medidas necesarias para la identificaci髇 de las v韈timas de la trata de personas conforme a lo previsto en el art韈ulo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005.

  2. Los 髍ganos administrativos competentes para la instrucci髇 del expediente sancionador, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situaci髇 irregular ha sido v韈tima de trata de seres humanos, informar醤 a la persona interesada sobre las previsiones del presente art韈ulo y elevar醤 a la autoridad competente para su resoluci髇 la oportuna propuesta sobre la concesi髇 de un per韔do de restablecimiento y reflexi髇, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente.

  Dicho per韔do de restablecimiento y reflexi髇 tendr� una duraci髇 de, al menos, treinta d韆s, y deber� ser suficiente para que la v韈tima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigaci髇 del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este per韔do, se le autorizar� la estancia temporal y se suspender� el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecuci髇 de la expulsi髇 o devoluci髇 eventualmente acordadas. Asimismo, durante el citado per韔do las Administraciones competentes velar醤 por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protecci髇 de la persona interesada.

  3. El per韔do de restablecimiento y reflexi髇 podr� denegarse o ser revocado por motivos de orden p鷅lico o cuando se tenga conocimiento de que la condici髇 de v韈tima se ha invocado de forma indebida.

  4. La autoridad competente podr� declarar a la v韈tima exenta de responsabilidad administrativa y podr� facilitarle, a su elecci髇, el retorno asistido a su pa韘 de procedencia o la autorizaci髇 de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperaci髇 para los fines de investigaci髇 o de las acciones penales, o en atenci髇 a su situaci髇 personal, y facilidades para su integraci髇 social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorizaci髇 de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podr� facilitar una autorizaci髇 provisional de residencia y trabajo en los t閞minos que se determinen reglamentariamente.

  En la tramitaci髇 de las autorizaciones referidas en el p醨rafo anterior se podr� eximir de la aportaci髇 de aquellos documentos cuya obtenci髇 suponga un riesgo para la v韈tima.

  5. Las previsiones del presente art韈ulo ser醤 igualmente de aplicaci髇 a personas extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de 閟tas y, en todo caso, la prevalencia del inter閟 superior del menor.

  6. Reglamentariamente se desarrollar醤 las condiciones de colaboraci髇 de las organizaciones no gubernamentales sin 醤imo de lucro que tengan por objeto la acogida y protecci髇 de las v韈timas de la trata de seres humanos.�

  
• Sesenta y tres. El art韈ulo 60 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 60 Efectos de la denegaci髇 de entrada

  1. Los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada seg鷑 lo previsto por el art韈ulo 26.2 de esta Ley, estar醤 obligados a regresar a su punto de origen.

  La resoluci髇 de la denegaci髇 de entrada conllevar� la adopci髇 inmediata de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo m醩 breve posible. Cuando el regreso fuera a retrasarse m醩 de setenta y dos horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigir� al Juez de Instrucci髇 para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento.

  2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendr醤 car醕ter penitenciario, y estar醤 dotados de servicios sociales, jur韉icos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estar醤 privados 鷑icamente del derecho ambulatorio.

  3. El extranjero durante su internamiento se encontrar� en todo momento a disposici髇 de la autoridad judicial que lo autoriz�, debi閚dose comunicar a 閟ta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relaci髇 a la situaci髇 de los extranjeros internados.

  4. La detenci髇 de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la denegaci髇 de entrada ser� comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su pa韘.�

  
• Sesenta y cuatro. Se a馻de una nueva letra f) al apartado 1 del art韈ulo 61:
  • 玣) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente.�
  
• Sesenta y cinco. El art韈ulo 62 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 62 Ingreso en centros de internamiento

  1. Incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del art韈ulo 54.1, en las letras a), d) y f) del art韈ulo 53.1 y en el art韈ulo 57.2 de esta Ley Org醤ica en el que pueda proponerse expulsi髇 del territorio espa駉l, el instructor podr� solicitar al Juez de Instrucci髇 competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitaci髇 del expediente sancionador.

  El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolver� mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomar� en consideraci髇 las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentaci髇 identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsi髇, as� como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorar� el riesgo del internamiento para la salud p鷅lica o la salud del propio extranjero.

  2. El internamiento se mantendr� por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duraci髇 m醲ima de 60 d韆s, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

  3. Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el extranjero ser� puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poni閚dolo en conocimiento del Juez que autoriz� su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podr� ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

  4. No podr� acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el art韈ulo 62 bis 1. i) de esta Ley. Los menores extranjeros no acompa馻dos que se encuentren en Espa馻 ser醤 puestos a disposici髇 de las entidades p鷅licas de protecci髇 de menores conforme establece la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el art韈ulo 35 de esta Ley.

  5. La incoaci髇 del expediente, las medidas cautelares de detenci髇 e internamiento y la resoluci髇 final del expediente de expulsi髇 del extranjero ser醤 comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su pa韘.

  6. A los efectos del presente art韈ulo, el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento ser� el Juez de Instrucci髇 del lugar donde se practique la detenci髇. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisi髇 de fronteras, ser� el Juez de Instrucci髇 del lugar donde est閚 ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocer�, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podr� visitar tales centros cuando conozca alg鷑 incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente.�

  
• Sesenta y seis. El art韈ulo 62 bis queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 62 bis Derechos de los extranjeros internados

  1. Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos p鷅licos de car醕ter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendr� 鷑icamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jur韉ico, sin m醩 limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el extranjero sometido a internamiento tiene los siguientes derechos:

  • a) A ser informado de su situaci髇.
  • b) A que se vele por el respeto a su vida, integridad f韘ica y salud, sin que puedan en ning鷑 caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad.
  • c) A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jur韉ico, sin m醩 limitaciones que las derivadas de su situaci髇 de internamiento.
  • d) A recibir asistencia m閐ica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro.
  • e) A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en Espa馻 y a su abogado el ingreso en el centro, as� como a la oficina consular del pa韘 del que es nacional.
  • f) A ser asistido de abogado, que se proporcionar� de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.
  • g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su pa韘 u otras personas, que s髄o podr醤 restringirse por resoluci髇 judicial.
  • h) A ser asistido de int閞prete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios econ髆icos.
  • i) A tener en su compa耥a a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro m骴ulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.
  • j) A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protecci髇 de inmigrantes.

  2. Los centros dispondr醤 de servicios de asistencia social y sanitaria con dotaci髇 suficiente. Las condiciones para la prestaci髇 de estos servicios se desarrollar醤 reglamentariamente.

  3. Las organizaciones constituidas legalmente en Espa馻 para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podr醤 visitar los centros de internamiento; reglamentariamente se desarrollar醤 las condiciones de las mismas.�

  
• Sesenta y siete. El art韈ulo 62 ter queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 62 ter Deberes de los extranjeros internados

  El extranjero sometido a internamiento estar� obligado:

  • a) A permanecer en el centro a disposici髇 del Juez de Instrucci髇 que hubiere autorizado su ingreso.
  • b) A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales impartidas por la direcci髇 y las particulares que reciban de los funcionarios en el ejercicio leg韙imo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, as� como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.
  • c) A mantener una actividad c韛ica correcta y de respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, absteni閚dose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, des髍denes y dem醩 actos individuales o colectivos que alteren la convivencia.
  • d) A conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y dem醩 efectos del centro, evitando el deterioro o inutilizaci髇 deliberada, tanto de 閟tos como de los bienes o pertenencias de los dem醩 extranjeros ingresados o funcionarios.
  • e) A someterse a reconocimiento m閐ico a la entrada y salida del centro, as� como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio m閐ico, y a petici髇 de 閟te, lo disponga el director del centro.�
  
• Sesenta y ocho. El art韈ulo 63 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 63 Procedimiento preferente

  1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsi髇 por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el art韈ulo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitaci髇 del mismo tendr� car醕ter preferente.

  Igualmente, el procedimiento preferente ser� aplicable cuando, trat醤dose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del art韈ulo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) riesgo de incomparecencia.
  • b) el extranjero evitara o dificultase la expulsi髇, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
  • c) el extranjero representase un riesgo para el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional.

  En estos supuestos no cabr� la concesi髇 del per韔do de salida voluntaria.

  2. Durante la tramitaci髇 del procedimiento preferente, as� como en la fase de ejecuci髇 de la expulsi髇 que hubiese reca韉o, podr醤 adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los art韈ulos 61 y 62.

  3. Se garantizar� el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionar� de oficio, en su caso, y a ser asistido por int閞prete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios econ髆icos.

  4. Iniciado el expediente, se dar� traslado al interesado del acuerdo de iniciaci髇 debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirti閚dole de las consecuencias de no hacerlo as�.

  5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen proposici髇 de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciaci髇, o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificaci髇 de los hechos, el acuerdo de iniciaci髇 del expediente ser� considerado como propuesta de resoluci髇 con remisi髇 a la autoridad competente para resolver.

  De estimarse la proposici髇 de prueba, esta se realizar� en el plazo m醲imo de tres d韆s.

  6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del art韈ulo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorizaci髇 de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 31.3 de esta Ley, el 髍gano encargado de tramitar la expulsi髇 suspender� la misma hasta la resoluci髇 de la solicitud, procediendo a la continuaci髇 del expediente en caso de denegaci髇.

  7. La ejecuci髇 de la orden de expulsi髇 en los supuestos previstos en este art韈ulo se efectuar� de forma inmediata.�

  
• Sesenta y nueve. Se introduce un nuevo art韈ulo 63 bis que queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 63 bis Procedimiento ordinario

  1. Cuando se tramite la expulsi髇 para supuestos distintos a los previstos en el art韈ulo 63 el procedimiento a seguir ser� el ordinario.

  2. La resoluci髇 en que se adopte la expulsi髇 tramitada mediante el procedimiento ordinario incluir� un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duraci髇 de dicho plazo oscilar� entre siete y treinta d韆s y comenzar� a contar desde el momento de la notificaci髇 de la citada resoluci髇.

  El plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsi髇 podr� prorrogarse durante un tiempo prudencial en atenci髇 a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, como pueden ser, la duraci髇 de la estancia, estar a cargo de ni駉s escolarizados o la existencia de otros v韓culos familiares y sociales.

  3. Tanto en la fase de tramitaci髇 del procedimiento como durante el plazo de cumplimiento voluntario, podr� adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares establecidas en el art韈ulo 61, excepto la de internamiento prevista en la letra e).�

  
• Setenta. El art韈ulo 64 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 64 Ejecuci髇 de la expulsi髇

  1. Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, se proceder� a su detenci髇 y conducci髇 hasta el puesto de salida por el que se deba hacer efectiva la expulsi髇. Si la expulsi髇 no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podr� solicitarse la medida de internamiento regulada en los art韈ulos anteriores, que no podr� exceder del per韔do establecido en el art韈ulo 62 de esta Ley.

  2. Tanto en los supuestos de pr髍roga del plazo de cumplimiento voluntario como de aplazamiento o suspensi髇 de la ejecuci髇 de la expulsi髇, lo que se acreditar� en documento debidamente notificado al interesado, se tendr� en cuenta la garant韆 para el extranjero afectado de:

  • a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio espa駉l.
  • b) La prestaci髇 de atenci髇 sanitaria de urgencia y tratamiento b醩ico de enfermedades.
  • c) El acceso para los menores, en funci髇 de la duraci髇 de su estancia, al sistema de ense馻nza b醩ica.
  • d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

  3. La ejecuci髇 de la resoluci髇 de expulsi髇 se efectuar�, en su caso, a costa del empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el art韈ulo 53.2 a) o 54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviere medios econ髆icos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicar� al representante diplom醫ico o consular de su pa韘, a los efectos oportunos.

  4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio espa駉l y se constate que contra 閘 se ha dictado una resoluci髇 de expulsi髇 por un Estado miembro de la Uni髇 Europea, se proceder� a ejecutar inmediatamente la resoluci髇, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsi髇. Se podr� solicitar la autorizaci髇 del Juez de instrucci髇 para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecuci髇 de la sanci髇 de expulsi髇, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

  5. Se suspender� la ejecuci髇 de la resoluci髇 de expulsi髇 cuando se formalice una petici髇 de protecci髇 internacional, hasta que se haya inadmitido a tr醡ite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protecci髇 internacional.

  6. No ser� precisa la incoaci髇 de expediente de expulsi髇:

  • a) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de protecci髇 internacional cuya solicitud haya sido inadmitida a tr醡ite en aplicaci髇 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protecci髇 subsidiaria, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que Espa馻 sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligaci髇 de proceder al estudio de la solicitud.
  • b) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, manutenci髇, o recepci髇, custodia y transmisi髇 de documentos de viaje, de los extranjeros que realicen un tr醤sito en territorio espa駉l, solicitado por un Estado miembro de la Uni髇 Europea, a efectos de repatriaci髇 o alejamiento por v韆 a閞ea.�
  
• Setenta y uno. El segundo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 66 queda redactado de la siguiente manera:

  獿a informaci髇 ser� transmitida por medios telem醫icos, o, si ello no fuera posible, por cualquier otro medio adecuado, y ser� comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, n鷐ero de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, paso fronterizo de entrada, c骴igo de transporte, hora de salida y de llegada del transporte, n鷐ero total de personas transportadas, y lugar inicial de embarque. Las autoridades encargadas del control de entrada guardar醤 los datos en un fichero temporal, borr醤dolos tras la entrada y en un plazo de veinticuatro horas desde su comunicaci髇, salvo necesidades en el ejercicio de sus funciones. Los transportistas deber醤 haber informado de este procedimiento a los pasajeros, estando obligados a borrar los datos en el mismo plazo de veinticuatro horas.�

  
• Setenta y dos. El art韈ulo 68 queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 68 Coordinaci髇 de las Administraciones P鷅licas

  1. La Conferencia Sectorial de Inmigraci髇 es el 髍gano a trav閟 del cual se asegurar� la adecuada coordinaci髇 de las actuaciones que desarrollen las Administraciones P鷅licas en materia de inmigraci髇.

  2. Las Comunidades Aut髇omas que asuman competencias ejecutivas en la concesi髇 de la autorizaci髇 inicial de trabajo, deber醤 desarrollarlas en necesaria coordinaci髇 con las competencias estatales en materia de extranjer韆, inmigraci髇 y autorizaci髇 de residencia, de manera que se garantice la igualdad en la aplicaci髇 de la normativa de extranjer韆 e inmigraci髇 en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de informaci髇 entre las Administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas competencias. La coordinaci髇 deber� realizarse preservando la capacidad de autoorganizaci髇 de cada Comunidad Aut髇oma as� como su propio sistema de descentralizaci髇 territorial.

  3. Con car醕ter previo a la concesi髇 de autorizaciones por arraigo, las Comunidades Aut髇omas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitir醤 un informe sobre la integraci髇 social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se determinar醤 los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendr� en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los v韓culos con familiares residentes en Espa馻, y los esfuerzos de integraci髇 a trav閟 del seguimiento de programas de inserci髇 sociolaborales y culturales.

  4. Las Comunidades Aut髇omas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y orden p鷅lico mediante la creaci髇 de una polic韆 propia, podr醤 aportar, en su caso, un informe sobre afectaci髇 al orden p鷅lico en todos los procedimientos de autorizaci髇 de residencia o su renovaci髇, referidas a extranjeros que se encuentran en Espa馻, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se incorporar� al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad p鷅lica.�

  
• Setenta y tres. El apartado 1 del art韈ulo 70 queda redactado de la siguiente manera:

  �1. El Foro para la Integraci髇 Social de los Inmigrantes, constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones P鷅licas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras organizaciones con inter閟 e implantaci髇 en el 醡bito migratorio, incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas, constituye el 髍gano de consulta, informaci髇 y asesoramiento en materia de integraci髇 de los inmigrantes.�

  
• Setenta y cuatro. Se introduce un nuevo art韈ulo 72, que queda redactado de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 72 Comisi髇 Laboral Tripartita de Inmigraci髇

  1. La Comisi髇 Laboral Tripartita de Inmigraci髇 es el 髍gano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de inmigraci髇, de la que forman parte las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas.

  2. La Comisi髇 Laboral Tripartita de Inmigraci髇 ser� informada sobre la evoluci髇 de los movimientos migratorios en Espa馻 y, en todo caso, ser� consultada sobre las propuestas de Cat醠ogo de ocupaciones de dif韈il cobertura, las previstas en el art韈ulo 39 de esta Ley y las de contrataci髇 de trabajadores de temporada que se determinen.

  3. Mediante Orden Ministerial se determinar� su composici髇, forma de designaci髇 de sus miembros, competencias y r間imen de funcionamiento.�

  
• Setenta y cinco. Se a馻de un nuevo inciso al apartado 1 de la disposici髇 adicional primera, el cual quedar韆 redactado de la siguiente manera:

  �1. El plazo general m醲imo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley ser� de tres meses, contados a partir del d韆 siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del 髍gano competente para tramitarlas; ello, sin perjuicio del plazo m醲imo de 15 d韆s naturales establecido por la normativa comunitaria en relaci髇 con procedimientos de solicitud de visado de tr醤sito o estancia (as� como de las excepciones previstas en la misma para su posible ampliaci髇). Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, 閟tas podr醤 entenderse desestimadas.�

  
• Setenta y seis. Se modifica el apartado 2 y se introduce un apartado 3 en la disposici髇 adicional primera con la siguiente redacci髇:

  �2. Las solicitudes de pr髍roga de la autorizaci髇 de residencia, la renovaci髇 de la autorizaci髇 de trabajo, as� como las solicitudes de autorizaci髇 de residencia de larga duraci髇 que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Org醤ica se resolver醤 y notificar醤 en el plazo m醲imo de tres meses contados a partir del d韆 siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del 髍gano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administraci髇 haya dado respuesta expresa, se entender� que la pr髍roga o renovaci髇 han sido concedidas.

  3. Las solicitudes de modificaci髇 de la limitaci髇 territorial o de ocupaci髇 de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo se resolver醤 y notificar醤 por la administraci髇 auton髆ica o estatal competente en el plazo m醲imo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que la Administraci髇 haya dado respuesta expresa, se entender� que la solicitud ha sido concedida.�

  
• Setenta y siete. El apartado 1 de la disposici髇 adicional tercera queda redactado de la siguiente manera:

  �1. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio espa駉l habr� de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los 髍ganos competentes para su tramitaci髇. Igualmente, en los procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes podr醤 ser presentadas por 閟te, o por quien v醠idamente ostente la representaci髇 legal empresarial. Reglamentariamente se podr醤 establecer excepciones a la presentaci髇 ante el 髍gano competente para su tramitaci髇 o a la necesidad de presentaci髇 personal de solicitudes.�

  
• Setenta y ocho. Se a馻de un nuevo p醨rafo en el apartado 2 de la disposici髇 adicional tercera, que quedar韆 redactado de la siguiente manera:

  �2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentaci髇 de solicitudes de visado y su recogida se realizar醤 personalmente ante la misi髇 diplom醫ica u oficina consular en cuya demarcaci髇 aqu閘 resida. Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la poblaci髇 en que tenga su sede la misi髇 diplom醫ica u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejan韆 de la misi髇 u oficina o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podr� acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el p醨rafo anterior, en los supuestos de presentaci髇 de solicitudes y recogida de visado de estancia, tr醤sito y de residencia por reagrupaci髇 familiar de menores, ambos tr醡ites podr醤 realizarse mediante representante debidamente acreditado.

  En cualquier caso, la misi髇 diplom醫ica u oficina consular podr� requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista personal.

  Lo dispuesto en este apartado se entender� sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria que desarrolla la pol韙ica com鷑 de visados en lo relativo a la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados miembros de la Uni髇 Europea a efectos de representaci髇 en terceros Estados, en cuanto a procedimientos de solicitud de visados de tr醤sito o estancia.�

  
• Setenta y nueve. La disposici髇 adicional cuarta queda redactada de la siguiente manera:

  獶isposici髇 adicional cuarta

  1. La autoridad competente para resolver inadmitir� a tr醡ite las solicitudes relativas a los procedimientos regulados en esta ley, en los siguientes supuestos:

  • a) Falta de legitimaci髇 del solicitante, o insuficiente acreditaci髇 de la representaci髇.
  • b) Presentaci髇 de la solicitud fuera del plazo legalmente establecido.
  • c) Cuando se trate de reiteraci髇 de una solicitud ya denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la denegaci髇 no hayan variado.
  • d) Cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la expulsi髇 o cuando se haya decretado en contra del mismo una orden de expulsi髇, judicial o administrativa salvo que, en este 鷏timo caso, la orden de expulsi髇 hubiera sido revocada o se hallase en uno de los supuestos regulados por los art韈ulos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de esta ley.
  • e) Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en Espa馻.
  • f) Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento.
  • g) Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en Espa馻 en situaci髇 irregular, salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del art韈ulo 31, apartado 3.
  • h) Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea exigida por ley.

  2. En los procedimientos relativos a solicitudes de visado de tr醤sito o estancia, la autoridad competente para resolver inadmitir� a tr醡ite las solicitudes, en los siguientes supuestos:

  • a) Presentaci髇 de la solicitud fuera del plazo de los tres meses anteriores al comienzo del viaje.
  • b) Presentaci髇 de la solicitud en documento distinto al modelo oficialmente establecido a los efectos.
  • c) No aportaci髇 de documento de viaje v醠ido al menos hasta tres meses despu閟 de la fecha (en su caso, 鷏tima fecha) prevista de salida del territorio de los Estados miembros de la Uni髇 Europea; en el que figuren al menos dos p醙inas en blanco; y expedido dentro de los diez a駉s anteriores a la presentaci髇 de la solicitud de visado.
  • d) Cuando no se aporte fotograf韆 del solicitante, acorde a lo dispuesto en la normativa reguladora del Sistema de Informaci髇 de Visados (VIS) de la Uni髇 Europea.
  • e) Cuando no se hayan tomado los datos biom閠ricos del solicitante.
  • f) Cuando no se haya abonado la tasa de visado.�
  
• Ochenta. La disposici髇 adicional quinta queda redactada de la siguiente manera:

  獶isposici髇 adicional quinta Acceso a la informaci髇, colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas y gesti髇 inform醫ica de los procedimientos

  1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las Administraciones p鷅licas, dentro de su 醡bito competencial, colaborar醤 en la cesi髇 de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Org醤ica y sus normas de desarrollo.

  2. Para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los 髍ganos de la Administraci髇 General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta Ley Org醤ica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, la Tesorer韆 General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estad韘tica, este 鷏timo en lo relativo al Padr髇 Municipal de Habitantes, facilitar醤 a aqu閘los el acceso directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados, de acuerdo con la legislaci髇 sobre protecci髇 de datos.

  Igualmente, los anteriores organismos facilitar醤 a las Comunidades Aut髇omas la informaci髇 necesaria para ejercer sus competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo sin que tampoco sea preciso el consentimiento de los interesados.

  3. La tramitaci髇 de los procedimientos en materia de extranjer韆 derivados del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley Org醤ica, se realizar� sobre una aplicaci髇 inform醫ica com鷑 cuya implantaci髇 y coordinaci髇 respecto de los restantes Departamentos implicados corresponder� al Ministerio de Trabajo e Inmigraci髇. Dicha aplicaci髇, garantizando la protecci髇 de datos de car醕ter personal, registrar� la informaci髇 y datos relativos a los extranjeros y ciudadanos de la Uni髇 Europea residentes en Espa馻 y sus autorizaciones, impulsar� el cumplimiento de lo establecido por la legislaci髇 en materia de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los servicios p鷅licos y permitir� el conocimiento, en tiempo real, de la situaci髇 de las solicitudes de autorizaci髇 reguladas en esta Ley por parte de los 髍ganos administrativos que sean competentes en cada una de las fases del mismo, as� como su intervenci髇 en la fase que recaiga dentro de su 醡bito de competencias. Asimismo, la aplicaci髇 inform醫ica permitir� la generaci髇 de bases de datos estad韘ticas por las administraciones intervinientes para la obtenci髇 de la informaci髇 actualizada y fiable sobre las magnitudes relativas a la inmigraci髇 y la extranjer韆.

  En cumplimiento de lo establecido por la normativa comunitaria sobre la materia, la tramitaci髇 de procedimientos relativos a visados de tr醤sito y de estancia se realizar� sobre la aplicaci髇 inform醫ica espec韋icamente creada a los efectos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci髇, que estar� interconectada con la aplicaci髇 inform醫ica com鷑, en orden a que en la base de datos de esta 鷏tima conste informaci髇 sobre los datos de los visados solicitados y concedidos en las Oficinas consulares o Misiones diplom醫icas espa駉las en el exterior.

  El Ministerio del Interior, de acuerdo con sus competencias en materia de orden p鷅lico, seguridad p鷅lica y seguridad nacional, mantendr� un Registro central de extranjeros. Reglamentariamente, se establecer� la interconexi髇 que, en su caso, resulte necesaria para que en la aplicaci髇 inform醫ica com鷑 conste la informaci髇 que pueda repercutir en la situaci髇 administrativa de los extranjeros en Espa馻.

  4. Cuando las Comunidades Aut髇omas, en el 醡bito de sus competencias, intervengan en alguno de los procedimientos regulados en esta Ley, se garantizar� que su participaci髇 en los procedimientos informatizados responda a est醤dares comunes que garanticen la necesaria coordinaci髇 de la actuaci髇 de todos los 髍ganos administrativos intervinientes. Igualmente, la aplicaci髇 inform醫ica com鷑 dar� acceso a las Comunidades Aut髇omas con competencias en materia de autorizaci髇 de trabajo a la informaci髇 necesaria para el ejercicio de sus competencias, entre la que se encontrar� aquella relativa a la concesi髇 y extinci髇 de autorizaciones de reagrupaci髇 familiar concedidas en su territorio as� como de las altas en Seguridad Social de las autorizaciones de trabajo iniciales concedidas por ellas.

  5. El Observatorio Permanente de la Inmigraci髇 aunar� el conjunto de la informaci髇 estad韘tica disponible en materia de extranjer韆, inmigraci髇, protecci髇 internacional y nacionalidad, con independencia de la Administraci髇 P鷅lica, Departamento ministerial u Organismo responsable de su elaboraci髇, con la finalidad de servir como sistema de an醠isis e intercambio de la informaci髇 cualitativa y cuantitativa relacionada con los movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar las pol韙icas p鷅licas en dichas materias.�

  
• Ochenta y uno. La disposici髇 adicional sexta queda redactada de la siguiente manera:

  獶isposici髇 adicional sexta Acuerdos de readmisi髇

  A los extranjeros que, en virtud de los acuerdos que regulen la readmisi髇 de las personas en situaci髇 irregular suscritos por Espa馻, deban ser entregados o enviados a los pa韘es de los que sean nacionales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio espa駉l, les ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en los citados acuerdos as� como su normativa de desarrollo.

  Dichos acuerdos contendr醤 cl醬sulas de respeto a los derechos humanos en virtud de lo que establecen en esta materia los tratados y convenios internacionales.

  En el caso de que el titular de la tarjeta azul de la U.E. concedida en Espa馻 fuera objeto de una medida de repatriaci髇 en otro Estado miembro, por haberse extinguido la vigencia de la autorizaci髇 originaria para permanecer en dicho Estado o por denegarse su solicitud para residir en 閘, se le readmitir� sin necesidad de ninguna otra formalidad, incluyendo, en su caso, a los miembros de su familia previamente reagrupados.�

  
• Ochenta y dos. Se a馻de una nueva disposici髇 adicional novena con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional novena Autorizaciones auton髆icas de trabajo en origen

  En el marco de los procedimientos de contrataci髇 colectiva en origen, las comunidades aut髇omas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo podr醤 establecer servicios que faciliten la tramitaci髇 de los correspondientes visados ante los consulados espa駉les, as� como promover el desarrollo de programas de acogida para los trabajadores extranjeros y sus familias.�

  
• Ochenta y tres. La disposici髇 final cuarta queda redactada del siguiente modo:

  獶isposici髇 final cuarta Preceptos no org醤icos

  1. Tienen naturaleza org醤ica los preceptos contenidos en los siguientes art韈ulos de esta Ley: 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 29, 30, 30 bis, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 bis, 60, 61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 qu醫er, 62 quinquies, 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, las disposiciones adicionales tercera a octava y las disposiciones finales.

  2. Los preceptos no incluidos en el apartado anterior no tienen naturaleza org醤ica.�

  
• Ochenta y cuatro. Se a馻de una disposici髇 final quinta bis con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 final quinta bis C骴igo Comunitario de Visados

  Las previsiones de la presente Ley en materia de visados de tr醤sito y estancia se entender醤 sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) n.� 810/2009, de 13 de julio, por el que se establece un C骴igo Comunitario sobre Visados.�

  

Disposici髇 adicional primera Sustituci髇 del t閞mino residencia permanente por el de residencia de larga duraci髇

Todas las referencias a los t閞minos residencia permanente o residente permanente contenidas en el Ordenamiento Jur韉ico se entender醤 referidas a la residencia o residente de larga duraci髇.

Disposici髇 adicional segunda Reagrupaci髇 familiar de ciudadanos espa駉les respecto a sus familiares nacionales de terceros pa韘es

Reglamentariamente se podr醤 establecer condiciones especiales m醩 favorables, respecto de las previstas en esta Ley, para la reagrupaci髇 familiar ejercida por los espa駉les.

Disposici髇 adicional tercera R間imen de internamiento de extranjeros

El Gobierno, en el plazo de seis meses aprobar� un Reglamento que desarrollar� el r間imen de internamiento de los extranjeros.

Disposici髇 adicional cuarta Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Se a馻de un nuevo apartado 2 al art韈ulo 87 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:

Disposici髇 adicional quinta Modificaci髇 de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil

Se a馻de un nuevo p醨rafo al art韈ulo 63 de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil, que queda redactado como sigue:

Disposici髇 adicional sexta Convalidaci髇 de titulaciones extranjeras

El Gobierno adoptar� las medidas necesarias para agilizar la tramitaci髇 de los procedimientos de homologaci髇 y convalidaci髇 de las titulaciones en el extranjero.

Disposici髇 adicional s閜tima

Con la finalidad de facilitar la labor de control del Gobierno por parte de las Cortes Generales, 閟te elaborar� y remitir� anualmente un informe con el an醠isis cualitativo y cuantitativo de los datos analizados por el Observatorio Permanente de la Inmigraci髇 relacionados con los movimientos migratorios, y especialmente sobre los procedimientos de flujos migratorios de car醕ter laboral.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley.

Disposici髇 final primera Preceptos con car醕ter org醤ico

Tendr醤 car醕ter org醤ico los apartados del art韈ulo 鷑ico de esta Ley que modifican preceptos que tengan tal naturaleza con arreglo a la disposici髇 final cuarta de la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻, as� como sus disposiciones adicionales, transitorias y finales.

No tiene car醕ter org醤ico la disposici髇 adicional quinta por la que se modifica la Ley, de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

Disposici髇 final segunda Habilitaci髇 competencial

Los preceptos de la presente Ley, que no tengan car醕ter org醤ico, se entender醤 dictados al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.� y 2.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final tercera Adaptaci髇 reglamentaria

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicaci髇 de esta Ley Org醤ica, dictar� cuantas disposiciones de aplicaci髇 y desarrollo sean necesarias.

2. Reglamentariamente se regular� el contenido de la resoluci髇 de la Secretar韆 de Estado de Inmigraci髇 y Emigraci髇, de 28 de febrero de 2007, relativa al acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en Espa馻, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de inter閟 econ髆ico, social o laboral, o relativas a la realizaci髇 de trabajos de investigaci髇 o desarrollo o docentes, que requieran alta cualificaci髇, o de actuaciones art韘ticas de especial inter閟 cultural. Dicha regulaci髇 deber� incluir a peque馻s y medianas empresas.

V閍se el R.D. 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, tras su reforma por L.O. 2/2009 (獴.O.E.� 30 abril).

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.