La Audiencia Provincial de Asturias, en la sentencia número 393/2018, de 30 de septiembre de 2018, ha condenado a una abogada ejerciente como autora criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de estafa agravado en concurso con el delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, a las penas de 6 años prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía.
Asumía la letrada encargos profesionales sobre los que luego no realizaba las actuaciones encomendadas; haciendo suyas cantidades de dinero que le fueron satisfechas en concepto de provisiones de fondos, y otras sumas entregadas por terceros para hacerlas llegar a sus clientes; también confeccionaba resoluciones judiciales que entregaba a los clientes haciéndoles creer que sus pretensiones habían obtenido una respuesta jurisdiccional favorable, y en ocasiones con su actuar, entorpeció o impidió a sus clientes el ejercicio de derechos en vía judicial.
Además de una completa desatención y abandono de los asuntos encomendados, mantuvo su conducta durante un largo periodo de tiempo simulando que los asuntos seguían sus cauces, infringiendo de manera palmaria sus deberes profesionales de lealtad y diligencia hasta el punto de merecer su actuar reproche penal porque se servía de maquinaciones, artificios y engaños para encubrir el incumplimiento de sus obligaciones y para crear expectativas del todo alejadas de la realidad.
Cometió la acusada un delito continuado de falsedad en documento público al crear documentos que aparentaban ser resoluciones judiciales, acuerdos transaccionales y formularios mercantiles, solo con la finalidad de dar verosimilitud a sus maquinaciones. Los clientes han manifestado haber recibido directamente de la abogada la documentación falsa, lo que desmonta el alegato defensivo de la acusada en cuanto a su desconocimiento de cómo llegaron los documentos a poder de sus clientes.
Cometió también un delito continuado de estafa porque con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial propio se valió de maquinaciones para engañar a sus clientes para que realizaran actos de disposición patrimonial a su favor.
Todas las alegaciones exculpatorias de la acusada decaen frente a la rotunda testifical practicada a quienes resultaron ser sus clientes.
Se aprecia la atenuante analógica de trastorno de la personalidad denominado "tipo Cluster B", cuya patología se manifiesta en una irresponsabilidad persistente, en la apropiación de lo que los otros poseen, con un desprecio y violación de los derechos de los demás, fruto del desarrollo de dicha enfermedad, por la que le fue concedida la Invalidez Absoluta por la Seguridad Social.
Si bien no puede afirmarse que sus facultades volitivas estuvieran totalmente anuladas, o que sufriera un estado de perturbación tan profundo que fuera totalmente inimputable o que su imputabilidad se viera seriamente comprometida, sí resulta prueba concluyente de que sus facultades sí estaban alteradas.
La autora deberá responder civilmente por los daños morales y perjuicios económicos causados a los clientes y a su socio del bufete en la cantidad correspondiente a la descapitalización sufrida por su ilícita actuación. Hay que tener en cuenta que existía una separación de funciones y tareas de los letrados que formaban parte de la sociedad y del personal auxiliar, siendo este personal el que controlaba la agenda, la remuneración de los expedientes, la facturación y cobros a los clientes así como los ingresos en la cuenta de la sociedad y los archivos de los expedientes. Así como no había clientes exclusivos de cada letrado, sino que tenían sus especialidades, ello no significaba que cobraran de modo independiente.
Procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad profesional pues la acusada realizó los hechos enjuiciados como administradora y con ocasión de su trabajo como abogada. Quien se beneficia de la actuación de otra persona ha de responder de los daños que de tal actuación se deriven.
Descarta la Audiencia la prescripción de los delitos por haber sido cometidos de modo continuado, prolongándose durante casi 15 años y sin solución de continuidad.
