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09/10/2018 09:47:14 | Desarrollo social

Leire Larracoechea: «La abogacía se suma al Pro Bono 4.0»

Cada vez existe una mayor sensibilidad social y demanda tanto por parte de las instituciones como de los distintos actores jurídicos de dedicar una parte de su tiempo al ejercicio de su profesión en beneficio del desarrollo social. De hecho, en los últimos años, muchos despachos han institucionalizado sus prácticas pro bono, ha aumentado el número de universidades que ofrecen clínicas jurídicas a sus estudiantes y las empresas están empezando a montar sus propios programas pro bono. Sin embargo, aún son muchas las lagunas en torno a este tipo de voluntariado basado en habilidades.

Faltan mecanismos de identificación de los problemas más acuciantes de una solución pro bono; son escasas las herramientas para seleccionar los profesionales más adecuados para resolverlos y tampoco existen instrumentos para dotar del necesario impulso al trabajo pro bono y medir su impacto real.

En este horizonte se ha constituido a finales de junio la Fundación Pro Bono España, una plataforma sin ánimo de lucro que trata de aunar esfuerzos para el desarrollo e impulso del pro bono en España organizando y coordinando a todos los sectores de la profesión jurídica, el tercer sector, el mundo académico y los colegios profesionales.

Leire Larracoechea San Sebastián es su Directora Ejecutiva y Co-fundadora.

¿Por qué surge la Fundación Pro Bono España?

En España ya hay varias iniciativas haciendo pro bono jurídico tanto en el sector público como privado pero están fragmentadas, no colaboran entre sí y nosotros pretendemos coordinar y organizar lo que existe para conseguir sistematizarlo y multiplicar su efecto.

¿A quién va dirigida?

Está abierta a todo tipo de actores del pro bono jurídico. A universidades, empresas y todo aquel abogado que quiera colaborar con el Tercer Sector, que es el principal destinatario de la Fundación.

¿Actualmente cuántos despachos trabajan con vosotros?

Ahora mismo son 28 despachos nacionales e internacionales y estamos empezando a trabajar en la colaboración con universidades. Vamos a participar en la reunión anual de clínicas jurídicas de la Universidad de Salamanca y también estamos muy interesados en trabajar con abogados a título personal. Más adelante, cuando el proyecto haya avanzado un poco más, tenderemos puentes con empresas, colegios de abogados, abogacía institucional y todo aquel que quiera contribuir al pro bono jurídico en España.

El desconocimiento del trabajo pro bono, tanto por parte del sector jurídico como de las posibles entidades demandantes del mismo parece ser el principal problema para su desarrollo ¿qué papel vais a jugar vosotros?

Ése es el corazón del proyecto. Nos dirigimos a entidades del Tercer Sector a nivel nacional y vamos a facilitar el acceso a las entidades sin ánimo de lucro a los servicios de pro bono jurídico, con lo cual nuestro papel va a ser vital. Somos un equipo pequeño, pero tenemos gran apoyo de los despachos miembros, y es nuestra prioridad el desarrollar relaciones con entidades del Tercer Sector, sin ningún tipo de limitación en cuanto al área del derecho en la que trabajemos.

Queremos ser inclusivos, nos vamos a dirigir tanto a pequeñas y medianas organizaciones sociales como a entidades sin ánimo de lucro grandes que, a pesar de tener abogados en plantilla, también requieren del apoyo de las grandes firmas y de otro tipo de actores del pro bono jurídico como puedan ser profesores, personal académico, estudiantes y personal de empresas que están muy capacitados y que de forma complementaria, con el apoyo de la Fundación, pueden formar equipos transversales en proyectos jurídicos polifacéticos y complementarios.

¿Cuáles son las principales necesidades que tienen las organizaciones del Tercer Sector?

El Tercer Sector en España está muy atomizado y fragmentado. Es muy complejo y variado en su objeto social y nivel de profesionalización. Sus necesidades jurídicas van desde la gestión diaria de las organizaciones, con preguntas básicas relativas a la constitución de una fundación, o cómo darlas de alta en el protectorado de fundaciones. Pasando por dudas relativas a derecho laboral, buen gobierno o cómo conformar el patronato de una fundación y muchas preguntas fiscales (deducción, impacto fiscal de determinadas actividades) y de operativa también.

Pero es verdad que también hay mucha necesidad de áreas del derecho que requieren de mayor especialización como puedan ser derechos humanos, medio ambiente o inmigración. Es importante que en esta segunda área de necesidades jurídicas entren a colaborar otro tipo de actores muy complementarios al de las firmas de abogados. Es ahí donde esperamos que se multipliquen las colaboraciones con universidades y con abogados a título individual y otro tipo de actores.

¿Qué papel van a jugar las universidades?

Muchos. La fundación pivota sobre tres ejes: intermediación en proyectos pro bono; la promoción de una cultura pro bono jurídica y dotar a los actores jurídicos de las herramientas necesarias para implementar y profesionalizar su actividad pro bono. En todos ellos las universidades tienen un papel fundamente. En el primero colaborando en nuestro proyectos, bien a través de sus clínicas jurídicas o a través de sus profesores.

En el segundo punto colaborando con programas de prácticas dirigidos a estudiantes de derecho. Prácticas que se podrán realizar tanto en la Fundación como en despachos, empresas u otros miembros de la misma. Y por último, desarrollando todo de tipo de materiales y manuales dirigidos al Tercer Sector para tratar de profesionalizar la actividad pro bono.

¿Qué papel van a jugar las herramientas tecnológicas en el desarrollo del pro bono?

Hay que darle un componente digital y tener en cuenta las herramientas tecnológicas para desarrollar el pro bono jurídico y llevarlo a su máximo potencial, pero el peso del componente humano seguirá siendo el motor. El Tercer Sector aún no tiene el mismo acceso ni la costumbre de trabajar con herramientas tecnológicas propias de la era digital y para poder prestar un servicio que se adapte a sus necesidades es preciso un tratamiento personalizado.

Si bien es cierto que la Fundación está trabajando ya en una herramienta tecnológica que sistematice y nos ayuda a aumentar nuestro impacto en la sociedad será un modelo híbrido.

¿Cómo se consigue el compromiso del sector jurídico con el pro bono para que no se quede en un trabajo más?

Es imprescindible construir cultura y hacerlo desde abajo. Desde las universidades dedicándole muchísimo tiempo a concienciar a los abogados más jóvenes de la importancia de que dediquen parte de su tiempo al desarrollo social. Y para los abogados ya con una experiencia profesional y a los más seniors dentro del despacho, para que apoyen e impulsen el movimiento internamente.

A nivel de visibilidad, la Fundación espera contribuir a proyectar la imagen de una abogacía con conciencia social y, a nivel de sinergias, a la creación de relaciones entre despachos, universidades, empresas y otro tipo de actores con los que se quiere colaborar en el día a día, de manera que se optimice y multiplique el servicio.

¿Las certificaciones sería una manera de animar el desarrollo del pro bono?

Esto es algo que se hace mucho en el mundo anglosajón donde el pro bono está más desarrollado, pero en Europa aún estamos lejos de esto. En algún momento será útil, pero para que el mensaje cale y la gente se una de manera altruista y con un interés genuino hay que empezar con mensajes del tipo: «Hazlo porque te lo crees».

Dicho lo cual, entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Pro Bono España o Fundación HazloPosible, que hace un trabajo estupendo, tiene mucho que hacer por comunicar y contribuir a que se predique con el ejemplo, no necesariamente dando un reconocimiento o un premio, sino a base de foros, formaciones y conversaciones en torno las cuestiones de fondo que afectan al Tercer Sector y a la abogacía española.


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