Las novedades que introduce en el borrador del Real Decreto que modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se resumen en cuatro ejes fundamentales, cuyo objetivo fundamental es reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, a través del fortalecimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, máximo garante de dicho derecho.
Una de las reformas más esperadas de este real decreto es la incorporación de la obligación legal del pago mensual de la subvención de asistencia jurídica gratuita, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia, por los servicios de asistencia jurídica prestados en las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia. También están incluidos los gastos de funcionamiento e infraestructura que se abonan tanto al Consejo General de la Abogacía Española como al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España
Asimismo, se renueva la composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita acomodándolas a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y se actualizan las remisiones que realiza el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita a leyes administrativas que ya han sido derogadas por la legislación vigente.
El texto del borrador también aborda la necesidad de cooperación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en lo concerniente a la actividad desarrollada por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de ambos Ministerios, así como con las propias Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Administración de Justicia. Para tal fin, se define la participación del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, en su condición de actores principales en la prestación de este servicio público y se crea un Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita.
Este organismo nace con la finalidad de impulsar una mayor coordinación y unificación de criterios en la prestación de asistencia jurídica gratuita, donde estarán presentes todas las Administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia, así como los operadores judiciales que participan, de forma directa, en el ejercicio de esta prestación, es decir, abogados y procuradores, que estarán representados a través del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
De tal manera, que se concibe como un punto de encuentro, en el que participan todos los operadores judiciales concernidos, con el propósito de compartir criterios de actuación, buenas prácticas y propuestas de mejora que redunden, en definitiva, en el fortalecimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita. Asimismo, este Consejo Asesor permitirá garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, en el acceso a la asistencia jurídica gratuita, máximo garante del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.
