El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por vulnerar el derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio en acciones llevadas a cabo por el Comisionado para la Cañada Real en noviembre de 2022. La sentencia, emitida el 30 de septiembre, se encuentra firme, ya que ninguna de las administraciones ha recurrido su decisión tras expirar el plazo para la interposición de recursos.
Las acciones en cuestión incluyeron la demolición de una vivienda habitada por un hombre de etnia gitana, realizadas sin el respaldo de un procedimiento administrativo adecuado. Esto se llevó a cabo en el marco de una decisión arbitraria del Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, sin ofrecer al afectado la oportunidad de ejercer sus derechos, ha expresado la Fundación Secretariado Gitano (FSG). En esa misma jornada, se derribaron otras tres viviendas habitadas por distintas familias gitanas, aprovechando su ausencia.
Vulneración de los derechos
Esta sentencia es el resultado de un procedimiento especial destinado a la protección de lo derechos fundamentales, impulsado con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano. Asimismo, se ha decretado una indemnización de 15.000 euros a favor del afectado, por la destrucción de su hogar, donde había vivido durante más de diez años.
Cabe destacar que ya existía un precedente: en 2019, la Sala Segunda del TSJM reconoció, en un litigio similar también respaldado por la FSG, una vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución, relacionado con el derribo de una vivienda en la Cañada Real, donde residía una familia gitana con tres menores (6, 4, y 1 en el momento de los hechos).
La Fundación Secretariado Gitano establece que los derribos no se realizaron en cumplimiento de las atribuciones legales de la administración al violar lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Asimismo, añaden que estas prácticas son contrarias a la legislación y a los derechos fundamentales, y reflejan un contexto de discriminación estructural hacia las comunidades gitanas.
Sara Giménez, directora general de la FSG, ha expresado “que tiene la esperanza de que estas graves violaciones de derechos humanos, que ya hemos llevado ante los tribunales en dos ocasiones, no vuelvan a repetirse. Insistimos en que no se pueden derribar viviendas sin cumplir el procedimiento legalmente establecido y sin asegurar una alternativa habitacional, que además tiene como consecuencia la pérdida de su derecho al realojo. Recordamos que existe un Pacto Regional por la Cañada Real Galiana y unos convenios de realojo para las familias que allí residen, garantizando en definitiva el derecho a una vivienda digna y el resto de los derechos humanos”. En este sentido, recalca: “sabemos que erradicar el chabolismo en España no es caro, y además las autoridades competentes tienen a su disposición diversos instrumentos políticos y financieros; por tanto, la erradicación del chabolismo a corto plazo no solo es necesaria, sino posible”.
