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Artículos doctrinales

Colación y liberalidades
La colación: especial consideración de la STS 738/2014, de 19 de febrero de 2015
11 de mayo de 2018

La institución de la colación, caracterizable como aquella agregación de bienes que deben ser devueltos o traídos a la masa hereditaria previamente a efectuarse su partición, goza de una larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico; tanto en el Derecho común como en los distintos Derechos forales. Pese a ello, presenta determinados aspectos escasamente pacíficos para la doctrina y la jurisprudencia, siendo el de su fundamento uno de los más destacables a este respecto.

 


Las ordenanzas locales y sus limitaciones
20 de abril de 2018

La Constitución Española (CE, 1978), contiene en su Título VIII, la Organización Territorial del Estado, el cual dispone el listado de competencias que son exclusivas de éste, y las que las Comunidades Autónomas, en base a una ley marco, han ido asumiendo a lo largo del tiempo. Respecto a las entidades locales la Constitución guarda silencio, quedando definidas de forma básica  en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL). En este trabajo se anlizan y describen en qué ámbitos los entes municipales ejercen la potestad reglamentaria, a través de la elaboración de ordenanzas, así como la potestad sancionadora.


IBI de bienes inmuebles considerados urbanos pero sin desarrollo urbanístico efectivo. Propuesta administrativa y judicial para acabar con esta situación.
19 de abril de 2018

Hablamos de suelos urbanos sin desarrollar que han sido valorados como urbanos y que, por tanto, generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de Plusvalía. Las actuales vías de reclamación administrativa y de litigios contencioso-administrativos no están dando los resultados apetecidos en orden a acabar con esta lacra, sino que se presume que esta problemática, ciertamente injusta, y me atrevo a decir inconstitucional, se dilatará enormemente en el tiempo.


ATESTADO POLICIAL
El precio del atestado: la tasa por la expedición de informes derivados del accidente de tráfico.
13 de abril de 2018

A lo largo de estos últimos 10-15 años la tasa que grava la expedición de atestados ha experimentado un incremento significativo. Sus efectos se han dejado notar en infinidad de municipios. En unos casos a través un incremento sustancial de la cuota tributaria, en otros con la publicación de la correspondiente ordenanza fiscal. ¿Si se trata de un servicio público prestado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo caso, inherente a su misión más significativa  de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, por qué se grava con una tasa? El autor responde a ésta y otras cuestiones en este análisis.


DENUNCIA FALSA
El delito de acusación y denuncia falsa. Fundamento, requisitos y supuestos de hecho
23 de marzo de 2018

El artículo 456 del Código Penal vigente  sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Jurisprudencia y doctrina han señalado, generalmente, que el bien jurídico protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia (que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento) y de otro el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos (que se ve afectado negativamente al aparecer como imputado en una causa penal).


Anuncio de la interposición de recurso contencioso-administrativo en diario oficial: ¿cuándo procede, quién asume el coste y qué ocurriría si se omitiese indebidamente?
16 de marzo de 2018

En los epígrafes destinados a publicaciones de la Administración de Justicia en boletines oficiales aparecen anuncios de interposición de recursos contencioso-administrativos. Este trabajo aborda el régimen jurídico aplicable a dichos anuncios a partir del art. 47 LRJCA. Dentro del precepto se contemplan tres situaciones distintas: anuncio a solicitud del recurrente, anuncio de oficio por decisión del Letrado de la Administración de Justicia y anuncio de oficio por mandato legal. Todas ellas suscitan cuestiones interpretativas acerca de las que el TS se ha visto obligado a pronunciarse, ofreciendo el presente estudio un análisis sistematizado de las correspondientes resoluciones del Alto Tribunal. 


Delitos leves, defensa y representación y tasación de costas
09 de marzo de 2018

En el presente artículo se abordará el estado de la cuestión en relación a la práctica de la tasación de costas en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, regulado en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 962 a 982).


PENITENCIARIO
Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y su revocación tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015
02 de marzo de 2018

Objetivos y finalidades pretendidos por el legislador con la reforma de la institución de la suspensión de las penas privativas de libertad tras los cambios introducidos por la L.O. 1/2015. Desde una perspectiva práctica se realiza un análisis sintético del nuevo régimen legal que regula la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad así como su revocación.


CONTRATOS
Entrada en vigor de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro VI del Código Civil de Catalunya
16 de febrero de 2018

La autora hace un análisis de las modificaciones más relevantes que afectan al derecho Inmobiliario en el territorio desde la entrada en vigor del libro VI del Código Civil de Cataluña, el pasado 1 de enero de 2018. A día de hoy, a pesar de que continúa en marcha el proceso por el cual el TC tendrá que decidir sobre la constitucionalidad o no de los preceptos recurridos, la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI no está suspendida y, por tanto, despliega sus efectos.


RECLAMACIÓN DE DEUDAS
El proceso monitorio: ¿viable y eficaz?
09 de febrero de 2018

Desde su promulgación y a raíz de su funcionamiento, el monitorio ha experimentado varios cambios, pero tras los mismos, el proceso ha ido perdiendo año tras año eficacia. Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico existen otros medios para reclamar deudas dinerarias y que el Monitorio es un proceso voluntario y el más utilizado en la actualidad ¿Es viable y eficaz? ¿Es el proceso que pretendía ser a día de hoy?